2018

Nos pronunciamos ante el país y el mundo nuevamente como Comunidad de Paz, pese a que el Estado con su brazo militar nos quiera silenciar también por vía judicial. Dejamos constancia sobre los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por querer luchar civilmente por un proceso de vida y la defensa del territorio.

El 06 de diciembre de 2018 nuestra comunidad de paz ejerció su derecho de protestar por las injusticias que estamos atravesando, en el cual nuestra Comunidad en cabeza del Representante Legal German Graciano Posso se le impuso una sanción por desacato, “con arresto de cinco (5) días, los cuales debería purgar en los calabozos de la estación de policía ubicadas en San José de Apartado, y multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor del Consejo Superior de la Judicatura”. Situación que se suma a la lista de agresiones que vivimos en la Comunidad y el corregimiento en general causadas por los paramilitares y la fuerza pública.

Nos movilizamos por el Corregimiento y las calles de Apartadó en nombre de nuestras víctimas y en contra de la decisión de la Juez María Mariela Gómez Carvajal, al pretender obligar a nuestra Comunidad a retractarse de hechos publicados en las Constancias públicas, que NO faltan a la verdad, como la masacre del 21 de febrero de 2005, en la que se comprobó la responsabilidad y convivencia en su actuar de militares y paramilitares. En años anteriores se dejaron en conocimiento las pruebas con testigos ante la fiscalía para que se investigara y juzgaran a los responsables de tanta barbarie, pero quienes terminaron sentenciados con la muerte por esas denuncias fueron los mismos testigos. Nuestras constancias son una medida de protección para la población y es el medio para dar nuestro testimonio, para denunciar con la esperanza de que el Estado investigue sus instituciones, pero la respuesta es que ahora los victimarios obligan a retractarse a las víctimas.

Nos presentamos allí en las instalaciones del juzgado segundo promiscuo de Apartadó, con mujeres, hombres, niños y abuelos, NO para retractarnos, sino para ratificar nuestro clamor de que nos dejen vivir en paz, que respeten la vida, la tierra, el territorio, nuestra Comunidad.

Yo soy German graciano Yo soy Comunidad de paz, porque todos somos comunidad, alzamos nuestra voz para decirle a los jueces allí, las victimas no tenemos por qué ser judicializadas como si fuéramos el victimario. Seguiremos denunciando a quienes nos quieren acallar, a quienes agreden y asesinan al campesino, a quienes nos roban los jóvenes para la guerra, a quienes nos despojan de nuestras tierras, a quienes cada día acaban con la serranía deforestando y contaminando los yacimientos de agua, a quienes imparten justicia solo para beneficiar a los que desplazan y nos despojan del territorio.

El 04 de diciembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos comunicó al Estado colombiano, referirse a la orden de arresto contra German Graciano. El Relator Michel Forst Relator Especial sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, manifestó en su cuenta de Twitter: “Estoy sumamente preocupado por el posible arresto de Germán Graciano, Representante legal de @cdpsanjose. Estuve en esta comunidad hace unos pocos días, durante mi visita oficial a #Colombia. Estaré dando seguimiento a esta situación”. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, también manifestó es “Inadmisible intento de encarcelar al líder de la comunidad de paz de San José de Apartadó, German Graciano. Las sanciones penales nunca deben ser utilizadas para reprimir denuncias de interés público. Espero que la @CConstitucional revise este caso”.

El mismo 06 de diciembre de 2018, voces de solidaridad de todas las regiones del país y de todo el mundo –Ayuntamientos, diputados, congresistas, organizaciones sociales, redes-, le pidieron a la Corte Constitucional que revisara ese fallo de Tutela, que no solo va en contra de nuestra Comunidad de Paz en un rincón del Urabá, sino también de todas esas personas y comunidades indígenas, afros, campesinas y organizaciones sociales en el país que defienden los derechos humanos, por ser injusto y contrario a la ley. Pero este alto tribunal no tuvo en cuenta ninguna solicitud.

El 07 de diciembre 2818 a las 10:37 de la mañana, vía correo electrónico llegó una notificación, en trámite de consulta, emitido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito, del Proceso de Incidente de Desacato, promovido por el Comandante de la Décimo Séptima Brigada, Carlos Alberto Padilla Cepeda, por considerar que la Comunidad –incumplió- el fallo de Tutela proferido por la Juez Segundo Promiscuo Municipal Apartado (Antioquia), María Mariela Gómez Carvajal, cuya decisión declara la nulidad de todo lo actuado.

En este, el despacho advierte “falencias que conducen a declarar la nulidad del trámite por violación al debido proceso, toda vez que la imposición de las sanciones obedece a la atención de claros principios constitucionales, como lo son la necesidad, la adecuación, la razonabilidad y la proporcionalidad”. Manifiesta el mismo despacho que Incidente de desacato que está en Consulta existe un “desconocimiento de estos principios”, y lo resume así:

“La sanción por desacato que se impuso al señor GERMAN GRACIANO POSSO, en calidad de Representante Legal de la Comunidad de Paz de San José de Apartado, se hizo sin tener en cuenta que por Resolución del 26 de Junio de 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reitero al Estado que se mantenga las medidas que hubiese adoptado y disponga de forma inmediata las que sean necesarias para proteger eficazmente la vida integridad personal de todos los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartado entre ellos del señor GERMAN GRACIANO POSSO”.

Hoy 09 de diciembre de 2018, a las 6:00 am de la mañana encontramos panfletos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en las afueras de nuestro asentamiento San Josesito, puestos allí por los paramilitares en la carretera que conduce desde el Corregimiento de San José hasta el Municipio de Apartadó y en las veredas LA Unión, Buenos Aires, Cristalina, La Linda, El Mariano, El Porvenir, Las Nieves, La Esperanza, Arenas, El cuchillo, La Victoria, El Corregimiento de San José entre otras veredas. Con este acto manifestando que están por todo el territorio nacional.

Mientras todo esto ocurre, nuestra comunidad, los campesinos de la región siguen viviendo la agresión paramilitar, que sigue sometiendo la población, cobrando vacunas por los animales que se tengan, por el cacao que se produzca, que vendan y compren, por la madera que se saque, cada rastra de madera la cobran a dos mil pesos y si no, no sale.

Nuestra Comunidad de Paz nació hace 21 años y 9 meses. Casi mil campesinos de las veredas de San José decidimos oponernos a que nos involucraran en la guerra a la fuerza y que nos acusaran de estar de un lado o de otro de la guerra para tener razones para matarnos. Por eso nuestro primer acuerdo común fue no participar en la guerra de ningún lado ni colaborar con los armados de ninguna manera. Pero al formar la Comunidad de Paz también decidimos que no íbamos a ser tolerantes con la injusticia ni con la impunidad. Por eso desde el principio aprendimos a no callar, a denunciar todas las violaciones a nuestros derechos.

Después de más de 8 años, en los que confiamos en que las entidades de justicia cumplirían su misionalidad, para lo que fueron creadas, y garantizarían nuestros derechos, los derechos del campesinado en el país. Pero no fue así, nos asesinaron muchos de nuestros líderes y amigos, nos siguen amenazando. Eso nos llevó a hacer una ruptura con la justicia porque nuestra conciencia no nos permitía seguir colaborando con algo que estaba muy lejos de servir para hacer justicia y que más bien servía para matar o perseguir a las víctimas. La misma Constitución colombiana afirma que nadie puede ser obligado a actuar contra su conciencia (Artículo 18) y nosotros fuimos claros: nuestra conciencia no nos permitía colaborar con algo que durante ocho años experimentamos como corrompido, pues los mismos testimonios que rendíamos los utilizaban de manera sucia.

Cuando rompimos con la justicia, descubrimos que la Constitución obliga al Presidente de la República a garantizar los derechos de todos los ciudadanos (Artículo 188). Por eso acudimos a los derechos de petición al Presidente, contándole todo lo que íbamos sufriendo como atropellos de las mismas instituciones del Estado y pidiéndole que tomara medidas para protegernos, pero tampoco los Presidentes nos escucharon y más bien les mandaban nuestras peticiones a las mismas instituciones que violaban nuestros derechos.

También acudimos a tribunales internacionales y llevamos allí todas nuestras denuncias, pero esos tribunales son muy lentos y todavía no han tomado decisiones sobre nuestro caso. Ante todo esto, decidimos comunicarnos de manera permanente con la sociedad y con la comunidad internacional para enterarlas de lo que nos ha estado pasando. Hemos encontrado muchas comunidades en Colombia y en otros países que se solidarizan con nosotros, escriben al gobierno, nos dan apoyo y fuerza moral para defender nuestros derechos.

Como pueden ver, el único camino que nos quedó para no dejarnos destruir y exterminar por un Estado que siempre nos ha atacado y que tolera y apoya pasivamente a los grupos fuera de la ley que impulsan la violencia en nuestro territorio y violan todos nuestros derechos, ha sido no callarnos y mantener enterada a nuestra sociedad y al mundo de lo que nos pasa.

Todos los tratados internacionales de derechos humanos defienden el derecho a la libertad de expresión y mucho más cuando es nuestra expresión como víctimas y víctimas a las cuales les han cerrado todos los demás caminos para denunciar y protestar. No nos podemos dejar exterminar en silencio. Que al menos el mundo se entere cómo nos van destruyendo progresivamente con muchas formas de violencia. Contamos con la solidaridad de quienes tienen principios éticos y sentimientos de humanidad.

Agradecemos a las miles de voces de solidaridad del país y del mundo que siempre han creído en nuestro proceso de vida, que sienten nuestra resistencia como suya, pues al igual que nosotros la defienden desde sus lugares de residencia, les agradecerles desde nuestro corazones por toda la presión que han hecho en estos últimos días al estado colombiano, para intentar quitar la tutela en contra de nuestro representante German Graciano, la orden de arresto y tumbar la sentencia en contra no solo de German Graciano sino también en contra de nuestra comunidad de paz.

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve nuevamente en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo de las agresiones y violaciones graves de sus derechos perpetradas en las últimas semanas:

En este momento son muchos los comentarios que se escuchan en la zona sobre la lucha por el control armado de nuestro territorio, el cual estaría siendo disputado entre paramilitares reconocidos de vieja data, guerrillas o armados recién llegados, algunos con brazaletes del ELN, supuestas disidencias de las FARC y unidades de fuerza pública. Es muy preocupante que una región tan golpeada por muchos años de violencia tenga seguir sometida a una guerra despiadada en la total desprotección del Estado.

En las últimas semanas se ha hablado de enfrentamientos por la zona del río Manso en el Sinú, Córdoba. Al parecer, hay disputas entre paramilitares de las AGC y grupos armados que afirman ser del ELN; buscan controlar el corredor entre el río Sinú y Dabeiba, Antioquia, y el Nudo de Paramillo.

El control paramilitar en las veredas de San José de Apartadó sigue siendo dominante, pues es notable la intensa presencia paramilitar en puntos muy estratégicos. En algunas veredas donde tienen sus grandes campamentos y donde permanecen todo el tiempo armados sin ser molestados, la fuerza pública, que debería enfrentarlos, desmantelar sus campamentos y proteger a la población civil, no hace nada para impedir su presencia y accionar, a pesar de que llevan allí muchísimos años y se han elevado muchísimas súplicas apremiantes a sus comandantes en jefe para que hagan algo y no han querido hacer nada. Esto es demasiado preocupante y repugnante y revela un Estado que no es Estado. Ahora hay una serie de nombres que son reconocidos por las veredas por ser puntos de información o mandos, como son: alias Caballo, Majute, Pantera, Peña, Darío, Cementerio, Nueve, Chiquito Malo, Pueblito, Alfredo, Alcadio, Elías Giraldo, Pollo, entre otros.

Nuestra comunidad siempre ha podido comprobar la presencia del paramilitarismo en las veredas e incluso en el casco urbano de San José. Hace unos días realizamos una peregrinación por algunas veredas, entre ellas Mulatos, La Resbalosa y La Esperanza, en la cual participaron periodistas y acompañantes internacionales. En el recorrido pudimos ver hombres de camuflado y armados en los caminos y además una fuerte presencia de “puntos” o informantes al servicio del paramilitarismo, los cuales se encuentran en las casas de los civiles portando radios de comunicación y armas cortas. En dos fincas donde había concentración de paramilitares, ya la habíamos comprobado el 30 de marzo pasado (Viernes Santo) cuando pasamos por allí en el recorrido del Via-Crucis; en ese momento hicimos la denuncia a nivel nacional e internacional mostrando testimonios fílmicos de su presencia criminal por las redes sociales, pero ni el gobierno ni su fuerza pública ni los órganos de control del Estado hicieron absolutamente nada: ocho meses después se encuentran concentrados exactamente en los mismos sitios. ¿Puede darse más evidencia de la complicidad del Estado con esos grupos criminales? ¿Dónde quedan la Constitución, las leyes, los tratados internacionales, los derechos humanos y la dignidad humana? Nada les importa. Sólo les importa amordazar a quien pretenda revelarle esa verdad a la sociedad y al mundo. Por eso la han emprendido contra nuestra Comunidad de Paz, poniendo tutelas para silenciarnos, para que no revelemos lo que estamos viendo y sufriendo, para que le ocultemos al país y al mundo sus crímenes.

Los hechos de los cuales dejamos constancia son:

• El sábado 24 noviembre de 2018 a las 10:40 horas, cuando nuestra Comunidad de Paz se encontraba en una peregrinación por las veredas Mulatos, La Resbalosa y La Esperanza, con acompañamiento Internacional y periodistas de radio y televisión, se pudo notar la presencia de un grupo de paramilitares acantonado en las propiedades privadas del Señor Aníbal (en Mulatos Medio) y el Señor Muñoz (en la Esperanza) los cuales se encontraban armados y con uniformes camuflados. Estaban en los mismos sitios donde los encontramos el 30 de marzo de este año, lo que muestra que nos les importan las denuncias, y si no les importan es porque se sienten protegidos por el Estado.

• El lunes 26 de noviembre de 2018, en horas de la mañana, llegaron informaciones de algunos pobladores manifestando que en la vereda Mulatos, tropas de la Brigada XVII del ejército abrían retenido a un paramilitar, el cual habría entregado una caleta con implementos de guerra. Aún no hay informaciones confirmadas sobre este hecho, Hay absoluto silencio.

• El miércoles 28 de noviembre de 2018, en horas del día se escuchó una fuerte explosión en el sector conocido como El Barro, de la vereda Mulatos Medio. Al parecer habría sido una mina anti persona detonada por militares de la Brigada XVII.

• El miércoles 28 de Noviembre de 2018, militares de la Brigada XVII del ejército violaron la propiedad privada de un miembro de nuestra Comunidad de Paz en el punto conocido como El Barro, de la vereda Mulatos Medio, allí colocaron celulares a cargar sin permiso de los propietarios de la vivienda y cuando el propietario de la finca exigió que se retiraran de su propiedad, la respuesta fue que tenía que presentar las escrituras para ellos poderse retirar, lo cual obligó al miembro de nuestra Comunidad a irse para donde un familiar, para no estar entre los militares ya que se encontraban en su casa y lo ponían en alto riesgo frente a la alta presencia de armados de otros grupos que de repente podrían llegar haciendo daño.

• El viernes 30 de noviembre de 2018, en horas del día, se percibió un fuerte enfrentamiento en la vereda La Miranda. Si bien aún no se han dado informaciones más precisas, se sabe que por las veredas La Miranda, Miramar y La Cristalina se mueven reconocidos paramilitares los cuales controlan el territorio y amenazan a los pobladores para implantar su poder.

• El lunes 3 de diciembre de 2018, la Juez Segunda Promiscua de Apartadó, MARIELA GÓMEZ CARVAJAL, ordenó el arresto de nuestro Representante Legal GERMÁN GRACIANO POSSO, además de imponerle una multa pecuniaria, por no acatar una Acción de Tutela interpuesta por la Brigada XVII del Ejército contra nuestra Comunidad de Paz, en la cual le ordenaba retractarse y retirar de la página web las constancias históricas que como Comunidad hemos puesto a conocimiento del país y del mundo, denunciando las agresiones, atropellos, violaciones de nuestros derechos y de nuestra dignidad humana.

