2020

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó, apoyándonos en nuestras convicciones insobornables, recurrimos al país y al mundo para compartirles lo que estamos viviendo y dejar constancias de ello. Lo hacemos porque durante varias décadas nuestras denuncias y clamores nunca han sido escuchados por las instituciones que tienen obligación de protegernos y porque los principios más esenciales de una democracia incluyen el derecho a la libre expresión y a la denuncia, como lo han declarado todos los órganos de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos que han tenido por misión definir los derechos fundamentales del ser humano.

En las últimas semanas hemos vivido y conocido lo siguiente:

• El domingo 15 de noviembre de 2020, en horas de la noche, según las informaciones a las que tuvimos acceso, se presentó una contienda en un establecimiento público del centro urbano de San José, protagonizada por paramilitares armados. Los policías que realizaron allí un allanamiento dijeron que allí había “armas de fogueo o tramadoras”, pero quienes estaban cerca reconocieron que eran armas de fuego utilizadas por los paramilitares y además afirmaron que la policía les había devuelto las armas a dos personas, conocidas como “DEINER” y “SEBASTIÁN”, reconocidos paramilitares de Nuevo Antioquia, corregimiento del municipio de Turbo. En la contienda resultó herido un campesino. Lo más preocupante es escuchar cómo se incautan armas y muchas veces, como supuestamente en este caso, la policía se las devuelve a sus dueños y éstos no son capturados sino dejados en plena libertad, lo que reconfirma, una vez más, la cercanía y coordinación entre paramilitares y fuerza pública. Según los mismos testigos, unos días después los paramilitares habrían buscado a las personas involucradas en la contienda de esa noche y les habrían entregado sumas de dinero (según se dice, de un millón de pesos) al parecer para que no dijeran nada de lo que había ocurrido allí esa noche.

• El miércoles 18 de noviembre de 2020, en horas del día, abogados amigos nos hicieron llegar el texto de la Sentencia T-342/20 de la Corte Constitucional, en la cual se revisa la acción de tutela que la Brigada XVII había interpuesto contra nuestra Comunidad de Paz el 28 de septiembre de 2018, alegando que nuestras Constancias vulneraban su derecho al buen nombre. La Sala de Revisión de la Corte, compuesta por los magistrados ALEJANDRO LINARES, ANTONIO JOSÉ LIZARAZO y LUIS GUILLERMO GUERRERO, éste último quien actuó como ponente y ya se retiró de la Corte, concluyó declarando que el derecho de los militares al buen nombre había sido vulnerado por nuestras denuncias, pues éstas “no tienen respaldo en decisiones judiciales condenatorias en firme”.

Quienes representaron a la Corte en esta ocasión, con una visión opuesta a la de los magistrados que en años pasados defendieron los derechos de nuestra Comunidad de Paz en las sentencias T-249/03; T-327/04; T-1025/07 y en los Autos 034/12; 164/12 y 693/17, también pasaron por alto reiteradas jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declaraciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el escrito que le dirigió a la misma Sala de Revisión el Relator de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Expresión, refiriéndose a esta tutela del ejército y en la cual afirma tajantemente que: “Un sistema democrático y plural requiere que los funcionarios públicos y su gestión estén expuestos a un alto nivel de control. Por lo tanto, las autoridades deben tener una mayor tolerancia frente a estas expresiones por más chocantes, desagradables o perturbadoras que sean y abstenerse de imponerle limitaciones y proteger a quienes las emiten”.

Pero un análisis más de fondo de esa sentencia deja en claro que la Sala de Revisión se apartó en muchos puntos de la jurisprudencia defendida durante muchos años por la misma Corte Constitucional, especialmente en su punto central que consiste en darle prevalencia al derecho al buen nombre de una institución sobre el “derecho a la libre expresión de las víctimas. Una larga y abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido que el “buen nombre” (o “reputación”) es algo que se conquista con el buen comportamiento, ganándose el aprecio de la sociedad y no como algo ligado a un cargo o a decisiones judiciales o abstractas, por ello insiste en que el buen nombre no existe cuando no se da ese aprecio social construido con el comportamiento y por lo tanto es imposible defender un derecho a algo que no existe. Y en el caso de la Brigada XVII lo que sí existe es una larga y abundante cadena de quejas y condenas por violación de derechos humanos y comisión de crímenes contra la humanidad, registrada en las Cortes nacionales e internacionales (incluso en sentencias penales de la Corte Suprema de Justicia), donde aparece como crimen recurrente y permanente la estrecha relación con grupos paramilitares, todo lo cual hace más inexistente el “buen nombre”, y lo que no existe no se puede defender.

Esta sentencia desconoce y contradice también la larga jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la prevalencia del Derecho a la Libre Expresión y sobre las normas que rigen los casos muy limitados de tutelas contra particulares o que pretenden defender derechos de entes jurídicos o estatales. Al modificar sustancialmente los criterios de interpretación del concepto de “buen nombre” (negando su esencia de relación con el comportamiento, que produce aceptación en la sociedad) y separarse y contradecir las jurisprudencias de larga trayectoria sobre este y otros conceptos, refrendadas por la Corte en Pleno, esta Sala y esta Sentencia incurren en nulidad e invalidez. Si hubieran querido modificar los criterios de interpretación de todos estos conceptos, hubieran tenido que reunir a la Corte en Pleno y lograr su aprobación, lo cual no hicieron y por lo tanto sus decisiones son nulas. Nuestra Comunidad de Paz ya ha solicitado que se declare su nulidad.

No podemos sino lamentar la degradación tan grande a que han ido llegando nuestras instituciones jurídicas, que ya no ofrecen ninguna credibilidad a las víctimas.

• El sábado 21 de noviembre de 2020, en horas de la noche, fue hallado muy mal herido el señor ELIÉCER MORALES en la carretera que de San José conduce a Apartadó, muy cerca del paraje conocido como Caracolí, de la vereda La Victoria. Algunas versiones le atribuyeron los golpes a una caída de la mula en que se transportaba pero otras versiones hablan de un atentado contra su vida, el cual le causó la muerte pocos días después en el hospital.

• El domingo 22 de noviembre de 2020, en horas de la mañana, en la vereda La Unión falleció el campesino REINALDO AREIZA DAVID, al parecer por ingerir licor adulterado lo que se sumó a golpes graves ocasionados por varias caídas de la bestia. Reinaldo había sido integrante de nuestra Comunidad de Paz desde su fundación en 1997 y había ejercido un fuerte liderazgo, tanto como miembro del Consejo Interno como en el asentamiento de La Unión. En uno de nuestros momentos más dolorosos denunció con valentía, ante la Cámara de Representantes, la masacre de nuestros líderes y niños en las veredas Mulatos y Resbalosa el 21 de febrero de 2005; allí fue suciamente atacado y calumniado por el congresista ex militar Jaime A. Cabal y por varios generales de la cúpula militar. En enero de 2009 el Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, comandante de la Brigada XVII, lo contactó a través del paramilitar Wilfer Higuita para exigirle que le ayudara a destruir la Comunidad de Paz, y si no aceptaba, sería sometido a un proceso penal con testigos falsos, ya fuera como líder guerrillero o como narcotraficante. Reinaldo se resistió al chantaje y lo denunció, lo que enardeció las furias de los militares y paramilitares quienes lo persiguieron en adelante, hasta llegar a quemarle su casa. Sus problemas lo llevaron a la adición al licor, lo que lo obligó a retirarse de la Comunidad por no poder cumplir con ese aspecto del Reglamento, sin que fueran suficientes los esfuerzos para que cambiara de vida. La Comunidad lamenta profundamente su muerte.

• El lunes 23 de noviembre de 2020, en horas del día, nos llegaron informaciones de que en las veredas El Porvenir y Las Nieves, de San José de Apartadó, los paramilitares están exigiéndole a cada familia campesina una suma de (200.000) doscientos mil pesos para darles regalos navideños a los niños. Esta es una de las manifestaciones del dominio y control abusivo que los paramilitares quieren tener de toda la población civil, de su economía y de su vida común, bajo el chantaje de las armas.

• El viernes 27 de noviembre de 2020, en horas del día, en la vereda La Resbalosa, en el punto conocido como La Despabiladora, fue visto un grupo de paramilitares fuertemente armados y a poca distancia de ellos un helicóptero de la empresa EPM descargando postes y materiales eléctricos. Hay que recordar que estos paramilitares, en el año 2018, electrificaron parte de las veredas La Resbalosa, Naín, La Resbalosita, Baltazar, Alto Joaquín, entre otras, del departamento de Córdoba en límites con Antioquia. Ahora supuestamente la empresa EPM busca legalizar todas estas redes que los paramilitares colocaron con dineros que forzadamente les extrajeron a los campesinos de esas veredas.

• El sábado 28 de noviembre de 2020, en el punto conocido como La Máquina, de la vereda Arenas Bajas, de San Jose de Apartadó, fue visto un grupo de paramilitares con armas largas y al parecer estuvieron allí por varios días.

• En la última semana de Noviembre de 2020 circularon informaciones según las cuales los paramilitares se estarían coordinando con la Fiscalía, supuestamente para obtener informaciones sobre quién va hasta allí a hacer denuncias en su contra y también para controlar más estrictamente a quienes buscan suministrar informaciones a nuestra Comunidad de Paz. Este escenario nos recuerda episodios de años anteriores en que muchas víctimas se acercaban a la Fiscalía a presentar denuncias o a realizar otras diligencias y luego era evidente que esa información aparecía en manos de los paramilitares quienes tomaban represalias por las denuncias o atentaban contra la vida de víctimas de montajes. Nos viene a la memoria lo sucedido, por ejemplo, el 22 de septiembre de 2010, cuando fueron citados a la Fiscalía 4 jóvenes que ya habían sido procesados por las mismas acusaciones, violando la prohibición judicial de realizar dos o más procesos por los mismos cargos. La Defensoría se negó a acompañarlos y al salir de la Fiscalía, ya de noche, en el camino fueron atacados a bala por los paramilitares, quedando herido Alonso Valle y logrando escapar Jorge Luis Higuita y José Albeiro David. Otros vinculados al mismo proceso, como John Kennedy Higuita y Bernardo Ríos, fueron asesinados en los meses siguientes; a Alonso Valle no le quisieron sacar la bala en el hospital y él mismo tuvo que sacársela con un cuchillo. Todo indicaba coordinación entre Fiscalía, paramilitares, Defensoría y Hospital, para contribuir a la muerte de estos jóvenes, en cuyos procesos judiciales se cometieron numerosos delitos procesales.

• En la primera semana de diciembre de 2020 circularon informaciones según las cuales los paramilitares están implementando nuevos planes de reclutamiento de miembros de su estructura con el atractivo de pagos más altos. Los paramilitares alias “RENÉ”, “JESUSITO” y “SAMUEL”, este último quien actuó como comandante en veredas de Córdoba y luego ha sido enviado a la zona de La Unión, El Porvenir, Las Nieves, La Esperanza, Arenas Bajas, Arenas Altas y veredas aledañas, estarían motivando mediante incentivos económicos a paramilitares desanimados por la muerte de sus comandantes, para que regresen a la acción. En el caso del paramilitar conocido como “RAMIRO”, presente en la vereda La Unión, quien es a la vez hermano del comandante “SAMUEL”, se sabe que estuvo presente el día en que dentro del operativo “AGAMENON 2” fue asesinado su comandante conocido como “PUEBLO” o “PUEBLITO” en una vereda del municipio de Mutatá, Antioquia, y según versiones, desde entonces se encontraba aislado. Por muchos esfuerzos que el gobierno haga por tapar el creciente desarrollo del paramilitarismo, su actividad criminal y su apoyo aquiescente por parte de la fuerza pública, le queda imposible “tapar el sol con las manos”,

Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del mundo, desde sus convicciones más íntimas nos han acompañado en estos más de 23 años de Comunidad de Paz y que a pesar del aislamiento por la pandemia siguen presionando cada día al gobierno colombiano para que no destruya nuestras vidas ni nuestro patrimonio y legado. Nuestra sincera gratitud por seguir este proceso de defensa de la vida y que además nos anima moralmente a seguir defendiendo nuestros principios.

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo sobre los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte del paramilitarismo que sigue actuando a sus anchas en nuestra región sin ser molestado por ninguna autoridad competente, pues cuenta con su apoyo económico y político, lo que los hace fuertes para someter al campesinado a sus proyectos.

Desde el pasado 14 de septiembre está activa una campaña calumniosa, difamatoria y ultrajante contra nuestra Comunidad de Paz, pues ese día comenzó a circular por WhatsApp un panfleto titulado “No te queremos comunidad de Paz”, que busca explícitamente colocar al campesinado de la zona en contra nuestra. Según se deduce de uno de sus párrafos, el panfleto se origina en las Juntas de Acción Comunal de las veredas Mulatos Medio y Mulatos Cabecera, pues el redactor o redactores invitan a funcionarios del gobierno a visitar esas sus veredas.

Aunque el panfleto haya sido redactado, según se deduce del texto, por campesinos miembros de juntas comunales, el contenido no deja ninguna duda de su origen paramilitar y militar. Hace ya varios años que el ejército y otras instituciones estatales vienen cooptando a varias juntas comunales para que se integren a la estrategia paramilitar de control de la región. Esto se hizo muy explícito cuando nuestra Comunidad de Paz cumplió sus 20 años de existencia, en marzo de 2017: en esos días el comandante de la Brigada 17 invitó a miembros ya cooptados de juntas comunales para que calumniaran a nuestra comunidad ante las delegaciones internacionales que pidieron una cita en la Brigada con ocasión del aniversario. Ante tan perversa actitud, las delegaciones extranjeras se retiraron de la reunión ofendidas. Se descubrió entonces con claridad que al desmovilizarse las FARC, los paramilitares querían controlar la totalidad del territorio, como de hecho lo han logrado, colocando “puntos” de espionaje y control en cada vereda, con total anuencia de la fuerza pública y demás instituciones del Estado.

Pero lo que más revela el origen paramilitar/militar del panfleto es su contenido: tratan de presentar la situación de la región como un remanso de paz, para lo cual tienen que ocultar la red de espionaje que han montado para controlar toda la vida de los pobladores a través de “puntos” instalados en cada vereda; tienen que hacerse los de la “vista gorda” sobre la circulación permanente de armados en motos por la carretera entre San José y Apartadó; sobre los impuestos ilegales que están cobrando; sobre las normas que les imparten a los pobladores en las reuniones que convocan, prohibiéndoles usar sus fincas para sus cultivos alimentarios e imponiéndoles modelos de “desarrollo” o de “progreso” que a la larga los van arruinar y a desplazar; tienen que esconder las amenazas permanentes a quienes no se someten a sus planes, así como las listas de gente para matar y las muertes que ya llevan a sus espaldas; tampoco mencionan allí los grupos de civiles con armas largas y cortas que patrullan las veredas, muchas veces con uniformes de camuflaje, y menos la convivencia permanente y amistosa entre los líderes paramilitares y las unidades de fuerza pública en el caserío de San José. Esconden, además, la llegada de empresas extranjeras extractivistas cuya labor arrasante del medio ambiente la camuflan a través de ilegales consultas y de ilegales trazados de vías financiadas y ejecutadas con dineros y maquinarias de los paramilitares. Tal es el remanso de paz que dibujan, donde, según dicen, los desmovilizados viven en absoluta tranquilidad.

