2025

Nuestra Comunidad de Paz, una vez más, acude a la humanidad y a la historia dejando constancia de la barbarie a la que somos sometidos constantemente como proceso de vida comunitaria.

La Defensa de la Vida y la del territorio desde opciones no violentas son nuestra esencia del ser, sin embargo, pretenden someternos a una vida distinta a nuestros principios, valores y convicciones universales por la vida. Defender el territorio y la vida desde principios éticos y morales se vuelve cada vez más complejo, y no precisamente porque exista un conflicto entre grupos armados en la zona, sino al contrario, las instituciones que componen y representan el Estado de Derecho son tolerantes, permitiendo que el control paramilitar se desarrolle a todas anchas como una nueva cultura de sociedad que legitima la ilegal.

La muerte, el desplazamiento, las constantes amenazas y persecuciones contra nuestra comunidad y sus miembros, son tan solo muestras de la incapacidad de un estado frente al control paramilitar. La destrucción de la vida digna, son tal vez al final un futuro sin campesinos, sin medio ambiente y donde los únicos beneficiados son las mismas empresas que han financiado la guerra a través de sus intereses económicos.

Los hechos de los cuales dejamos constancia son los siguientes.

• El jueves 24 de julio de 2025, hacia las 20:40 horas se evidencio una camioneta de color negra parqueada y escoltada por hombres en trajes negros y portando pistolas a la altura del Predio la Roncona, propiedad de nuestra Comunidad, al tanto que una delegación de nuestra comunidad pretendía llegar a nuestro asentamiento principal de San Josecito provenientes del centro Poblado de Apartado. Lo que llevó a retrasar y cambiar la llegada de nuestra comisión a la Comunidad.
  

• El jueves 7 de agosto de 2025, hacia las 13:30 horas, se nota la presencia de varios reconocidos paramilitares en traje de civil portando radios de comunicación y armas de fuego en el predio comunitario La Cabaña en la Resbalosa.
   

• El viernes 22 de agosto de 2025, se conoció el fallo que profirió el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCION DE TIERRAS CON ENFOQUE ETNICO DE APARTADO, en relación a la tutela que instauró el coronel LUIS ENRIQUE CAMARGO RODRIGUEZ de la brigada XVII del ejército Nacional con sede en Carepa Antioquia, contra la Dra. GLORIA ISABEL CUARTAS, directora de la UIAP, cuyo fallo califica de “improcedente el amparo constitucional a los derechos fundamentales a la honra y el buen nombre en la acción de tutela interpuesta por el señor coronel Luis Enrique Camargo Rodríguez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.
  
  

• El lunes 1 de septiembre de 2025, un helicóptero sobrevoló a la altura de la vereda Mulato medio, específicamente sobre la aldea de Paz Luis Eduardo Guerra.
  

• El martes 16 de septiembre de 2025, nos enteramos de la instalación ilegal de peaje a la altura del paraje de la batea en la vía que desde el centro poblado de Apartadó conduce al centro poblado de San José. Se condiciona el tránsito libre de quienes se transportan en vehículos al pago de dicha tarifa impuestas allí.
  

• El jueves 18 de septiembre de 2025, se conoció de manera oficial la primera declaración entre grupos paramilitares y Gobierno de Colombia en Catar, que adelantan en el proceso para la desmovilización. Mientras en Catar se habla de paz, en nuestro territorio las amenazas se incrementan contra nuestra Comunidad de Paz y pobladores de nuestro entorno.
  

• El viernes 19 de septiembre de 2025, una vez más la fiscalía seccional de Apartadó cita a declaración a German Graciano Posso representante Legal de nuestra Comunidad y al Padre Javier Giraldo, acompañante histórico nuestro. Ya es vergonzosa y perturbadora la forma como la Fiscalía en acoso busca que sus miembros declaren ante órganos integrados por aquellos funcionarios que se arroparon de legalidad para esconder los centenares de crímenes cometidos en estos más de 28 años contra nuestra humanidad comunitaria, permitiendo la impunidad arrasadora con licencia a criminales para delinquir. ¡Basta!
  

• Este mismo viernes 19 de septiembre de 2025, en medios radiales de la región se informó de la supuesta captura de un paramilitar conocido como alias Cachorro sindicado de concierto para delinquir, labores de control territorial en San José de Apartadó.
  

• El domingo 20 de septiembre de 2025, hacia las 19 horas se escucharon varios disparos o ráfagas de arma larga junto a la base militar de San José de Apartadó. A pesar de varios testigos de lo sucedido, los militares se atrevieron a afirmar que se trataba de fuegos pirotécnicos.
  

• El viernes 26 de septiembre de 2025, tuvimos conocimiento de que algunos pobladores en la región en procura de acceder a esquemas de seguridad que ofrece el gobierno a través de la Unidad Nacional de Protección UNP, fundamentan su solicitud, estar bajo amenaza proveniente de nuestra Comunidad hacia sus vidas. Nada más burdo puede ser semejante argumento de quienes pretenden ser protegidos, por amenazas o riesgo, toda vez que el único actor violento son los paramilitares con quienes departen permanentemente.
  

• El sábado 27 de septiembre de 2025, en horas del día fuimos informados que los paramilitares estarían manifestando en las veredas Mulatos, Resbalosa y La Esperanza que están plenamente enterados de todos los movimientos que realizan los lideres de nuestra comunidad cuando están en dichos lugares.
  
  

• El domingo 28 de septiembre de 2025, tuvimos conocimiento de que en algunas veredas entre ellas Mulatos, el uso de Radios de frecuencia FM (radios de comunicación privada) por parte de pobladores. Estos equipos que están utilizando para comunicarse entre los campesinos, ha servido como formula para hacer invisible a los paramilitares y así puedan realizar su ejercicio de control libremente ya que no se podría reconocer entre civil y actor armado.
  

• Este mismo domingo 28 de septiembre de 2025, tuvimos conocimiento sobre algunos pobladores del área de mulatos al servicio paramilitar, que están afirmando que miembros de la Comunidad que residen en mulatos realizan escaneo a la comunicación de los paramilitares en el área. Hacemos responsables a esos pobladores de lo que nos pueda suceder, al advertir que nuestra Comunidad ni es organismo de inteligencia, ni participa en ninguna de las formas en dichos métodos ilegales estrategias de guerra.
  

• El jueves 2 de octubre de 2025, tuvimos conocimiento de las explicaciones que los militares han hecho sobre los disparos que se han venido registrando junto a la base militar de San José, advierten que son de “cazadores que se la pasan cazando cerca de la base militar”, y nos preguntamos, ¿Será que los cazadores tienen escopetas artesanales que disparen ráfagas? ¿Cazan en la noche? ¿O es que algo está sucediendo y se quiere encubrir? Ya varios pobladores han manifestado temor, pues, ya son varias las ocasiones en que se viene presentando estos hechos, por lo general durante la noche.
  

• Este mismo 2 de octubre de 2025, en horas de la tarde pasó por nuestro espacio comunitario Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra en la vereda Mulato Medio, el paramilitar alias REFERCHO aprovechando que el espacio comunitario se encontraba solo.
  