Si la Comunidad recurrió al medio de las CONSTANCIAS HISTÓRICAS, fue porque los otros medios de defensa de la vida y de la dignidad resultaron totalmente ineficaces y contraproducentes. La Comunidad tuvo que invocar la Objeción de Conciencia, fundada en el Artículo 18 de la Constitución de Colombia, cuando después de 8 años de recurrir a lo que en Colombia llaman “justicia”, no solamente no logró ninguna justicia sino que se encontró cara a cara con la más horrenda corrupción e impunidad. Acudió también al Derecho de Petición previsto en la Constitución para exigirle a los Presidentes que cumplan con su obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos (artículo 188) y tampoco los Presidentes quisieron dar garantías a nuestras vidas, dignidad y derechos: se hicieron los sordos y los ciegos y sus secretarias jurídicas (como la hoy “magistrada constitucional” Cristina Pardo) alegaron que brindar garantías no era de la competencia del Presidente. Acudimos también a tribunales internacionales, pero allí pasan décadas y décadas en trámites sin solucionar nada. Lo único que nos quedó como protección fue acudir a las Constancias Históricas para que el país y el mundo conocieran lo que estamos sufriendo día a día como violación de nuestros derechos y dignidad. Ahora los militares, quienes han estado detrás de la mayoría de los más de mil crímenes de lesa humanidad que hemos sufrido, quieren taparnos la boca, silenciarnos, amordazarnos; quieren que el mundo no se entere de sus horrores y complicidades; dicen que eso “daña su imagen”, pero no es nuestro clamor el que daña su imagen sino los hechos que ellos cometen que nos hacen pedir a gritos compasión y solidaridad. Son sus hechos y conductas los que dañan su imagen y no nuestros gritos de dolor.

Los militares quieren castigarnos por “desacato” a una orden de mordaza que no sólo es antiética sino criminal y que en conciencia no podemos acatar. Acatarla sería ser cómplices de los victimarios que nos hostigan, persiguen y pisotean nuestros derechos; sería convertirnos en masoquistas, en personas que aceptan dejarse destruir y exterminar sin protesta ninguna. Las personas sensatas saben que esa actitud sería absurda de nuestra parte. En conciencia no podemos acatar la mordaza, la complicidad con el encubrimiento de los crímenes, el silencio frente a los horrores. Nadie, con un mínimo de sensatez y de humanidad puede acatar esa absurda tutela.

Pero además: ¡qué ironía! Esos militares que hoy nos acusan de no acatar la mordaza infame con que quieren silenciar nuestro derecho a exigir respeto a la vida y a nuestra dignidad, ellos mismos son campeones del desacato: han desacatado por más de 10 años las órdenes de la Corte Constitucional (teóricamente la más alta Corte del Estado) que les ha ordenado entregar los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando de todos los oficiales, suboficiales, soldados y policías que estaban presentes en los sitios, fechas y horas en que fueron perpetrados centenares de crímenes de lesa humanidad contra nuestra Comunidad de Paz. No le han obedecido a la más alta Corte (Sentencia T-1025/07; Auto 164/12 y Auto 693/17) incluso cuando la Corte les ha reiterado sus órdenes y les ha dado plazos perentorios, ellos no han obedecido; es un desacato persistente, contumaz y desafiante, y, sin embargo, siguen creyendo que son “legales”, que están cubiertos por la “legalidad”. ¡Qué ceguera!

Hay ironías torturantes: a nuestro Representante Legal GERMÁN GRACIANO POSSO, a quien ahora ordenan arrestar por “desacato” a semejante inmoralidad, le han asesinado 17 familiares, entre ellos su padre, sus hermanos, tíos, primos y otros parientes; el pasado 29 de diciembre llegaron a matarlo y, gracias a Dios, miembros de nuestra Comunidad lograron inmovilizar y desarmar a los asesinos, pero el mismo juzgado que hoy lo quiere arrestar, dejó libres a los asesinos alegando que se habían violado sus derechos (sólo pudo ser violado “su derecho a matar”) y al tiempo abrió un proceso contra nuestra Comunidad por “secuestrar” a los asesinos. No cabe duda, pues, que, para la juez, a los asesinos se les debió permitir matar y nuestra Comunidad debió dejar matar a nuestro Representante Legal. ¿Qué otra interpretación cabe allí? Pero a Germán lo tienen amenazado de muerte de manera insistente: familiares de los asesinos de diciembre han acudido a pobladores de San José para insistirles en que antes de terminar este año Germán tiene que haber muerto. Quizás la Juez quiere ahora arrestarlo en un sitio donde más fácilmente lo puedan matar. Todos esos crímenes están en absoluta impunidad ya que el Estado colombiano ha desacatado los clamores por justicia, no solo de nuestra Comunidad de Paz, sino de organismos y tribunales internacionales, de parlamentos e instituciones humanitarias mundiales, de personalidades y comunidades solidarias de numerosos países. Nuestro Estado desacata todos los clamores por la justicia; basta ver el horror que vivimos ahora: centenares de líderes sociales asesinados y el Estado se desentiende de esa criminalidad galopante; no quiere actuar; la única respuesta a todo este horror es la impunidad. Sólo le interesa amordazar a los que clamamos por algo de justicia y protección. Nuestras últimas peregrinaciones nos han evidenciado que el Estado no quiere actuar ni de lejos para proteger a nuestra Comunidad: los paramilitares han estado armados y uniformados en la mismas fincas donde los encontramos hace 8 meses, protegidos por una fuerza pública que los llama “primos” y departe con ellos y sólo quiere destruir a quienes señalan la aberración de su control social y territorial.

Con esta orden de arresto y de multa la Juez Mariela Gómez Carvajal se inscribe en la larga lista de operadores judiciales que persiguen a las víctimas y defienden a los victimarios, digna de ocupar un sitial en la vergonzosa galería incluida en nuestro derecho de petición a las altas Cortes del Estado (19 de enero de 2009) donde demostramos cómo ningún principio rector del procedimiento penal es respetado sino vergonzosamente pisoteado. ¡Qué dolor de país!

Por todas estas razones no callaremos ante los atropellos a los cuales somos sometidos cada día que pasa y todo por querer ser un modelo de vida y de comunidad donde no se toleren armas letales ni convivencia alguna con quienes las manejan para destruir vidas humanas, sean las nuestras o las de los campesinos de nuestro entorno.

Agradecemos una vez más a todas las personas que han escuchado nuestros clamores desde nuestra impotencia, ya que lo único que nos queda es dejar constancia de nuestros sufrimientos ante el país y el mundo, en este océano infinito de impunidad y corrupción, pero también de eso nos quieren despojar y reducirnos al silencio con tan absurdas tutelas.

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve nuevamente en la necesidad

de dejar constancia ante el país y el mundo de las agresiones y violaciones graves de sus

derechos perpetradas en las últimas semanas:

En las ultimas semanas nos han llegado informaciones de amenazas de muerte a

pobladores de la zona por no querer pagar impuestos o vacunas obligatorias a los

paramilitares que se encuentran hoy controlando territorio de san José de Apartadó.

De la misma manera las amenazas en contra de los defensores y defensoras de Derechos

Humanos continúan, pues ya son muchas las personas campesinas que en estos 21 años

de Comunidad de Paz se han tenido que desplazar a otras regiones del país por

amenazas del paramilitarismo, al igual que muchos funcionarios de la Defensoría del

Pueblo que por múltiples amenazas se han estado retirando de la región para salvar su

vida a falta de garantías frente a las graves amenazas que han hecho que tengan que

abandonar la zona.

Ya son muchos comentarios que se escuchan en la zona de que se acercan las

guerrillas del Ejercito de Liberación Nacional ELN los cuales están llegando por muchos

lugares de la región, lo que significa mas conflicto armado y muerte para el

campesinado, pues ya se encuentra posesionado en este territorio las Autodefensas

Gaitanistas de Colombia AGC los cuales están amenazando y controlando por la fuerza

al campesinado que es el que al final sufre las consecuencias de la guerra. Nuestra

Comunidad de Paz siempre rechazará y dejará en constancias publicas el accionar

criminal de cualquier grupo armado ya sea legal o ilegal que llegue a nuestra región a

desangrarla con su control perverso, pues es por esa misma razón que no paramos de

denunciar públicamente de que hay un paramilitarismo que ya hace lo que le da la gana

en nuestro territorio y ninguna institución competente hace nada para parar todo esto.

Los hechos de los cuales dejamos constancia son.

* El viernes 14 de septiembre de 2018, un grupo grande de paramilitares hizo presencia

en las veredas Arenas, Mulatos y La Esperanza, y según se comentó entre los pobladores,

custodiaban a un alias “Pueblito”.

* El sábado 15 de septiembre de 2018, se realizó una fiesta en la vereda Arenas Altas, en

la cual estuvieron presentes 6 reconocidos paramilitares, entre los cuales estaban alias

“Caballo” y alias “Majute”.

* El Domingo 23 de septiembre de 2018, según los pobladores, llegó a la vereda La

Resbalosa un grupo de 200 paramilitares, quienes traían consigo muchas mulas y las

soltaron sin permiso para que consumieran el pasto de las fincas de los campesinos.

* El sábado 29 de septiembre de 2018, en horas del día fue amenazado el Defensor del

Pueblo y Analista del SAT para la región de Urabá, el cual recibió en su teléfono

institucional amenazas que lo obligaron a un desplazamiento forzado para proteger su

vida, pues no se le proporcionaron las medidas de protección mas adecuadas para su

situación y que le permitieran mantenerse en la región.

* El martes 09 de Octubre de 2018, en horas del día, cuando un grupo de integrantes de

nuestra Comunidad de Paz estaba llegando a la la vereda Arenas Altas, se pudo

comprobar que personas extrañas habían invadido nuestra propiedad privada y se

habían establecido en uno de nuestros terrenos comunitarios, siendo reconocibles entre

los invasores varios paramilitares.

* El domingo 28 de octubre de 2018, varios paramilitares estuvieron acercándose a los

espacios de la Comunidad de Paz en La Unión.

* El sábado 03 de Noviembre de 2018 fue amenazado un poblador de la región por

paramilitares quienes lo buscaron en horas de la noche en su casa, por lo cual se vio en

la necesidad de huir para salvar la vida.

* El martes 13 de Noviembre de 2018, a las 13:31 horas llegó a nuestra Comunidad de

Paz una nueva citación judicial para obligarnos, como Comunidad, a retractarnos de los

llamados que hemos hecho a las personas solidarias que, en el país y el mundo, aún

conservan principios éticos, para que nos ayuden a resistir ante las agresiones y

violaciones graves de nuestros derechos que continuamente estamos sufriendo, de parte

de unas estructuras armadas y criminales que en más de 21 años han demostrado que

gozan de la tolerancia, aquiescencia, apoyo y complicidad de las instituciones del Estado,

especialmente de aquellas que tienen la misión de defender a los ciudadanos de la

violación de sus derechos.

En los absurdos textos recibidos del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de

Apartadó, la Juez y la Brigada XVII afirman que los militares demandantes (brigada y

batallones) se encuentran “en estado de indefensión” ante la Comunidad de Paz. No

entendemos si es que quieren hacer una broma con tan desproporcionada ironía, mofa

y sarcasmo: unidades militares con miles de armas modernas, tanques, helicópteros,

transportes sofisticados y medios de comunicación de últimas tecnologías, se sienten

desprotegidos ante una Comunidad de campesinos que se configuró justamente en el

rechazo a todo tipo de armas; que vive en la pobreza y que nunca ha querido ser

protegida por el poder judicial ni por los demás poderes del Estado, pues todos sus

clamores y derechos de petición han sido ignorados durante más de dos décadas. Todo

esto nos demuestra que el lenguaje ha llegado a tales niveles de confusión e insensatez

que ya nadie entiende nada.

Pero, ¿qué es lo que quiere la Juez? ¿Qué nos callemos? ¿Qué nos dejemos masacrar,

torturar, violar, calumniar, desplazar, estigmatizar y no digamos nada? ¿Que nos

dejemos tratar como trapos de sacudir y no abramos la boca? ¿Qué nos aguantemos

todas las atrocidades que quieran hacer con nosotros y guardemos silencio? ¿Cómo

puede un país soportar a jueces que obligan a las víctimas a guardar silencio? Hasta el

más ignorante entiende que una tal juez no tiene ética; no tiene sentido de humanidad;

no conoce los principios que están en las raíces de las leyes. ¡Pobre país nuestro¡ ¡A qué

abismos de irracionalidad hemos llegado¡

Pero la juez y los mismos militares abundan aún más en lo vergonzoso: se atreven a decir

que si tenemos pruebas de los atropellos, las llevemos a la Fiscalía y a las mismas

guarniciones militares. Por Dios¡ Parece que ignoraran que así lo hicimos durante

muchos años y sólo encontramos impunidad y corrupción. ¿Quieren afirmar que aunque

comprobemos que la corrupción y la impunidad son los resultados, debemos continuar

en el mismo camino? Quieren aconsejarnos que continuemos insistiendo en lo que no

sirve y que además nos daña? No podremos agradecerles consejos tan malignos.

Además ¿a quién se le ocurre que una institución es apta para investigar y juzgar los

crímenes de sus mismos integrantes? La humanidad ha comprobado que esto es

imposible. Si los militares quieren comprobar lo que ellos mismos han hecho, pueden ir

a la Corte Penal Internacional y allí encontrarán abundante material que durante estas

dos décadas hemos enviado allí, intentando tocar otras puertas por donde pudiera

asomarse algo de justicia.

Nuevamente agradecemos a todas las personas que han escuchado nuestros clamores

desde nuestra impotencia, ya que lo único que nos queda es dejar constancia de nuestros

sufrimientos ante el país y el mundo, en este océano infinito de impunidad y corrupción,

pero también de eso nos quieren despojar y reducirnos al silencio con tan absurdas

tutelas.

Ante las últimas agresiones del Estado contra nuestra Comunidad de Paz, consideramos importante reafirmar realidades y principios que fundamentan nuestras búsquedas de justicia y dignidad.

Los sectores conscientes del país y de la comunidad internacional conocen las formas de genocidio a que hemos sido sometidos desde que nos atrevimos a decirle NO la guerra y a la violencia. Los esfuerzos de muchos años para intentar que lo que en Colombia se llama “justicia” actuara eficazmente, fueron siempre frustrados. Centenares de denunciantes y declarantes de nuestra Comunidad eran inmediatamente amenazados, no pocos asesinados y otros obligados a desplazarse o estigmatizados o judicializados mediante horribles montajes. Todo nos fue mostrando que el victimario salía siempre triunfante, protegido por una impunidad a toda prueba que contaba con el aporte activo o pasivo de las diversas instituciones del Estado y que la víctima entraba forzosamente a un camino de re-victimizaciones sin fin. Esa experiencia de muchos años nos llevó a la Objeción de Conciencia y a la ruptura con ese tipo de “justicia” que de justicia nada tenía. Ante semejante desprotección y conscientes de que el silencio y la resignación equivalían a nuestra destrucción total, acudimos al sistema de las constancias históricas y públicas, como un clamor a las franjas verdaderamente humanas del país y del mundo, para que con su solidaridad y su protesta protegieran nuestra vida y dignidad, ya que el Estado no la protegía sino que buscaba a toda costa destruirla.

Si en esas constancias públicas aparece de manera casi permanente un victimario de varias cabezas, es porque así lo hemos conocido, experimentado y sufrido en carne propia, en vivo y en directo. Los varios millares de crímenes de lesa humanidad de los que hemos sido víctimas y que hemos relacionado ante tribunales internacionales, han sido perpetrados por la alianza entre fuerza pública y paramilitares, una alianza que cubre al menos las dos décadas de nuestra existencia comunitaria y no ha habido poder humano que obligue a ese victimario de varias cabezas a dejar de violar nuestros derechos. El paramilitarismo, como su mismo nombre lo indica, es una entidad incrustada de una u otra manera en las prácticas militares y policiales, y si bien en el pasado y hasta hace muy poco se caracterizaba más por políticas activas de conjunción, en el último período ha dado primacía al apoyo pasivo y omisivo, no menos grave que el activo, y quizás más grave al darle más campo de acción a la franja ilegal que se sitúa fuera de todo control, de toda legalidad y de toda ética.

Hubo fiscales, vice-fiscales, directores de fiscalías y fiscales delegados quienes recibieron centenares de denuncias de crímenes horrendos bien documentadas y las engavetaron inmediatamente sin darles ningún trámite. Uno de ellos, el Sr. Luis González, aún hoy ocupa un alto puesto en la Fiscalía General de la Nación. Hubo procuradores, como el reelegido fraudulentamente, Ordóñez Valderrama, quien jamás quiso darle trámite a denuncias de nuestra Comunidad, alegando que no tenían los mínimos elementos de circunstancias de tiempo, modo y lugar, a pesar de que siempre aportábamos nombres, fechas, horas, y sitios precisos de los crímenes. Ha sido de plena evidencia que el Estado protege con la omisión de todas sus instituciones la impunidad de ese victimario de varias cabezas incrustado en su propia institucionalidad.

Cuando tuvimos acceso a los expedientes concretos, descubrimos que los que se llamaban “agentes judiciales” desconocían numerosos principios de la Constitución y principios rectores del procedimiento judicial, como los principios de legalidad, de imparcialidad, de igualdad ante la ley, de separación de poderes, de independencia, de habeas data, de debido proceso, de consistencia probatoria etc. Todo esto, plenamente documentado y con los nombres de numerosos funcionarios corruptos, se lo presentamos a todas las altas Cortes del Estado el 19 de enero de 2009 en una amplio derecho de petición, para que se hiciera una depuración y corrección a fondo, pero no fuimos escuchados y creemos que en los magistrados predominó el miedo a represalias de quienes detentan los poderes de facto.