Según el panfleto, el único grupo que rechaza esa “paz” es nuestra Comunidad de Paz, la cual, según ellos, implanta un modelo de “guerra”. Pero así como no se atreven a describir los componentes reales y concretos de lo que ellos llaman “paz”, porque evidentemente de paz no tienen nada, tampoco se atreven a describir nuestra “guerra”. El panfleto deja muy en claro que lo que les molesta es que nuestra Comunidad no transija con el paramilitarismo y no se calle ante los crímenes. Por eso es evidente que para ellos optar por la “guerra” es no aceptar los crímenes, ni las manipulaciones, ni los espionajes, ni los patrullajes ilegales, ni la imposición de modelos de “desarrollo” o de “progreso” que arruinan la libertad, la dignidad y la soberanía de las comunidades y la vida de la naturaleza. Para ellos, optar por la guerra es denunciar lo que está destruyendo a los pobladores y el ambiente y está hipotecando el territorio a intereses extranjeros destructivos. Tal es la “guerra” que ellos nos endilgan: no callarnos ante todo esto. No se atreven a confesar que nos han hecho seguimientos y espionajes y han llegado a concluir que no tenemos ni un cuchillo para defendernos y que por lo tanto es fácil asesinarnos. En cambio, ellos entraron armados el 29 de diciembre de 2017 a nuestra propiedad privada San Josesito, con intención de asesinarnos y, gracias a Dios y a nuestra comunidad que actúo rápidamente, se pudo evitar que nuestros líderes fueran asesinados, pero nunca los hemos enfrentado con armas. Sin embargo, en el panfleto, nosotros somos los que optamos por la “guerra” y ellos por la “paz”.

Pero toda esta difamación y ataques ultrajantes y perversos no son nuevos sino que hacen parte de una estrategia que lleva varias décadas y que ha tenido como meta el exterminio de nuestra Comunidad de Paz. Primero se propusieron nuestra eliminación física en una acción conjunta entre militares y paramilitares, logrando asesinar a más de tres centenares de nuestras compañeras y compañeros, incluyendo niños y ancianos, con derroche de sevicia. Esa acción genocida estuvo acompañada, como elemento de justificación, de una campaña de estigmatización criminal dirigida desde la Presidencia de la República, pues agentes del paramilitarismo que hoy han confesado sus crímenes ante las instituciones del Sistema Integral de Paz, han relatado cómo el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, hoy sometido a numerosos procesos penales por un aparato de justicia que vive fluctuando entre innumerables mecanismos de impunidad que lo enredan, los convenció de que nuestra Comunidad era una comunidad guerrillera, para que asesinaran sin compasión a todos nuestros integrantes, pero ellos hoy no pueden ya soportar el peso de sus remordimientos cuando comprenden que fueron forzados a matar a tantos inocentes. Tal estigmatización ideológica fue apoyada por perversas campañas mediáticas, como las de los diarios El Colombiano y El Mundo de Medellín y periódicos y emisoras de Urabá, que difundieron mentiras, calumnias y entraron en complicidad evidente con todos esos crímenes horrendos, por los cuales no han pagado un solo día de cárcel, ni han dado garantía alguna a los familiares de no repetición de sus crímenes.

En un trayecto de varios años, la alianza militar/paramilitar se propuso además exterminar por hambre a nuestra Comunidad, cortando todo suministro de alimentos, para lo cual no tuvieron empacho en asesinar a varios conductores de chiveros, a todos los tenderos del caserío y a todos los pequeños comerciantes de alimentos y bebidas instalados en la carretera entre Apartadó y San José. Todo este afán de exterminio fue complementado con la labor corrupta y criminal del aparato judicial, haciendo montajes de increíble perversidad con falsos testigos, torturas, encarcelamientos arbitrarios y violación de todas las normas procesales. Cuando nuestra Comunidad acudió a las altas Cortes demostrándoles con precisión e identificando actores, los delitos judiciales de fiscales, jueces, magistrados, agentes criminalísticos, procuradores y defensores, las Cortes no se atrevieron a actuar y mantienen hasta hoy en sus puestos a los corruptos y criminales operadores de “justicia”.

Cuando ya nuestra Comunidad comprobó que no contaba con el auxilio de la justicia, quedando privada de sus derechos constitucionales y se acogió a una ética objeción de conciencia, se remitió sólo a Cortes internacionales, pero simultáneamente decidió mantener sus llamados a la conciencia solidaria de las franjas humanas nacionales e internacionales que aún conservan principios éticos; por ello se ha mantenido las CONSTANCIAS que relatan por las redes sociales las agresiones concretas a que nos tienen sometidos. También este último recurso a la solidaridad humana de los limpios, ha querido ser bloqueado: la Brigada 17 del ejército introdujo una Acción de Tutela, el 28 de septiembre de 2018, para que se nos privara del derecho a la comunicación y a la denuncia y le exigió a una Jueza Promiscua de Apartadó que nos obligara a retirar de las redes sociales todos nuestras Constancias. Nos negamos a acatar semejante villanía. La corrupta Jueza Segunda Promiscua de Apartadó se dejó arrastrar por los militares para violar el derecho constitucional a la comunicación, el que en la jurisprudencia de los tribunales internacionales constituye “la esencia de la democracia”. Hasta ahora la Corte Constitucional mantiene en suspenso (y en un suspenso demasiado prolongado) tan absurdas sentencias.

No extraña, pues, que los redactores del sucio panfleto que mencionamos aquí, se quejen de que se ponga en cuestión su comportamiento como algo perverso, pero al mismo tiempo le piden al gobierno que los apoye en uno de los crímenes más graves: el de “acabar con nuestra comunidad” (crimen tipificado en el Derecho Internacional como Genocidio, y también bajo las modalidades de Crímenes de Exterminio y Persecución, ambos tipificados como Crímenes de Lesa Humanidad).

Quieren, además, los panfletarios, que se les deje circular por todos nuestros predios privados. Ya tuvimos la experiencia el 29 de diciembre de 2017 cuando incursionaron en San Josesito 5 paramilitares de los que departen día y noche en el caserío de San José con la fuerza pública, con el objetivo de asesinar a nuestro representante legal y a los miembros de nuestro concejo interno: ¿Quieren que les abramos todos los candados para que puedan seguir entrando a asesinar? ¿No es acaso ese comportamiento el típico de las bandas criminales?

En todo el panfleto se está exigiendo que se llame “paz” a la guerra de exterminio que ellos practican, y que se llame “guerra” a nuestros afanes por no callar los crímenes, los ultrajes, agresiones y amenazas a que constantemente nos someten y sobre todo a nuestras constancias históricas y censuras morales.

Apoyados en nuestras convicciones insobornables, continuamos aquí con nuestras CONSTANCIAS de hechos ocurridos recientemente:

• El sábado 19 de septiembre de 2020, en horas del día, fue visto un grupo de paramilitares con armas largas en el camino que conduce de la vereda las Nieves hacia la vereda la Esperanza, de San José de Apartadó.

• El martes 29 de septiembre de 2020, en horas del día, se percibió un tránsito intenso de hombres portando armas cortas, en motocicletas, por la carretera que pasa al lado de nuestro asentamiento de San Josesito. En horas de la tarde del mismo día, se vio cruzar por allí al paramilitar conocido como ALFREDO. Al parecer, todos estos paramilitares estaban ese día coordinando la repartición de panfletos que luego dos días después fueron encontrados en toda la zona y en muchos municipios de Antioquia y el país.

• El miércoles 30 de septiembre de 2020, en horas de la noche, llegaron informaciones sobre un supuesto plan de exterminio que se estaría organizando en la zona contra nuestra Comunidad de Paz, por parte de los paramilitares en asocio con algunos pobladores de la zona. Se afirma que nuestra Comunidad “no deja entrar el progreso a la región” y denuncia mucho la presencia paramilitar en las veredas del corregimiento, lo cual les perjudica y les impide ejercer el control con mayor fuerza sobre la población civil.

• El jueves 1º de octubre de 2020, en horas de la mañana, fueron encontrados muchos panfletos de los paramilitares impresos en papel y muchos grafitis en los árboles y casas, suscritos por las autodenominados AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) que controlan esta región y muchas otras en el país. Dichos panfletos, al parecer, no solo fueron difundidos en el corregimiento de San José de Apartadó y sus veredas, sino también en otros muchos municipios del país y sus corregimientos y veredas. En dicho panfleto protestan por la brutalidad de la Policía Nacional contra las manifestaciones populares de protesta y al mismo tiempo denuncian las actividades de las guerrillas en la zona. No deja de ser desconcertante que una estructura paramilitar cuya tolerancia por parte del Estado ha sido total, como el mismo Obispo de Apartadó lo denunció hace unos meses, al señalar que no se percibe ninguna voluntad del Estado en perseguirlos, quiera ahora ganar respaldo de la población al denunciar a su mismo Estado protector en un asunto que tiene tan enorme consenso nacional, como es el rechazo a la brutalidad policial.

• El mismo jueves 1º de octubre de 2020, en horas de la mañana, por nuestra Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra pasó una tropa de militares de la Brigada XVI del ejército, violando nuestra propiedad privada. Cerca de allí, según informaciones, se encontraba un grupo de paramilitares portando fusiles y vestidos de civil.

• El mismo jueves 1º de octubre de 2020, en horas del día, llegaron a nuestra Comunidad informaciones según las cuales los paramilitares conocidos como “JESUSITO” y WILFER HIGUITA eran los que habrían dejado los panfletos y los escritos en los árboles, en los frentes de las casas y hasta en las piedras, en la vereda la Unión de San José de Apartadó. Es sabido que WILFER HIGUITA siendo parte de los paramilitares se integró en el 2009 a la Brigada XVII del ejército, prestando sus servicios como paramilitar. El 17 de enero de 2009 se hizo de mensajero del Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, comandante de la Brigada XVII, para someter a un inmundo chantaje a un miembro de la Comunidad de Paz, conminándolo a ayudarle a destruir la Comunidad de Paz o de lo contrario le inventaría un proceso penal por narcotráfico o por rebelión, con falsos testigos. El 16 de noviembre del mismo año 2009, el mismo Wilfer Higuita hizo pública, en la vereda Caracolí de San José de Apartadó, una lista de personas para asesinar, varias de las cuales fueron asesinadas en los días siguientes, como Don Fabio Manco y Don Luis Arnelio Zapata. Según el anuncio de Higuita, por cada muerte pagarían 7 millones de pesos. Durante esos años fue visto patrullando con militares de la Brigada XVII, como paramilitar.

• El miércoles 7 de octubre de 2020, a las 7:00 a.m., un grupo de 4 militares de la Brigada XVII del ejército ingresó sin autorización alguna a nuestros espacios privados de la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra. Más tarde, a las 11:00 a. m., otros 3 militares violaron de nuevo nuestro predio, alegando que estaban verificando unas coordenadas y simulando que estaban extraviados en la zona. Hay que anotar que el predio de la Aldea de Paz está suficientemente señalizado como territorio privado y menos se comprende que funcionarios del mismo Estado ignoren su inviolabilidad legal.

Es claro que los paramilitares han buscado cómo destruir nuestro proceso de vida y para ello utilizan diversos puntos de espionaje que están informando permanentemente sobre las actividades de nuestra comunidad día a día. Ahora se escucha que llega un supuesto nuevo comandante paramilitar a la zona el cual reemplazará a alias “Pueblito” o “Pueblo”, asesinado por la fuerza pública.

Las empresas mineras son las más interesadas en apoderarse de esta región, pues estos últimos meses se han realizado muchas encuestas verbales ilegales para empezar a explotar los minerales y todo esto llevado a cabo por los mismos paramilitares que realizan el trabajo sucio del empresariado de Urabá y desafortunadamente el campesino va cayendo en el juego de esas empresas, sabiendo que ellas buscan sólo llenar sus arcas de divisas y desmantelar los precarios recursos de los campesinos, quienes terminan entregando la tierra y desplazándose, forzados por los que hoy defienden y apoyan ese despojo como “progreso y desarrollo” de la zona. Basta mirar cómo han quedado las otras regiones del país donde estas empresas han explotado los recursos, donde ahora sólo se vive en miseria, el desplazamiento, con dolor y rabia por haber hecho caso a las promesas falsas que las empresas habían propagado. Sabemos que existe un gran interés de las empresas mineras y de las mismas instituciones del Estado por arrebatarle las tierras colectivas a nuestra Comunidad de Paz y para lograrlo están utilizando el paramilitarismo y cooptando a una gran parte de la población civil de la zona, como estrategia para terminar con el estorbo que somos para ellos, que les impide robar los recursos naturales acabando con esta hermosa zona. Ese tipo de “progreso de muerte y de exterminio” nuestra Comunidad de Paz lo rechaza rotundamente.

Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del mundo, desde sus convicciones más íntimas nos han acompañado en estos más de 23 años de Comunidad de Paz y que a pesar del aislamiento por la pandemia siguen presionando cada día al gobierno colombiano para que no destruya nuestras vidas ni nuestro patrimonio y legado. Nuestra sincera gratitud por seguir este proceso de defensa de la vida y que además nos anima moralmente a seguir defendiendo nuestros principios.

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se dirige al país y al mundo para dejar constancia de nuestras angustias e inquietudes producidas por esta acción cotidiana de las estructuras paraestatales que someten y controlan las poblaciones en busca de sus propios intereses, en el contexto de un Estado que no protege derechos ni libertades y que más bien utiliza la tragedia mundial de la pandemia para recortar más los derechos elementales de sus ciudadanos más desprotegidos y para dejar con las manos más libres a los violentos que se amparan en su poder.

San José de apartado sigue siendo un botín del paramilitarismo, pues el control territorial, la extorsión y el reclutamiento de menores son el pan de cada día y la misma Brigada XVII del Ejército junto con el Distrito de Policía de Urabá han sido los mayores responsables de este fenómeno que desangra la región. Ahora se anuncia la llegada de nuevos mandos paramilitares a la zona, supuestamente con personal de otras regiones de Urabá y del país, con la intención de intensificar el control sobre la población de la zona y de planificar mejor sus acciones criminales.

La coyuntura nacional está marcada por la decisión de la Corte Suprema de Justicia, la cual por unanimidad sometió a prisión domiciliaria al ex presidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, luego de verificar mediante abundante material probatorio sus delitos de falsedad testimonial.