  

• El sábado 4 de octubre de 2025, hacia las 18:00 horas en la vereda la Unión, dos paramilitares ingresaron a la Aldea de Paz Rigoberto Guzmán, predio privado de nuestra Comunidad de Paz. Durante varias horas estuvieron atemorizando y perturbando a las familias de la comunidad con amenazas y algarabías.
  

• El domingo 12 de octubre de 2025, tuvimos conocimiento de la invasión ilegal que viene realizando los señores Braider Antonio Úsuga Tuberquia, Luis Yair Úsuga Tuberquia, Yeferson Úsuga e Israel Tuberquia Zapata. Al parecer dicha invasión a propiedad de naturaleza privada se viene presentando desde el sábado 11 de octubre de 2025, donde está incluido el señor Luis Yair Úsuga Tuberquia, quien en calidad de paramilitar convoca a familias de la vereda la Unión a reunión con mandos paramilitares el miércoles 28 de febrero de 2018, la cual se desarrolló el viernes 2 de marzo de 2018.
  
  

Aunque en nuestras constancias históricas está mencionado en diversas ocasiones, ninguna investigación ha prosperado. La licencia que otorga la autoridad competente para delinquir.

• El lunes 13 de octubre de 2025, se conoció por los medios de información local, de la fuga de al menos 17 retenidos en la estación de policía de Apartadó, entre ellos, un reconocido paramilitar que operaba en el corregimiento de San José. Si esta es la justicia y esa es la autoridad que los somete, los hechos hablan por sí solos, vergüenza total.
  

• Este mismo lunes 13 de octubre de 2025, una delegación de nuestra comunidad hizo presencia en el predio más conocido como el Palmar ubicado en la vereda la Unión y constató la presencia de algunas personas ancladas sobre el predio bajo la figura de invasión.
  

• El martes 14 de octubre de 2025, en la vereda la Unión, al momento que obreros se dirigían a laborar y cuidar algunos animales vacunos sobre el predio el Palmar, fueron abordados por los señores Braider Úsuga, y Luis Yair Úsuga invasores de la propiedad, advirtiendo que se les prohibía ingresar a la propiedad, y no se les permitía revisar el estado de los animales vacunos en el predio.
  

• El miércoles 15 de octubre de 2025, una delegación de nuestra Comunidad en compañía de la Defensoría del Pueblo hizo presencia en el predio comunitario objeto de invasión. Se intentó el diálogo, más los invasores manifestaron no estar interesados, que estaban allí y no van a salir. Profiriendo todo tipo de sandeces contra algunos miembros de nuestra Comunidad de Paz, a lo qual la Comunidad conservó la calma y el silencio. Hasta retirarse humildemente del sitio.
  

• Este mismo miércoles 15 de octubre de 2025, se conoció por medio radiales de la intervención del señor Braider Úsuga, quien profiere diversas calumnias contra nuestra Comunidad de Paz, para justificar su acción invasiva a un predio de propiedad comunitaria e individual de miembros de nuestra comunidad, en el audio se alcanza a escuchar [[…están manejando las cosas, no por ventas, si no que las están manejando es que nosotros abandonamos el territorio,,,, hay unos documentos hechos por ellos mismos, onde nos, onde quieren doblegar diciendo que los terrenos los dejemos quietos, hasta que un juez de la razón, para poder ellos avanzar con la posesión y titularla,,,]]” . En su intervención acude a la calumnia y estigmatización de nuestro proceso comunitario.
  
  

Si bien, es cierto que sobre un porcentaje del Predio el Palmar se adelanta un proceso de formalización de la propiedad en los términos que estipula la ley, estas solicitudes han sido hechas sobre las áreas del predio que en su momento la comunidad y sus miembros las adquirieron de forma legal y en estricto cumplimiento del estándar jurídico colombiano, siendo ya surtido todos los procesos formales y legales en dicho formalización sin que para efectos nadie hubiese presentado oposición conforme lo establecido por la ley.

Sea oportuno señalar que dichos tramites de formalización o adjudicación de predios, están contemplados en el acuerdo de solución amistosa firmada en el año 2024 entre el Estado Colombiano y la Comunidad de Paz ante el sistema interamericano donde curso un proceso jurídico.

No obstante, los hechos acaecidos recientemente sobre el particular, afecta y genera perturbación del cumplimiento de dicho acuerdo, por el cual hacemos un llamado a la autoridad competente, no solo a garantizar la protección de la propiedad de los miembros y de la Comunidad, sino además de continuar con los trámites correspondientes según el ordenamiento constitucional que rige la materia.

• El jueves 16 de octubre de 2025, tuvimos conocimiento de nuevas amenazas contra el consejo interno de la Comunidad de Paz, entre ellos contra German Graciano, Arley Tuberquia, Roviro López, y Gildardo Tuberquia.
  
  

En medio de los asedios y las amenazas de muerte, nuestra comunidad, sigue apostándole a la vida.

El legado de nuestros abuelos y ancestros por construir un mundo mas digno, nos lleva a afirmarnos en nuestros principios de la defensa de la vida como esencia.

Fueron las palabras con las que el señor Presidente de la República de Colombia, GUSTAVO FRANCISCO PETRO BORREGO, y en nombre del Estado, se dirigió a más de 28 años de historia construida sobre el dolor y la muerte, sobre la memoria de la sangre derramada de nuestros seres queridos; pero también a la vida que florece cada mañana en cada palpitar, como ejemplo de Resistencia No Violenta a otras culturas y pueblos.

A más de un mes del acto de reconocimiento nacional e internacional que hiciera el Gobierno del Presidente Petro, el 5 de junio de 2025, a nuestra Comunidad de Paz y a su pueblo, acto en honor a cientos de vidas humanas destruidas, sangre de nuestros hermanos y hermanas derramada en los collados del corregimiento de San José de Apartadó, y que aún no cesa, acudimos a la humanidad y a la historia para dejar constancia de nuevos hechos que asedian a la población civil de nuestro entorno y a nuestra Comunidad de Paz.

• El lunes 5 de mayo de 2025, un reconocido paramilitar siguió por varios minutos a un miembro del consejo interno al momento que se trasladaba con acompañantes internacionales hacia la vereda Mulato Medio.
  

• El miércoles 7 de mayo de 2025, en la vereda la Unión, en horas del día un reconocido paramilitar fingiendo ignorancia ingresó a nuestra propiedad privada Aldea de Paz Rigoberto Guzmán. Allí permaneció por varios minutos, después se retiró del lugar.
  

• El jueves 8 de mayo de 2025, hacia las 2 horas, se escucharon varios disparos en el casco poblado de San José de Apartadó. Paramilitares con armas hicieron dichos disparos, a pesar de que actualmente existe una base militar y un búnker de la Policía Nacional, sin que su presencia allí, signifique nada. Los hechos hablan por sí solos.
  
  

• Este mismo jueves 8 de mayo de 2025, paramilitares manifestaron su rabia por la última constancia emitida por la Comunidad de Paz. Anunciando que; - «a esa hp comunidad hay que sacarla del medio»- según ellos, por ser un estorbo en el territorio.
  