En toda esta búsqueda hemos sido presionados para que volvamos a llevar los casos al aparato judicial o disciplinario del Estado, presentando denuncias, rindiendo declaraciones y aportando pruebas. Sin embargo, fuera de la experiencia de dos décadas que nos siembra profunda desconfianza porque no vemos sensibilidad alguna en los funcionarios frente a los crímenes que nos destruyen ni voluntad alguna de hacer justicia, hemos comprobado además que la “justicia” vigente se apoya exclusivamente en testimonios y que el testimonio ha llegado a ser, en lugar de prueba judicial, una mercancía. Es manipulado, comprado o vendido con gran facilidad.

¿Cómo podemos probar que los paramilitares trabajan unidos con los militares? En nuestra terrible realidad, todas las semanas y por todas las veredas, los paramilitares nos están repitiendo que todo lo tienen arreglado y coordinado con el ejército para destruirnos y muchos soldados están afirmando al mismo tiempo por las veredas que ellos tienen orden de no perseguir a los paramilitares porque son sus amigos y colaboradores. Pero si esto lo declaramos en una fiscalía o en un juzgado, sabemos de sobra que, en lugar de servir para frenar la persecución va a servir para todo lo contrario: para que estigmaticen y amenacen al denunciante o declarante. Le van a exigir que “compruebe” lo que está diciendo; que muestre un video o una grabación o dé el nombre concreto y el código militar del soldado que lo dijo y presente a muchos testigos de que lo dijo, todo lo cual, en nuestras circunstancias, es imposible. Los militares ocultan sus códigos y nombres y decomisan enfurecidos las cámaras o celulares que pretenden registrar sus delitos. Entonces lo que ocurre es que el fiscal archiva el caso inmediatamente por “ausencia de pruebas” y el declarante queda en la “lista negra” de amenazados. Y a pesar de todo ello, la Comunidad amontona semana tras semana multitud de amenazas “que no se pueden probar”; multitud de agresiones y atropellos “que no se pueden probar”. Nunca autoridad alguna accede a verificar las denuncias “in situ” y con técnicas que no prevengan a los victimarios. En el mejor de los casos le piden al mismo ejército que haga un operativo en la zona de la denuncia, pero lo hace con todas las precauciones para que ya los victimarios se hayan ido o escondido, sin tener en cuenta que pedirle a la institución victimaria que investigue el crimen es algo no sólo inútil sino algo anti-jurídico y anti-ético. Lo máximo que se hace es un show mediático, como los que se han hecho en los últimos meses en Rodoxalí y en la Cristalina, donde los victimarios van en helicópteros con autoridades civiles y periodistas para entrevistar a campesinos cooptados o amedrentados de antemano que declaren ante las pantallas que las denuncias son falsas.

Nuestra Comunidad se ha visto ante el dilema de dejarse aplastar por la inviabilidad de la “justicia” institucional o apoyarse en el valor tradicional de transparencia de la palabra campesina y buscar articularla con la transparencia de aquellos que nos conocen directa o indirectamente a través de nuestros sufrimientos y nuestros sueños y se solidarizan con nosotros en el clamor ético por una justicia elemental. De allí que hayamos recurrido a la CONSTANCIA HISTÓRICA ANTE EL PAÍS Y EL MUNDO, haciendo caso omiso de una “justicia” que se nos ha revelado inaccesible y corrupta en 22 años de búsqueda.

La constancia histórica se funda en el derecho primario y democrático a la comunicación; está refrendada por las declaraciones universales y regionales de los derechos humanos; reforzada por documentos de las Naciones Unidas, como la Resolución de la Asamblea General del 8 de marzo de 1999 (A/RES/53/144), y representa el clamor más elemental de las víctimas al país y al mundo para no dejarse destruir, frente a acciones sistemáticas que se han prolongado durante 22 años y que son violatorias de todos los tratados internacionales de derechos humanos y de la más elemental dignidad humana.

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve nuevamente en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo de las agresiones y violaciones graves de sus derechos perpetradas en los últimos días:

• El domingo 16 de septiembre de 2018, alias “RENÉ”, ex combatiente del Frente 58 de las FARC, llegó al estadero de Caracolí, muy cerca del asentamiento de San Josesito de nuestra Comunidad, y ante muchos testigos afirmó que comenzaba a actuar como “Comandante Paramilitar de la zona”.

• El martes 18 de septiembre de 2018 los paramilitares convocaron a una reunión en la vereda La Cristalina y le exigieron a todas las familias y personas empadronarse pare ellos tener control de sus actividades. Un joven de la familia Guisao se negó a inscribirse y a participar en las actividades paramilitares y se retiró de la reunión, siendo luego amenazado.

• El jueves 20 de septiembre de 2018, un reconocido paramilitar integrante de la familia Cardona de la vereda La Cristalina, visitó a un líder de la Comunidad de Paz y le comentó que ya era una decisión irreversible de los paramilitares eliminar, antes de que termine el año 2018, a tres líderes de la Comunidad de Paz: GERMÁN GRACIANO, representante legal de la Comunidad; GILDARDO TUBERQUIA, miembro del Consejo Interno y coordinador de la Aldea de Paz de Mulatos Medio, y HUGO ALBERTO MOLINA, integrante de la Comunidad. Afirma que ya han realizado una intensa labor de inteligencia sobre ellos y conocen sus trabajos y rutas de desplazamiento, así como los medios de protección con los cuales cuentan, que son solamente acompañantes internacionales quienes no cargan ningún arma, “ni siquiera un cuchillo”. Según el paramilitar, este será un medio para eliminar progresivamente la Comunidad de Paz.

• El mismo jueves 20 de septiembre de 2018, fue retenido en la carretera entre Apartadó y San José, en un retén móvil, el paramilitar JOHN EDISON GÓEZ alias “El Pollo”, pero dejado inmediatamente en libertad.

• El sábado 22 de septiembre de 2018 los paramilitares convocaron a una fiesta en la vereda La Unión, a la cual asistieron reconocidos paramilitares y consumieron gran cantidad de licor, improvisando una caseta sobre la plataforma donde se levantaba el quiosco comunitario, al lado del memorial de las víctimas de la masacre del 8 de julio de 2000, ocasión en la cual el ejército y los paramilitares ejecutaron a 6 líderes de la Comunidad de Paz. Esto fue visto como un sacrilegio por los miembros de la Comunidad, pues era una evidente profanación de la memoria de sus mártires y una manera de pisotear la causa por la cual ellos entregaron sus vidas.

• El domingo 23 de septiembre de 2018 varios paramilitares estuvieron acercándose a los espacios de la Comunidad de Paz en La Unión.

• El martes 25 de septiembre de 2018, un militar acompañado de un civil desconocido, se acercaron al asentamiento de San Josesito, de la Comunidad de Paz, incursión que se consideró como un espionaje, dado el intenso ambiente de amenazas que se vive.

• En la primera semana de octubre de 2018, reconocidos paramilitares que hicieron presencia en el caserío de San José, entre ellos los hermanos CARDONA BORJA, comentaron con pobladores del corregimiento que la incursión y atentado del pasado 29 de diciembre había tenido como objetivo central eliminar a GERMÁN GRACIANO POSSO, representante legal de la Comunidad de Paz y que también están en la mira GILDARDO TUBERQUIA, miembro del Consejo Interno y coordinador de la Aldea de Paz de Mulatos Medio y JESÚS EMILIO TUBERQUIA, anterior representante legal. Afirmaron también que ellos (los paramilitares) han ido perfeccionando sus redes de espionajes y seguimientos de los que van a matar, no sea que vuelvan a fallar como el 29 de diciembre. Según ellos, tienen gente dedicada a seguimientos y espionajes.

• El viernes 12 de octubre de 2018, apareció muerto en la vereda La Esperanza, en el espacio de la Comunidad de Paz, el integrante de la Comunidad FRANCISCO LUIS POSADA ÚSUGA. Dado lo extraño de las circunstancias de su muerte, la Comunidad, a través de la Defensoría del Pueblo, solicitó la presencia de autoridades encargadas del levantamiento de cadáveres, pero no quisieron hacerse presentes, alegando que no había “condiciones de seguridad”.

• El viernes 5 de octubre de “dos mil diecisiete” (sic), en realidad 2018, fue emitido un fallo por la Juez MARIELA GÓMEZ CARVAJAL, del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Apartadó, en el cual “tutela los derechos a la honra y buen nombre del personal militar de la Décimo Séptima Brigada” ordenándole a nuestra Comunidad de Paz “rectificar la información publicada ..” en las 8 últimas constancias de la Comunidad aparecidas en su página web.

En tan antijurídico fallo, la Juez llega a afirmar que la Brigada XVII “se encuentra en estado de indefensión”. Cita artículos de la Constitución que están enfocados a favorecer y proteger a la población civil eventualmente victimizada por el ejército, como el Art. 2 que establece que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”, y el Art. 20 que garantiza “a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones e informar y recibir información veraz e imparcial y fundar medios masivos de comunicación. Hace también referencia al derecho a la rectificación, el cual procede “cuando se ha difundido una información que no corresponde a la verdad”.

Al parecer, la Juez no tomó en la cuenta que el poder institucional e intimidatorio de un cuerpo armado, como el ejército, jamás podría confrontarse con una comunidad carente de por sí de poder, y más cuando ha denunciado ya varios millares de agresiones, violencias, persecuciones y hostigamientos por parte del Estado y de cuerpos armados que gozan de su protección. Tampoco toma en cuenta la Juez el hecho de que el ejército hace parte de las “autoridades de la República”, estatuidas para proteger los derechos ciudadanos y no para violarlos. Tampoco toma en cuenta que la Constitución garantiza la libre expresión, información y difusión veraz e imparcial y que si considera que no es veraz ni imparcial tiene que probarlo y no basarse justamente en la opinión de quienes son cuestionados por sus agresiones graves, persecuciones y omisiones de consecuencias fatales.

La Juez afirma que si la Comunidad “tiene certeza de las publicaciones que ha hecho, tiene el deber de interponer las correspondientes denuncias ante las autoridades competentes y no sembrar en los ciudadanos un dejo de suspicacia y de desconfianza sobre dicha institución”. Todo muestra que la Juez tiene un grado extremo de desconocimiento sobre lo que es y hace la “justicia colombiana”. Aquí cabría la expresión de Cristo frente a sus victimarios: “Perdónale, Señor, porque no sabe lo que hace”. Parece ignorar los extremos niveles de impunidad y de corrupción de la “justicia”, situación que fuerza a muchas conciencias rectas a no colaborar con ella. Y además, sembrar suspicacia y desconfianza sobre una institución que ha destruido tantas vidas humanas con tanto exceso de crueldad, no es hacerle un mal a la sociedad sino todo lo contrario: es propender por la defensa de las vidas y alertar a los ciudadanos para evitar la destrucción de más vidas y la negación de sus derechos.

Pero si algo desconoce la Juez más radicalmente es la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas (A/RES/53/144 del 8 de marzo de 1999). En dicha Declaración se afirma el derecho a comunicarse con organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales (art. 5 c) las cuales son justamente las destinatarias de las Constancias de la Comunidad de Paz. Se afirma también el derecho a “publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y libertades fundamentales” (art. 6 b) y a “estudiar y debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan, tanto en la ley como en la práctica … a señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto de esos medios y de otros medios adecuados” (art. 6 c) Establece además que “Nadie participará, por acción o por el incumplimiento del deber de actuar, en la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y nadie será castigado ni perseguido por negarse a hacerlo”(art. 10), artículo que condena la acción y omisión de los militares que violan los derechos humanos y protege la negativa de la Comunidad a ser cómplice, por el silencio o por la omisión de denuncia, dada la consciencia y experiencia de la inutilidad de la denuncia institucional. Este derecho lo refuerza aún más el art. 12 al establecer que “toda persona tiene derecho, individual y colectivamente, a una protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los Estados, que causen violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a actos de violencia perpetrados por grupos o particulares que afecten el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

La injustificable y enorme ignorancia de la Juez GÓMEZ CARVAJAL en materia de derechos humanos, quizás se hubiera menguado un poco si hubiera hecho un mínimo esfuerzo por averiguar si lo que dice nuestra Comunidad en sus CONSTANCIAS es cierto o tiene algún fundamento; si hubiera rastreado de alguna manera las varias sentencias de la Corte Constitucional en favor de la Comunidad de Paz, así como las Resoluciones y audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus llamadas de atención al Estado colombiano, y si hubiera examinado, así fuera someramente, los Autos de la Corte Constitucional en favor de la Comunidad de Paz y los censurados desacatos a las órdenes de la Corte Constitucional por parte del Ministerio de Defensa y de la Brigada XVII.

Toda esa ignorancia e irracionalidad nos revela, desgraciadamente, las fallas profundas de un Estado hundido en la corrupción y en multitud de prácticas anti-humanas.

Lo más grave de esto es que, luego de agredir y desconocer tantos derechos de nuestra Comunidad de Paz durante 22 años, ahora el Estado busca bloquear el derecho a la denuncia, pues el ejército con su tutela y la juez con su fallo están diciendo en la práctica: dejen de denunciar; déjense destruir; no se comuniquen más con quienes los pueden apoyar desde su fuerza ética y moral ya que la justicia no funciona.

Un juez de Apartadó le informó en estos días a nuestra Comunidad de Paz, que la Brigada XVII del ejército puso una Acción de Tutela contra nosotros, alegando que nuestras constancias lesionan su honra y buen nombre. El Juez, en lugar de ponerse en el lugar de las víctimas de los crímenes militares, prefirió jugar el juego que los armados le propusieron: hacer de cuenta que las víctimas son las escopetas y no las palomas. Y actuó en consecuencia, aceptando la tutela. ¿En qué país vivimos, Dios nuestro?

Puesto que se nos pide introducirnos en un proceso judicial, una vez más invocamos nuestra Objeción de Conciencia, apoyados en el Artículo 18 de la Constitución Nacional.

Durante los primeros 8 años de nuestro proceso creímos en las instituciones; acudimos a ellas intensamente; urgimos la apertura de investigaciones a montones frente a los centenares de crímenes que nos dejaban deshechos; rendimos declaraciones en fiscalías y juzgados por cantidades; acudimos a tribunales internacionales; inundamos de derechos de petición los despachos presidenciales clamando con urgencia medidas de protección. Nunca fuimos escuchados. Perdimos tres centenares de compañeros y compañeras abatidos por las muertes más crueles e ignominiosas y precisamente por meternos tan de lleno en la exigencia de justicia, conocimos a fondo la podredumbre que había en esas instituciones. Tuvimos en las manos las fotocopias de muchos procesos y comprobamos en directo los montajes que se urdían en la Brigada XVII, usurpando el poder judicial, inventándose falsas acusaciones a fuerza de torturas, chantajes y sobornos, todo tejido en purulentas redes de corrupción entre militares, policías, fiscales, jueces, procuradores, defensores, magistrados y detectives, lo cual nos produjo náuseas morales y la decisión irrevocable de no volver a colaborar con esa podredumbre que se hace llamar “justicia”. Lo que nos quedó totalmente claro era que nuestras conciencias no nos permitían seguir relacionándonos con esa perversidad. Por eso hicimos LA RUPTURA.

También recogimos procedimientos depravados y nombres de funcionarios envilecidos por la corrupción y, en un gigantesco derecho de petición, el 19 de enero de 2009 le presentamos todo eso a todas las altas Cortes del Estado para que declararan un “estado de cosas inconstitucional en Urabá”, pero desgraciadamente los magistrados de las altas Cortes se echaron para atrás, frente a una tarea que seguramente les habría acarreado multitud de venganzas y quizás atentados y muertes.

El Estado lo ha intentado todo para destruirnos: desde nuestro nacimiento como Comunidad de Paz, el 23 de marzo de 1997, lo primero que intentó fue eliminarnos físicamente. Asesinó a centenares de compañeros y compañeras; para ello echó mano de los “falsos positivos” con derroche de sevicia, y los militares que los ejecutaron no han sido tocados por la “justicia”. No les tembló la mano para descuartizar niños y mujeres. Planearon las masacres más horrendas y las camuflaron con informes, órdenes de operaciones y mapas adulterados, como los mismos oficiales lo confesaron bajo el peso de sus remordimientos. Violaron mujeres. Profanaron y ocultaron cadáveres. Aún nos deben a muchos desaparecidos –crímenes que no prescriben- y ojalá la JEP los obligue a devolver siquiera sus restos. Todo esto lo hicieron en una alianza a la luz del día con los paramilitares, cuyos lazos con ellos son de muy larga data. Recordamos haberlos visto muchas veces cocinando juntos el almuerzo y ellos mismos son los que hoy nos repiten, todas las semanas, en las veredas donde tratan de humillarnos, que todo está coordinado con sus “primos”: los militares.