Con los falsos testigos que quiso comprar, pretendió silenciar a un senador valiente que lo increpó por la comisión de crímenes mil veces más graves, como la creación e incentivación de estructuras paramilitares de enorme capacidad criminal, corrupción de grandes proporciones en el manejo del Estado para mantenerlo bajo el dominio de una pequeña élite adinerada y vendida; mantenimiento de niveles aterradores de desigualdad, injusticia, corrupción, impunidad, intervención militar extranjera, falsedad informativa, clientelismo, saqueo de recursos naturales por empresas transnacionales y desconocimiento y represión de los derechos y libertades más elementales de las mayorías nacionales empobrecidas.

Nuestra Comunidad de Paz sufrió intensamente bajo las diversas etapas y niveles de poder que este país sometido le concedió a tan diabólico personaje. Mientras ejercía como Gobernador de Antioquia (nuestro departamento), entre 1995/97, se sirvió de uno de sus grandes amigos, el General Rito Alejo del Río, como comandante de la Brigada XVII, para tratar de ahogar en sangre nuestra naciente Comunidad, masacrando a muchos de nuestros hermanos y hermanas fundadoras y calumniando nuestras actividades haciéndolas aparecer como impulsadas por la insurgencia armada, al tiempo que creaba y exportaba por todo el departamento estructuras paramilitares que inundaron de muerte nuestros pueblos y ciudades.

Al conquistar la Presidencia de la República en 2002 y al hacerse reelegir fraudulentamente en 2006, consolidó un verdadero régimen de terror dentro del cual estigmatizó con inocultable prioridad a nuestra Comunidad de Paz, sometiéndola a diversas estrategias de exterminio. Hoy día varios militares y paramilitares que han confesado sus crímenes ante las instituciones de la justicia transicional, han revelado que Uribe Vélez los convenció de que nuestra Comunidad de Paz era “un nido de guerrilleros”, con el fin de que asumieran su exterminio con tranquilidad de conciencia, lo cual hicieron masacrando sin compasión, pero con el tiempo descubrieron que habían sido engañados por el mandatario, quien los había arrastrado a eliminar a innumerables inocentes.

En uno de los episodios más dolorosos vividos por nuestra Comunidad de Paz, la masacre del 21 de febrero de 2005 en las veredas Mulatos y Resbalosa, no mostró ningún remordimiento por el descuartizamiento de nuestros niños y de nuestros honestos e inocentes líderes y lideresas, sino que quiso completar el crimen obligándonos a convivir día y noche con los asesinos. Gracias a los principios de sabiduría cristiana que nos han acompañado en nuestro caminar, la audacia criminal de este mandatario nos abrió las puertas de una autonomía comunitaria que nos fue independizando del dominio corrupto y criminal de un Estado hundido en la putrefacción más repugnante. En esas rupturas éticas que hemos ido decidiendo, hemos tenido el acompañamiento y la solidaridad de numerosas comunidades del país y del mundo que priorizan la dignidad humana y que nos han sostenido con su fuerza moral insobornable y persistente, que jamás dejaremos de agradecer.

Nuestra Comunidad quiere dejar hoy constancia de los siguientes hechos ocurridos recientemente:

• El viernes 24 de julio de 2020, en horas del día fue retenido por un paramilitar un joven miembro de nuestra comunidad de paz, en el camino que conduce del centro urbano de San José a la vereda Mulatos. Dicho paramilitar, cuyo nombre no conocemos, trató de reclutar a nuestro compañero para su bando prometiéndole buena remuneración en dinero si trabajaba para ellos. El joven rechazó la propuesta y poco después el paramilitar se alejó del lugar, dejando al miembro de nuestra comunidad seguir su camino.

• El mismo viernes 24 de julio de 2020, en horas de la mañana, se observó una presencia extraña cerca a nuestra Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, en la vereda Mulatos Medio, de gente al parecer vinculada al parmilitarismo que han estado espiando a los miembros de nuestra Comunidad de Paz que viven allí.

• El martes 28 julio de 2020, nuestra Comunidad de Paz se enteró de un reciente relevo de mandos paramilitares en la zona de nuestro entorno. Según las informaciones aportadas, los nuevos mandos están planeando realizar una masacre de más de tres personas de nuestra Comunidad de Paz y para ello intensificarán el control de todas las actividades de la población de la zona. El nuevo mando, quien ahora amenaza a fondo nuestro proceso de vida, es conocido con el alias de “Rogelio’’, desmovilizado de las FARC-EP en 1995 y quien había coordinado con la fuerza pública y los paramilitares incursiones contra nuestra Comunidad de Paz en los años 1997 y siguientes.

• El domingo 2 de agosto de 2020, en horas del día, se recibieron informaciones sobre la presencia de nuevos paramilitares en la zona; todo evidenciaba que las tropas antiguas que controlaban la vida del corregimiento y sus veredas, fueron relevadas por otras, procedentes de varias regiones del país y ahora puestas al mando de alias “Rogelio”. Se dice que su propósito es cobrar vacunas o impuestos más fuertes y obligatorios a los pobladores de la zona,

• El mismo domingo 2 de agosto de 2020 se conoció un nuevo supuesto plan de invasión a nuestra propiedad privada de la finca La Roncona. Aún no se sabe quiénes serían los invasores, pero se dice que el plan está siendo coordinado por la Alcaldía de Apartadó.

• El sábado 8 de agosto de 2020, en horas de la mañana, se notó una fuerte presencia de paramilitares con armas largas y vestidos de camuflado cerca al punto conocido como La Casona, en la vereda Mulatos Medio de San José de Apartadó, presencia que aún se mantiene allí.

• El domingo 9 de agosto de 2020 llegaron informaciones a nuestra Comunidad de Paz, según las cuales, los paramilitares han estado prohibiendo nuevamente las siembras de pancoger superiores a 1 hectárea en las parcelas de los campesinos, amenazando a quien pase de ese límite con obligarlo a pagarles a ellos una suma muy alta de dinero, como impuesto ilegal o “vacuna” que será base para la financiación de sus crímenes.

• El sábado 15 de agosto de 2020 la Brigada XVII del Ejército realizó una jornada cívico-militar, según su método acostumbrado, en la vereda La Unión, convocando a la población civil y ofreciéndole servicios de peluquería, actividades recreativas, organizando partidas de fútbol y otras distracciones. Todo esto se hizo en violación flagrante de las normas de bioseguridad expedidas por el mismo gobierno para este tiempo fuerte de la pandemia. No hay que olvidar que el contagio del Coronavirus llegó a Urabá precisamente por las unidades militares, pues sus mismas tropas lo importaron del Chocó, de naves de la Armada y de otras regiones y lo difundieron en la región gracias al poco o nulo cuidado que han observado en sus relaciones con la población civil. No solo han aportado, pues, oleadas inmensas de muertes violentas producidas por sus armas letales y las de sus brazos paramilitares, sino también en el manejo irresponsable de su relaciones, olvidando que sus cuarteles han sido el principal foco de contagio de este virus mortal.

• El mismo sábado 15 de agosto de 2020, según informaciones que obtuvo nuestra Comunidad de Paz, se realizó una reunión en el corregimiento de Nuevo Antioquia, al parecer para socializar los planes ya avanzados de explotación minera en la Serranía del Abibe. A dicha reunión asistieron la mayoría de las juntas de acción comunal de la región, las cuales manifestaron estar de acuerdo con los planes de explotación minera. Es de público conocimiento que la empresa que ha estado gestionando dichos proyectos es la empresa CARBONES DEL GOLFO y en sus gestiones y convocatorias ha sido ayudada y asesorada por las estructuras paramilitares de la región. Desde hace ya un largo tiempo es clara una labor persistente de cooptación de la población campesina que habita en la región y para ello se ha buscado el consenso de las juntas comunales. Algunos campesinos le han manifestado a nuestra Comunidad de Paz sus inquietudes por las formas inmorales de que se han estado valiendo para lograr un asentimiento a sus planes por parte de las directivas de las juntas comunales, mediante prebendas y dádivas. Nos preguntamos si estos sucios procedimientos son la substitución de una consulta popular, pero vemos que tan burdos e inmorales procederes están lejos de llenar los requisitos legales de una consulta. Para nada han intervenido ni la Registraduría, ni la Procuraduría, ni la Defensoría, ni la Contraloría, ni se han divulgado informaciones integrales y creíbles de los planes de explotación ni de las consecuencias ambientales y sociales de dichos planes. Sólo se sabe, superficialmente, que las empresas ARGOS y CARBONES DEL GOLFO, andan en negociaciones con multinacionales y que proyectan exportar carbón en cantidades exorbitantes en los próximos años, para lo cual está diseñado el gigantesco puerto que ya está avanzado: PUERTO ANTIOQUIA, en el municipio de Turbo. Nos preguntamos si es ésta una manera “democrática” de decidir sobre los recursos naturales de toda una región; vendándole los ojos a su población para que ignore los daños ambientales y los manejos económicos, políticos y sociales para transformar las condiciones de la región, las que seguramente exigirán transformar el tipo de población que la ocupa y desplazar al resto por los métodos criminales de desplazamiento forzado que el Estado colombiano ha acostumbrado de manera rutinaria. Sólo así entendemos el papel fundamental que el paramilitarismo ha estado jugando en todos estos años, como lo jugó en Ituango para eliminar franjas de población que estorbaban a los planes elitistas de usurpación y explotación de los recursos naturales en beneficio de una élite sin ningún sentido ético.

Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del mundo, desde sus corazones nos han acompañado en estos más de 23 años de comunidad y que a pesar del aislamiento por la pandemia siguen presionando cada día al Gobierno colombiano para que se proteja la vida. Nuestra sincera gratitud por seguir este proceso de defensa de la vida y que además nos anima moralmente a seguir defendiendo nuestros principios.

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se dirige al país y al mundo para compartirles las angustias e inquietudes que la acción cotidiana de las estructuras paraestatales nos siguen produciendo, en el contexto de un Estado que no protege derechos ni libertades y que más bien utiliza la tragedia mundial de la pandemia para recortar más los derechos elementales de sus ciudadanos más vulnerables y para dejar con las manos más libres a los violentos que se amparan en su poder.

Como ya en otras ocasiones, nuestra comunidad ha manifestado las dificultades que se han generado en el mundo con la pandemia del covid-19, la cual le ha arrebatado la vida a miles de personas, pero tampoco hemos descansado de dejar constancias públicas de los centenares de atropellos y amenazas que recibimos a diario por el poder de las armas manejadas por el paramilitarismo y la fuerza pública. Ya se está volviendo algo rutinario que los paramilitares utilicen la pandemia para controlar a la población civil en las veredas, pues frecuentemente están obligando a los pobladores a salir y reunirse con ellos en los lugares que ellos señalen, y si no lo hacen, terminan siendo amenazados con multas y en muchos casos amenazados de muerte.

La Brigada XVII del ejército en Urabá es la más responsable de que hoy el paramilitarismo tenga tanta fuerza en nuestra región. Durante varias décadas los han propulsado, los han entrenado y dotado, los han protegido y los han acompañado y sostenido en los momentos de perpetrar los crímenes más horrendos, como la masacre del 21 de febrero de 2005 que nos arrebató tan valiosos compañeros y compañeras y nos hizo llorar intensamente por nuestros niños descuartizados. Cuando la fuerza apabullante de la Comunidad Internacional los ha condenado y ha pedido su castigo y su alejamiento del Estado, han permanecido impávidos gozando de la impunidad con que este Estado los cubre y protege y se las han arreglado para no aparecer ocupando los mismos espacios con los paramilitares sino calculando con astucia los momentos en que los paramilitares van a actuar, para ellos estar en esos momentos a varios kilómetros de distancia, suponiendo que con ello evitan que recaigan sobre ellos las ondenas. Pero, ni nosotros ni la Comunidad Internacional somos retardados mentales.

Este 8 de julio se cumplieron 20 años de la horrenda masacre de La Unión y nuestra Comunidad hizo presencia en el sitio donde nuestros 6 líderes fueron acribillados, en pleno centro del asentamiento y en presencia de todas las familias y de acompañantes externos. También en ese momento militares y paramilitares estuvieron estrechamente coordinados. El ejército llegó primero a preparar los detalles y luego llegaron los paramilitares a ejecutar la barbarie, y cuando se estaba consumando el holocausto un helicóptero de la Brigada XVII sobrevoló el escenario del crimen. Pero además el ejército les impidió ingresar a ese espacio a jóvenes que venían del campo en ese momento, y cuando ellos rindieron posteriormente declaraciones sobre lo que habían visto, los asesinaron. Ahora las diversas fuerzas del Estado han cerrado filas alrededor del ejército y de los paramilitares, quienes han tratado de sumar a su causa a la Junta de Acción Comunal de La Unión para impedir que nuestra Comunidad de Paz le rinda el homenaje debido a sus mártires, consagrando a su memoria el espacio sobre el cual derramaron su sangre. Pero tanto militares como paramilitares y juntas comunales remolcadas, han querido pisotear las leyes y decretos que el mismo Estado había sacado, quizás por presiones internacionales, para proteger la memoria de los masacrados.

El verdadero virus que tiene contagiado nuestro territorio desde hace mucho tiempo es el virus paramilitar. Sin embargo, ninguna institución hace nada para erradicarlo. Esa enfermedad cada día crece más, hasta el punto que el campesinado termina vendiendo o abandonando sus tierras para irse a buscar aire puro en otros lugares donde llegaría como un desplazado.

Es tanta la barbarie que se vive en la zona que ya las misma escuela que recientemente han construido la Alcaldía y la Secretaría de Educación de Apartadó, es el escenario que están utilizando los paramilitares para reunir forzadamente a la población civil. El Gobierno piensa solo en sus beneficios e intereses, mientras tanto el paramilitarismo está matando a la gente que busca cómo sobrevivir desde sus precarias condiciones. ¿Cuantos líderes y activistas sociales han entregado sus vidas por construir un mundo mejor para sus familias y amigos? ¿Cuántos desmovilizados de las antiguas FARC-EP están siendo asesinados en el intento por reconstruir sus vidas en la legalidad? Pero eso al Gobierno le tiene sin el menor cuidado y poco le importa lo que pase en regiones del país que están siendo sometidas y asfixiadas por ese virus que expande los efectos monstruosos de las armas del Estado.