• El martes 13 de mayo de 2025, un paramilitar apodado MARTÍN, el cual hace control en el casco urbano de San José, anunció que tenía en lista a varias personas a las cuales procedería a notificarles vía celular multas o sanciones por no acogerse a las directrices u órdenes impartidas por los paramilitares. Afirmó que quien no cumpla con la multa asume las consecuencias. Allí, anunció que todo está organizado con una persona quien se encarga de realizar las vueltas en favor de los paramilitares. Se tiene conocimiento de que a más de 11 personas ya han hecho efectivo el cobro o extorsión por no respetar las órdenes impartidas de los paramilitares, otros se han tenido que ir de la zona con amenazas de muerte.
  

• El viernes 16 de mayo de 2025, hacia las 21 horas un grupo armado que se identificó como militares, violentó nuestra propiedad privada San Josesito rodeando nuestros espacios de vida y las viviendas al interior del asentamiento. Se supo, que el Ministerio de Defensa desmintió dicha acción ilegal, afirmando que en ningún momento tal situación se haya presentado. La infamia salta al descaro total.
  

• El lunes 19 de mayo de 2025, un reconocido paramilitar se acercó a algunas viviendas en Mulato Medio, para averiguar las actividades de los miembros de la Comunidad en la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra.
  

• Este mismo lunes 19 de mayo de 2025, un miembro del Consejo Interno fue interceptado por un paramilitar quien le anunció; «patrón lo estaba esperando».
  

• El martes 20 de mayo de 2025, reconocido paramilitar Agripina, se mostró con radio de comunicación frente a la comisión humanitaria de la Comunidad de Paz y Defensoría del Pueblo, quien realizaba recorrido por las veredas Mulatos y Resbalosa entre otras veredas.
  

• El viernes 23 de mayo de 2025, en mulato medio, un reconocido paramilitar, estuvo consultando con varios pobladores de la zona, si una mujer miembro de nuestra Comunidad de Paz, se encontraba sola en la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra.
  

• Este mismo viernes 23 de mayo de 2025, en horas de la tarde, cuatro paramilitares hicieron presencia en la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra.
  

• El domingo 25 de mayo de 2025, tuvimos conocimiento de las amenazas de muerte contra un campesino de la vereda Mulato Medio.
  

• El miércoles 4 de junio de 2025, en horas del día el reconocido paramilitar que ejerce control en el punto conocido como Chontalito interceptó a un miembro de nuestra comunidad indagándole insistentemente de dónde venía y cuando regresaría o pasaría por ese lugar.
  

• El jueves 5 de junio de 2025, en horas del día nos llegaron amenazas de muerte contra José Roviro López miembro del concejo interno y coordinador de la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, la orden dada es que no lo quieren ver más en la vereda mulatos.
  

• Este mismo jueves 5 de junio de 2025, nos llegaron informaciones donde se anuncian fuertes amenazas contra un poblador de la zona, manifestando que llevarían su caso a los mandos paramilitares que tomarían medidas extremas contra él ya que a este campesino se le sindica de sapo o informante que lleva información a la Comunidad de Paz.
  

• Este jueves 5 de junio de 2025, se realizó el acto de reconocimiento nacional e internacional a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, acto presidido por el Señor Presidente de la República de Colombia Gustavo Petro Urrego, donde él, en nombre del Estado Colombiano pidió disculpas públicas por tanta infamia y barbarie, que ya superan los más de 1.810 crímenes de lesa humanidad, en su mayoría cometidos por estamentos estatales contra nuestro proceso de Resistencia Civil no Violenta. En su intervención, el señor presidente manifestó su descontento por la no presencia de su gabinete presidencial en el acto, dejando en nuestra Comunidad de Paz, la propuesta de que un acto de esta envergadura debería darse en presencia de las tres ramas del poder público y su gabinete presidencial y, nos motiva a convocarla a ese nivel. Señor presidente, la Comunidad de Paz había enviado un listado no solo de los funcionarios de su gabinete presidencial, sus distintos ministerios, funcionarios de las diversas agencias del gobierno, como también un listado de los miembros de la cúpula militar, y sus altos mandos que la presiden. Señor presidente, del mismo modo, en ese listado habíamos incluido a los Magistrados de las Altas Cortes Colombianas, funcionarios de la rama legislativa, y a todos los órganos de control, que jamás llegaron. Nos extrañó que no hubieran hecho presencia estos altos funcionarios, tanto del alto gobierno, como de los otros poderes del estado, pero más nos extraña, que a la fecha no sepamos los motivos por los que no hicieron presencia.
  

• El viernes 6 de junio de 2025, en horas del día cuando el grupo de la comunidad regresaba desde la ciudad de Bogotá después de participar del acto de perdón del presidente Petro por toda la barbarie cometida contra nuestra comunidad, fueron expiados en el aeropuerto Los Cedros de Apartadó por varios sujetos que no disimularon al identificar como sus objetivos a varios miembros de nuestra comunidad entre ellos al representante legal German Graciano.
  

• El viernes 6 de junio de 2025, el reconocido paramilitar de la vereda la Unión Adolfo Guzmán utilizó las publicaciones que el periódico La chiva de Urabá publicó sobre el momento de desagravio y disculpas públicas por parte del presidente de la república, para estigmatizar a nuestro representante legal German Graciano, manifestando: -Petro Guerrillero igual que el que lo abraza-.
  

• El sábado 7 de junio de 2025, ingresó de forma ilegal, para extraer material de aluvión con maquinaria amarilla al predio La Roncona, propiedad privada de nuestra Comunidad.
  

• El domingo 8 de junio de 2025, fuimos advertidos que Paramilitares anuncian con sacar a nuestras familias de la Comunidad de Paz ubicadas en la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, incluyendo a José Roviro López, miembro del consejo Interno, a quien los paramilitares no quieren ver más en el cañón de mulatos.
  

• El martes 10 de junio de 2025, de nuevo ingresa volqueta y maquinaria amarilla al predio La Roncona, propiedad privada de nuestra Comunidad de Paz. Dejamos constancia que dicha extracción de material de aluvión es totalmente ilegal, sin embargo, como tantas veces hemos rechazado dicha explotación ilegal, tantas veces la respuesta de los intrusos ha sido que tienen todo el permiso de los que mandan en el territorio.
  

• El miércoles 11 de junio de 2025, DARWIN USUGA, poblador del corregimiento y quien reside fuera del territorio, intentó afanosamente comunicarse con algún líder de nuestra Comunidad, anunciando que tenía información que suministrarnos sobre los autores de las muertes de Nalleli Sepúlveda y Edinson David, el 19 de marzo de 2024, en la vereda la Esperanza.
  

• El jueves 12 de junio de 2025, en horas del día fue visto transitar un grupo de paramilitares portando camuflados y armas largas en nuestra propiedad privada la cabaña en la vereda la Resbalosa.
  

• El jueves 19 de junio de 2025, en el Municipio de Argelia, Antioquia fue asesinado el poblador DARWIN USUGA GRACIANO oriundo de San José e hijo de Gilma Rosa Graciano torturada y asesinada el 30 de marzo de 2002, por los paramilitares. Este joven campesino ya había sido amenazado de muerte en varias ocasiones en San José de Apartadó, por paramilitares. Debido a las graves amenazas Úsuga, se había desplazado de la región para salvar su vida.
  

• El miércoles 25 de junio de 2025, reconocidos paramilitares anunciaron que se suspendía el ingreso de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) al territorio del cañón de Mulatos, Resbalosa, La Hoz y demás veredas de esa región. Con el argumento de que en días anteriores dicha Agencia habría ingresado con personal de inteligencia militar.
  