Como no nos pudieron matar a todos porque varios gobiernos y comunidades internacionales se les pusieron de frente y los censuraron moral y políticamente, entonces buscaron degradarnos. Se aliaron con medios perversos de comunicación para que nos publicitaran a todos los vientos como aliados y colaboradores de la guerrilla. Con ese falso título, que contradecía en su núcleo lo que buscamos al alejarnos de toda colaboración con la guerra, encarcelaron a multitud de campesinos inocentes, llevándolos primero a la Brigada para confeccionar el montaje, el cual era aceptado de antemano por los corruptos fiscales y jueces. A otros con el mismo montaje los mataron en falsos combates y vistieron sus cadáveres con uniformes camuflados. Todos esos expedientes están por reabrir para sacar a la luz su podredumbre. La Corte Constitucional en un momento nos dio la razón y aceptó que se formara una Comisión de Evaluación de la Justicia (Auto 164 de 2012) pero los mismos delegados de otras instituciones participantes se encargaron de boicotear su desarrollo. Hay allí una tarea histórica ineludible y un deber sagrado para con la humanidad y para con la dignidad de las víctimas.

No les bastó eliminar a una parte importante de nuestra Comunidad. Como siempre han querido destruirnos radicalmente, se propusieron durante varios años matarnos por hambre. En los retenes nos robaban toda la comida que traíamos y a algunos los mataron en la misma carretera al quitarles sus mercaditos. Mataron a 4 conductores para aterrorizar a los demás conductores y lograr que nadie subiera alimentos. Luego mataron a los tenderos del caserío y a los tenderos de la carretera. Les quemaron los cultivos a las viudas y recorrieron fincas destruyendo cultivos y robando mercados y animales. Sin embargo, tampoco pudieron exterminarnos por hambre.

En un posterior esfuerzo, la Brigada ha tratado de cooptar a las organizaciones campesinas y meterles en su cabeza la idea de que nuestra Comunidad es enemiga del progreso y del desarrollo, por el hecho de no estar de acuerdo en que las carreteras las construyan los paramilitares y que todo el territorio se ponga al servicio de la minería y de la ganadería, empresas que acaban con la cultura campesina y arruinan el medio ambiente. Nos han estigmatizado y ahora impulsan el robo de nuestros predios donde hemos organizado nuestra subsistencia y la de la generación que se levanta. Ya no saben de qué nuevas estrategias echar mano para destruirnos.

Ahora buscan aliarse con el poder judicial para empujarlo a decisiones absurdas y perversas. Lograron que el 30 de diciembre pasado un juez dejara en libertad a quienes iban a asesinar a varios de nosotros, y si no lo hicieron, fue porque varios de nuestra Comunidad se lanzaron a tiempo a inmovilizarlos y desarmarlos. El juez juzgó que ese tipo de retención era ilegal y violatoria de sus derechos. Lo único que cabe pensar es que el juez les reconocía un extraño “derecho a matar” y a la Comunidad le exigía un extraño “deber de dejarse matar”.

Ahora ocurre algo muy similar: el juez cree que el buen nombre y la honra que hay que preservar es la de los victimarios y que a las víctimas hay que imponerles la obligación de callarse, de no denunciar, de dejarse exterminar. Ya hemos llegado, pues, al fondo del absurdo.

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de compartir

nuevamente con el país y el mundo las situaciones de agresión que nos afectan y

que implican violaciones graves de los derechos humanos y ciudadanos y ponen en

cuestión el respeto elemental a la misma Constitución Nacional por parte de las instituciones

que nos rigen.

En las últimas semanas nuestra Comunidad organizó varias pequeñas comisiones para

verificar la situación de veredas y territorios donde nuestra Comunidad tiene asentamientos

de sus miembros, tanto en la zona rural de San José de Apartadó como en el

municipio de Tierralta, del departamento de Córdoba. Estas comisiones recorrieron las

veredas de Baltazar, Alto Joaquín, Puerto Nuevo y el puerto de Frasquillo en Tierralta,

en una peregrinación que contó con acompañamiento internacional y nacional y del

cual también hizo parte la Defensoría del Pueblo y su Sistema de Alertas Tempranas –

SAT-. Como en todas nuestras peregrinaciones anteriores, se pudo evidenciar la alta

presencia de estructuras paramilitares que controlan la mayor parte de las veredas. En

las zonas de Córdoba estos paramilitares están impulsando un proyecto de energía

eléctrica ilegal, el cual arranca desde la vereda La Unión-Carepa, del corregimiento de

Piedras Blancas, y tienen puntos de desinformación obligatorios en casas de la población

civil. También están impulsando el arreglo de caminos reales en las veredas y allí

los paramilitares controlan todo, desde el tráfico de maderas hasta la misma fuerza

pública, pues, según los mismos paramilitares, allí el ejército nunca entra y si lo hace ya

tienen todo arreglado para que no haga nada.

Nuestra Comunidad de Paz ha tenido que sobrevivir por más 21 años en medio del

conflicto armado, en el cual hemos dejado muchas vidas en el camino por defender el

derecho a vivir en paz, pues la persecución y los señalamientos por parte del Estado

han sido permanentes y las amenazas y agresiones por parte de los paramilitares nunca

han cesado. Hemos comprobado que los grupos paramilitares no solo se mantienen

en la región sino que se han expandido cooptando a cientos de jóvenes campesinos; sus

estrategias guerreristas se han afianzado en la zona con más fuerza a partir del 2016,

cuando se firmaron los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP, por ello

nuestra Comunidad no ha cesado de dejar constancias públicas de los atropellos y

amenazas de los cuales venimos siendo víctimas por parte del Gobierno con sus estructuras

paramilitares.

Cuando nuestra Comunidad de Paz nació, en marzo de 1997, no contaba con terrenos

para trabajar y desde entonces ha venido adquiriendo algunas tierras colectivas para

consolidar nuestro proceso de autonomía alimentaria. Hoy el centro de nuestra Comunidad

de Paz se encuentra en San Josesito y lo componen dos fincas que son: La

Cooperativa Balsamar o finca La Holandita y La Roncona, las cuales fueron adquiridas

por posesión desde el año 1997, hace 21 años, cuando fueron suministradas a nuestro

proyecto de vida como una salida para poder producir alimentos para nuestras familias,

pues en aquel momento los bloqueos económicos por parte de los paramilitares no

dejaban más opciones para sobrevivir. En las últimas semanas, la agresión contra nuestra

Comunidad se ha manifestado también en intentos de quitarnos la tierra que sirve

para nuestra sobrevivencia.

Los hechos de los cuales dejamos constancia son los siguientes:

• El miércoles 29 de agosto de 2018, cuando nuestra Comunidad de Paz emprendía

una pequeña peregrinación por veredas de San José y de Córdoba, al

pasar por la vereda Buenos Aires encontramos que hacía presencia allí un contingente

de militares quienes se dieron a tomar fotografías de todos los peregrinos,

violando flagrantemente el derecho a la intimidad.

• Este mismo miércoles 29 de agosto, cuando nuestra Comisión de Verificación

avanzaba hacia la Cordillera, fue informada de que un poco antes había pasado

una tropa de paramilitares quienes iban comentando que la Comunidad de Paz

iba subiendo.

• El jueves 30 de agosto de 2018, cuando nuestra Comisión de Verificación transitaba

por la vereda Baltazar del municipio de Tierralta, Córdoba, se pudo evidenciar

que allí hay una fuerte presencia paramilitar, pues pudimos observar

hombres armados, algunos uniformados y otros de civil, que intentaron parar

por la fuerza nuestra Comisión; pertenecen a las Autodefensas Gaitanistas de

Colombia –AGC- y lideran un proyecto de energía eléctrica patrocinado por estos

paramilitares, así como un proyecto de arreglo de caminos en el cual obligan

a trabajar a los pobladores.

• El sábado 1º de septiembre de 2018, nuestra peregrinación llegó al Puerto de

Frasquillo y allí se evidenció también una alta presencia de reconocidos paramilitares

en trajes civiles; al mismo tiempo se comprobó un fuerte movimiento de

hombres uniformados entre los civiles, quienes se transportan en embarcaciones

por la represa.

• El domingo 2 de septiembre de 2018, cuando nuestra peregrinación se encontraba

en la vereda Puerto Nuevo de Tierralta, Córdoba, fue informada de la

presencia de 40 paramilitares que se movilizaban por la vereda Baltazar, provenientes

del Río Manso - Alto Sinú.

• El martes 11 de septiembre de 2018, de las 19 horas en adelante, un grupo

aproximado de 70 personas, coordinadas aún no sabemos por quién, aunque

todos los indicios apuntan a los paramilitares, invadió ilegalmente una de nuestras

fincas que hace parte de nuestro asentamiento central: La Roncona. Allí los

daños que esas personas causaron fueron muy grandes porque ya había cultivos

de cacao, plátano y yuca en producción, cuyos tallos y vástagos fueron cortados

o arrancados para hacer ranchos; recientemente se había plantado un cultivo

nuevo de cacao orgánico, además de plátano, yuca y frutales, entre otros, y

todo fue destruido.

• El mismo martes 11 de septiembre de 2018, a las 19:00 horas, un grupo paramilitar

penetró en la vereda La Esperanza, donde nuestra Comunidad de Paz tiene

un asentamiento.

• El jueves 13 de septiembre de 2018, un grupo paramilitar ingresó a nuestra Aldea

de Paz Luis Eduardo Guerra, en la vereda Mulatos Medio.

• El mismo jueves 13 de septiembre de 2018, la invasión a nuestra propiedad

privada de La Roncona cesó, pues dada la presión que se manifestó desde grupos

solidarios a nivel nacional e internacional, las autoridades de policía le hicieron

ver a los invasores que estaban violando derechos fundamentales y se retiraron.

• El viernes 14 de septiembre de 2018, nuestra comunidad de paz fue informada

de un plan que tienen las juntas de acción comunal y la Asociación Campesina

de San José de Apartadó –ACASA- para invadir nuevamente nuestros predios,

ya que el municipio de Apartadó no ha cumplido las promesas de comprar terrenos

para la gente que carece de tierra.

• El lunes 17 de septiembre de 2018 pasó un grupo de 7 paramilitares uniformados

y portando armas largas, por el paraje conocido como El Barro, de la vereda

Mulatos Medio.

• El martes 18 de septiembre de 2018, fue amenazado nuevamente, GERMÁN

GRACIANO POSSO, representante legal de nuestra Comunidad, ganador en la

categoría Defensor del Año del Premio Nacional a la defensa de los Derechos

Humanos, por vía telefónica, por el paramilitar JOHN ÉDISON GÓEZ alias

“Pollo”, desde el celular 3502297376.

• La Comunidad ha sido informada en los últimos días de un plan para tomarse

nuevamente la finca La Roncona, de nuestra Comunidad, para lo cual le están

solicitando a las veredas aledañas de: La Victoria, San José, Mulatos, La Unión y

otras, que apoyen cada una con 10 invasores.

Durante estos 21 años de resistencia, nuestra Comunidad ha experimentado numerosos

intentos de exterminio, en unos períodos han decidido asesinar a un número creciente

de nuestros integrantes; como la resistencia continuaba, ensayaron los cercos de

hambre, privándonos de alimentos, robando todos los mercados y asesinando a todos

los que mantenían comercio de alimentos o ayudaban a transportarlos; como la resistencia

continuaba, ensayaron la calumnia y la difamación para tratar de deslegitimarnos

ante la sociedad; como la resistencia continuaba, ensayaron el montaje judicial y

trataron de hacernos aparecer como militantes de grupos armados y a no pocos les

armaron procesos judiciales espurios apoyados en falsos testigos; como la resistencia

continuaba, trataron de cooptar a otras organizaciones campesinas para atacarnos e

incluso las forzaron a trabajar con sus mismos victimarios; como la resistencia ha continuado,

ahora intentan apoderarse de nuestros predios de subsistencia y buscan cooptar,

bajo engaños, a las mismas organizaciones campesinas. La perversidad del sistema

que nos rige no tiene límites.

En medio de todos estos intentos de exterminio, hemos contado siempre con la fuerza

moral de quienes nos apoyan desde muchos rincones del país y del mundo. Vaya nuevamente

para todas esas personas y comunidades nuestra más profunda gratitud.

Es un predio rural ubicado en la vereda La Victoria del corregimiento de San José de Apartadó del municipio de Apartadó, que al menos se compone de dos títulos registrados en los folios de matricula inmobiliaria Nos. 008- 30275 y 008 - 32310 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Apartadó, cuya extensión conjunta mínima es de 72 hectáreas con 500 metros cuadrados.

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó como persona jurídica (entidad sin ánimo de lucro) es poseedora pacifica y de buena fe desde hace 20 años y 4 meses, ejerciendo los derechos de uso y posesión desde mayo de 1997. Dentro de sus predios ha desarrollado actividades de agricultura con cultivos temporales de plátano, banano y yuca, y desde hace 10 años con cultivos permanentes de Cacao con proceso de producción orgánica, que cuenta con registro antes entidades nacionales e internacionales de acreditación de este tipo de cultivo. Actualmente se encuentra en desarrollo proceso jurídico de pertenencia adquisitiva (usucapión) ante el juzgado correspondiente, mediante el cual se busca se reconozca el derecho de dominio (propiedad) sobre estos predios. A la fecha no se ha presentado oposición a los derechos de posesión, goce, uso y aprovechamiento del predio La Roncona por parte de la Comunidad de Paz.

Las cedulas catastrales de estos predios son 045-2-004-000-0012-00023 (La Roncona) y 045-2-004-000-0012-000238 (La Roncona 2), adscritas al Catastro descentralizado de Antioquia. Si bien dentro de la investigación de títulos, se ha evidenciado la existencia de tres predios con documentación independiente y bajo el mismo nombre, al parecer el predio con folio de matricula inmobiliaria No. 008- 30780 corresponde a un predio con igual denominación y mismos antecedentes de dominio, pero con ubicación distinta a los predios antes referidos, de lo contrario y de ser un predio colindante el total del predio La Roncona se extendería en registro a 116 Has- + 5.500 M2, y mediante antecedente escritural a una extensión de 141 Has + 5.500 M2, derivadas del proceso de adquisición al señor Darío Jaramillo. La determinación final de la extensión depende del proceso de Georreferenciación y levantamiento catastral que se realicen.

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte de los paramilitares que cada vez someten más a nuestra región al exterminio, acabando con todos los valores de la vida campesina y sometiendo al poblador civil a una cadena de agresiones que, gracias a la impunidad reinante y a la tolerancia y complicidad de las demás instituciones, en lugar de disminuirse se reactiva incesantemente.

La DENUNCIA, recurso elemental al cual nos aferramos las víctimas para proteger nuestras vidas, derechos y dignidad, ha sido molesta para los victimarios en todo tiempo. En los primeros años de existencia de nuestra Comunidad de Paz, cuando no habíamos descubierto aún la extrema podredumbre de los órganos de control del Estado, echábamos mano de la denuncia institucional, contemplada en la Constitución y las leyes, pero ella llevó siempre a la represalia contra los denunciantes, ya fuera con la muerte, la estigmatización, la judicialización o el desplazamiento forzado. Por ello rompimos con la justicia institucional pero no con la denuncia, apelando a la Comunidad Internacional, a la Sociedad Civil y a las autoridades administrativas que tienen obligaciones ineludibles de protección que nunca cumplen. Pero a medida que la denuncia presiona desde el mundo ético y político, los victimarios se desesperan y radicalizan su criminalidad. Ya no soportan siquiera la fiscalización de instituciones estatales, como LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, cuando no las pueden cooptar: el DEFENSOR COMUNITARIO DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ tuvo que irse para salvar su vida. Los paramilitares andan averiguando además quiénes de los campesinos que los ven pasar constantemente por sus caminos, los están denunciando e inmediatamente le decretan la sentencia de muerte. La lista de los condenados a muerte crece y crece.

Los hechos de los cuales dejamos constancia son los siguientes:

• El jueves 24 de mayo de 2018, en horas del día fue interceptado el Defensor Comunitario designado para San José de Apartadó, Marco Fidel Hernández, por hombres armados quienes lo amenazaron de muerte si no se iba de la región.

• El viernes 25 de mayo de 2018, a las 9:30 a. m. fue amenazada de muerte la coordinadora del partido Unión Patriótica en Apartadó, Esneda López, al tiempo que mandaron con ella nuevas amenazas de muerte contra el Defensor Comunitario para San José de Apartadó, Marco Fidel Hernández, conminándolo nuevamente a abandonar la región.

• El domingo 27 de mayo de 2018, nuevamente fue interceptado en Apartadó el Señor Defensor Comunitario Marco Fidel Hernández por hombres armados quienes lo conminaron otra vez a irse de la región o si no lo matarían. A falta de garantías mínimas para proteger su vida, tuvo que irse de la zona dejando de ejercer la misión recibida de actuar como Defensor del Pueblo encargado del corregimiento de San José de Apartadó.