Nuestra Comunidad quiere dejar constancia de los siguientes hechos ocurridos recientemente:

• El sábado 27 de junio de 2020, en horas del día, cuando un miembro de nuestra Comunidad de Paz regresaba a su casa en la vereda Mulatos de San José de Apartadó, encontró que allí le habían dejado un paquete de volantes alusivos a la prohibición de la cacería de animales, volantes aparentemente avalados por las juntas de acción comunal de: Toribio, Mandarinos, Arenas, Galleta, Tío López, Nuevo Antioquia, La Ahuyama, La Esperanza, Mulatos Cabecera, Mulatos Medio, La Hoz, Rodoxalí, Las Monas y Las Pavas. Según dicho volante, la multa para quien realice labores de caza será de un millón de pesos (1.000.000). Según se ha podido averiguar, esa norma no es de conocimiento de las asociaciones comunales de Apartadó ni de las instituciones encargadas de la protección de la fauna, por lo que se deduce que es un mandato de los paramilitares, pues ya en las reuniones forzadas que los paramilitares han hecho con la población civil se han referido a esa norma. Así ocurrió en la reunión que convocaron el pasado 12 de junio de 2020 en la vereda Mulatos Medio, exactamente en la escuela recién construida por la Alcaldía y la Secretaría de Educación de Apartadó; allí prohibieron a la población civil realizar labores de caza y amenazaron a quien lo hiciera de tener que pagar una multa de un millón de pesos, dinero que le sería entregado a la Junta de Acción Comunal, y de no pagarla, serían los paramilitares quienes entrarían a cobrarla.

• El domingo 5 de julio de 2020, nuestra Comunidad fue informada que los paramilitares habían realizado una reunión obligatoria con la población civil en la vereda La Esperanza de San José de Apartadó. Según las informaciones aportadas, allí asistieron también pobladores de las veredas Mulatos Cabecera y Mulatos Medio, entre otras. Dicha reunión fue presidida por un nuevo mando paramilitar, al que aún no se le conoce el nombre y al parecer el cargo que ejerce de controlar y someter a la población civil, es nuevo para él. En medio de la reunión, los paramilitares arremetieron contra nuestra Comunidad de Paz, advirtiéndoles públicamente a los pobladores de las otras veredas que se preparen porque hay unas personas de la Comunidad de Paz a quienes tienen que quitar de en medio porque están interviniendo en sus planes y que ya tienen las fotos de los que van a ser asesinados.

• El miércoles 15 de julio de 2020, en horas de la mañana, en la ciudad de San Vicente del Cagúan, Caquetá, fue encontrado sin vida el cuerpo de MARIO CARMINE PACIOLLA, quien durante los años 2016 a 2018 fue voluntario de Peace Brigades International (PBI) en el equipo de Bogotá. Su compromiso por la defensa de los derechos humanos era admirable; en una ocasión, como acompañante de PBI, estuvo con nuestra Comunidad de Paz en La Unión, en una de nuestras Navidades. Desde el 2018 hasta el día de su muerte se desempeñó como voluntario de la Misión II de la ONU en Caquetá. Como Comunidad de Paz, una vez más alzamos la voz de auxilio frente a la barbarie que se está viviendo en Colombia. Nos están matando lentamente pero sistemáticamente en cada una de las regiones y luego los medios de comunicación asumen los hechos como fortuitos e inconexos y los atribuyen a problemas personales, a delincuencia común o a suicidio, como método de tapar la realidad. Según informaciones, el mismo Mario había manifestado temor por persecuciones contra personas que él conocía en la zona. No entendemos por qué la Misión II de ONU no le brindó protección y, algo aún más incomprensible y doloroso, por qué se encontraba solo frente a un fenómeno tan poderoso como es el paramilitarismo que actúa a sus anchas por todo el país. Desde nuestra Comunidad de Paz enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia; muchos abrazos desde la distancia, porque Mario fue un amigo y un hermano en la lucha por la defensa de los derechos humanos. Hasta siempre, Mario ¡

· El sábado 18 de julio de 2020, fue realizada una fiesta en el caserío de la vereda La Unió. Durante el día realizaron eventos deportivos, como partidos de futbol, y en la noche integración de baile, desorden y licor. Allí participaron reconocidos paramilitares y mucha gente que llegó desde el área urbana de Apartadó, violando la cuarentena, algo más grave aún en estos momentos en que la pandemia se expande con mucha fuerza por toda la región de Urabá.

· Este mismo sábado 18 de julio 2020, hacía las 8:00 a.m., en área rural de municipio de Cúcuta, del departamento de Norte de Santander, paramilitares que controlan la zona retuvieron en la vía que conduce a la vereda Vigilancia, del municipio de Cúcuta, el vehículo en el que se movilizaba el campesino ERNESTO AGUILAR BARRERA, de 34 años de edad, quien era miembro de la Asociación Campesina del Catatumbo –ASCMCAT- y de la Junta de Acción Comunal de la vereda Vigilancia. Ernesto fue llevado, junto con otra persona, por la vía que conduce hacia la vereda Totumito, del corregimiento Banco Arena de Cúcuta y asesinados ambos en el trayecto. Dos horas después, hacia las 10:00 am, en la vereda Totumito-Carboneras del municipio de Tibú, según pobladores de la zona, estos mismos paramilitares entraron a la finca La Fortuna y encañonaron y torturaron a los campesinos que se encontraban allí, de los cuales 6 personas fueron asesinadas con impactos de armas de fuego y con armas blancas; el resto de los campesinos lograron escapar del lugar de la masacre. Los hechos provocaron un desplazamiento de más de 400 personas. Según la Defensoría del Pueblo, ya había sido emitida una Alerta Temprana en el mes de marzo de 2020 (AT N. 011-2020) que debería haber colocado bajo vigilancia y atención extrema de todas las autoridades la situación de dicha zona. Nuestra Comunidad de Paz ha participado repetidas veces junto con ASCAMCAT en el intercambio de saberes que busca la Universidad Campesina de la Resistencia, por ello sentimos este crimen como en carne propia.

Muchas son las voces en el mundo que se han estado pronunciando en contra del Gobierno Colombiano por su incapacidad de proteger y velar por los derechos de los ciudadanos, pues la multiplicación de asesinatos de líderes sociales, de desmovilizados de las FARC y de violaciones a menores de edad por la fuerza pública y el paramilitarismo ha llegado a lo más alto del cinismo. El pasado 6 de julio de 2020, 94 congresistas de los Estados Unidos, en una carta al Presidente Trump a través de su Secretario de Estado Mike Pompeo, le pidieron que presione al Presidente de Colombia, Iván Duque, para que proteja a los líderes sociales y a comunidades vulnerables como nuestra Comunidad de Paz, para la cual exigen respeto a sus mecanismos de autoprotección y que se nos permita el acompañamiento internacional incluso durante la pandemia.

Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del mundo, desde sus corazones nos han acompañado en estos más de 23 años de comunidad y que a pesar del aislamiento por la pandemia siguen presionando cada día al Gobierno colombiano para que se proteja la vida. Nuestra sincera gratitud por seguir este proceso de vida y que además nos animan moralmente a defender nuestros principios.

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se dirige nuevamente al país y al mundo para compartirle los hechos que siguen revelando una política criminal del Estado colombiano y su tolerancia y connivencia con todos los procesos criminales que vienen del pasado.

La matanza de colombianos de a pie, inconformes y/o vulnerables, comenzó hace muchas décadas. La fuerza armada del Estado se consideró con licencia para matar durante mucho tiempo, apoyándose solamente en la calificación de las víctimas como enemigos del poder de turno. Con el paso del tiempo, los Estados Unidos le enseñaron a los gobiernos colombianos, secretamente, a meter en la guerra a la población civil, no sólo como objetivo militar, que ya lo era en sus capas pobres e inconformes, sino también como combatientes, en forma de paramilitares o brazos armados clandestinos del Estado; esto ocurrió en 1962 con la misión a Colombia del General norteamericano William Yarborough y sus directrices secretas, para que así el Estado no cargara con todo el peso del deterioro moral e ilegitimidad de su imagen y con una condena universal. Cuando el paramilitarismo comenzó a estar en la mira de algunos jueces, el Estado se empeñó en hacerlo desaparecer mediáticamente y acuñó el nombre de BACRIM o Bandas Criminales, llevando a la sociedad a creer que todo era problema de delincuencia común. Cuando los Acuerdos de Paz impidieron llamar guerrilleros a todas las víctimas de ejecuciones y desapariciones, la muerte de los líderes sociales y de los sectores inconformes o “desechables” comenzó a atribuirse a violencia intrafamiliar, a problemas de linderos entre vecinos, a picaduras de culebras o a peleas entre borrachos. En general, las falsas razones se han impuesto contra el conocimiento de poblaciones enteras que callan la verdad por temor al asesinato o al estigma.

Las muertes violentas perpetradas por el paramilitarismo, el cual continúa controlando nuestra zona de San José de Apartadó, han buscado últimamente formas de camuflaje que desafían el saber del campesinado del entorno. En el caserío de San José, fue palpable el silencio que rodeó la ejecución del joven Rafael Antonio Guerra el pasado 12 de mayo, en el paraje Caño Seco de la vereda Alto Bonito. Según el comentario que circula entre los pobladores de San José, la familia tuvo que camuflar el crimen bajo la versión de una “muerte por picadura de culebra”, para que se permitiera pasar el ataúd por el centro urbano. La última ejecución, ocurrida el pasado domingo 7 de junio, está siendo leída por muchos pobladores como efecto de “las borracheras dominicales” o de “peleas entre colegas” o conflictos entre los mismos paramilitares. Los medios no hablan de diligencias judiciales en estos casos ni se refieren al contexto de completo control de la zona por las estructuras paramilitares. Los medios locales y regionales, en lugar de ayudar a esclarecer los hechos, han ayudado siempre a difundir versiones de camuflaje que favorecen los intereses del sector político dominante, intereses que a veces se proyectan en la necesidad de eliminar a sus mismos servidores paramilitares, cuando éstos se sienten cansados o decepcionados en su misión asesina y manifiestan deseos de abandonar las filas criminales, o se enfrentan entre los mismos paramilitares por los recursos que incluyen el mercado de drogas alucinógenas. Versiones de las últimas muertes apuntan en algunas de estas direcciones.

Nuestra Comunidad quiere dejar constancia de los siguientes hechos:

· El domingo 10 de mayo de 2020 los paramilitares permitieron y promovieron la celebración de la fiesta de la madre en la vereda La Unión, con gran consumo de licor, desconociendo las normas de control de la pandemia.

· El sábado 16 de mayo de 2020, nuevamente los paramilitares autorizaron e impulsaron la celebración de la fiesta de la madre en la vereda La Resbalosa, con abundante consumo de licor.

· El jueves 4 de junio de 2020 fue visto nuevamente en la finca del Señor Muñoz, en la vereda La Esperanza, un grupo de paramilitares armados con armas largas y uniformados. Ya varias veces antes nuestra Comunidad había sorprendido, fotografiado y filmado a los miembros de ese grupo paramilitar en el mismo sitio y los miembros del Senado de la República pudieron examinar los videos, pero eso no ha traído ninguna medida de represión o contención, menos de enjuiciamiento y sanción, a esa estructura paramilitar. En varias ocasiones, posteriormente, se les ha sorprendido en la misma finca, armados y uniformados, sin que ninguna institución haya hecho absolutamente nada para investigarlos y enjuiciarlos.

· El viernes 5 de junio de 2020, tuvo lugar una convocatoria de paramilitares en la vereda Playa Larga. En dicha reunión, a la cual acudieron al menos 50 paramilitares, se insistió en la necesidad de controlar más fuertemente a la población de la zona cercana a San José, donde hay personas que deben ser eliminadas.

· El sábado 6 de junio de 2020 unidades de la Brigada XVII del ejército llegaron a la vereda La Unión e ingresaron a un establecimiento público donde consumieron licor. Cuando su mando fue interrogado por pobladores de La Unión para que explicara por qué el ejército no combate a los paramilitares, respondió que no los combatían porque después, cuando ellos estuvieran de licencia, los podrían atacar. Dicho oficial afirmó que asumiría el mando de la base de San José a partir del 15 de junio.

· El domingo 7 de Junio de 2020, hacia las 20:00 horas, en la vereda La Victoria de San José de Apartadó, un grupo de paramilitares asesinó al joven JESÚS ALBERTO MUÑOZ YEPEZ, de 35 años, apodado “El Tato”, residente del e barrio Policarpa de Apartadó, e hirió a una joven llamada Leidy quien lo acompañaba y estaba embarazada y es prima del joven Yeminson Borja Jaramillo, asesinado el 7 de julio de 2019 en la vereda aledaña de La Balsa, por paramilitares que controlan esa ruta y someten a la población civil a sus órdenes mediante amenazas y ejecuciones. Varias versiones circulan sobre los móviles de este crimen, incluyendo la que presenta a la víctima como activo del paramilitarismo que se encontraba en retirada, mereciendo por ello la pena de muerte. El silencio permisivo y cómplice de las autoridades, acompañado por el silencio temeroso de la población del entorno, configura el mecanismo monstruoso de la total impunidad reinante.

· El viernes 12 de junio de 2020, los paramilitares convocaron a las juntas de acción comunal en la vereda Mulatos Medio, en el recinto de la escuela recién construida en el lindero de la Aldea de Paz de nuestra Comunidad. En dicha reunión participó un líder político paramilitar, quien impartió normas a los pobladores. Ya nuestra Comunidad había presentido que esa construcción, motivada en ofertas del gobierno, iba a servir para eventos políticos y para fiestas y consumo de licor, todo como sabotaje a los principios de nuestra Comunidad de Paz, fuera de utilizar los espacios de nuestra aldea para sus reuniones.

· El domingo 14 de junio de 2020, la junta comunal de la vereda Arenas Altas organizó en la escuela veredal, que es terreno de nuestra Comunidad de Paz, una fiesta con consumo de licor, violando todas las normas de aislamiento vigentes, derivando en riñas y heridos. Uno de los paramilitares organizadores fue John Edinson Góez, alias “El Pollo”.

· El miércoles 17 de junio de 2020, A partir de los controles de seguridad que realiza la población civil de San José de Apartadó en la vereda La Balsa para evitar la expansión del coronavirus (Covid-19) se está organizando desde allí el cómo restringir la libre movilidad de nuestra Comunidad, supuestamente con el decir que los extranjeros van a entrar y a traer el virus, por lo que ya se comenta que: allí están ingresando gente de otros lugares violando la cuarentena Nacional y este es un caso que debe pasar a las autoridades porque si llega a haber un enfermo por el virus es culpa de la Comunidad de Paz. Como Comunidad de Paz rechazamos dichas acusaciones pues no es responsabilidad de nuestra Comunidad de Paz evitar que se infecte la población, más cuando toda la gente de la zona está bajando al casco urbano diariamente sin ninguna medida de protección. Son el mismo paramilitarismo y la fuerza pública los que están llevando el riesgo de contagiar a la población porque son los que más patrullan la región, además frecuentan lugares públicos de San José y sus veredas a tomar licor y ahora se quiere responsabilizar a nuestra Comunidad como culpable, cuando somos los únicos en la zona que mejor hemos manejado una cuarentena autónoma, por lo que no será nuestra responsabilidad ni la de nuestros acompañantes nacionales e internacionales; si llegase haber un contagio con el virus covid-19 en la zona, la responsabilidad es de las mismas autoridades competentes por que no se ha tomado una verdadera medida necesaria de precaución para garantizar que cada día no hayan más contagiados en la Región de Urabá, la misma fuerza pública es la que más tiene contagiados en Urabá, además está la libre movilidad del paramilitarismo que le ha permitido ejercer mayor control sobre la población civil, pues se están transitando por carreteras y caminos desde la Región de Urabá hasta el chocó y otros lugares del país sin restricción alguna.