• El viernes 27 de junio de 2025, se conmemoró los 13 años de la partida de nuestro compañero y líder comunitario Eduar Lanchero. Recordamos y guardamos su memoria, su lucha y entrega nos ha dejado un gran legado de compromiso y construcción de paz. Lucha que propiamente decidió tomar a pesar de la múltiples amenazas y persecución que recibió en su vida.
  

• El viernes 27 de junio de 2025, en la vereda Mulatos, un reconocido paramilitar, portando armas y radios de comunicación, se acercó a un menor de edad miembro de nuestra comunidad, averiguando cual es la persona que tiene mayor poder decisivo al interior de nuestra Comunidad de Paz entre German Graciano o José Roviro López, ambos miembros de la Comunidad y del consejo interno.
  

• El jueves 3 de julio de 2025, algunos pobladores de la región se acercaron a la Comunidad de Paz, y nos compartieron la inconformidad por las reglas impuestas por el paramilitarismo en el territorio. Limitando al campesinado a trabajar áreas de uso agrícolas no mayor a dos hectáreas, mientras ellos derriban montañas y bosques que luego usan para ganadería.
  

• El martes 8 de julio de 2025, una comisión integrada por el Representante a la Cámara Pedro Baracutao García, hizo presencia en el sector más conocido como la caseta del cuchillo, el corregimiento de San José de Apartadó, presencia que fue compartida por las redes sociales. En dicha publicación, solicita la inversión del ejecutivo en varias áreas sociales en el territorio, entre ellas, la necesidad de construcción de vías terciarias con el argumento de necesidad primordial para que los campesinos productores puedan transportar sus productos del campo. Baracutao ¿ignora que en la cabecera del corregimiento de San José los paramilitares impiden al campesinado cultivar en áreas mayores a dos (2) hectáreas de tierra? – ¿hace usted campaña a la construcción de vías ilegales por el corregimiento de San José declarada DMI, la cual la hace una zona de importancia ambiental? - ¿cree usted que la construcción de una carretera soluciona los problemas y necesidades del corregimiento de San José de Apartadó? - ¿Acaso usa usted esa necesidad como distractor de las verdaderas necesidades que sufre la población en las diversas veredas del corregimiento?
  

• Este mismo martes 8 de julio de 2025, nuestra comunidad conmemoró 25 años de la horrenda masacre de seis de nuestros hermanos masacrados al frente de sus hijos y su comunidad por huestes paramilitares vinculadas y apoyadas por autoridades castrenses como así queda evidenciado en diversas sentencias y procesos judiciales.
  

• El viernes 11 de julio de 2025, nos llegan nuevos mensajes de amenazas de muerte y exterminio contra nuestra Comunidad de Paz. Amenazas contra German Graciano Posso Representante Legal y otros miembros del Consejo Interno. Durante dichas amenazas, advirtieron que no responderían con la vida de quien se atreviera a dar información a la Comunidad de lo que ellos hablaban en la región.
  
  

El pasado 6 de julio de 2025, despedimos el cuerpo de Ricardo Quintero, miembro y fundador de nuestra Comunidad de Paz, quien murió después de padecer una grave enfermedad que acabó con su respirar.

Su respirar se apagó y el latido de su corazón se detuvo, pero no sus sueños y los de muchas y muchos que nos abandonaron físicamente, pero, sus palabras y aliento estarán siempre presentes en nuestras vidas en cada paso.

Gracias Ricardo por enseñarnos tanto, sus convicciones fueron irrenunciables hasta el final.

De nuevo, nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó acude a la humanidad y a la historia para dejar constancia de nuevas agresiones, las cuales se han concretado en reiteradas amenazas de exterminio contra nuestro proceso de vida solidaria aferrada al destino de caminar en la construcción permanente de un mundo más justo.

Hace ya mucho tiempo que las instituciones del Estado colombiano, apoyadas por los medios masivos de información, tratan de convencer al país y al mundo de que en Colombia ya no existen grupos paramilitares.

Esas estructuras armadas que no son reconocidas legalmente aunque se coordinan secretamente con toda la institucionalidad y gozan de la impunidad más atrevida por parte del aparato judicial, aunque su papel sea perpetrar sistemáticamente los crímenes que la humanidad ha detestado con el mayor horror, en el pasado se mostraron públicamente como acompañantes y protegidas de la fuerza pública, usando sin pudor sus mismos uniformes, espacios y movimientos, y como amigos y tolerados por el empresariado y los medios masivos de comunicación.

Pero en la medida en que sus crímenes fueron repudiados por tribunales internacionales y su relación con el Estado y con el Establecimiento ya fue imposible de ocultar, diseñaron otro modus operandi basado en relaciones camufladas con la institucionalidad, con el empresariado y con los medios masivos de información; la financiación secreta de sus actores y cómplices mediante el apoyo de las mafias de la droga, y la adopción del ANONIMATO como método encubridor de su criminalidad.

Dentro de estos parámetros ha sido posible que, por ejemplo, el CLAN DEL GOLFO, estructura paramilitar oriunda de Urabá y originada en la vereda Playa Larga de San José de Apartadó, sea hoy protegida por una población civil y por una institucionalidad regional que le permite adoptar prácticas que en el Código Penal figuran como delitos graves, pero que ellos han logrado aclimatarlos en la tolerancia rutinaria como “prácticas normales” que ya nadie cuestiona y que ningún órgano de control, ni la Fiscalía, ni la Policía, ni el Ejército, ni la Procuraduría, ni la Defensoría se atreven a ocuparse de ello, pues entrarían en desconfianza de los reales poderes que allí dominan.

Gracias a dicha aclimatación del crimen, se ha vuelto “NORMAL” el ejercicio cotidiano de estas prácticas delictivas claramente tipificadas en el Código Penal. Para alguien conocedor de las leyes y de la estructura del ordenamiento constitucional colombiano, todo esto es contrario a la Constitución y a las leyes. Un grupo civil cualquiera, no elegido por procedimientos constitucionales, no puede abrogarse la autoridad de gobernar de esta manera sobre quienes quieran, inventar normas, imponerlas, exigir contribuciones económicas, imponer  sanciones y menos con penas de destierro y de muerte, incautar tierras y bienes, usar armas, patrullar territorios con armas imponiendo su voluntad y llegar hasta disponer de la vida de quienes se niegan a obedecer, luego de recurrir a todo tipo de intimidaciones, todo en nombre de una ideología de élite o de un “orden” que no es compatible con los derechos y garantías que un día fueron fijados en una ley marco constitucional, que a pesar de sus decenas de reformas por voluntad de una élite económicamente privilegiada y corrupta, conserva aún algunos principios jurídicos básicos.

Cuando se está recibiendo testimonios constantes de pobladores campesinos o urbanos que describen los delitos puntuales que constituyen la práctica permanente de los paramilitares, cualquiera se aterra al abrir el Código Penal y descubrir que al menos 35 de sus artículos describen las conductas delincuenciales que configuran la cotidianidad paramilitar y que el poder judicial no se ocupa en lo más mínimo de investigarla, procesarla y sancionarla, ni el resto de las instituciones estatales da señal alguna de estar haciendo algo por detener ese torbellino de crímenes, dejando a la multitud de las víctimas en completo desamparo. Y algo aún peor es que tal criminalidad es protegida por sumas enormes de dinero. Hoy día las juntas de acción comunal son tentadas de sobornos descomunales para que se callen y para que apoyen los diseños del paramilitarismo en su territorio.