• El viernes 17 de agosto de 2018, a las 8.30 a. m. pasaron 7 paramilitares portando uniformes y armas largas por nuestra Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra en la vereda Mulatos Medio. Nuevamente a las 3:30 p. m. volvieron a pasar por el mismo sitio, violando nuestra propiedad privada como Comunidad de Paz y el principio fundamental de nuestro Reglamento de no admitir armas en nuestros espacios ni convivir con ningún actor armado.

• El sábado 18 de agosto de 2018, a las 4:04 p. m. una comisión del partido Fuerza alternativa Revoluciona del Común (FARC) encabezada por señor Joverman Sánchez Arroyave, quien se hacía llamar “Manteco” en los tiempos de su lucha armadas en las FARC-EP, intentó violar nuestra propiedad privada de San Josesito de Apartadó, al penetrar sin autorización alguna con sus escoltas armados. Nuestra Comunidad de Paz rechaza este tipo de incursiones a nuestros espacios comunitarios como si fueran espacios públicos y, con más contundencia cuando se trata de pisotear nuestro primer principio como Comunidad de Paz de no admitir armas letales ni personas armadas de ningún bando. Nuestra Comunidad de Paz siempre ha dejado claro que a toda persona que hace parte de grupos armados o porta armas, sean legales o ilegales, le está totalmente prohibido su ingreso a nuestros espacios comunitarios.

• En los últimos meses nuestra Comunidad de Paz ha tenido que hacer mayor presencia comunitaria, con acompañamiento internacional, en la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra y en las veredas Mulatos Medio y La Esperanza, de San José de Apartadó, ya que grupos paramilitares que tienen sus grandes campamentos en la finca del señor Muñoz, en la vereda La Esperanza, y en la finca del señor Aníbal, en la vereda Mulatos Medio, han proferido amenazas de muerte muy contundentes contra varios integrantes de nuestra Comunidad de Paz, entre ellos: Idomar Vargas, Edison Vargas y el menor de edad Johan David, quienes viven en nuestra Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra. Tres mandos paramilitares que se hacen llamar “Aquiles,” “Cementerio, y “Alias Peña”, quienes actúan conjuntamente con los alias: “Chiquito Malo”, “Pantera”, “Móvil Nueve”, “Majute” y “Caballo”, los cuales están controlando la zona de Mulatos y La Esperanza, han afirmado que van a entrar a nuestra Aldea de Paz y van a asesinar a Idomar, a Edison y a Johan porque, según ellos, los están denunciando cada vez que pasan por los espacios privados de la Comunidad de Paz y para lo cual ya tienen orden de hacer efectivas las ejecuciones en cualquier momento. Ahora mantenemos comisiones permanentes de la Comunidad de Paz, con acompañamiento internacional, pues el riesgo de perder la vida es grande para quienes viven en nuestra Aldea de Paz. En días anteriores una tropa militar del Batallón Bejarano Muñoz de la Brigada XVII que patrullaba la zona de Mulatos, tomó fotos a miembros de nuestra Comunidad de Paz y luego se las envió a estos paramilitares.

Las amenazas contra los integrantes de nuestra Comunidad de Paz hay que leerlas en el contexto nacional de las grandes masacres y eliminación de líderes y lideresas sociales que se están multiplicando a lo largo y ancho del territorio nacional. Lo ocurrido con nosotros en el año 2005, cuando se consolidaba el plan de gobierno del ex presidente Uribe Vélez, apoyado por las fuerzas paramilitares que habían inundado de sangre el país, anuncia repetirse en esta nueva coyuntura, cuando el gobierno recién elegido, apoyado en la misma fuerza uribista, se aferra nuevamente a la ideología represiva, anti popular, favorecedora de las élites más excluyentes y de las empresas más expoliadoras y destructoras de la naturaleza y de las capas empobrecidas de la nación y proclaman con prepotencia su rechazo a los tímidos esfuerzos de paz en los cuales se habían comprometido sectores conscientes del país. En 2005, bajo la agresión uribista paramilitar, nuestra Comunidad de Paz sufrió una de las más horrendas masacres que han marcado nuestra historia: la de Mulatos y Resbalosa del 21 de febrero de ese año, pero contextuada por otra cantidad de ejecuciones y de agresiones contra nuestros derechos y dignidad. Hoy vemos de nuevo a muchos de los responsables de esos horrores ocupando, sin pudor alguno, y amparados en espesos mantos de impunidad, altos cargos del Estado.

Es, pues, lógico, que nuestra Comunidad de Paz sienta miedo. Quienes nos amenazan de muerte tienen hoy respaldos institucionales más contundentes que en el pasado inmediato. Ya antes, en otra de nuestras Constancias, nos referimos a la euforia expresada por los paramilitares que controlan nuestro corregimiento, reunidos en la vereda La Cristalina el 23 de junio de este año, al conocer los resultados de las últimas elecciones, pues afirmaban que el verdadero triunfador era Álvaro Uribe, el mismo que había impulsado el paramilitarismo y lo había consolidado y protegido en todo el país y en el cual ellos confiaban a ciegas como respaldo a su accionar criminal.

Con el paso de los días, nuevos nombres se van sumando a la lista de miembros de nuestra Comunidad que los paramilitares van exhibiendo como “condenados a muerte”. Todas las altas Cortes del país y de la Comunidad Internacional saben que ellos tienen en la mira a GERMÁN GRACIANO POSSO, nuestro Representante Legal; a GILDARDO TUBERQUIA ÚSUGA, coordinador de la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra; a JESÚS EMILIO TUBERQUIA ZAPATA, anterior representante legal; a ARLEY TUBERQUIA ÚSUGA, anterior miembro del Consejo Interno; a JOSÉ ROVIRO LÓPEZ RIVERA, actual miembro del Consejo Interno; a ESTEBAN GUISAO HERNÁNDEZ, anterior administrador de La Esperanza; a CRISTÓBAL MEZA, poblador de La Esperanza, a campesinos de nuestro entorno como REINALDO AREIZA DAVID e incluso han anunciado que atentarán contra acompañantes internacionales. Ahora ponen en la mira a IDOMAR VARGAS GONZÁLEZ, a EDISON VARGAS y al menor JOHAN DAVID, como también a LOS HIJOS DE ERNESTO GUZMÁN a quien ya asesinaron por no querer venderles su finca y atentaron ya contra su hijo JUAN desde una guarnición militar. Ellos no sienten remordimiento alguno por asesinar niños, como lo hicieron en febrero de 2005 descuartizando a 4 menores, uno de ellos de sólo 18 meses. Ellos no tienen alma pero sí tienen poder y respaldo silencioso e hipócrita de todas las instituciones del Estado, las cuales no mueven un dedo para controlarlos y sancionarlos; sus manos y sus mentes criminales gozan de plena libertad. El Estado, a través de la Unidad Nacional de Protección, ha ofrecido formas de protección que no protegen sino que recogen informaciones que van a los victimarios y los ponen en más alto riesgo; por eso han sido rechazadas.

Nuevamente estamos frente a una posible masacre, que sólo prolonga el genocidio vivido durante los últimos 21 años, pues así lo están anunciando los paramilitares en cada una de las veredas del Corregimiento de San José de Apartadó, con la prepotencia de quienes se sienten orgullosamente en el poder. De allí que nuestro temor sea grande. Sin embargo, ello no nos lleva ni nos llevará a claudicar de nuestros principios. En el centro de nuestro asentamiento central de San Josesito, las siluetas y los nombres de los centenares de compañeros y compañeras cuyos cuerpos ensangrentados hemos sepultado con dolor pero cuyo espíritu está más vivo que nunca, nos animan todos los días a permanecer firmes en un ideal elementalmente humano que contrasta con una criminalidad estatal de monstruosas proporciones.

Desde esa nuestra decisión de no claudicar, nos compenetramos nuevamente en profunda gratitud con quienes desde numerosos rincones del país y del mundo han sido nuestro apoyo moral y comparten con nosotros dolores y esperanzas.

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte de los paramilitares que cada vez someten más a nuestra región al exterminio, acabando con todos los valores de la vida campesina y sometiendo al poblador civil a una guerra que, en lugar de extinguirse, se reactiva sin cesar.

La complicidad de organismos del Estado, como son la Brigada XVII del ejército, La Policía Urabá, la Alcaldía de Apartadó y las empresas promotoras del paramilitarismo, son las que han conllevado a que la región de San José de Apartadó esté ya sometida en su totalidad por los paramilitares que viven forzando al campesinado a ajustarse a sus intereses.

En los últimos días nuestra Comunidad ha sido informada de que en las veredas Mulatos y La Esperanza se está evidenciando una alta complicidad entre los militares del Batallón Bejarano Muñoz de la Brigada XVII y los grupos paramilitares que controlan las veredas; allí los militares están tomándole fotos a miembros de nuestra Comunidad de Paz que viven en sus tierras y luego se las entregan a los paramilitares; estas informaciones las han suministrado los mismos paramilitares en las casas de los pobladores de las veredas La Esperanza y Mulatos.

Culpable es el Gobierno con sus instituciones militares y administrativas, que en vez de desmantelar el paramilitarismo lo están es fortaleciendo, pues ¿cómo es posible que la Brigada 17 del ejército tenga sus batallones al servicio de los paramilitares en las 32 veredas de san José de Apartadó? ¿Cómo es posible que en las últimas semanas los militares de los batallones Voltígeros, Vélez y Bejarano Muñoz estén tomándoles fotos a los campesinos y se las estén entregando a los paramilitares? Es claro que no hay un verdadero interés del gobierno por terminar este fenómeno de muerte.

Ya algunos funcionarios que tienen cargos públicos están lanzando calumnias infames contra de nuestra Comunidad de Paz, como es el caso del Concejal de Apartadó Carlos Betancur, quien manifiesta que: la Comunidad de Paz se opone a la inversión y al desarrollo del corregimiento de San José de Apartadó; que los campesinos son personas de bien y gente muy noble pero sólo difaman y cuestionan a las instituciones, pero que la verdad es muy diferente. Afirma perversamente el Concejal: “en lo personal considero que la Comunidad de Paz se sostiene con el ostracismo de sus habitantes y la desinformación y el cuestionamiento a la institucionalidad y su único fin es poder captar recursos de ayuda en algunos países internacionales”. Le recordamos, señor concejal, que nuestra Comunidad de Paz nunca se ha opuesto al desarrollo sino que ha cuestionado de dónde provienen los planes de desarrollo. ¿Será usted capaz de justificar las carreteras ilegales que han ido abriendo los paramilitares desde Nuevo Antioquia hasta la vereda La Esperanza y hasta Rododoxalí y La Hoz y los proyectos de ganadería, de mejoramiento de vivienda en Rodoxalí, el arreglo de caminos en las veredas, el reclutamiento de menores, el sometimiento de las Juntas de Acción Comunal, la explotación minera, entre otros proyectos diseñados y ejecutados por los paramilitares? ¿Según usted, el campesino de la zona tiene que aceptar esos proyectos y someterse sin reacción alguna a los intereses que esos proyectos esconden? ¿Ignora usted, Concejal Betancur, que en los últimos 21 años en San José de Apartadó el “desarrollo” lo ha diseñado y gestionado el paramilitarismo y que muchas empresas que buscan su lucro y la ruina y extinción o sometimiento del campesinado y agentes del mismo gobierno se escudan en dicho “desarrollo”? Es evidente que La Brigada 17 del ejército y la Policía de Urabá han hecho todo un trabajo de encubrimiento a la gestión impune de ese falso “desarrollo” por parte del paramilitarismo y que tratan de taparlo con festejos, fiestas y promesas falsas que le hacen al campesinado en el centro urbano de San José de Apartadó. A nuestro juicio, personas que están tan comprometidas en favor de los proyectos del paramilitarismo no debieran tener cargos públicos.

Los hechos de los cuales dejamos constancia son los siguientes.

• El domingo 15 de julio de 2018, llegaron 12 paramilitares uniformados y portando armas largas y se quedaron en la corraleja de ganado de la finca vecina que colinda con la Comunidad Paz en la vereda La Esperanza; varias horas después se ubicaron muy cerca a la casa de un poblador, allí se tomaron 15 cajas de cerveza y al momento de irse obligaron al campesino a guardarles un fusil y un millón quinientos mil pesos (1.500.000). El mando de esta tropa se hace llamar Aquiles. A las 02:00 de la madrugada se fueron a la finca del Señor Muñoz, finca donde han estado acantonados por muchos meses sin ser molestados por ninguna autoridad.

• El lunes 16 de julio de 2018, llegó un grupo de paramilitares a la casa de la mamá de un miembro de nuestra Comunidad de Paz en la vereda Mulatos y preguntaron por el hijo, diciendo que ellos ya sabían que él vivía allí; de igual manera manifestaron que: “en esta vereda hay tres sapos, entre ellos un menor de edad y uno de esos sapos le impidió el paso por esa Aldea a los soldados del Batallón Bejarano Muñoz de la Brigada XVII, todo esto lo sabemos porque los mismos soldados en ese momento le tomaron fotos y nos las enviaron a nosotros los paramilitares”. También afirmaron: “Estamos cansados de las denuncias que hace la Comunidad de Paz en contra nuestra y si siguen denunciando les vamos a hacer un daño no menor sino mayor”. Quisieron decir que todas las amenazas e intentos de asesinato de los cuales hemos sido víctimas como Comunidad de Paz sí han sido de su autoría.

• Este mismo lunes 16 de julio de 2018, en otro lugar de la vereda Mulatos Medio, un mando paramilitar que se hace llamar “Cementerio” amenaza con mucha contundencia a los miembros de nuestra comunidad de paz que viven en la Aldea Luis Eduardo Guerra, manifestando; desde esta aldea nos están denunciando cada vez que nosotros pasamos por ahí, pero que cualquier día de estos nos vamos a entrar allá y vamos a ver quién es quién, porque ya tenemos la orden para matar estos sapos que nos denuncian en esa “hp” Comunidad de Paz. Este tipo de amenazas dejamos en constancias en año 2004 sobre la presencia de paramilitares en conjunto con tropas militares en Mulatos y luego el 21 de febrero de 2005 fue la masacre de ocho personas entre ellos 3 menores de edad, perpetrada por paramilitares y militares. Según nuestro análisis es la misma estrategia pues la fuerza pública hoy protege estos grupos paramilitares que controlan todo y utilizan a la población civil a su antojo. Como Comunidad de Paz cada día enfrentamos nuevas amenazas, que no paran de hacernos daño pero que aun así seguimos adelante en nuestra resistencia civil.

• El jueves 19 de julio de 2018, pasaron 8 paramilitares vestidos de camuflados y portando armas largas por nuestra Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra y así se la pasan todos los días transitando por este espacio enmarcado como propiedad privada de nuestra Comunidad de Paz.

• El viernes 20 de Julio de 2018, nuestra Comunidad fue informada de un supuesto plan de los paramilitares que controlan el área urbana de Apartadó, según el cual, mandarían un grupo de limpieza social para las veredas La Balsa y La Victoria, paso obligado para llegar a nuestros asentamientos, por la carretera que conduce de Apartadó a San José, con la mira de acabar con nuestra Comunidad de Paz. En años anteriores colocaron en esa zona retenes militares y paramilitares donde asesinaron a cantidad de gente, coordinaron los cercos de hambre destruyendo y robando todo alimento o bebida que transportaran los chiveros, amenazaron, torturaron, desaparecieron y agredieron de mil maneras a los campesinos, cobijados por una impunidad absoluta.

• El sábado 21 de julio de 2018, llegaron 40 paramilitares armados al Resguardo Uradá Jiguamiandó, en el Departamento Del Chocó, allí cercaron ilegalmente a los pobladores por varias horas. Hechos como estos dejamos en nuestras constancias semana a semana y el Gobierno siempre ha negado todo este accionar paramilitar protegido por las Brigadas militares.

• El domingo 22 de Julio de 2018, por informaciones de pobladores de la región de San José de Apartadó, los paramilitares habrían realizado una serie de reuniones con la población civil en la vereda Arenas Bajas y en el punto conocido como Caraballo de la misma vereda; dicha reunión fue coordinada por el paramilitar alias “Chiquito Malo”.

• El viernes 27 de julio de 2018, a las 8:40 am pasaron por nuestra Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra en la vereda Mulatos medio, 6 paramilitares portando uniformes militares y armas largas. Allí se encontraba una delegación de nuestra comunidad de paz con acompañamiento internacional los cuales fueron testigos de la presencia paramilitar. Estos grupos paramilitares aún siguen allí transitando las propiedades privadas de los campesinos, y se dejan ver como si fuera una tropa de militares, pues dejan en evidencia el poder que tienen para controlar y someter al campesinado.

En las últimas semanas se ha comprobado que los paramilitares que operan en el corregimiento de San José de Apartadó han ido recogiendo a todos sus miembros, tanto a los ya antes ingresados como a los recién reclutados en el corregimiento y las veredas, para entrenarlos y para planear objetivos y estrategias. Los centros de entrenamiento están en diferentes veredas como: Arenas Bajas, Playa Larga, Naín y Saiza (esta última en Córdoba).