En las diversas veredas del corregimiento de San José nuestra Comunidad de Paz sigue comprobando la presencia de estructuras de control paramilitar de la población a través de personas o familias espías denominadas “puntos”, los cuales informan permanentemente a los jefes paramilitares de la zona sobre los movimientos y pensamientos de los pobladores, mientras, los mandos “paras” se movilizan libremente por el territorio portando armas y a través de los “puntos” imparten normas a los pobladores, los convocan a reuniones y les cobran impuestos ilegales, amenazándolos de muerte si no se muestran sumisos a sus órdenes y a su dominio. Ninguna institución del Estado ha demostrado controlar esa estructura criminal, la cual está detrás de las amenazas de muerte y de las ejecuciones, hoy camufladas bajo causas ficticias.

Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del mundo siguen nuestro proceso y nos animan moralmente a defender nuestros principios.

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó acude al país y al mundo para compartirle lo que sigue percibiendo y sufriendo en su territorio y su entorno, que en nada se compadece con la dignidad humana ni con los principios constitucionales y universales de derechos humanos.

La situación de pandemia que se vive a nivel mundial y que ha producido medidas drásticas de aislamiento y de restricción extrema de movilidad y de relaciones sociales, al amenazar con su presencia en una zona como la nuestra, acostumbrada al dominio del paramilitarismo desde hace tantas décadas, si bien no ha producido ningún muerto en Apartadó ni en los pueblos vecinos y al parecer ningún contagiado, sí se ha convertido en una ocasión adicional para que los paramilitares, que han gozado de todo el respaldo y la y protección del Estado y de gran parte de la capa social dirigente, asuman un poder más explícito, un autoritarismo más arrogante y un dominio y control territorial más apabullante, ejerciendo de hecho la autoridad que le correspondería a instituciones del Estado.

La pandemia parece entonces que convierte formalmente a los paramilitares en “fuerza pública”, sin que las instituciones estatales muestren preocupación alguna o intentos de investigación y sanción por esa usurpación. En las veredas de San José de Apartadó los paramilitares dictan normas de restricción de movilidad, de prohibición de ingreso a familiares o visitantes, mientras ellos mismos se pasean por el territorio con armas cortas y largas, a veces con uniformes camuflados y a veces en ropa civil, a plena luz del día y organizan orgías, como quien sabe de antemano que ningún poder diferente al de ellos mismos les podrá estorbar sus actuaciones.

El pasado 12 de marzo (2020) la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia, en la sentencia que ordenó restituir las tierras de la finca La Niña, de la vereda California de Turbo, a 11 familias despojadas, dejó al descubierto al mismo tiempo y ordenó investigar penalmente por crímenes de lesa humanidad, a las empresas BANANERAS DE UARABÁ y BANACOL, las cuales tramaron y ejecutaron durante años la estrategia del despojo, valiéndose de las estructuras paramilitares financiadas e impulsadas por ellas mismas. Esto revela la íntima relación del empresariado bananero de Urabá con el crimen organizado. (Radicado: 05045 31 21 002 2014 00021 2).

Por otra parte, en una entrevista al diario El Espectador el pasado 20 de abril (2020), el Obispo de Apartadó, Monseñor Hugo Alberto Torres Marín, manifestó, con pleno conocimiento de causa, ya que él ha prestado servicios de mediación en el proceso de paz y en su implementación, que no percibe ninguna voluntad de parte del Gobierno Nacional de controlar o reprimir las estructuras paramilitares, particularmente las llamadas AGC o “Clan del Golfo” (según la denominación que le da el Gobierno), a pesar de ser esta fuerza el principal agente de violencia en la región.

A nuestra Comunidad de Paz no le queda fácil emitir evaluaciones sobre las medidas tomadas por el Gobierno de Colombia para enfrentar la proyección nacional de la Pandemia, pero sí percibe que la drasticidad de las medidas ha favorecido de manera evidente e intensa la contención de la protesta social que venía incrementándose fuertemente desde noviembre de 2019; el ocultamiento de fenómenos como la fuerte baja de popularidad del Presidente Duque y el creciente rechazo de su política nacional; el incumplimiento de los Acuerdos de Paz; el asesinato sistemático e intensivo de líderes y lideresas sociales y de desmovilizados de la guerra, así como el silenciamiento de las gravísimas denuncias de fraude electoral, de corrupción a los más altos niveles del Estado, de políticas mortíferas como el extractivismo y demás formas de destrucción generalizada del medio ambiente, el desorbitado gasto militar y de seguridad de altos funcionarios, los espionajes a una extensa gama de personas y la injerencia de gobiernos criminales en la conducción de la política interna y a la vez de injerencia de Colombia en las decisiones soberanas de otros Estados, en violación de numerosos tratados internacionales. Los medios masivos de comunicación han contribuido intensamente a estas desviaciones y ocultamientos, silenciando todos estos gravísimos problemas bajo el terror del contagio de un virus biológico, sin que les importe para nada el contagio de virus que destruyen la ética y los parámetros más humanos de convivencia y de dignidad colectiva.

En esta ocasión queremos dejar constancia pública de hechos que revelan el avance del poderío paramilitar en nuestro territorio, como los siguientes:

· En la semana del 12 al 18 de abril de 2020, según testimonios de pobladores del centro urbano de San José de Apartadó, varias personas, al menos 5, fueron reclutadas por paramilitares en el caserío, algunos menores y otros mayores de edad, con el fin de conducirlos a la vereda Playa Larga, centro tradicional de entrenamiento paramilitar.

· El miércoles 15 de abril de 2020, en horas de la tarde, llegaron tres encapuchados, entre ellos una mujer, a la casa de un poblador de la vereda Las Nieves y le exigieron que les dieran hospedaje, pero no se identificaron.

· El sábado 18 de abril de 2020, en horas de la mañana, pasaron dos paramilitares por la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, en la vereda Mulatos Medio, en trajes civiles con radios de comunicación y armas cortas. En horas de la tarde, ese mismo día, subieron por allí mismo tres paramilitares en trajes civiles con armas largas.

· El sábado 18 de abril de 2020, un poblador fue detenido en un retén de la policía al llegar a la urbanización Las Colinas, en la salida de Apartadó, cuando trataba de realizar gestiones de su oficio. Los policías quisieron impedir su paso, pero ante sus incapacidades le permitieron pasar. Cerca de 300 metros más adelante fue detenido en otro retén, éste paramilitar controlado por personas en traje civil, donde cobraban impuestos por pasar, y al explicarles que la policía le había permitido el paso, ellos dijeron que para ellos no tenía ningún valor la decisión de la policía y él tuvo que pagarles un impuesto para que lo dejaran pasar. De esta misma forma, desde hace varias semanas los paramilitares han estado controlando con retenes e impuestos el ingreso a la vereda Salsipuedes, de San José de Apartadó. Esto muestra en detalle cómo la pandemia está siendo instrumentalizada por el paramilitarismo.

· El domingo 19 de abril de 2020, sin respetar las normas nacionales de aislamiento a causa del COVID-19, varios líderes paramilitares estuvieron consumiendo licor con música a altos volúmenes toda la noche del domingo 19 al lunes 20, en el asentamiento de La Unión y el lunes se trasladaron a una finca vecina para continuar la orgía. Como la junta comunal había prohibido el consumo, de licor en este período de aislamiento, fijando sanciones de 600.000 pesos a quien abriera la cantina, cuando un miembro de la junta le fue a cobrar la sanción al dueño de la cantina, éste le comentó que él se había opuesto a abrirla, pero los líderes paramilitares alias “Chuchito”, alias “Ramiro” y alias “Pollo”, le dijeron que ellos eran la autoridad allí y lo obligaron a abrir y a suministrarles el licor.

· El lunes 20 de abril de 2020, hacia las 23:00 horas tres paramilitares encapuchados pasaron por la cancha del caserío de La Unión. Ese mismo día, durante el día, había pasado por allí mismo, junto con tres hombres, el “punto” o espía paramilitar de la vereda El Porvenir, conocido como “El Cochero”.

· El jueves 23 de abril de 2020, llegaron informaciones a la Comunidad de Paz, según las cuales el paramilitar conocido como alias “El Burro”, había subido al paraje conocido como Chontalito esa misma semana, para encontrarse con el paramilitar alias “Pablo”, con el fin de coordinar estrategias de control de la zona de la vereda Mulatos y zonas aledañas, aprovechando la situación de Cuarentena que se ha impuesto a toda la población nacional.

· El sábado 25 de abril de 2020, siete paramilitares portando armas largas y en trajes civiles fueron vistos mientras se desplazaban de la vereda La Cristalina hacia el casco urbano de San José de Apartadó.

· El lunes 4 de mayo de 2020, hacia las 19:00 horas, en el centro urbano de San José se escucharon varios disparos. Un grupo de policía contraguerrilla que se encontraba en el búnker de la Policía, bajó y supuestamente logró incautar varias armas de fuego, dejando libres a los portadores de las mismas que son paramilitares. Después del incidente, algunos policías sugirieron organizar un partido de fútbol entre policías y civiles, algo abiertamente violatorio de las normas de la cuarentena; se les oyó decir que por ellos no habría problema, pero preguntaban qué opinarían “los manes del radio”, o sea la estructura paramilitar. Nueva evidencia de coordinación y connivencia entre ambas estructuras.

· El martes 12 de mayo de 2020, en horas de la tarde, en el sector conocido como Caño Seco, de la vereda Alto Bonito de San José de Apartadó, fue asesinado el joven de 19 años RAFAEL ANTONIO GUERRA LÓPEZ. Al igual que en los otros cuatro casos anteriores (2019-2020), se percibe, como causa de la ejecución, alguna desobediencia a órdenes de sus victimarios paramilitares. El mismo silencio que se está imponiendo en el poblado, evidencia el control absoluto del paramilitarismo en el corregimiento. Al parecer, en este caso, los paramilitares prohibieron incluso todo ritual funerario. Ninguna autoridad judicial ni administrativa hizo presencia o realizó diligencia alguna sobre el caso.

Todas las evidencias de control paramilitar en la zona, a partir de la desmovilización de las FARC-EP que siguió al formal Acuerdo de Paz de 2016, han sido puestas en conocimiento de la Presidencia de la República mediante Derechos de Petición, acompañadas de análisis que demuestran la complicidad de las instituciones oficiales con sus acciones y estrategias. Sin embargo, según las respuestas recibidas, el Presidente Duque repite los gestos de complicidad de sus predecesores, limitándose a remitir las informaciones a las jerarquías castrenses, evadiendo sus obligaciones constitucionales de ejercer como Garante de los Derechos Fundamentales.

Nuevamente agradecemos a todas las personas y comunidades de diversos países del mundo su constante solidaridad con nuestra Comunidad de Paz y a la vez nos solidarizamos con muchos de ellos ahora sometidos o drásticos aislamientos y restricciones y a la pérdida de algunos de sus seres queridos. Que sientan todas ellas y ellos nuestra cercanía y compañía moral.

El lunes 23 de marzo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó conmemoró los 23 años de proclamación pública de nuestro proceso. Nacimos en medio de un verdadero baño de sangre impulsado por el ejército nacional y su brazo paramilitar, no ciertamente con el deseo de luchar contra otros armados sino con el deseo de exterminar todo movimiento social que no se someta a sus políticas excluyentes. En nuestro caso, las armas oficiales se han propuesto eliminar a quien no quiera participar en un conflicto armado en el que, de acuerdo a la doctrina militar importada de grandes imperios, hay que involucrar a toda la población civil, activa o pasivamente. Hoy, 23 años después, existen testimonios de paramilitares arrepentidos que han declarado ante los tribunales que el Presidente Uribe Vélez los convenció de que nuestra Comunidad de Paz era un nido de guerrilleros y por eso ellos se comprometieron a asesinar al mayor número de integrantes de nuestro proceso, pero años después descubrieron que todo era falso y que los habían obligado a matar a gente inocente y a cometer crímenes horrendos que los mantienen sumidos en remordimientos. Nuestra celebración de los 23 años, dada la cuarentena de aislamiento que Colombia y el mundo están viviendo, fue más que todo virtual. 22 comunidades y organizaciones hermanas de nuestra Comunidad de Paz se conectaron por internet desde muchos países y pronunciaron hermosos mensajes de solidaridad y hermandad, enalteciendo el camino de resistencia y dignidad que nuestra Comunidad ha recorrido y en el cual ellos nos han acompañado con su respaldo moral. Como la agresión y el crimen de Estado no cesa ni da tregua, hoy queremos dejar constancia de situaciones y hechos que nos atormentan: • El Sábado 21 de marzo de 2020, fueron convocadas en el poblado de Nuevo Antioquia, en jurisdicción de Turbo haciendo frontera con San José de Apartadó, delegaciones de las juntas de Acción Comunal, para pronunciarse, con un Sí o un No, sobre la explotación de una gigantesca mina de carbón existente en la zona, asumida por una empresa transnacional oriental, al parecer Coreana. Nos viene a la memoria el viaje del Presidente Santos a Corea del Sur en el año 2013, momento en el cual los medios comentaron que había ido a formalizar licencias de explotación de recursos mineros, especialmente del carbón. Es muy extraño que en los registros oficiales de la Agencia Nacional de Minería sólo aparecen licencias en favor de las empresas nacionales Argos y Carbones del Golfo, pero los expertos en la materia hablan de una especie de terciarización empresarial, según la cual, las empresas nacionales ejercen una especie de “testaferrato” para encubrir a los capitales multinacionales. Inquieta profundamente el requerimiento de firmas de aprobación por parte de juntas comunales, en gran parte manipuladas por grupos paramilitares o por líderes clientelistas, pues todo muestra que no se está haciendo una CONSULTA POPULAR como la prevista en la Constitución y en las leyes, bajo control de la Registraduría, sino un remedo ilegal de consulta, controlado por intereses espurios e inconfesables, adicionado con ejercicios

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supremamente perversos de soborno, como ofrecerle a quienes voten por el “Sí”, camionetas, sueldos mensuales, viviendas en centros urbanos y otras prebendas e incluso la construcción de una represa en el Río Mulatos, que no servirá para solucionar los problemas de agua de las poblaciones locales sino para el desarrollo de la explotación carbonífera, altamente contaminante. Tal cúmulo de ilegalidades y perversiones sólo puede darse en un ámbito de control paramilitar y en un poblado de larguísima tradición paramilitar como es el poblado de Nuevo Antioquia.

• El Sábado 14 de marzo de 2020 un poblador de San José de Apartadó fue llamado por alias “Nicolás”, líder paramilitar del Clan del Golfo, quien se expresa a través del celular 312 4320960, exigiéndole contribuir con una vaca al financiamiento de las actividades paramilitares en la zona de San José. Como él se negó, le anunciaron que pronto vería sin vida junto a él a uno de sus familiares más cercanos.