Claro que la denominación de PARAMILITARES conserva toda su legitimidad etimológica, pues su poder decisivo se apoya en un accionar armado –militar- si bien la legalidad de tal recurso a las armas es sólo “de facto” que no “de iure” o “de derecho”, pero su fuerza se la da la tolerancia institucional de su ilegalidad.

Los hechos de los cuales queremos dejar constancia hoy son los siguientes:

• El lunes 6 de enero de 2025, tuvimos conocimiento de nuevas amenazas y de un plan de asesinatos contra algunos líderes de nuestra Comunidad de Paz. Dicho plan está diseñado para ejecutarlo y luego hacerlo entender como un intento de hurto, aislándolo del contexto regional y local.
  

• El lunes 13 de enero de 2025 nuestra comunidad tuvo conocimiento de una convocatoria a pobladores de la región a una reunión para el día 15 de enero en la vereda La Esperanza, de nuestro corregimiento de San José de Apartado, a la cual asistirán varios personajes. El tema central seria plantear nuevamente la necesidad de construir una carretera sobre la vereda la Esperanza que a la vez afecte nuestra propiedad privada LAS DELICIAS. Hay que recordar que, desde hace un largo tiempo, a nuestra oposición razonada a la construcción de dicha vía, los impulsores de la carretera respondieron con insultos, agresiones, robos, destrucciones, anuncio de derramamientos de sangre y su cumplimiento en ejecuciones extrajudiciales perpetradas en marzo de 2024. Parece que el afán por exterminarnos no cesa.
  

• El domingo 19 de enero de 2025, un poblador de la zona se nos acercó para manifestarnos que en algunas veredas del corregimiento estaba circulando, por las redes y grupos de red social, una exigencia e invitación a la población civil de incursionar sobre nuestro predio Las Delicias, propiedad privada de nuestra Comunidad de Paz. Afirman que ya se han cansado de estar caminando, y que urge ya que la carretera llegue hasta la Esperanza. Dicha incitación pretende romper de nuevo alambres, portones y cercas, y construir dicha carretera por encima de cualquiera que se oponga.
  

• El viernes 24 de enero de 2025, varias personas habitantes del Cañón de Mulatos, fueron convocadas a reunión por paramilitares que ejercen control en la zona. En dicha reunión, los paramilitares dieron a conocer la prohibición de hacer cultivos de pan- coger en extensiones de tierras superiores a 1 hectárea. De igual forma, anunciaron las tarifas o cifras de dinero que cada vereda debe aportar para contribuir en la construcción de carreteras por las veredas; dichas tarifas, impuestas por los paramilitares, oscilan entre los 10 y los 30 millones de pesos, los cuales deber ser aportados por algunas veredas obligatoriamente para dicha carretera. Según los paramilitares, ellos colocan las máquinas y los operarios y la población civil debe aportar el combustible para dichas máquinas. Los paramilitares anunciaron a algunos civiles, que, en el caso de la Comunidad de Paz, la orden es que “ningún civil se meta con esa HP Comunidad, que ellos ya tienen todo cuadrado para exterminarla y borrarla del planeta”.
  
  

• “El jueves 30 de enero de 2025, nuestra Comunidad tuvo conocimiento de un plan por parte de los paramilitares de quemar nuestro asentamiento de San Josecito y hacer pasar la quema como una incursión armada de un grupo no identificado.
  

• El miércoles 5 de febrero de 2025, tuvimos conocimiento amplio y suficiente, donde en una comunicación, un reconocido paramilitar recibía información de un tercero donde se le indicaban los movimientos de GERMÁN GRACIANO, Representante Legal de nuestra Comunidad de Paz.
  

• El sábado 8 de febrero de 2025, se tuvo conocimiento de que algunos pobladores afines al paramilitarismo están usando como argumento amenazas por parte de la Comunidad de Paz contra ellos, para solicitar esquemas de protección a la UNP, bajo el pretexto de que, desde uno de nuestro asentamiento de la Comunidad de Paz, como lo es San Josecito, salen grupos armadas que realizan operaciones que afectan el área urbana de San José y luego bajan por el rio y se esconden en nuestro asentamiento. Tal infamia, no puede ser más burda y perversa, pues muchos de nuestros principios minuciosamente guardados, siendo sancionados quienes los transgreden, son absolutamente contrarios a semejantes calumnias ignominiosas.
  

• El viernes 14 de febrero de 2025, en el paraje Chontalito de San José de Apartadó, los paramilitares realizaron reunión con personas vinculada a las juntas de acción comunal de la zona para plantearles su necesaria colaboración económica a la construcción de carreteras en diversas veredas del corregimiento, entre ellas nuevamente la que atravesaría la finca Las Delicias de la vereda La Esperanza, propiedad de nuestra Comunidad de Paz, donde el paramilitarismo había cobrado ya varias vidas humanas por oponernos a la construcción de vías ilegales, destructoras del medio ambiente, planeadas en servicio a multinacionales extractivistas, construidas con impuestos extorsivos e ilegales y realizadas con maquinaria militar en estrecha colaboración con planeaciones definidas por la población sumisa al paramilitarismo, sin ninguna participación democrática. Mientras el paramilitarismo trataba de convencer a las juntas sobre dicha colaboración con su plan ilegal de carreteras, desde hace días en la vereda La Balsa paraje la Batea, están obligando a todo vehículo o moto que transita entre Apartadó y San José a pagar peajes extorsivos para un supuesto arreglo de una vía abandonada por la Alcaldía, arreglo que tampoco se comprueba. Ante estas exigencias de imponer cifras exorbitantes de dineros al humilde campesinado de San José de Apartado, muchos pobladores sienten temor, y angustia, pues se ven obligados a participar de dicha orden o serán expulsados de la región, según los paramilitares.
  

• El domingo 16 de febrero de 2025, al momento en que una delegación internacional ingresaba a nuestro asentamiento comunitario de San Josecito, tres personas que transitaban en moto, pararon al frente de nuestro asentamiento y afirmaron “es pura guerrilla lo que estallegando”
  
  

Compartimos esta constancia con quienes han sido solidarios con nosotros, al cumplirse los 11 meses de la última masacre sufrida por nuestra Comunidad de Paz en la vereda La Esperanza. Nos indigna la impunidad en que aún permanece ese nuevo crimen de lesa humanidad, pues es parte de un macro-crimen sistemático que cumple ya 28 años de impunidad. No nos convence en absoluto el camino recorrido por la Fiscalía para investigarlo, basado en los clásicos métodos que sólo han producido efectos impunes en varias décadas: interrogar y ensañarse en las víctimas y no en los victimarios; apoyarse en el testimonio que es lo más manipulable, ya sea por el soborno o por la amenaza, y realizar pruebas supuestamente técnicas pero extemporáneas y viciadas. De allí que no se den condiciones mínimas para nuestra colaboración, menos cuando centenares y centenares de crímenes horrendos permanecen sin ninguna justicia ni esclarecimientos.