En las veredas se mueven los paramilitares en grandes grupos con uniformes militares y portan armas largas; la fuerza pública lo sabe y lo que ha hecho es ubicar tropas militares en puntos específicos por tiempos prolongados, en lugares donde no molesten el desarrollo paramilitar y donde puedan brindarles informaciones y fotografías a los paramilitares.

Como Comunidad de Paz, que ha sobrevivido en estos 21 años en medio de amenazas, desapariciones, torturas, agresiones de todo tipo, estigmatizaciones, calumnias, despojos y masacres, aún seguimos aquí con nuestro anhelo de algún día ver una verdadera paz. La vida la hemos consagrado durante estos años a la defensa de la vida y de la tierra, por eso no pararemos de dejar constancias de la barbarie que estamos viviendo, pues ni a este Gobierno ni a los anteriores les ha importado la vida del campesinado sino defender sus propios intereses económicos y políticos.

Agradecemos muy profundamente desde nuestros corazones a todos aquellos amigos y amigas, organizaciones hermanadas del país y del mundo que saben de nuestro dolor y están dispuestos a resistir junto a nosotros, con su acompañamiento físico y espiritual y nos hacen levantar cada día con más ganas de vivir para fortalecer nuestro proceso de vida comunitaria. Los seguimos invitando a no parar de confrontar a este Gobierno, al que cada día le importa menos la vida digna de la gente que amamos vivir en paz en nuestros territorios.

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancias de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte de este Estado-paramilitar que cada vez es más sordo y ciego y que se legitima y actúa con sus brazos paramilitares.

Todas las expectativas sobre paz, respeto a los derechos humanos y ciudadanos y reivindicación y reparación de las víctimas del terrorismo de Estado, fueron naufragando progresivamente. El llamado “proceso de paz” y el proclamado “Acuerdo de Paz”, no significaron ninguna reversa frente a la proliferación de crímenes de Estado y frente al fortalecimiento del paramilitarismo. La desmovilización de las FARC trajo consigo la ocupación de sus anteriores espacios por las estructuras paramilitares y la continuidad de la vieja tradición de asesinar a los desmovilizados y, con ese pretexto, a multitud de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Nuestra Comunidad de Paz no ha escapado a esa perversa dinámica. Hoy los paramilitares se han enseñoreado de todas las veredas del corregimiento de San José y una de sus proclamas persistentes es el exterminio de nuestra Comunidad de Paz. Siguen haciendo presencia armada y desafiante en todas las veredas donde existen asentamientos de nuestra Comunidad de Paz.

Los hechos sobre los cuales queremos dejar constancia son los siguientes:

• El viernes 8 de junio de 2018 la Brigada XVII del Ejército y la Policía de Urabá convocaron a un “Acto de Excusas”, en el caserío de San José, por la masacre de los comerciantes perpetrada el 19 de febrero de 2000, en la cual fueron masacrados 4 tenderos, dentro de un plan por suprimir toda venta o llegada de alimentos para someter a la comunidad a un cerco de hambre. Las familias quedaron decepcionadas porque los voceros de la fuerza pública se negaron a revelar toda la verdad de lo que había ocurrido y a señalar a todos los responsables materiales e intelectuales. Los familiares fueron enfáticas en afirmar que hasta que no se cuente la verdad completa les queda imposible pasar la página.

• El domingo 10 de junio de 2018, once paramilitares, uniformados y armados, hicieron presencia en la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, de nuestra Comunidad. Cuando un miembro de nuestra Comunidad les reclamó por estar violando un espacio privado de la Comunidad, ellos lo insultaron y lo amenazaron y le respondieron airadamente que ellos podían estar donde les diera la gana y le pidieron que no defendiera a la comunidad ni a sus líderes porque eran una partida de guerrilleros; que pronto iba a legar el ELN a la zona y se vería si la Comunidad también los denunciaba como los denuncia a ellos como paramilitares. También le pidieron identificarse para ponerlo en la mira de ellos.

• El lunes 11 de junio de 2018, en horas del día, los mismos paramilitares ingresaron nuevamente a la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, ingresaron a varias viviendas y robaron alimentos y enseres. En ese momento las viviendas estaban solas, pero cuando comenzaron a llegar los pobladores, ellos se alejaron.

• El miércoles 13 de junio de 2018, a las 07:00 horas, un paramilitar quien tiene el encargo de ser espía o “punto” en la zona de El Barro, de la vereda Mulatos, y quien había participado en las ocupaciones delictivas de los espacios de la Comunidad en los días anteriores, ingresó a la vivienda de un integrante de la Comunidad de Paz, con intenciones de realizar un registro o empadronamiento de las familias pero no obtuvo respuesta alguna a sus ilegales pretensiones.

• El viernes 15 de junio de 2018, a las 15.01 horas, un grupo de paramilitares uniformados y con armas largas llegaron a la vereda Mulatos-Cabecera y forzaron a la población civil de la zona a reunirse con ellos.

• El sábado 23 de junio de 2018, treinta paramilitares, uniformados y armados, reunieron a los campesinos pobladores de la vereda La Cristalina y les manifestaron su alegría y alborozo por la victoria del candidato Iván Duque en las elecciones presidenciales, afirmando que el triunfo era propiamente del Señor Álvaro Uribe Vélez, el mismo que los había creado y apoyado durante muchos años, por lo cual ahora contarían con un gran apoyo oficial en sus proyectos, sobre todo en su cometido de exterminar definitivamente a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. A esta reunión habían convocado a las veredas Buenos Aires, La Linda, La Sucia, Bellavista, El Mariano y otras. A todo ese campesinado le notificaron que ellos eran la máxima autoridad en la zona y que todo el mundo debe someterse a ellos en adelante.

• El martes 26 de junio de 2018 se realizó una reunión de la Junta de Acción Comunal de Mulatos Medio a la cual asistieron 6 paramilitares con el fin de exigirle a la Junta resultados sobre planes que al parecer no se habrían cumplido cabalmente. Esto revela una vez más la estrecha connivencia y unidad de acción entre esa Junta de Acción Comunal y el paramilitarismo de la zona y permite comprender mejor los planes que esa Junta Comunal ha tenido contra nuestra Comunidad de Paz, buscando expulsarnos violentamente de ese espacio que, fuera de ser sagrado por la memoria de la masacre de Luis Eduardo Guerra y su familia, es también un territorio sobre el cual nuestra Comunidad ha adquirido derecho evidente de posesión, luego de ejercer dominio pacífico durante más de 10 años.

• El sábado 30 de junio de 2018, a las 21:58 horas, veinte paramilitares uniformados y portando armas largas, llegaron al sitio El Barro, de la vereda Mulatos y se instalaron en la vivienda del Señor ANÍBAL, apodado “El Demonio” y desde entonces han permanecido allí hasta el presente. Muy cerca de allí, en el río Mulatos, había un contingente militar del Batallón Bejarano Muñoz de la Brigada XVII, sin que se presentara ningún enfrentamiento, lo cual confirma la complicidad y unidad de acción entre ejército y paramilitares que hemos denunciado centenares de veces en estos 21 años de existencia de la Comunidad de Paz.

• En forma que ya se vuelve sistemática, en la carretera que comunica a San José con el centro urbano de Apartadó, se están multiplicado episodios de persecución a campesinos y líderes sociales que la frecuentan, tomando muchas veces la forma de atracos o robos e incluso atentados más graves, dejando una sensación cada vez más preocupante de inseguridad, detrás de la cual se esconde la persecución a personas que están en la mira de los paramilitares pero que, al parecer por directrices de alto nivel, deben reportarse como actos de delincuencia común.

Como puede verse, el asedio de los paramilitares contra nuestra Comunidad de Paz, es persistente. A esto se suma la indiferencia de todas las instituciones del Estado, tanto las judiciales como las administrativas. Se puede hablar de una complicidad absoluta; no se hace nada para frenar crímenes sistemáticos que duran dos décadas y más. La llegada de un gobierno en cuya trayectoria política tiene una injerencia innegable el paramilitarismo, nos llena de preocupación y nos mueve a acudir de nuevo a tantas comunidades, organizaciones y personas de diversos países que han sido nuestro apoyo moral, para pedirles “no bajar la guardia” en los momentos que nos esperan, que podrían ser aún más aciagos. Con nuestra gratitud de siempre,

Desde nuestra experiencia dolorosa de desplazados, retornados y perseguidos por nuestro propio gobierno y Estado, nos solidarizamos radicalmente con la propuesta hecha por refugiados sirios, que busca establecer una zona humanitaria en Siria, cerca de la frontera con Líbano, de modo que los refugiados sirios en Líbano puedan retornar a su patria y estar allí acompañados por organizaciones humanitarias internacionales.

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en Colombia, se fundó por la necesidad de dar respuesta a la grave crisis humanitaria y de desplazamiento forzado por la que atravesó nuestra población en los años anteriores a 1997. Ante todo, hubo una decisión tomada por varios centenares de personas de no dejarnos involucrar en la guerra y no permitir que los diversos actores de la guerra nos manipularan considerándonos militantes de un lado o del otro, según sus intereses. Aunque en estos 21 años transcurridos hemos seguido rodeados por la violencia, hemos logrado crear una comunidad solidaria que progresivamente se ha hecho reconocer como una comunidad independiente, sin armas, que busca construir desde la base una autonomía fundamental.

En esta experiencia nuestra, el acompañamiento internacional ha sido muy importante. Estamos convencidos de que ese acompañamiento ha salvado muchas vidas y ha frenado muchas políticas de represión de nuestro gobierno, pues la fuerza más apabullante en este conflicto que vivimos en Colombia, es la fuerza del Estado, con su ejército, su policía y, sobre todo, con sus estructuras paramilitares, que son fuerzas ilegales pero respaldadas e impulsadas por la fuerza pública oficial, diseñadas justamente para poder violar todas las leyes de la guerra, con una crueldad impresionante, que mira a destruir todos los movimientos sociales que buscan justicia.

La causa del pueblo Sirio, como la causa de todos los que buscan una sociedad más justa e igualitaria, es la causa de todos los verdaderamente humanos. Por ello, como Comunidad de Paz, hacemos nuestra su propuesta de establecer una Zona Humanitaria, blindada por el acompañamiento internacional, pues con plena legitimidad los humanos del mundo somos también parte de esa propuesta.

Solidariamente,

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancias de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte de los paramilitares que cada vez someten más a nuestra región al exterminio, acabando con todos los valores de la vida campesina y sometiendo al poblador civil a una guerra que, en lugar de extinguirse, se reactiva sin cesar.

Estas estructuras paramilitares están invadiendo las veredas del corregimiento de San José de Apartadó y en su camino arrastran a todo el que se encuentran a su paso para someterlo a su ideología y a sus proyectos paramilitares. Hoy son muchos los menores de edad que han sido reclutados por esas estructuras paramilitares, utilizándolos para controlar y amenazar a la misma población campesina de su entorno.

En el casco urbano de San José los paramilitares han manifestado a la población civil que cuentan con una zona de reclutamiento en la vereda Arenas Bajas, donde están forzando a mucha gente a ingresar a la organización paramilitar.

La Brigada XVII del Ejército, con sede en el municipio de Carepa, nunca ha tenido el interés de contrarrestar el paramilitarismo en Urabá; por el contrario, es evidente su fuerte complicidad con estos paramilitares en la zona de San José, pues allí conviven militares y paramilitares apoyándose mutuamente, coordinando todas sus acciones y guardándose mutuamente las espaldas, con la complicidad adicional de las instituciones judiciales y administrativas. Allí los militares y paramilitares permanecen las 24 horas del día armados en medio de la población civil.

Los hechos de los cuales dejamos son los siguientes.

• El martes 29 de Mayo de 2018, en la vereda Mulatos Medio del corregimiento de San José, hizo presencia un grupo de 5 paramilitares uniformados con prendas de uso privativo de la fuerza pública y portando armas largas, luego fueron vistos en el punto conocido como El Barro, de dicha vereda.

• El viernes 1º de junio de 2018, a las 9:00 am, en el punto conocido como El Barro, de la vereda Mulatos, del corregimiento de San José, pasaron dos paramilitares portando uniformes y fusiles de uso privativo de la fuerza pública. Allí fueron identificados como paramilitares por pobladores de la vereda.

• El sábado 2 de junio de 2018, los mismos paramilitares que habían estado patrullando por la vereda Mulatos Medio, fueron vistos acantonados ilegalmente en la finca del señor Aníbal, conocido por el apodo de “Demonio”, y en la finca del señor Muñoz, en la vereda La Esperanza. Desde allí están lanzando operativos de control de la población civil en las veredas Mulatos, Unión Carepa, Resbalosa y La Hoz, del corregimiento de San José.

• El Domingo 3 de Junio de 2018, en horas de la madrugada fue asesinado el señor JOHNY MANUEL MARTINEZ de 52 años quien actualmente vivía cerca a la vereda la Balsa de San José de Apartadó, el asesinato ocurrió en la carretera que conduce del municipio de Apartadó hasta San José en el punto conocido como tierra amarilla, según pobladores de la zona fue asesinado con armas blancas(machetes), estos hechos son atribuidos al paramilitarismo que viene controlando con amenazas a todo el campesinado de San José de Apartadó y sus veredas, pues casos como este ya han pasado en otras ocasiones en el cual han resultado muertos líderes sociales y que después son pasados como tragedias por problemas personales entre el mismo campesinado, es claro que los paramilitares con el consentimiento de la fuerza pública están asesinando a mucha gente en muchas regiones del país y la forma para hacerlo es utilizando MACHETES para que después se pueda cubrir y decir que no fue un hecho por un grupo armado si no hechos entre campesinos por problemas personales en la zona, así lo han redactado ya muchos medios de comunicación al servicio del Gobierno y los paramilitares en Urabá y el resto de país.

• El Jueves 7 de Junio de 2018, en horas de la tarde un grupo de 8 paramilitares portando uniformes y armas de uso privativo de la fuerza pública izo presencia en el camino que conduce desde san José de Apartadó hasta la vereda Mulatos de dicho corregimiento, allí alzaron sus armas poniéndolas al tiro para matar en el momento en que miembros de nuestra comunidad de paz se disponían a llegar hasta la finca donde actualmente viven. Estos paramilitares llevan mucho tiempo con presencia por las veredas de San José, allí están extorsionando, amenazando de muerte y no son molestados por ninguna autoridad competente.

• Hoy 8 de Junio de 2018, en horas de la mañana de nuevo se notó la presencia de los paramilitares en la vereda Mulatos de San José de Apartadó pues fueron vistos pasar en un grupo grande por los caminos como si fueran de la fuerza pública de Colombia y aún permanecen allí en este momento sin ser molestados.

Ahora no se encuentra ninguna vereda de San José de Apartadó que no esté controlada por los paramilitares y lo peor de todo es que la fuerza pública también está en esos lugares, lo cual, en vez de servir como protección para la población civil, ha servido es para proteger a los paramilitares, para que así puedan controlar todo el territorio.

Aquí los paramilitares hacen lo que les da la gana con la población civil que vive en sus tierras recibidas de sus ancestros, y llevan al campesino a doblegarse y someterse a ellos, ya sea cobrándole grandes vacunas o impuestos ilegales, ya sea forzándolo a trabajar para ellos, causándole graves daños a otros pobladores, quienes son amenazados por no venderles sus tierras a los paramilitares.

Ya hemos dejado constancia de todas estas barbaries que vive nuestra la zona a causa de ese accionar conjunto de paramilitares con la fuerza pública y nadie hace nada para parar esto.

Está claro que en la vereda Arenas Bajas hay un centro de reclutamiento de menores de edad quienes son llevados allí y entrenados para matar y extorsionar a la población de la región y que hay allí una serie de mandos paramilitares, como son: alias NUVE, alias CABALLO, alias MAJUTE, quienes despliegan comandos por las veredas Arenas Altas, La Unión, El Cuchillo, Buenos Aires, El Guineo, La Antena, las Nieves, El Porvenir, El Gas, Bella Vista, El Salto, La Balsa, La Victoria, y el centro urbano de San José de Apartadó.

Otro centro de control ha sido por muchos años el que está ubicado en el corregimiento de Nuevo Antioquia, del municipio de Turbo, con una serie de mandos como alias PANTERA, quienes desde allí están controlando las veredas Playa Larga, La Esperanza, Rodoxalí, La Hoz, Resbalosa, Mulatos, Naín y otras.

De igual manera está el control ejercido desde Piedras Blancas, corregimiento de Carepa, Antioquia, desde donde controlan las veredas Caracolí, Campamento, El Cerro, El Jardín, La Luna, El Llano, Saiza, Belén, Miramar, Cristalina, El Mariano y La Unión- Carepa.