• El domingo 15 de marzo de 2020, nuestra Comunidad de Paz fue informada sobre amenazas que están siendo proferidas contra la familia de AMADO TORRES, asesinado en la vereda La Miranda el 29 de febrero de este año (2020). Luego de su muerte violenta, los organismos competentes del Estado se negaron a ir a levantar su cadáver y su familia tuvo que transportarlo hasta el punto conocido como Caracolí, de la vereda La Victoria. Se sabe que en el crimen participaron los paramilitares alias “Alfredo” y alias “René”, este último como mando regional. El control ejercido por la organización criminal sobre la finca de la víctima, obligó a su familia a desplazarse. Los rumores que llegaron luego al vecindario comenzaron a difundir la sentencia paramilitar de que “faltan otros dos miembros de la familia por morir”. Uno de los trabajadores de la víctima también ha estado en la mira de los criminales. A esto se suma la inactividad total de la Fiscalía en el esclarecimiento del crimen, y peor aún, la actitud del Fiscal del caso de quedarse con el teléfono celular de uno de los hijos de la víctima, lo que se acomoda a la perversa tradición del poder judicial de Urabá: de investigar a las víctimas y nunca a los victimarios. Nadie se explica por qué no ha decomisado los celulares de los integrantes del grupo paramilitar responsable del crimen, ya que se trata de un grupo ampliamente conocido en toda la región.

• El domingo 22 de marzo de 2020, habiéndose iniciado ya en todo el país el aislamiento personal para evitar el contagio del “Covid-19”, los mandos paramilitares de San José de Apartadó protagonizaron una jornada de consumo de alcohol, de droga, de desorden y de violencia en el caserío de La Unión. Los mandos paramilitares WILMER DE JESÚS ÚSUGA, alias “Jesusito”, alias “Ramiro” y alias “Samuel”, todos ex integrantes delas FARC -EP, fueron protagonistas. Ya desde el caserío de San José WILMER o “Jesusito” había amenazado de muerte a WILFER HIGUITA, poblador de la vereda La Unión quien en enero de 2009 sirvió de intermediario al Coronel Germán Rojas Díaz para someter a chantaje a un miembro de nuestra Comunidad, conminándolo a ayudarle a destruir la comunidad de Paz si no quería ser judicializado con falsos testigos; cuando WILFER huyó hacia La Unión, “Jesusito” lo siguió hasta allí y amenazó también a otros pobladores del caserío, mientras los otros

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mandos paramilitares, alias “Samuel” y alias “Ramiro” –hermanos entre sí- consumían públicamente marihuana. Nuestra Comunidad de Paz lamenta profundamente la degradación en que ha caído el poblado de La Unión, en otro tiempo escenario de resistencia heroica y de martirio de reconocidos líderes de nuestra Comunidad y de esfuerzos ejemplares de solidaridad y construcción de comunidad de muchos integrantes que observaron sagradamente los principios que han regido nuestra Comunidad.

• El lunes 23 de marzo de 2020, hacia las 21:00 horas, quienes vigilaban la entrada a la Bodega de la Comunidad de Paz vieron llegar a dos personajes extraños en moto; uno de ellos se bajó y se internó en el potrero de en frente como fingiendo hacer necesidades biológicas para luego devolverse hacia el casco urbano de San José. Para los vigilantes ellos traerían otras intenciones que se vieron frustradas por la presencia de vigilantes.

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz quiere expresar su gratitud a todas las personas y comunidades que nos han acompañado y fortalecido en nuestra resistencia y cuyos mensajes de estímulo fueron tan importantes para nosotros en aniversario 23° de nuestro proceso.

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir ante el país y el mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas, debido al accionar persistente de un paramilitarismo que cuenta con la complicidad activa y pasiva de todas las instituciones y que progresivamente afianza su dominio total de nuestra región. Hace 23 años nos conformamos como una Comunidad de Paz no participante en el conflicto armado y que rehusaba compartir cualquier espacio o colaborar de alguna forma con cualquier tipo de actor armado. Desde entonces las agresiones han sido continuas, consistentes en asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, encarcelamientos ilegales, bombardeos, desplazamientos, campañas de difamación, calumnias, pillajes, destrucción de viviendas y cultivos, robos y asaltos armados, incursiones armadas a nuestros espacios, amenazas, montajes, violaciones, profanación de cadáveres y espacios sagrados, memoricidios, invasiones, controles paramilitares y estigmatizaciones de toda índole, por el poder de las armas tanto legales como ilegales. Mes tras mes hemos venido dejando constancia de todas las agresiones que nos afectan y de la complicidad del Gobierno y de las instituciones del Estado en toda esta barbarie contra el que piensa diferente en nuestra región y en el resto del país. La muerte sigue siendo la forma más efectiva para deshacerse de quien no se someta. En estos dos últimos años la estructura paramilitar que hace todo el trabajo sucio del gobierno, ha estado circulando listas de personas para matar, adicionales a los centenares de vidas ya eliminadas; listas que están siendo ejecutadas al pie de la letra y dejando en claro la tolerancia de los organismos de control, del aparato judicial y la responsabilidad de mando del Jefe de Estado, señalado por la Constitución como el supremo garante de los derechos humanos fundamentales, como los derechos a la vida, a la integridad y a las libertades básicas individuales y colectivas. En los últimos días enfrentamos otra vez la destrucción de una vida civil a manos de los paramilitares, con la rutinaria respuesta del Estado: no pueden ir siquiera a diligenciar el levantamiento del cadáver porque “no hay condiciones de seguridad para los agentes estatales”. Nos preguntamos de qué tipo de inseguridad se habla, cuando ejército, policía y demás instituciones oficiales conviven diariamente en el minúsculo poblado de San José con los integrantes y mandos del paramilitarismo, estructura responsable de este último crimen y cuyos mandos elaboran las listas de gente para matar. Por ello nuestra Comunidad no duda en atribuir máxima responsabilidad a los diversos estamentos del Estado que hacen presencia en el corregimiento, como la Brigada XVII del ejército y la Policía de Urabá, instituciones 2 que confiesan recibir nuestras constancias en las cuales se revelan las rutas de presencia y de violencias de los paramilitares, incluyendo los alias y no pocas veces los nombres reales y los números de celulares desde donde amenazan y anuncian sus crímenes, e incluso videos tomados en las fincas de la zona donde concentran sus tropas ilegales, armadas y uniformadas. Pero NUNCA PASA NADA. TODO SIGUE IGUAL Y PEOR. Los hechos de los cuales dejamos constancia esta vez son los siguientes: • En los días previos al 21 de febrero de 2020 (aniversario de la horrenda masacre de Mulatos y La Resbalosa), según información de los pobladores de la zona, los paramilitares habrían realizado una reunión con la población civil en la vereda Mulatos. • El domingo 23 de febrero de 2020, el joven paramilitar conocido en la zona como “KALET”, quien es un desmovilizado de las FARC-EP y beneficiario del programa de desmovilización del Gobierno Nacional, lanzó serias amenazas contra nuestra Comunidad de Paz, manifestando: “Yo no descanso hasta ir a La Holandita y ver correr la sangre de esa hp Comunidad”. • El mismo domingo 23 de febrero de 2020, según informaciones de pobladores, el Ejército habría hecho una reunión con la población civil en el corregimiento de Nuevo Antioquia, de Turbo, al parecer para tratar el tema de la carretera de Nuevo Antioquia / Playa Larga / Rodoxalí / La Esperanza / Mulatos, la cual se ha estado abriendo ya mediante una brecha que no cuenta con ningún tipo de licencia. Según la información recibida, no se concedió la licencia, pero los militares le recomendaron a la población civil que siguieran abriendo la carretera de manera clandestina, con máquinas de la Brigada, pues después que ya esté hecha no le quedará más salida al gobierno que legalizarla. Estas mismas palabras fueron expresadas por los paramilitares el año pasado, en las veredas Resbalosa, de San José de Apartadó, Baltasar y otras veredas de los corregimientos de Batata y Frasquillo del Municipio de Tierralta Córdoba, al manifestarle a la población civil que les ayudaran a electrificar esas veredas de una forma ilegal, que después la empresa EPM les tendría que legalizar la energía eléctrica al estar ya instalada. • El miércoles 26 de febrero de 2020 un grupo de paramilitares con trajes de civil y portando armas cortas se encontraba en una vivienda civil, como a unos 180 metros junto al río el Cuchillo del casco urbano de San José, donde estaban consumiendo licor y amedrentando con sus armas a la población que pasaba por el lugar. 3 • El mismo miércoles 26 de febrero de 2020, se notó una alta presencia de paramilitares con prendas militares y armas largas en los alrededores de las veredas Mulatos Alto y Mulatos Medio de San José de Apartadó. • El jueves 27 de febrero de 2020, dos paramilitares que han estado acechando los espacios privados de nuestra Comunidad de Paz en la vereda Mulatos Medio, cruzaron por nuestra Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra portando armas cortas y radios de comunicación. • El viernes 28 de febrero de 2020, nuestra Comunidad de Paz fue informada de la presencia de un grupo de paramilitares encapuchados entre las veredas El Salto, El Guineo y El Gas, de San José de Apartadó. Según informaciones de pobladores, los paramilitares allí amedrentaron a una familia que venía a trabajar en una tierra de su propiedad, la cual se retiró de nuevo de la zona por temor a ser asesinados. • El sábado 29 de febrero de 2020, entre las 6:00 y 7:00 a. m. fue asesinado cerca de su casa, en la vereda La Miranda, de San José de Apartado, el señor AMADO TORRES, poblador de dicha vereda e integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda. Según las informaciones recaudadas, hombres portando armas largas y uniformes de uso privativo de las fuerzas militares llegaron hasta su vivienda, lo sacaron y lo asesinaron con varios impactos de bala de fusil en la cabeza. Su hijo de 20 años, Carlos Andrés Torres, había sido asesinado por soldados del Ejército Nacional en la vereda Caracolí, el 9 de abril de 2013, cuando iba a regresar a su vereda luego de haber traído productos agrícolas para vender en Caracolí. Todo muestra que a su padre, Don AMADO, los paramilitares lo tenían sentenciado por la autonomía que demostraba frente a ellos, no sometiéndose a sus imposiciones, administrando libremente los recursos de su finca y negándose a pagarles los impuestos ilegales o “vacunas” que ellos le exigían. Los organismos judiciales se negaron a ir a la vereda a realizar el levantamiento del cuerpo, alegando irónicamente “razones de seguridad”, cuando todo el mundo percibe su cercanía y complicidad con los paramilitares, al menos garantizando la apabullante impunidad que reina en la región que es la mayor culpable de la criminalidad reinante. Coincidencialmente, ese día el Presidente Iván Duque se encontraba de visita en Apartadó junto con el ex presidente Álvaro Uribe, en supuestos talleres denominados “construyendo país” y al enterarse del crimen le restó importancia aduciendo que en la zona hay muchos grupos violentos. Los órganos judiciales, en una actitud irresponsable, quisieron imponerle a la familia de la víctima la tarea de recoger las pruebas del asesinato, transfiriendo 4 a las mismas víctimas lo que es su propia tarea remunerada. En lugar de ejercer de manera profesional su tarea, la fuerza pública, a través del Comandante Nacional de la Policía, General Óscar Atehortúa, lo que hizo fue ofrecer recompensas monetarias –esta vez de 20 millones- al civil que informe sobre los autores del crimen. Así se sustituye en Colombia la tarea de los órganos de instrucción penal, recurriendo a un método perverso que se presta para las más infames manipulaciones y montajes y de paso arruinan la moral pública, enseñándole a la gente que la denuncia es una mercancía lucrativa cada vez más lejana de un ejercicio ético, y en la cual se refina el caldo de cultivo para los falsos testimonios, los montajes judiciales y la destrucción en profundidad de toda conciencia moral. • El domingo 01 de marzo de 2020, llegaron comentarios a nuestra Comunidad de Paz de que los paramilitares están avanzando en la compra forzada de tierras en la zona de Caraballo, de la vereda Arenas Bajas, de San José de Apartadó. Ya son muchas las propiedades en tierras que este grupo paramilitar ha adquirido bajo amenazas a sus dueños, quienes terminan vendiéndoles la propiedad por temor a ser asesinados. • Este mismo domingo 01 de marzo de 2020, en horas de la noche fue amenazado de muerte el señor JOSÉ POLICARPO CATAÑO, en el caserío de San José, por tres hombres quienes según informaciones hacen parte a los paramilitares y reconocidos en la zona: Darío Tuberquia encargado de narcotráfico, Jairo Borja y Yeison Osorno. Estuvieron a punto de dispararle con armas de fuego. • El lunes 02 de marzo de 2020, en horas del día, llegaron informaciones a nuestra Comunidad de Paz sobre una lista que estaría circulando en San José entre los paramilitares, de gente para matar dándole continuidad a la dicha lista donde ya han asesinado a Deimer Usuga el 16 de enero 2019, Yeminson Borja el 7 de julio 2019, weber Andrés el 18 agosto 2019 y Amado Torres el 29 de febrero de 2020 y al parecer el contenido de dicha lista sigue siendo de pobladores de la zona y miembros de nuestra Comunidad de Paz, cuyas ejecuciones están ya en preparación. Dejamos también constancia de que el 19 de junio de 2019 radicamos en la Presidencia de la República un derecho de petición (Rad: Ext 19-00060721) con 86 constancias de hechos perpetrados contra nuestra Comunidad de Paz entre el 7 de agosto de 2018 y el 23 de mayo de 2019, invocando los artículos 2,6,18 y189 de la Constitución Nacional, los artículos 7,11 y 20 del Código Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y la Sentencia SU 1184/01 de la Corte Constitucional, No. 16-17. 5 El Presidente Duque remitió dicho documento al Ministerio de Defensa, contra la tradición jurídica universal que no considera válido que la institución victimaria se investigue a sí misma. El 17 de diciembre de 2019 el Comandante de la Séptima División envió una respuesta de 32 páginas elaborada por la Brigada XVII, en la que se refiere a 81 constancias de las 86 incluidas en el Derecho de Petición. En un solo caso (marzo 13 de 2019) reconoce que había presencia militar en Mulatos y que los disparos se debían a tropas del ejército que estaban en un supuesto enfrentamiento con otro grupo armado. En todos los demás casos se afirma que las tropas del ejército estaban distantes de los sitios de los hechos (entre 4 y 11 kilómetros); se alega que los hechos no fueron informados “en tiempo real”, o sea con tiempo suficiente para que el ejército pudiera preparar operativos para estar allí cuando se presentaran las agresiones; o que los hechos no son claros sino confusos, con informaciones precarias, a pesar de que se dieron todas las coordenadas de tiempo, lugar y nombres ficticios o reales de los victimarios y en varios casos los números de los celulares de donde llamaban a amenazar. Este tipo de respuesta del Gobierno revela algo muy grave pero es lo que se ha vivido en los 23 años de existencia de la Comunidad de Paz: los paramilitares se mueven con plena libertad por todo el territorio, reúnen a las poblaciones de las veredas para imponerles normas, amenazarlas y cobrarles impuestos ilegales, pero jamás su presencia coincide con la del ejército. Todo parece milimétricamente calculado y coordinado para que cuando se den las agresiones el ejército esté situado a 4 o más kilómetros de distancia y así podrá afirmar que “no se enteró” de los hechos y, cuando ya se producen las denuncias o constancias, transcriben un párrafo uniformemente digitalizado en que dicen que ellos están siempre realizando operativos de inteligencia y de control para proteger a la comunidad y para tratar de individualizar a los miembros del “Clan del Golfo”, que es su enemigo virtual y teórico, pues nunca se encuentran con él, pero no consideran como actor ilegal la estructura paramilitar a la cual están vinculados la cantidad de nombres concretos que la Comunidad ha ido registrando en sus constancias, con quienes ejército y policía departen diariamente y amistosamente en el caserío de San José. Sobra decir que, cuando las constancias hacen referencia a actuaciones del Ejército imposibles de ocultar, como la Acción de Tutela contra nuestra Comunidad para obligarla a callarse ante las agresiones (octubre de 2018) y las presiones de la Jueza, presionada a su vez por la Brigada XVII, para amordazar a nuestra Comunidad, el documento “ignora” las constancias y evade toda respuesta o comentario. Nuestra Comunidad entiende que la fuerza pública no tiene facultades judiciales y por eso “se lava las manos” ante la impunidad absoluta de todos los hechos. El Presidente y las diversas instituciones del Estado saben muy bien que nuestra 6 Comunidad no acude al aparato judicial porque ha experimentado hasta la saciedad, durante varias décadas, que dicho aparato no hace justicia y solamente produce impunidad y corrupción y por añadidura persigue a los denunciantes y testigos. Es trágico que ninguna de las más altas Cortes del Estado haya acogido nuestras denuncias sobre los innumerables hechos probados de corrupción que les presentamos en el Derecho de Petición del 19 de enero de 2009, y se hayan negado a investigarlos y corregirlos y mantengan en sus cargos a todos los corruptos. Éticamente y en conciencia no podemos colaborar con un aparato así de putrefacto. En las negociaciones de paz en La Habana, el Gobierno se comprometió a tomar medidas eficaces para erradicar el paramilitarismo. Sin embargo, como la comunidad nacional y la internacional lo saben de sobra, en lugar de erradicarlo lo ha fortalecido enormemente. En nuestra región, después del Acuerdo de Paz su poderío crece y crece diariamente y no se percibe la más mínima acción del Estado para reprimirlo o erradicarlo. Hay aquí, entonces, una monumental responsabilidad del Alto Gobierno que no podrá ocultar jamás ante los tribunales internacionales. Mientras recogemos las evidencias de nuestra tragedia y las compartimos con el mundo ético, valoramos cada vez más el apoyo moral de personas y comunidades que nos envían su energía espiritual desde numerosos espacios de Colombia y de otros muchos países del mundo. Para ellos y ellas nuestra renovada sincera gratitud.