Podrán acabar con nuestras vidas, pero jamás con nuestras voces que claman por la verdad en medio de un mar de impunidad.

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha vivido en los últimos meses una experiencia muy particular. Desde el año pasado (2024) aceptamos entrar en un proceso de negociación de Solución amistosa con el Estado, con la mediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero sin renunciar aún a la Ruptura con el Estado, dado que las razones y motivos de esta decisión no han cesado, a pesar de remontarse 20 años atrás.

El actual gobierno del Presidente Petro ha logrado modificar algunas instituciones, entre ellas la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, la cual ya no se ocupa preferentemente de negar toda responsabilidad de agentes del Estado en los crímenes, sino que está reconociendo la misma en casos emblemáticos como el de nuestra Comunidad de Paz. Por ello hemos exigido reparar daños monumentales y concretos perpetrados por agentes del Estado, mientras no sean imposible de reparar como los centenares de muertes y desapariciones. Tampoco hemos buscado traducir todo daño en equivalentes monetarios, pues la mayoría de nuestros valores no tiene ningún carácter mercantil ni se pueden tasar en dinero. Hemos exigido que se revisen actuaciones impactantes de la falsa y podrida “justicia” que ha actuado en la región durante décadas; hemos exigido que se nos devuelva el buen nombre pisoteado por los grandes medios masivos de información y por el podrido aparato judicial; hemos exigido que se reconozcan nuestros títulos legales sobre nuestros predios colectivos; hemos exigido que el Estado renuncie a cobrarnos, como víctimas, por sus crímenes de despojos, desplazamientos y masacres que sus agentes han cometido, gravando nuestras tierras abandonadas con impuestos multimillonarios.

Pero si bien el proceso de Solución amistosa avanza de manera satisfactoria, la otra faceta del Estado continúa hiriéndonos sin descanso ni vergüenza. El Clan del Golfo, estructura paramilitar avasallante hoy en el país, domina la región de Urabá y la casi totalidad de las veredas de San José de Apartadó, como verdadero gobierno de facto, con la aquiescencia de todas las instituciones que hipócritamente se arropan entre sí para mantener ese aparato perverso. Se consideran la única autoridad reinante y cuentan con la complicidad silenciosa de casi todas las instituciones como el Ejército, la Policía, la Fiscalía, un gran número de Juntas de Acción Comunal, como aquellas que le firmaron a FEDECACAO el extraño “contrato” titulado “no más comunidad de Paz”, o las que han encubierto a los asesinos de nuestra compañera Nalleli y del niño Edison hace un año en la vereda La Esperanza. El Clan del Golfo cuenta con militantes, que sus adherentes son remunerados con gruesas sumas de dinero, lo que les ha permitido captar grandes bloques de desmovilizados de las antiguas FARC, sectores de la sociedad, políticos, empresarios entre otros. Hoy día circulan numerosas especulaciones sobre los montos de sobornos a diversidad de funcionarios estatales de la región y al personal de los medios masivos, para mantener el Statu quo dominado por el Clan del Golfo.

La complicidad de la fuerza pública con este dominio del Clan es evidente. En marzo de 2024 el comandante de la Brigada 17 les manifestó abiertamente a visitantes internacionales que no acatarían la orden dada por el Presidente Petro de pedirle perdón a nuestra Comunidad de Paz por la multitud de crímenes cometidos contra nosotros. Pero ahora han llegado a un atrevimiento excesivo: en febrero de 2025 el comandante de la Brigada 17, Coronel Luis Enrique Camargo Rodríguez, instauró una acción de tutela contra una alta funcionaria del gobierno de Petro, la Doctora Gloria Cuartas, jefe de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, alegando que las declaraciones de dicha funcionaria por su red social X, el 19 de febrero de 2025, vulneraban el buen nombre y la honra de los militares.

Lo que la Doctora Cuartas había expresado era textualmente lo siguiente: “Presidente, espero que el nuevo ministro de defensa nos ayude a resolver esta compleja relación interna de la Brigada 17 y la Policía de Urabá contra el proyecto autónomo de paz, creador ético, ejemplo para el mundo. El Clan del Golfo no obra sin ellos.”

La jueza promiscua de Carepa, Ruth I. Betancur Henao, acogió la acción de tutela, y sin investigar en absoluto si realmente existía una relación compleja entre la Brigada 17 y el paramilitarismo de Urabá, violando incluso las normas de su jurisdicción para esos casos que involucraban a funcionarios de rango nacional, falló la tutela en favor de los militares, en un acto de vergonzosa sumisión, el 12 de marzo de 2025, ordenándole a la Doctora Cuartas retractarse de sus declaraciones en el término de 48 horas. Pocos días después, el 28 de marzo, el Juez Primero Civil del Circuito de Apartadó, Dr. Martín Gómez Ángel Rangel, anuló lo actuado por la juez de Carepa, no solo por haber desconocido sus límites jurisdiccionales en esos casos sino porque una rápida lectura del Decreto 2647 de 2022 que delimita las funciones de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, dejan en evidencia que la Doctora Gloria Cuartas sólo estaba cumpliendo con sus deberes al hacerle esa solicitud al Presidente.

Posteriormente la acción de tutela fue anulada de fondo por un juez del Juzgado municipal de Apartadó.

Todo muestra que la Brigada 17 no aprende lecciones fundamentales dentro de su actuar. En efecto, en 2020 la misma Brigada 17 había instaurado otra acción de tutela contra nuestra Comunidad de Paz, con la pretensión de que la justicia censurara un conjunto de constancias históricas nuestras, difundidas por las redes sociales, alegando el mismo argumento de vulneración del buen nombre y la honra de los militares. Contaron entonces con otra jueza incondicional a sus desafueros e ignorante de sus normas, pero el caso llegó en revisión a la Corte Constitucional, la cual recibió numerosos “amici curiae” de juristas internacionales que cerraron filas en defensa del derecho a la libre expresión. Tampoco esa juez ignorante se había preguntado si las constancias se referían a algo verdadero o falso y si denunciaban asuntos de gravedad que deberían ser examinados. Nada de eso les importaba sino solamente complacer a los militares. Los mismos magistrados de la alta Corte se dividieron en sus argumentos y en la controvertida sentencia T-342/20 registraron de todos modos que había ocurrido una vulneración del buen nombre de los militares de dicha brigada, pero mantuvieron el respeto al derecho a la libre expresión y se negaron a hacer retirar de las redes sociales nuestras constancias históricas y a prohibirnos seguir utilizando esos canales, controversia que derivó en una demanda de anulación de dicha sentencia. El magistrado que había redactado la primera versión de sentencia, pero luego fue cambiado, finalmente redactó un profundo Salvamento de Voto en donde define los alcances del derecho al buen nombre. En un párrafo que puede claramente aplicarse al caso de la Doctora Gloria Cuartas, el Magistrado Jorge Enrique Ibáñez afirma:

“La jurisprudencia en vigor relativa a la protección de la garantía constitucional al buen nombre, exige la conducta irreprochable de quien aspira a ser su titular. Así, quien tiene en su contra decisiones judiciales que desvirtúan la existencia de una conducta irreprochable no está en posición de reclamar la protección de su derecho al buen nombre por delitos u omisiones cometidos en el pasado. La Corte ha sido enfática en manifestar que el derecho al buen nombre, además de ser personalísimo, está relacionado directamente con “la valía que los miembros de una sociedad tengan sobre alguien, siendo la reputación o fama de la persona el componente que activa la protección del derecho”. Sumado a lo anterior, la jurisprudencia constitucional y los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos humanos han reconocido que la protección del derecho al buen nombre que se aplica a personajes públicos y funcionarios del Estado es más débil en razón a la exposición que se deriva de su actividad, y al derecho que tienen los ciudadanos a controlar el ejercicio del poder público, y reprochar de forma apacible las actuaciones estatales o acontecimientos sociales. De manera que, la alta exposición al foro público supone inexorablemente que los funcionarios acepten el “riesgo de ser afectados por críticas, opiniones o revelaciones adversas, por cuanto buena parte del interés general ha dirigido la mirada a su conducta ética y moral”.