Todos estos mandos paramilitares están ubicados en diferentes puestos de control en los alrededores de San José de Apartadó y a la vez están altamente ligados a la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa, que es la que tiene jurisdicción en estos municipios con sus corregimientos y veredas.

Nuestra comunidad ha tenido que sobrevivir más de 21 años frente a este fenómeno paramilitar creado por los gobiernos de Colombia y protegidos por sus fuerzas militares con la complicidad activa o pasiva de sus demás instituciones, tantos las judiciales para brindarles total impunidad, como las administrativas para camuflarlas y cubrirlas con diversas cortinas frente a la opinión nacional e internacional. Ya son muchos los derechos de petición y las constancias que han quedado como prueba de que el gobierno nacional y las diversas instituciones del Estado no quieren enfrentar el derrumbe de la institucionalidad que este dominio paramilitar ha ido evidenciando. Cada vez más, la vida humana y digna es inviable.

Nuestro humilde esfuerzo como Comunidad de Paz que resiste civilmente frente a las fuertes amenazas que nos cercan a diario, continuará impulsando este proyecto de vida que hemos construido en medio de la muerte y por eso dejamos claro que queremos una región sin grupos armados, donde nuestros hijos puedan crecer sin ser reclutados para la guerra.

Agradecemos de corazón a todas aquellas personas y organizaciones que desde muchos lugares de Colombia y del mundo nos han sostenido con su fuerza política y moral y que a la vez han creído en este proceso de Comunidad de Paz como una alternativa para buscar la verdadera paz en nuestro territorio.

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo sobre los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte de los paramilitares que cuentan con la tolerancia, el apoyo y la protección de la Brigada XVII de ejército con sede en Carepa, Antioquia.

En las últimas semanas nuestra Comunidad de Paz ha sido informada de un plan que adelanta la Policía en San José de Apartadó, como lo denuncian muchos pobladores de la zona, según el cual, tanto policías como paramilitares están extorsionando al campesinado del corregimiento, incluyendo sus veredas. La Policía tiene una gran estación en el caserío central, la cual, por la manera como se estableció y por su localización, viola numerosos derechos y normas legales; desde esa estación extorsiona a la población que comercializa maderas, exigiéndole grandes sumas de dinero para permitirle vender la madera; entre tanto los paramilitares por su lado extorsionan también a los comerciantes de madera en el casco urbano, quedando sometido ese gremio a pagar varios impuestos ilegales que van a bolsillos privados, ya de los policías, ya de los paramilitares.

Nuestra comunidad sigue siendo fuertemente amenazada día a día por los paramilitares quienes controlan esta región. Diariamente vivimos bajo el acecho de estos grupos que han estado buscando formas de asesinarnos, planeando de tal forma los crímenes que se puedan interpretar como originados en conflictos personales o de linderos o de títulos de tierras, como ya lo han hecho en otros lugares donde han asesinado a líderes sociales y luego inventan algún conflicto personal o de vecindario para justificar al crimen.

Los hechos de los cuales dejamos constancia son los siguientes:

• El viernes 27 de Abril de 2018, un grupo de paramilitares armados, al mando de alias “Caballo”, hizo presencia en la vereda Arenas Altas, del corregimiento de San José Apartadó, lugar que tienen establecido como de reclutamiento, pues así lo han manifestado los mismos paramilitares a pobladores de la zona.

· El sábado 28 de Abril de 2018, en horas de la mañana, 8 paramilitares uniformados y portando armas largas ingresaron a la vereda La Resbalosa, donde viven varias familias de nuestra Comunidad de Paz en un asentamiento histórico, y allí han permanecido sin que ninguna autoridad investigue siquiera su porte ilegal de armas y uniformes.

· El lunes 30 de Abril de 2018, los paramilitares que desde el sábado anterior hacen presencia en la vereda La Resbalosa, hicieron presencia también en nuestra Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, de la vereda Mulatos Medio, del corregimiento de San José de Apartadó. Lo más revelador y preocupante es que Mulatos es una vereda que esta militarizada por la Brigada XVII del ejército y estos paramilitares armados coinciden con la fuerza pública en ese lugar y no pasa nada. Esto evidencia una vez más la alta complicidad y unidad de acción que siempre se ha dado entre los militares y los paramilitares.

· El sábado 5 de mayo de 2018, a las 19: 00 horas, un grupo de 6 paramilitares hicieron presencia a 200 metros de nuestro sentamiento San Josesito; allí permanecieron hasta las 2:00 horas de la madrugada.

· El domingo 13 de mayo de 2018, a las 5:00 pm de la tarde cuando un miembro de nuestra comunidad se disponía a subir a unas de las veredas fue interceptado por un paramilitar de apodo pollo con otros 4 paramilitares mas que lo tomaron por varios minutos en el casco urbano de San José de Apartadó, allí lo amenazaron de muerte diciéndole: ahora si vamos arreglar de una vez por que esa HP comunidad nos coloco una demanda y eso no nos gustó y si llegamos a caer en una cárcel esa comunidad lo va pagar muy caro. Des pues de amenazarlo por varios minutos fue puesto en libertad.

La zona de San José de Apartadó es una de las más importantes para el comercio del municipio de Apartadó porque cuenta con la mayor riqueza en agua, vegetales, productos agrícolas, entre otras, pero también está controlada por el paramilitarismo que vive de la extorción y que somete al campesino a sus intereses por la fuerza, por el reclutamiento con atractivos de dinero, armamento y favorecimientos de la fuerza pública y de otras autoridades, todo lo cual mantiene incólumes las estructuras paramilitares.

Nuestra Comunidad siempre ha dejado constancias de todos estos hechos que están ocurriendo en nuestra región y no vamos a dejar de denunciar esta barbarie por la que está pasando nuestro corregimiento de San José de Apartadó.

Agradecemos las muchas voces de ánimo que recibimos a diario desde muchos lugares del mundo, que nos dan fuerza para seguir en esta resistencia civil en estos momentos difíciles por los que pasamos.

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve nuevamente en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo de nuevos hechos que corroboran nuestra anteriores constancias y que evidencian la persistencia de políticas estatales de carácter criminal, las cuales, aunque sean negadas reiteradamente por el gobierno y las instituciones del Estado colombiano, sin embargo se continúan desarrollando en la realidad real y de ninguna manera pasan desapercibidas para las víctimas, quienes tenemos que sufrir sus consecuencias desastrosas de manera permanente.

• El 30 de marzo de 2018, Viernes Santo, cuando un numeroso grupo de integrantes de nuestra Comunidad de Paz se desplazaba entre las veredas La Esperanza y Mulatos Medio, en un recorrido por los caminos ensangrentados de nuestras montañas donde el Estado colombiano ha masacrado a centenares de nuestros compañeros, caminos que habitualmente recorremos en memoria de la Pasión de Cristo reproducida en la Pasión de Nuestro Pueblo y de Nuestra Comunidad, pudimos encontrar un campamento de paramilitares en terrenos de la FINCA DEL SEÑOR MUÑOZ. El testimonio fotográfico de este hecho lo difundimos pocas horas después por las redes sociales.

• El domingo 1° de abril de 2018, cuando un grupo grande de integrantes de nuestra Comunidad de Paz regresaba del recorrido del Via Crucis hacia San Josesito y otras veredas, pudo comprobar la presencia de un conjunto de paramilitares en la vereda Mulatos Cabecera.

• Durante la última semana (primera semana de abril) han llegado mensajes de los paramilitares asentados en la vereda Playa Larga, donde se ubica su asentamiento central, en los cuales se conmina a los líderes de nuestra Comunidad de Paz a entrar en contacto con los líderes paramilitares con el fin de llegar a acuerdos con ellos, o de lo contrario procederán a asesinarlos. Ponen como ejemplo el de juntas comunales o campesinos y finqueros de la región, quienes luego de muchas reticencias se han visto forzados a negociar con ellos y a someterse a sus directrices y planes para poder vivir tranquilos.

• Testimonios recogidos en la zona de la Represa de Urrá, en Tierralta, Córdoba, donde nuestra Comunidad de Paz tiene varios asentamientos, muestran que el control de navegación en la represa durante la noche es cedido por la Infantería de Marina a los paramilitares, prohibiendo todo tránsito a la población civil, pero se escucha el ruido de muchos motores, lo que revela que el narcoparamilitarismo domina el escenario por las noches para actividades ilícitas. Esto coincide con un dominio total del paramilitarismo sobre la población de las veredas aledañas, lo que ha llevado a muchos pobladores a tomar la decisión de desplazarse.

Lamentablemente las instituciones del Estado colombiano y los medios masivos de desinformación siguen respondiéndole a la comunidad internacional que “no existen ya grupos paramilitares”; que ellos son realidades del pasado ya desaparecidas. Así le mienten al mundo entero y buscan así proyectar la imagen de un país falsamente pacificado. Ni las autoridades administrativas ni las judiciales actúan en ninguna medida contra esos grupos y no les importa en absoluto el clima infernal de zozobra y amenaza que grandes masas de campesinos y sectores marginados tenemos que soportar por sus imposiciones, amenazas y agresiones.

En cuanto al desempeño de la justicia, es revelador que la Fiscalía General de la Nación, en respuesta a entidades internacionales, haya informado que la captura de los dos paramilitares que fueron inmovilizados y desarmados por miembros de nuestra Comunidad de Paz el pasado 29 de diciembre, para impedir que asesinaran a nuestro Representante Legal y a otros miembros del Consejo Interno de nuestra Comunidad, fueron ilegalmente capturados porque “fueron violados sus derechos fundamentales” y por tal razón dejados en libertad por el Juez Promiscuo Municipal de Apartadó a petición del Fiscal 97 Seccional, y que la demanda que dichos paramilitares pusieron contra nuestra Comunidad por “secuestro”, está en trámite bajo el Radicado 05001600784201800001. Mientras en las dos décadas pasadas a los funcionarios judiciales no les importó nada la violación de los derechos fundamentales de varios centenares de ejecutados de nuestra Comunidad y de nuestro entorno, la mayoría por agentes del Estado, ni el aniquilamiento de los derechos de los millares de desplazados, despojados, torturados, amenazados, desaparecidos, estigmatizados y humillados por esos mismos victimarios que nuestra Comunidad ha padecido, quedando los poquísimos procesos abiertos en total impunidad, ahora sí están prestos esos funcionarios a denunciar y procesar supuestas violaciones de derechos de los paramilitares asesinos, “derechos” que no encuentran otra posible formulación sino la del derecho a matar a nuestros líderes. ¿Podrá interpretarse de manera diferente el tratamiento de este caso por parte de fiscales y jueces, que no sea un aval y solidaridad con los asesinos, puesto que lo que ellos califican como “violación de sus derechos” no es más que el acto de inmovilizarlos y desarmarlos para impedirles disparar, y retenerlos hasta que una autoridad nacional se encargara de su custodia? Es decir: respetar sus derechos consistía, para fiscales y jueces, permitirles matar y el no dejarnos matar fue, para fiscales y jueces, una violación de los derechos de los asesinos. 21 años de experiencia de inutilidad de las denuncias en el sistema judicial para defender la vida, es una experiencia que nos impide leer sus decisiones de otra manera.

Por otra parte, a la Corte Constitucional, en su Auto 693/17 de seguimiento a la Sentencia T-1025/07 que defendía los derechos de nuestra Comunidad, se le ocurrió que la mejor manera de enfrentar el fenómeno paramilitar que afecta a nuestra Comunidad de Paz, era remitir los casos a la UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESMANTELAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES, creada en el Acuerdo de Paz (#3.4.4) y reglamentada en el Decreto 898 del 29 de mayo de 2017. La Fiscal encargada de dicha Unidad se atreve a afirmar que, en todo este año, desde la creación de la Unidad, “no se tiene conocimiento acerca de conductas punibles que atenten contra integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”. Si se tiene en cuenta que este año ha sido aterrador por el accionar intenso del paramilitarismo en nuestra región, hay que preguntarse entonces dónde y cómo se informa dicha Fiscal. Nuestras constancias están en las redes sociales, en los tribunales penales internacionales, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el Cuerpo Diplomático, en la Presidencia de la República, en numerosos organismos humanitarios universales, en comunidades hermanadas en muchos países y en muchas franjas de ciudadanos del mundo que aún conservan principios de ética universal. Pero la mencionada Fiscal, como se deduce de sus ofertas, sigue aferrada a los formalismos jurídicos diseñados para dejar impunes todos los crímenes; sigue aferrada al TESTIMONIO como “medio probatorio”, como ignorando que en muchas décadas pasadas el testimonio fue manipulado por militares, paramilitares, políticos y delincuentes para construir millones de procesos falsos, con testimonios producidos por el soborno, la amenaza y el chantaje; sigue aferrada a descargar toda la carga de la prueba en las víctimas, sin importarle nada los riesgos que estas corren y el uso que hacen los criminales adinerados y sostenidos por el poder del Estado, para ejercer represalias contra las víctimas denunciantes; sigue aferrada al sesgo político e ideológico que impulsa a buscar delitos sólo en las franjas críticas del Estado y de la clase política dominante; sigue aferrada a una justicia que no respeta la imparcialidad ni la independencia y que pisotea los principios que no encuentra útiles para sus sesgadas condenas o absoluciones. En síntesis, la Fiscal tan alardeada es una simple reproducción del modelo de fiscalías que viene del pasado, que le ha prestado los mayores servicios a la impunidad y a la arbitrariedad judicial. Nada confiable. Todo deplorable.

Nuestro dolor de patria crece sin descanso y de nuevo agradecemos a las organizaciones, grupos, comunidades y personas que desde muchos rincones del país y del mundo nos siguen dando ánimo en nuestra resistencia, para no claudicar frente a principios de elemental dignidad.

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte de este Estado-paramilitar que sigue permitiendo que San José de Apartado avance caca vez más en la ilegalidad del paramilitarismo.

El viernes 23 de marzo nuestra Comunidad de Paz celebró 21 años de existencia. Nos acompañaron delegaciones de comunidades y personas que han estado con nosotros en diversos momentos de nuestra historia y que de nuevo quisieron manifestar su solidaridad con nosotros en los momentos difíciles que estamos viviendo. Para ellas y ellos y para quienes nos enviaron mensajes reconfortantes nuestra profunda gratitud.

Hoy, como en muchas otras ocasiones, dejamos constancia de la situación que se vive en nuestra región, en la cual sigue imperando el desconocimiento radical de los derechos ciudadanos y el apoyo estatal a la barbarie de los grupos armados que evidencian una identidad ideológica con las élites que dominan el Estado. A pesar de que hemos dejado en evidencia que hay un paramilitarismo que continúa sometiendo a la población civil a sus intereses y proyectos criminales, todo esto de una manera despiadada y violatoria de los más elementales principios éticos, jurídicos y democráticos, sin embargo no hay asomo alguno de reacción de las instituciones para enfrentar este fenómeno que cada día esclaviza más al campesinado de San José de Apartadó.

Grupos de paramilitares que superan los 30 hombres están recorriendo cada una de las veredas de San José y reuniendo allí a la población civil, obligando al campesino a asistir forzadamente a dichas reuniones y de no ser así es obligado a pagar unas multas bastante elevadas que ya superan los 200.000 pesos.

Responsable es el gobierno, en sus niveles nacional, departamental y municipal, que ha permitido que nuestra región sea cada vez más entregada a los paramilitares que hacen lo que quieren y nadie los controla; todo esto está pasando porque son claramente protegidos por la Brigada XVll del ejército y por la policía de Urabá, instituciones que hoy están conviviendo con los paramilitares en el casco urbano de San José de Apartadó. Los informes que da la Vll División del Ejército afirman que todo allí está bajo control de seguridad de día y de noche. Entre tanto, los mismos paramilitares que se mantienen allí les manifiestan continuamente a pobladores que: “tenemos todo organizado con el ejército y la policía aquí en San José para que nos dejen trabajar sin ser molestados”. Hay una gran complicidad entre la Brigada XVll y el paramilitarismo, complicidad y unidad de acción que ha sido permanente durante estos 21 años y que está documentada en todas nuestras constancias y en documentos que reposan en altas Cortes nacionales e internacionales. Es de plena evidencia que estos grupos ilegales someten a la zona a sus imposiciones y controles y que ninguna fuerza legal se interpone para evitar su barbarie.

Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes:

• El jueves 15 de marzo de 2018, un grupo de paramilitares fuertemente armado y uniformado ingresó al asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda La Resbalosa; uno de ellos quiso permanecer allí y comenzó a quitarse las prendas militares pero los miembros de la Comunidad le advirtieron que allí no podían ingresar actores armados, finalmente él se retiró.

• El viernes 16 de marzo del 2018, un grupo de paramilitares armados realizaron una reunión forzada con los campesinos de la vereda Alto Bonito, del corregimiento de San José de Apartadó. Ya son muchas las reuniones como ésta que está realizando esta estructura paramilitar por las veredas y a quien no asista lo obligan a pagar grandes multas como castigo. Sin embargo, para el gobierno ésta sigue siendo “una región sin paramilitares”.