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó, luego de haber conmemorado los 15 años de la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005, acto de memoria en el cual nos acompañaron varias representaciones diplomáticas de Europa y Naciones Unidas y grupos solidarios de Colombia, y de haber sentido nuevamente el ambiente viciado que se respira en el largo y tortuoso camino hacia las veredas de Mulatos y La Resbalosa, queremos compartir con el país y el mundo las preocupaciones que nos asedian.

En primer lugar, revivir el dolor de aquella barbarie, como lo hacemos cada año, en lugar de acercarnos cada vez más hacia el olvido, tiene más bien el efecto contrario. Quince años después, cuando la menor intensidad de las lágrimas enturbia menos la visión y permite percibir con mayor nitidez las estructuras actoras del crimen, el sufrimiento se acrecienta al comprobar que continuamos bajo los mismos poderes perversos que en ese momento perpetraron tantos horrores. En estos años ha habido ciertamente victimarios de bajo rango arrepentidos, que han entregado confesiones escalofriantes a los órganos de la justicia transicional, pero esas mismas confesiones y la manera como esos organismos de supuesta “justicia” han recibido sus relatos, nos dejan aún más angustiados. A través de esos relatos queda claro que el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, junto con su entorno de jerarquías castrenses, paramilitares y empresariales, que actuaban y siguen actuando en estrecha coordinación, se inventaron la leyenda de que nuestra naciente Comunidad de Paz era una “guarida de guerrilleros”, y con esa convicción, apoyada en falsos y perversos testimonios, encendieron los ánimos de pistoleros fanatizados, sedientos de sangre y de dinero fácil, para destruir una comunidad de campesinos empobrecidos y enemigos de toda violencia que rehusábamos ponernos al servicio de un Estado corrupto, violento y criminal, que consolidaba cada vez más su carácter elitista, excluyente y opresor.

En los 23 años transcurridos desde nuestra primera Declaración pública como Comunidad de Paz, el Estado y sus pistoleros legales e ilegales, abierta o clandestinamente fusionados, han perpetrado 1500 crímenes de lesa humanidad cuya relación detallada reposa en tribunales internacionales. Y quizás lo más aterrador es la ausencia total de justicia, pues la impunidad absoluta cubre con desvergüenza todos los horrores sufridos. El único crimen que se aventuró por los túneles del aparato judicial colombiano, fue justamente el de la masacre del 21 de febrero de 2005, y ello por el trabajo de abogados y partes civiles solidarias, pues ya desde antes, para nuestra Comunidad, la justicia colombiana no gozaba de la más mínima credibilidad, por lo cual no participamos como Parte Civil. Pero ese expediente se convirtió en el monumento más evidente y vergonzoso de la impunidad. Tanto la primera como la segunda instancia concluyeron absolviendo a los criminales dentro de un total irrespeto y burla a toda norma procesal. Llevado finalmente a demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia, gracias a un trabajo de juristas honestos e ilustrados, 10 de los victimarios fueron condenados a más de tres décadas de prisión cada uno, pero en ese momento la Jurisdicción Especial para la Paz, fruto del degradado y envilecido “Acuerdo de Paz”, les tendió la mano para colmarlos de privilegios, en violación flagrante de la misma Ley Estatutaria de la JEP. Así las instituciones judiciales exhibieron, en este caso, su más alto nivel de podredumbre

Este 15° aniversario de una de las masacres más horrendas que han tratado de aniquilarnos como Comunidad de Paz, ha estado contextuado por una campaña de MEMORICIDIO. Desde hace más de un año, la perversa articulación entre gobierno nacional y local, fuerza pública, paramilitarismo y juntas de acción comunal, ha orquestado varias campañas para bloquear los santuarios de la memoria que nuestra Comunidad de Paz ha ido construyendo. Siempre se alega, como pretexto, que el gobierno les ha ofrecido algún proyecto y que no lo pueden despreciar, aunque para realizarlo sea necesario destruir los santuarios de la memoria de las víctimas.

En la ALDEA LUIS EDUARDO GUERRA de la vereda Mulatos Medio, la campaña para que nuestra Comunidad abandone ese lugar, donde fue sacrificado nuestro líder histórico Luis Eduardo Guerra y miembros de su familia el 21 de febrero de 2005, lleva ya varios años. Han recurrido incluso a la amenaza armada y en un momento dado nos quisieron hacer creer que la orden de desalojo venía de la Mesa de Negociaciones de las FARC en La Habana, hasta que las mismas FARC desmintieron la versión y sancionaron al supuesto guerrillero que citaba a “negociar” con armas en mano. Luego la Junta de Acción Comunal tomó el relevo de la amenaza, alegando condiciones de la Alcaldía de Apartadó para la donación de una escuela. Actualmente, pasando por encima de todas nuestras denuncias y protestas, han descargado numerosos bultos de arena y de cemento para construir a las malas unas supuestas aulas escolares, en el lugar menos indicado para una institución educativa. Lo importante para ellos es borrar la memoria de nuestras víctimas y lo quieren hacer pisoteando los principios de la Comunidad: han pretendido implantar allí ventas de licor, juegos de azar, competencias y peleas de gallos, es decir, diversiones que embrutecen y arrasan con los valores de sana convivencia.

Algo similar ha ocurrido en la vereda La Unión, donde el 8 de junio de 2000 el ejército con sus paramilitares ejecutó a 6 de nuestros líderes de la manera más cruel. En el mismo sitio donde quedaron sus cuerpos ensangrentados, nuestra Comunidad construyó un memorial físico lleno de simbolismos. Ahora la Junta de Acción Comunal amenaza con destruir el monumento, alegando que la Alcaldía les ha prometido construirles una placa polideportiva en el mismo sitio, lo que para ellos es prioritario, expresando al tiempo el desprecio absoluto por la memoria de los mártires.

Lo que más nos duele en todas estas controversias es que nuestra sociedad civil ha ido perdiendo o perdió ya del todo sus valores éticos. La memoria de las víctimas ya no tiene carácter sagrado. Lo que tiene carácter sagrado son las migajas de ayudas financieras que el Estado nacional o local les ofrece; o quizás lo más sagrado sea la relación politiquera con los poderes de turno; o quizás lo más sagrado sea el deporte que educa en la competitividad, que es el alma de las sociedades neoliberales insensibles a los problemas sociales pues sacralizan el triunfo egoísta de uno sobre los demás; o quizás lo más sagrado seas los espacios donde se cumplen los rituales de una educación que transmite valores elitistas y antisociales y enseña a someterse con servilismo a lo que se presenta como las últimas modas o tecnologías creadas por los modernos imperios.

Pero para poder pisotear los valores éticos, las diversas autoridades y sus secuaces han tenido que volverle la espalda a las mismas normas legales que el Estado ha redactado y promulgado, quizás bajo la presión de los organismos humanitarios internacionales. En efecto, en el Decreto 1800 de 2011 (decreto reglamentario de la Ley de Víctimas), el mismo gobierno de entonces estableció normas muy claras en defensa de la MEMORIA HISTÓRICA, que ahora violan los alcaldes, la fuerza pública, los paramilitares y las juntas comunales en sus campañas de Memoricidio.

En su artículo 170, dicho decreto define la reparación simbólica como “los actos o las obras de repercusión pública dirigidos a la construcción o recuperación de la memoria histórica, el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y la reconstrucción del tejido social”. Por ello ordena que los órganos del Estado concierten con las víctimas el tipo de medidas y “el lugar en el cual se deben ejecutar” (art. 171). Incluso en el artículo 184 se ordena al Comité creado para ello que debe “coordinar actos conmemorativos en los que se acepte, reconozca y repudie las conductas que involucran graves violaciones a los derechos humanos … y pedir perdón público a las víctimas (…) actos que deben realizarse preferiblemente en el lugar donde acontecieron los hechos victimizantes, donde se encuentran las víctimas afectadas por los hechos que se reconocen o en el lugar reconocido por las mismas víctimas como escenario de vulneración de sus derechos” (art. 184, parágrafo 1)

El artículo 186 afirma, además: “La memoria histórica es patrimonio público (…) El Centro de Memoria Histórica apoyará iniciativas públicas y privadas que autónoma e independientemente aporten a su reconstrucción en perspectiva de consolidación de garantías de no repetición, de reconciliación y de sostenibilidad del legado de los emprendimientos sociales de las víctimas”. Por eso el artículo siguiente (187) ordena: “las autoridades públicas no censurarán los resultados de los procesos de memoria histórica construidos en el marco de la Ley 1448/11 y cumplirán con su deber de memoria histórica”.

Al referirse a los sujetos de reparación colectiva, el mismo decreto en su artículo 223 los define como: “grupos y organizaciones sociales, sindicales y políticas y las comunidades que hayan sufrido daños colectivos en los términos del artículo 3 de la Ley 1448/11”. A ellos se refiere el artículo 225 al señalar como objetivos del programa de reparación colectiva éstos: “reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados. Las acciones del programa deben orientarse a la vinculación de las medidas de reparación con el reconocimiento de las víctimas, las violaciones y los impactos y daños en ellos producidos (…) a la reconstrucción del tejido social y cultural de los sujetos colectivos (…) a la construcción de memoria histórica como aporte al derecho a la verdad del que son titulares los sujetos de reparación colectiva”.

También en el Decreto 303 de 2015, enfocado al problema de las desapariciones forzadas, el artículo 53 establece que el Gobierno Nacional declare como SANTUARIO DE LA MEMORIA “el lugar donde se presuma la existencia de cuerpos o restos de las personas desaparecidas forzadamente, incluyendo los que por sus condiciones geográficas y topográficas resulte imposible realizar exhumaciones”. En esos sitios se erigirán monumentos en honor a los desaparecidos. Dicho decreto establece además que: el Gobierno Nacional por medio de varias de sus instituciones, los familiares de las víctimas y la comunidad, “definirán las características del monumento que se erigirá en honor a las víctimas de desaparición forzada en los lugares declarados como Santuarios de la Memoria, que tenga como propósito devolver la dignidad a las personas desaparecidas y promover acciones que cumplan con el deber de recordar”.

En el artículo 55 del mismo Decreto se prohíbe “intervenir o alterar las condiciones de los Santuarios de la Memoria, salvo en los casos en que sea necesario para realizar actividades de localización o exhumación de cuerpos o restos humanos. El incumplimiento de esta disposición acarreará las sanciones previstas en la legislación penal vigente”.

Cualquiera percibe que, si la sola sospecha de que en esa zona pueda estar sepultado el cuerpo de un desaparecido lleva a una declaratoria del lugar como “Santuario de la Memoria”, con mucha mayor razón, según el espíritu de esta ley, los lugares donde hay certeza de que allí fueron sacrificadas las víctimas tienen que ser declarados SANTUARIOS DE LA MEMORIA y no podrán ser alterados sino para dignificar más la memoria de las víctimas.

Este recuento de normas que supuestamente están vigentes, nos muestra claramente el nivel de ignorancia o voluntario desconocimiento y desacato que las mismas autoridades tienen respecto a ellas. Esto no nos extraña, pues durante más de 10 años hemos experimentado cómo la Corte Constitucional le ha dado órdenes perentorias al Presidente, a los Ministros de Defensa, a los comandantes militares, exigiéndoles que nos entreguen los nombres de quienes estaban en los lugares y fechas de los crímenes más atroces y todos han desacatado esas órdenes, una y otra vez, de manera contumaz, y sin embargo siguen afirmando que “este es un Estado de Derecho”. Lo que niegan rotundamente con sus procedimientos.