Con base en la jurisprudencia en vigor esbozada, el análisis de la garantía del derecho al buen nombre y honra de los miembros de la Brigada XVII requería de la buena imagen, reconocimiento social y conducta irreprochable de quienes alegan su protección, así como del análisis sobre la tolerancia que estos debían tener frente a las críticas opiniones o revelaciones adversas, por su alta exposición al foro público. No obstante lo anterior, la Sentencia T-342 de 2020, en pleno desconocimiento de la jurisprudencia constitucional esbozada, decidió proteger el derecho a la honra y buen nombre de los miembros de la Brigada XVII, y omitir: (i) las más de 10 providencias del Sistema Interamericano de Derechos humanos, los varios autos de seguimiento proferidos por la Corte Constitucional y las diferentes decisiones judiciales, tanto del ámbito nacional como internacional, que dan cuenta de que en el pasado se ha comprobado la complicidad entre la Brigada XVII del Ejército Nacional y los grupos paramilitares que actúan en la zona del Urabá, para el ejercicio de acciones violentas, que han victimizado a los miembros de la Comunidad de Paz; y (ii) el hecho de que los mensajes que dieron lugar a la acción de tutela fueron publicados por la Comunidad de Paz en el mismo periodo de tiempo en el que se emitieron a su favor medidas provisionales de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por hechos similares a los denunciados en las referidas publicaciones, que daban cuenta de la actualidad de la situación.”

Pero no ha sido solamente la Brigada 17 la que muestra desconocimiento y desacato a la Constitución y a las leyes, también las fiscalías de la región incurren en lo mismo. Desde hace ya muchos años nuestra Comisión se había acogido al artículo 18 de la Constitución en su respeto al principio de Objeción de Conciencia y había llegado a una ruptura con la “justicia”, luego de acudir por muchos años a todas las instancias del aparato judicial para proteger los derechos constitucionales y universales de sus integrantes, cosechando solamente evidencias de corrupción y podredumbre moral aterradoras que de ninguna manera se pueden llamar “justicia”. Sin embargo, muchos funcionarios judiciales continúan llamando a integrantes de nuestra Comunidad de Paz a rendir declaraciones en procesos que continúan recorriendo los mismos métodos corruptos, dejando intactos los horrendos procesos del pasado.

Los hechos que en esta ocasión dejamos ante la humanidad y la historia son los siguientes;

• El miércoles 12 febrero de 2025, nos llegó una comunicación de la Fiscalía General de la Nación, en la cual se citaba a tres miembros del consejo interno de nuestra Comunidad para declarar sobre hechos ocurridos en años pasados

• El jueves 27 de febrero de 2025, mientras miembros de nuestra Comunidad de Paz, se disponían para realizar labores comunitarias de mantenimiento de la vía que conduce San José – Apartado, a la altura del predio Comunitario La Roncona, fueron interrumpidos por una patrulla de la Policía Nacional (patrulla 41-0391), quienes instalaron un retén sin ningún tipo de señalización sobre el predio Comunitario. Al momento, nuestra comunidad solicitó a los agentes moverse del sitio para poder tener la libertad de realizar el trabajo de mantenimiento de la vía, la respuesta de los agentes fue negativa, afirmando que no se iban a mover del lugar, alegando que quien tenía que irse, era la misma Comunidad de Paz.

• El miércoles 5 de marzo de 2025, nuestra Comunidad fue informada de otra solicitud en la cual la Fiscalía General de la Nación, pretendía ingresar al predio Las Delicias en la vereda la Esperanza, para recrear la escena del crimen del 19 de marzo de 2024. Dicha solicitud fue rechazada por nuestra Comunidad de Paz, toda vez que dicho acto es más bien una revictimización y escarnecimiento del dolor sufrido por toda nuestra comunidad, sin que hasta ahora haya indicio alguno de que la “justicia” esté adoptando métodos más creíbles de esclarecimiento de los hechos.

• El jueves 13 de marzo de 2025, nos llegó una nueva comunicación de la fiscalía general de la Nación, en la cual se citaba a tres miembros del Consejo Interno. La comunidad de paz y sus miembros se declaran en objeción de conciencia.

• El viernes 14 de marzo de 2025, varios pobladores de la vereda la Unión, se acercaron a nuestra comunidad para manifestarnos la preocupación y miedo que sienten, por las amenazas de los paramilitares, quienes han impuesto cifras y montos de dineros que cada familia debe aportar para la construcción de una carretera ilegal en el trayecto que va del casco urbano de San José a la vereda La Unión. La advertencia a los pobladores de la zona es que el dinero para las carreteras se debe recoger porque “es una orden de ya saben quién”.. En la zona hay total control paramilitar. Varias familias de diversas veredas del corregimiento de San José de Apartadó, se han acercado a nuestra Comunidad para dejar constancia de las continuas amenazas a los que son sometidos.

• El miércoles 19 de marzo de 2025, un nutrido grupo de nuestra comunidad y acompañantes internacionales recorrimos los espacios que vieron por última vez a nuestros mártires Nallei y Edinson. Al cumplir un año de absoluta impunidad, la barbarie de los asesinos no parece contenerse, se habla nuevamente de construcciones de carreteras impulsadas por los mismos asesinos y responsables de la muerte de nuestros hermanos.

• El viernes 21 de marzo de 2025, en acto de presentación de informe y avances de los acuerdos suscritos entre el Estado Colombiano y la Comunidad de Paz, tuvo lugar la intervención de la Magistrada de la JEP, Dra Nadiesda, quien se refirió al proceso que adelanta dicha justicia transicional como un gran avance en el esclarecimiento de los hechos acaecidos especialmente en Urabá; dicha intervención no solo inapropiada, fue una revictimización a la Comunidad, por cuanto su mecanismo contemplado lo único que ha servido es para darle garantía y licencia a los criminales para que sigan cometiendo delitos crímenes de Lesa humanidad.

• El martes 25 de marzo de 2025, nuestra comunidad fue advertida de nuevas amenazas de muerte contra miembros y líderes comunitarios. En dichas amenazas los paramilitares anuncian que han determinado asesinar a cualquier miembro de la comunidad, afirmando que las muertes de Nalleli y Edinson, (19 de marzo de 2024) le dolió a todos los miembros de la Comunidad de Paz, lo que significa que a la comunidad, cualquier muerte le va a doler. En dicha amenaza advirtieron a varias personas cercanas nuestras, que no pernocten en la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, en Mulato Medio, si no querían que les pase lo mismo que a Nallei y a Edinson.