Cuando nos desplazamos a la vereda Mulatos para la conmemoración del 15° aniversario de la masacre, los paramilitares con sus espías o “puntos” nos siguieron por todas partes. Pudimos comprobar una vez más que la región sigue bajo control paramilitar estricto gracias a la tolerancia y aquiescencia, activa y pasiva, de todas las instituciones del Estado. Sin embargo, las autoridades siguen afirmando que “el paramilitarismo no existe”. La hipocresía y capacidad de mentira de nuestro Estado no tiene límites. Así, el pasado 28 de septiembre, cuando el Comandante de la Brigada XVII, Coronel Carlos Padilla, presidió un supuesto acto de desagravio, ordenado por un tribunal, dirigido a los familiares de las víctimas de la masacre del 21 de febrero de 2005, no reconoció la enorme criminalidad del ejército en ese crimen y en todos los demás centenares de crímenes de su contexto, y afirmó: “Doy fe de que el ejército continuará con la firme convicción de mantener y garantizar las condiciones de libertad y democracia que todos ustedes como pueblo colombiano nos demandan”. Una ceguera profunda y un cinismo sin límites le impidió reconocer que nunca han garantizado condiciones de libertad y democracia sino todos sus contrarios: han garantizado genocidio, asesinatos, desapariciones, torturas, violaciones, detenciones arbitrarias y perversas, bombardeos, saqueos, incineración de viviendas y cultivos, desplazamientos, asaltos a mano armada, robos, calumnias, campañas de difamación y estigmatización etc. Por añadidura, calificó a las víctimas de tan atroz terrorismo de Estado como “víctimas del conflicto armado”, como olvidando que justamente las victimizaron por definirse como absolutamente ajenas al conflicto armado.

En las últimas semanas se vienen divulgando panfletos que pretenden ocultar o negar de antemano la responsabilidad de los paramilitares en los crímenes anunciados. Se dice que el ELN ha llegado a la zona, lo cual no es muy creíble, y que otras disidencias de las guerrillas se están enfrentando en la zona. Incluso en la noche del 18 de febrero hubo disparos en el caserío de San José bajo el pretexto de ahuyentar a alguna unidad del ELN. Todo muestra que los paramilitares están buscando crear fantasmas para atribuirles sus próximas acciones violentas y desviar la atención de ellos mismos.

Nuestra Comunidad de Paz quiere expresar nuevamente su gratitud a todas las personas, grupos y comunidades que desde muchos rincones de Colombia y de otros países nos apoyan con su fuerza moral y que en estos días se han manifestado de manera muy especial, recordando la masacre del 21 de febrero de 2005, conscientes de que para nuestra Comunidad es una herida que nunca se sana. A ellas y ellos nuestros agradecimientos sinceros.

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó acude ante el país y el mundo para dejar constancia de los últimos hechos que la afectan profundamente.

Como en todos estos 23 años de resistencia civil, nuestra Comuidad de Paz sigue expresando sus preocupaciones sobre la continuidad de la violencia en el territorio de su entorno y dejando constancias sobre las agresiones que atentan contra sus derechos y su dignidad. Es un hecho que el paramilitarismo sigue presente y con dominio progresivo de la región, gracias a la tolerancia y complicidad de las instituciones. Ahora los paramilitares han implantado un plan de reclutamiento, tanto de personas adultas como de menores de edad, en el corregimiento de San José y sus veredas. Los reclutados están siendo llevados a los municipios de Chigorodó, Mutatá (corregimiento La Fortuna) y otros lugares del Urabá Antioqueño y del Chocó, para recibir entrenamiento militar, según lo relatan los pobladores.

Lo más preocupante es la inutilidad de la presencia del ejército y de la policía en san José de Apartadó. Desde 2005 están allí, en una gran base militar y un costoso búnker policial, violando el Derecho Humanitario y las sentencias de la Corte Constitucional que prohíben que se ubiquen en medio de la población civil y a escasos metros de los colegios. Además están conviviendo con los paramilitares y permiten que estos realicen trabajos de reclutamiento, cobros de impuestos ilegales y permanentes amenazas contra nuestra Comunidad de Paz. Ya en las últimas semanas se ha sabido que los reconocidos paramilitares alias “RENÉ” y alias “El BURRO” se la pasan en San José acompañados de hombres armados que les prestan seguridad para que ellos puedan realizar los trabajos de reclutamiento y de extorsión, la mayoría de la veces en medio de la presencia militar y policial.

Los hechos de los cuales dejamos constancia son los siguientes:

• El domingo 19 de enero de 2020, en horas del día, según pobladores de San José, el paramilitar conocido en la zona como “RENÉ”, quien ha asumido la comandancia de dicho grupo armado ilegal en el corregimiento de San José y sus veredas, llegó hasta un establecimiento público junto al paraje El Puente del centro urbano de San José de Apartadó, con varios hombres armados con armas cortas, lugar en el cual hay presencia permanente de fuerza pública. Al parecer “RENÉ” esta allí coordinando la extorsión a los comerciantes.

• El sábado 25 de enero de 2020, en horas del día, se conocieron fuertes amenazas de muerte por parte de los paramilitares que hacen presencia en las veredas Mulatos, La Resbalosa, La Hoz y Rodoxali, de San José de Apartadó, contra Hugo Molina, miembro de nuestra Comunidad de Paz. Según los paramilitares, lo amenazan por no ceder en la entrega de títulos de propiedad de una finca que fue expropiada por los mismos paramilitares a la familia Molina, la cual residen en la zona de Rodoxalí, donde se encuentra la dicha propiedad.

• En la semana del 20 al 26 de enero 2020, un paramilitar conocido como “EL BURRO”, al parecer comandante encargado del reclutamiento forzado de jóvenes menores de edad en la zona de San José de Apartadó, para luego llevárselos a Chigorodó y al Chocó a entrenamiento militar, con el fin de escoltar y proteger a comandantes que antes fueron integrantes de las FARC-EP y ahora se desempeñan como comandantes paramilitares, conocidos como alias “LEÓN” o “LA FIERA” y alias “SOPA”. Otros comandantes paramilitares, también ex integrantes de las FARC-EP, presentes en la zona y conocidos como alias “EL BURRO” y alias “RENÉ”, habían enviado a alias “RAMIRO”, paramilitar instalado en la vereda la Union de san José, y a otros jóvenes, al parecer reclutados en otras zonas, para escoltar a sus mandos, y según informaciones del mismo “Ramiro”, ya varios de ellos han sido asesinados. Alias “EL BURRO” estuvo durante toda esa semana y semanas anteriores transitando en motocicleta desde Apartadó hasta el corregimiento de San José, y al mismo tiempo espiando nuestra Comunidad de Paz durante sus pasos por los alrededores de nuestro asentamiento central.

• El lunes 27 de enero de 2020 nuestra Comunidad de Paz fue informada de un nuevo plan de invasión a nuestra finca La Roncona, propiedad que nuestra Comunidad de Paz posee pacíficamente desde hace 22 años, para lo cual tiene evidentes derechos de posesión y que ahora se encuentra bajo un litigio jurídico interpuesto por la familia Jaramillo, la cual había enajenado ese predio hace muchos años. Según las informaciones recibidas, la invasión la está impulsando el mismo nuevo Alcalde de Apartadó, Felipe Cañizalez, quien está invitando a los actuales invasores de una finca de la Alcaldía de Apartadó, comprada por dicha Alcaldía en el casco urbano de San José en el período más intenso del conflicto armado, para que invadan más bien el predio de nuestra Comunidad de Paz, para lo cual, se dice, ha concertado ya con la familia Jaramillo, familia que había vendido ese predio hace más de 20 años. Todo muestra que el Alcalde quiere evadir sus responsabilidades de buscar terrenos para familias que no poseen tierra y recurrir a la perversa estrategia de invadir predios poseídos legalmente por nuestra Comunidad de Paz hace más de 22 años.

• Este mismo lunes 27 de enero de 2020, el señor Elkin Ortiz, poblador que vive en San José, en la finca de la Alcaldia de Apartadó, volvió a incursionar en nuestra finca La Roncona para dañar cercas y cultivos, como lo había hecho en otras ocasiones impulsado por los mismos paramilitares y ha manifestado que ahora se tomará el lugar, lo que hace sospechar que se encuentra integrado al supuesto plan que tiene la Alcaldía de Apartadó, en cabeza del Alcalde Felipe Cañizalez, de invadir nuestro predio para ubicar allí a los invasores de dicha finca de la Alcaldía.

• El martes 28 de enero del 2020, en horas de la mañana, nuestra Comunidad de Paz fue informada de un supuesto plan que tendría la Junta de Acción Comunal de la vereda la Unión de destruir el monumento que nuestra Comunidad de Paz construyó en memoria de los 6 miembros de nuestra Comunidad asesinados el 8 de julio del 2000 por militares de la Brigada XVII en conjunto con paramilitares. Dicho monumento fue construido en el mismo sitio del holocausto, convertido desde entonces en lugar sagrado de la memoria ensangrentada de nuestra Comunidad y en acuerdo con los familiares de las víctimas masacradas allí. No entendemos por qué la Junta de Acción Comunal se ensaña ahora contra nuestra memoria sagrada. Se dice que la Junta Comunal, en lugar de salvaguardar la memoria de las víctimas, quiere acoger la oferta de la Alcaldía de Apartadó que al parecer ha ofrecido construir allí una placa polideportiva, con el propósito, difícil de ocultar, de borrar la memoria de nuestras víctimas. Según se nos informó, la Junta está buscando la asesoría de la Policía y de la Defensoría del Pueblo en el proceso de destrucción del monumento.

• El miércoles 29 de enero de 2020, a las 5: 50 horas de la tarde, un grupo de 5 militares uniformados y con armas largas, de la base militar de San José de Apartadó, incursionaron en las entradas de nuestro asentamiento de San Josesito de Apartadó, trayendo con ellos a una persona mayor, de nombre Jaime Montoya, quien supuestamente venía por un dinero que había solicitado y que en días anteriores había estado pidiendo, alegando que nuestra Comunidad tenía mucho dinero. Todo muestra que los paramilitares lo indujeron a ello encontrando así un pretexto para incursionar en nuestro predio junto con la fuerza pública y que los mismos militares se valieron de una persona mayor para penetrar en nuestros predios privados en búsqueda de informaciones y ubicación de las viviendas de las familias de nuestra Comunidad de Paz.

• El domingo 2 de febrero de 2020, A las 18:00 horas, de nuevo el señor Elkin Ortiz ingresó a nuestra propiedad privada de la finca La Roncona, esta vez en compañía de un ex combatiente de las FARC-EP, quien también vive en el casco urbano de San José, al parecer impulsados por los paramilitares, causando más destrozos en cercas y cultivos.

• El lunes 3 de febrero de 2020, en horas del día, la Junta de Acción Comunal de la vereda Mulatos Medio envió a dos arrieros con ocho mulas que llevaron cargas de arena y las depositaron en nuestro asentamiento Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, desconociendo la posesión que nuestra Comunidad de Paz ha mantenido legalmente por 15 años en ese sitio sagrado, donde fue masacrado nuestro líder histórico Luis Eduardo Guerra y su familia en 2005. El hecho de descargar allí esa arena está revelando que existe un plan de invasión violenta de nuestro predio, dirigido por fuerzas que van más allá de una junta comunal, pero que curiosamente coincide con otros planes de MEMORICIDIO, como el que se está destapando en la vereda La Unión, como plan perverso de borrar la memoria de las víctimas, para lo cual instituciones oficiales están asesorando a grupos de población civil en esos planes inconfesables..

• El martes 4 de febrero de 2020, en horas del día, de nuevo la Junta de Acción Comunal de la vereda Mulatos Medio, volvió a descargar viajes de arena en nuestro asentamiento Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, completando ya 19 cargas depositadas en un predio que no les pertenece.

Es claro que los paramilitares están utilizando a la población civil para agredir a nuestra Comunidad de Paz, ya sea para dañar nuestras cercas y cultivos, como en el caso de nuestro predio La Roncona, ya para penetrar en nuestros predios y buscar informaciones, como en el caso de la manipulación del Sr. Montoya por militares y paramilitares, ya para invitar a invadirnos, como lo está haciendo el Alcalde de Apartadó, ya para planear la destrucción de nuestros espacios sagrados y borrar la memoria de nuestras víctimas, como en los casos de las juntas comunales de La Unión y de Mulatos Medio. El paramilitarismo tiene todo el control sin ser molestados por nadie así lo han manifestado los mismos paramilitares, se la pasan organizando planes para amenazar a integrantes de nuestra Comunidad y para controlar y extorsionar a todo nuestro entorno campesino con impuestos ilegales y todo tipo de amenazas y extorsiones. Ya no saben cómo más agredirnos. Lastimosamente la fuerza pública se está prestando para todo eso o al menos para tolerar todos esos planes mediante las políticas de “oídos sordos” y “brazos caídos” y todas las demás formas de complicidad activa y pasiva.

El próximo 21 de febrero será la conmemoración de los 15 años de la masacre de Mulatos y La Resbalosa, hechos que aún siguen en la impunidad, pues los culpables siguen siendo exonerados de manera escandalosa. En efecto, el 30 de diciembre de 2019, la Magistrada CLAUDIA ROCÍO SALDAÑA, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, emitió la Resolución 008169, en la cual suspende órdenes de captura y deja en libertad a 3 de los victimarios ya condenados por la Corte Suprema en Casación, y les otorga el privilegio de acogerse a los procedimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- a los 10 militares que ya habían sido condenados por la horrenda masacre, pasando por encima de la misma Ley Estatutaria de la JEP, pues dichos victimarios no habían cumplido el requisito más elemental de comprometerse con la JEP a revelar la verdad sobre el horrendo crimen. La JEP asume así una política de impunidad abierta y desafiante, no solo por violación de su mismo Estatuto legal sino por vincular al procedimiento de justicia transicional privilegiada a quienes perpetraron crímenes de barbarie sin ninguna relación con el conflicto armado, pues sólo con argumentos muy absurdos o con manipulaciones en exceso perversas, podrían alegar que miembros de nuestra Comunidad de Paz, conformada precisamente para no participar en el conflicto armado ni colaborar con ninguno de sus actores, y sus mismos niños inocentes, participaban en alguna fuerza beligerante. Por encima, pues, del derecho, aun en sus versiones más arbitrarias, y en contra de toda racionalidad, la JEP se sitúa en contravía de toda justicia y de toda ética. Nuestra comunidad de paz siempre estará al lado de una verdadera justicia que brinde un verdadero alivio moral a quienes hemos sufrido en carne propia el flagelo de la guerra y del terrorismo de Estado y no una justicia que encubra a los autores intelectuales de la barbarie y premie a los responsables del horror y además les brinde mecanismos que los exonere de toda culpa.

Sólo nos queda agradecer nuevamente de corazón a todas aquellas personas y organizaciones que han creído en nuestra resistencia, y nos han acompañado físicamente, moralmente y políticamente, desde el país y el mundo. Hoy los invitamos a no desfallecer porque su apoyo desde la distancia nos fortalece y nos llena de valor para seguir adelante.