• El miércoles 26 de marzo de 2025, se pudo evidenciar la presencia de grupos paramilitares que han hecho presencia en la propiedad privada de nuestra Comunidad de Paz en la vereda la Resbalosa denominada La Cabaña, donde además fue perpetrada la masacre del 21 de febrero de 2005.

• El jueves 27 de marzo de 2025, varios pobladores de las veredas del corregimiento de San José, se sintieron atemorizados por las amenazas provenientes de reconocidos paramilitares contra las familias que no quieran contribuir con dineros para la construcción de carreteras por algunas veredas del corregimiento de San José, anunciando que quien no colabore se tiene que ir de la región o no responden por su vida, anunciando que ningún propietario de finca debe rehusarse al paso de la carretera en la zona.

• El viernes 28 de marzo de 2025, en la Aldea de Paz, Luis Eduardo Guerra, en la vereda Mulatos Medio, un reconocido paramilitar estuvo por varias horas en inmediaciones al predio, haciendo actos de control y vigilancia al movimiento de los miembros de la Comunidad. No importó que allí se encontraban acompañantes internacionales.

• El domingo 30 de marzo de 2025, hacia las 20:30 horas el reconocido paramilitar alias el Cochero intentó ingresar al asentamiento de San Josecito.

• El lunes 31 de marzo de 2025, en una reunión desarrollada en el casco urbano de San José, se dio la instrucción de que todos las personas adultas e inclusive la población que agrupa a todos los menores de edad ubicada en la parte baja y a los alrededores de San José, obligatoriamente debían aportar recursos para la construcción de la carretera que conduciría a las veredas de Mulato y la Resbalosa. Dicha imposición seria bajo la premisa de “acción solidaria con las familias de mulatos y resbalosa”.

• Este mismo lunes 31 de marzo de 2025, reconocidos paramilitares que departían en un establecimiento público en el casco urbano de San José, declararon ante varios civiles, que [… uno de los planes para destruir esa comunidad es abusando sexualmente de las mujeres de esa hp comunidad…].

• El martes 1 de abril de 2025, una comisión de la Comunidad que se dirigía al sitio del Lanzamiento de la Comisión de Evaluación de la Justicia el cual fue instalado en la Universidad de Antioquia sede Apartadó, fue interceptada y obligada a pagar un peaje extorsionista ubicado ilegalmente a la altura del paraje la Balsa en la vía que de Apartadó conduce a San José, más tarde, la propia Defensora Nacional Dra IRIS MARIN y su comitiva quien visitó nuestro asentamiento de San Josecito, fue testigo del peaje ilegal instalado sobre el sitio en mención.

• El miércoles 9 de abril, fuimos enterados de la muerte de Robinson Rueda, joven oriundo del corregimiento de San José, al parecer habría sido asesinado en Medellín. También, se conoció que habría un plan para asesinarlo en el mismo san José en días anteriores en una de sus últimas visitas.

• Este mismo jueves 9 de abril de 2025, varias organizaciones internacionales en un gesto de solidaridad por la población de nuestro entorno y nuestra Comunidad, dirigieron un llamado al presidente Petro, con el fin de parar las violaciones a los derechos humanos que de manera sistemática se repite una y otra vez.

• El martes 15 de abril de 2025, se tuvo conocimiento oficial de la implementación de un proyecto denominado como ¨pagos por servicios ambientales¨ impulsada por la JEP y otras entidades, mientras se adelanta estos proyectos sociales, la verdad y la justicia queda rezagada y pisoteadas, ¡que tristeza ¡.

• El viernes 18 de abril, un poblador de la región se nos acercó para ponernos en conocimiento del malestar de reconocidos paramilitares contra nuestro proceso de vida comunitaria y contra Roviro López miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz.

• El miércoles 23 de abril de 2025, la fiscalía general de la nación, nuevamente cita a un miembro del consejo interno para rendir indagatoria ante dicha entidad. Nuestra Comunidad y sus miembros una y otra vez ha manifestado públicamente la objeción de conciencia contemplado en la constitución Colombia en su artículo 18.

• El viernes 25 de abril de 2025, un reconocido paramilitar se acercó a un miembro de nuestra Comunidad de Paz, para advertir que no van a aceptar más la presencia de miembros de la Comunidad de Paz en el área del cañón de mulatos ni Resbalosa. Advirtiendo que la Comunidad de Paz, era un hp estorbo en la región y no iban a permitir la presencia de sus miembros en la zona.

• El domingo 27 de abril de 2025, un poblador de la zona, se nos acercó para manifestarnos que reconocidos paramilitares estarían esperando la oportunidad para asesinar a tres miembros del consejo interno de nuestra Comunidad de paz, Arley Tuberquia, Roviro López y German Graciano, y dejar las evidencias como si fuera un hecho aislado del contexto de la región. No nos extraña esta estrategia Judicial y de muerte; por un lado, la fiscalía en acto de acoso una y otra vez envía citaciones a miembros del consejo interno, entre tanto; los paramilitares amenazan de muerte precisamente a nuestros compañeros del consejo interno citados por la fiscalía.

• El miércoles 30 de abril de 2025, En el predio las Delicias en la vereda la Esperanza, hacia las 22:24 horas, dos paramilitares intentaron ingresar a la vivienda principal comunitaria al momento que una comisión humanitaria de nuestra comunidad se encontraba allí con el acompañamiento internacional, a la reacción de la comunidad, los sujetos emprendieron la huida.

• En los últimos días se ha venido materializando lo que los paramilitares venían anunciado; a apertura de carreteras en algunas de las veredas del corregimiento de San José de Apartadó. La construcción de dichas carreteras ha sido impuesta por los paramilitares no solo de forma ilegal, sino además imponiendo tarifas obligatorias a la población campesina de la región. Proyecto que no solo viene siendo financiado y promovido por los paramilitares, además de la acogida y respaldo que algunas juntas de acción comunal del territorio han hecho de dicho proyecto criminal. En la vía ilegal que se viene construyendo entre el casco urbano de San José y la Vereda la Unión, un miembro de nuestra comunidad fue afectado por el paso de dicha carreta, advirtieron a su familia que no se podía oponer a la construcción de dicha vía, que no se metiera en problemas, que evitaran problemas dejando pasar la carretera por dicho predio, allí cortaron árboles de cacao del miembro de nuestra Comunidad de Paz. Se impone el terror paramilitar disfrazado de desarrollo social.

Mientras nos aproximamos a un escenario de entendimiento por parte del Estado, de las causas que dieron lugar a la ruptura con el aparato Estatal, se nos revela a todas fuerzas el proyecto de exterminio contra nuestro proyecto de vida.

Sin embargo, nuestras convicciones irrenunciables por la vida, nos da la fuerza aun, para exponer una vez más y cuantas veces sea necesario nuestras propias vidas.

Guardamos la memoria de todas y todos nuestros hermanos y hermanas caídos a los cuales homenajeamos con nuestra lucha y resistencia pacífica no violenta, que un día con nuestros hermanos decidimos emprender.