• El sábado 17 de marzo del 2018 llegaron 30 paramilitares al sitio conocido como El Barro, de la vereda Mulatos; allí entraron en la vivienda de un poblador que se encontraba sola en ese momento y le robaron varias pertenencias; después estos paramilitares reconocieron en otro sitio que habían entrado en una casa de la zona y que se habían robado varios objetos.

• El mismo sábado 17 de marzo de 2018 un grupo de paramilitares ingresó a una vivienda de la vereda Mulatos Medio donde se estaba realizando una fiesta, en el curso de la cual comenzaron a lanzar amenazas sobre dos integrantes de nuestra Comunidad de Paz quienes pertenecen al asentamiento de la Aldea de Paz, afirmando que ellos son los “sapos”, o sea quienes informan sobre su presencia en la zona y que por lo tanto hay que eliminarlos.

• El domingo 18 de marzo del 2018, los mismos paramilitares que el día anterior habían estado en El Barro y habían hurtado pertenencias de los pobladores, penetraron en nuestra Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra y, profiriendo amenazas, ingresaron a las viviendas violando la propiedad privada y hurtaron gallinas, radios FM y otros enseres personales de las familias; lo demás que no les servía lo destrozaron, dejando solo devastación a su paso.

• El lunes 19 de marzo del 2018 a las 10:40 a. m., una camioneta de color gris y de placas MNK385, proveniente del caserío de San José, en la cual se movilizaban dos personas, un hombre y una mujer, se detuvo en frente de nuestro asentamiento de San Josesito haciendo filmaciones. Varios miembros de nuestra Comunidad, acompañados por un equipo de acompañamiento internacional, les preguntó por qué estaban filmando y ellos respondieron en tono ofensivo: “estamos filmando el lugar y a los que se encuentran ahí”. Luego se marcharon hacia el centro urbano de Apartadó.

• El martes 20 de marzo de 2018, una integrante de la Comunidad de Paz quien se desplazaba por el camino que de La Resbalosa conduce a la finca La Casona, encontró abandonado sobre el camino un radio de comunicaciones perteneciente a los paramilitares. No se sabe con qué intenciones fue abandonado sobre el camino pero revela los niveles de control que dicha estructura armada está ejerciendo sobre la población de la zona.

• El viernes 23 de marzo de 2018 los paramilitares convocaron a una reunión a los pobladores de la vereda Murmullo del municipio de Tierralta, cercana a varios asentamientos de la Comunidad de Paz. En dicha reunión explicaron las diversas normas de sometimiento de la población civil a la estructura paramilitar, normas que fueron rechazadas por los pobladores quienes anunciaron que mejor se desplazarían para no estar bajo esas imposiciones. Los paramilitares les dijeron que si querían se desplazaran pero que no podían denunciar nada de lo que conocían sobre su presencia en la región, pues en ese caso serían asesinados. Anunciaron, además, que próximamente convocarán a una reunión a todas las veredas de la zona.

¿Hasta cuándo una región como San José de Apartadó tendrá que seguir soportando el flagelo de la violencia? Aquí las fuerzas militares y de policía trabajan de la mano con el paramilitarismo, todo para su propia conveniencia e intereses en la zona, y quien sufre en carne propia es el campesino a quien le están cobrando grandes impuestos por su tierra y a quien le están reclutando sus hijos menores para la guerra.

Hoy el 50% de los jóvenes de San José y de sus veredas, la mayoría menores de edad, están siendo sometidos por el paramilitarismo a trabajar para ellos, siendo reclutados y sometidos a permanecer con ellos en sus filas armadas.

Como Comunidad de paz sabemos los riesgos que corremos todos días al dejar constancias y al decir NO a este fenómeno Estado-paramilitar que cada vez más destruye la conciencia del campesinado que siempre ha apostado por su vida, por la tierra, la alimentación para su familia y que ahora sufre tantas restricciones a su libertad para sobrevivir en su propio territorio.

Agradecemos también a las muchas voces de solidaridad que recibimos a diario de muchos lugares de mundo, desde donde nos acompañan con su fuerza moral y política que nos anima a seguir en este proceso en defensa de la vida y por el derecho a la tierra.

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó nuevamente se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los hechos en los cuales se continúa tejiendo la estrategia de exterminio de nuestra Comunidad y de dominación bárbara del campesinado de la zona, en abierta violación de todo el orden constitucional y de los derechos universales de los humanos, sin que haya muestra alguna de reacción de las instituciones que deberían defender la institucionalidad y los derechos de la población,

El corregimiento de San José de Apartadó es cada vez más sometido por el paramilitarismo al exterminio de la conciencia y a la privación de la libertad para elegir y vivir en su propia tierra. No alcanzamos a entender por qué una zona que está siendo tan dominada por los paramilitares no es intervenida para desmantelar esas estructuras criminales que cada vez más someten a la población campesina a sus intereses y a los de las empresas a las cuales sirven y por qué el Estado con su fuerza pública está tan involucrado en la protección de fuerzas que contradicen radicalmente su misión.

Es claro que en el casco urbano de San José de Apartadó los paramilitares están conviviendo con el ejército y la policía de manera armónica, pues allí hay una fuerte presencia de paramilitares que a

diario están extorsionando y sometiendo a las víctimas al silencio si denuncian que las están extorsionando o sometiéndolas a trabajar para ellos. Nuestra Comunidad de Paz está siendo amenazada de muerte en la carretera que conduce de San José hacia el área urbana de Apartadó y en las veredas del corregimiento. Estos paramilitares se movilizan de manera permanente por la carretera entre San José y Apartadó y en las veredas, haciendo disparos con armas de fuego sin ser molestados por ninguna autoridad competente. Nos preguntamos: ¿quién les da las armas? ¿quién se las protege? ¿es legal que los civiles anden armados? ¿por qué a ninguno de ellos se las decomisan?

Los paramilitares están realizando reuniones en las veredas y están forzando a los campesinos a participar en ellas, y si alguno no asiste, es sometido a pagar unas grandes multas por encima de los

200.000 pesos. Nuestra Comunidad ha dejado constancias de ello con horas y fechas concretas, pero es tan grande la complicidad de la Brigada XVll del ejército con el paramilitarismo en San José, que lo

que hace en esos casos es ir al lugar de los hechos muchas horas o días después, cuando ya los paramilitares han terminado las reuniones y se han retirado de esos espacios, y luego emiten informes en los cuales afirman que fueron al espacio de la denuncia y no encontraron nada y que por lo tanto la Comunidad de Paz se está inventando todos esos hechos. Todo esto deja en evidencia que el Estado colombiano con sus fuerzas militares necesita del paramilitarismo para controlar y someter a la población civil a sus intereses empresariales sobre la propiedad de la tierra, arrebatándosela al campesino por medio de estos grupos paramilitares que hacen el trabajo sucio y que además son

plenamente protegidos por la fuerza pública para poderse mover por todo el territorio sin ser molestados ¿Cómo interpretar, si no, el hecho de que estos paramilitares anden armados en medio de las autoridades militares y policiales en San José de Apartadó y no pase nada?

Los hechos de los cuales dejamos constancia son:

. El viernes 2 de marzo del 2018 a la 9:00 horas, los paramilitares realizaron una reunión forzada en

la vereda La Unión, la cual ya había sido convocada el pasado 28 de febrero por un paramilitar de nombre Luis Yair, forzando a la población civil a tener que asistir, bajo la amenaza de que si alguien

no asistía tendría que someterse a pagar una multa por encima de los 200.000 pesos. Ya nuestra Comunidad de Paz había dejado constancia de dicha convocatoria el pasado 28 de febrero, pero a pesar de que dejamos constancia a tiempo de que esta reunión se realizaría, no hubo ninguna acción para evitarla, pues allí los paramilitares obligaron a la población civil a asistir y la fuerza pública lo único que hizo fue esperar a que los paramilitares hicieran el trabajo de sometimiento extorsivo a los campesinos, y su complicidad se concretó en llegar al sitio cuando ya no había nadie, para poder dar su reporte de que todo era falso y todo estaba en orden.

. El lunes 5 de marzo de 2018, cuando un grupo de trabajo de nuestra Comunidad de Paz se desplazaba desde la vereda La Esperanza hacia el caserío de San José, se encontró con un contingente paramilitar al mando de alias Felipe que estaban estacionados en una de nuestras fincas colectivas en la vereda El Porvenir, allí se disponían a realizar llamadas a sus superiores y después se fueron con rumbo hacia la vereda La Esperanza.

. El jueves 8 de marzo del 2018, en horas de la mañana, los paramilitares realizaron una reunión con la

población civil en la vereda Rodoxalí, en la cual participaron pobladores de las veredas Mulatos, La Hoz y Rodoxalí, del corregimiento de San José de Apartadó. Allí se refirieron a nuestra Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, la cual adquirimos desde hace 13 años, luego de la masacre de 8 personas perpetrada por los paramilitares en conjunto con las tropas de la Brigada XVll del ejército en 2005. En dicha reunión los paramilitares incitaron a la población de la zona a arrebatarnos ese espacio, prometiéndoles que luego ellos les conseguirían proyectos para desarrollar en ese lugar. También hemos denunciado que esos mismos paramilitares han estado construyendo una carretera ilegal desde la vereda Rodoxalí hasta la vereda La Hoz, sin que se conozca licencia alguna. Este mismo 10 de marzo de 2018 varios paramilitares, con armas cortas, estaban ingiriendo licor en frente de la policía y del ejército, en el casco urbano de San José, sin ser molestados; de esta misma manera están recorriendo

constantemente, en motos y armados, la carretera que conducen de San José hasta el centro urbano de Apartadó, pasando por en medio de los militares y policías, haciendo frecuentemente disparos, sin que nadie los controle ni los desarme. A nadie se le oculta que esto constituye una amenaza permanente de muerte para los integrantes de nuestra Comunidad de Paz, sobre todo si a esto se suman los mensajes constantes de exterminio que viven lanzando contra nosotros. ¿Puede alguien creer que vivimos en un “Estado de Derecho”?

Hoy, tanto los integrantes de nuestra Comunidad de Paz como mucha población civil de nuestro entorno, sabemos que toda esta opresión que estamos padeciendo no va terminar pronto, si tenemos en cuenta la corrupción tan profunda que padecen las instituciones y las fuerzas políticas que manejan el Estado, como se ha podido percibir en las elecciones que acaban de realizarse; se evidencia un gobierno regido por unos partidos políticos que solo velan por sus propios intereses elitistas y se hacen sordos y ciegos frente a la tragedia que vive el pueblo desprotegido, victimizado y sometido a una violencia cuya persistencia se quiere tapar porque tiene el respaldo disimulado, como complicidad de brazos caídos y de ignorancia fingida del Estado y de todas sus instituciones.

Nuestra Comunidad de Paz, mientras pueda existir, nunca cesará de dejar constancia ante el país y el mundo de esta barbarie que vivimos en nuestro territorio y le agradecemos de nuevo a todas las

organizaciones y personas que han creído en nosotros desde muchos lugares del mundo y nos han apoyado política y moralmente, uniendo sus fuerzas firmemente con nosotros para darnos ánimo y seguir reclamando nuestros derechos a la vida y a la paz.

De nuevo nuestra comunidad de paz deja constancia ante el país y el mundo de las agresiones de que ha sido víctima en los últimos días, con posterioridad al ataque perpetrado el 29 de diciembre en el cual quisieron eliminar a miembros del Consejo Interno de nuestra Comunidad, tomando precauciones para que el crimen fuera interpretado como un atraco. Desde entonces los paramilitares no han cesado de dejar por doquier mensajes amenazantes y de hacer demostraciones de poder pasando permanentemente en motos por el frente del asentamiento de San Josesito, portando armas visiblemente, haciendo disparos y ufanándose de que ninguna autoridad del Estado los controla o persigue, so ellos: Elías Hidalgo, Ricardo David, Esneider Góez, Wilson Ortiz, John Edison Góez, Luis Yair Úsuga , alias “Peluso”, alias “Chimbila”, alias “Felipe”, muchos de ellos reclutados por “Felipe” y “Majute”.

* Ya desde antes del atentado del 29 de diciembre un vecino de la zona le informó a un miembro de nuestra Comunidad que la Fiscalía estaba recogiendo testimonios encaminados a vincular a GERMÁN GRACIANO POSSO, Representante Legal de nuestra Comunidad, con alias “Tiro”, un guerrillero de las FARC no desmovilizado y quien hoy hace parte de la disidencia del las FARC. Tal información, completamente falsa, fue inventada por el Coronel GERMÁN ROJAS DIAZ, cuando era comandante de la Brigada XVII. Hoy los paramilitares han echado mano de esa falsa información para continuar la persecución a muerte contra Germán Graciano, lo cual a su vez reconfirma la estrecha coordinación entre militares, paramilitares y miembros de la Fiscalía. En la semana del 15 de febrero de 2018 un paramilitar le comentó a otro miembro de nuestra Comunidad que la Fiscalía y los paramilitares continúan alimentando el mismo falso relato, tratando de construir acciones judiciales contra Germán y nuestra Comunidad de Paz-

* En la semana del 15 de febrero de 2018 en el corregimiento de Currulao el comandante paramilitar de la zona de San José, alias “Majute”, convocó a compradores y negociadores de ganado para exigirles que el ganado que se compre y se venda debe tener marcas y registros de vacunación y las transacciones deben hacerse bajo el control paramilitar. En dicha reunión trataron de hacer creer que ellos no habían tenido nada que ver en el atentado contra nuestra

Comunidad de Paz del 29 de diciembre y sin embargo allí estaban presentes varios de los paramilitares que participaron en el crimen, como alias “Felipe”, comandante de la red de San José y alias “El Gato” (Ricardo David). De dicha reunión salieron nuevas amenazas contra la vida de los hijos de Ernesto Guzmán, asesinado en La Esperanza por no querer venderle su finca a los paramilitares; ahora sus hijos son perseguidos por mantener la propiedad de su finca; uno de ellos, JUAN DE LA CRUZ, fue herido en un atentado contra su vida el año pasado.

* Los días 18 y 19 de febrero de 2018 nuestra Comunidad preparaba el aniversario de la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005, cuando las delegaciones comenzaban a llegar a

la Aldea de Paz de Mulatos Medio, los paramilitares pasaron repetidas veces por frente a la Aldea, en el río Mulatos, uniformados y armados, siendo vistos por varias delegaciones, lo que se interpretó como una amenaza contra la Comunidad y un intento de boicot a los actos de

memoria. El viernes 23 de febrero, cuando las delegaciones comenzaban a regresar de Mulatos, los paramilitares convocaron a una reunión con personas vinculadas a la acción comunal de la zona de Mulatos; en dichas reuniones han estado insistiendo en que nuestra Comunidad debe ser despojada de la Alda de Paz y en ese terreno debe ser tomado por la fuerza.

* En la noche del 22 de febrero de 2018, mientras la mayor parte de nuestra Comunidad de Paz se encontraba en Mulatos en las conmemoraciones de la masacre del 21 de febrero de

2005, varias personas que vigilaban el asentamiento de San Josesito pudieron observar un dron que sobrevolaba el asentamiento, como forma de espionaje quizás para preparar nuevo atentados.

* El domingo 25 de febrero de 2018, personas que pasaron por el caserío de San Joé en horas de la noche pudieron observar que había mucha gente tomando cerveza y concentrados en varias cantinas, mientras se escucharon disparos en diversos puntos del caserío y se comprobaba la presencia de muchos de los jóvenes vinculados al paramilitarismo quienes portan ordinariamente armas visibles.

* El día de hoy, 28 de febrero de 2018, nuestra Comunidad ha sido informada de que Luis Yair Úsuga, integrante de la estructura paramilitar, ha convocado a todos los pobladores de La Unión para que asistan a un reunión con los paramilitares el próximo viernes 2 de marzo.

Desde el atentado del 29 de diciembre, hemos percibido que niguna autoridad quiere controlar a los paramilitares y se callan cuando se hace referencia a la impunidad e inmunidad con que ellos actúan. Nuestra fortaleza es nuestra identificación con nuestros principios y al apoyo moral que recibimos de cada vez m{as personas y comunidades del país y del mundo quienes repudian el funcionamiento de este Estado-Paramilitar. Expresamos nuevamente nuestra gratitud a quienes nos acompañan.

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de las últimas agresiones que hemos sufrido por parte de este Estado-paramilitar que cada vez revela más su talante criminal.

Hoy nuestra comunidad de paz sigue en esa lucha por la defensa de la vida y el respecto por los derechos de la población civil en nuestro territorio. Ya son muchas las constancias que hemos dejado a nivel público sobre las amenazas que nuestra comunidad ha recibido, las cuales revelan que existen estructuras criminales muy afianzadas que se apoyan en la tolerancia, la convivencia, la aquiescencia, el respaldo y la colaboración de las instituciones que dicen defender la Constitución y las leyes pero que hacen todo lo contrario.

El pasado 29 de diciembre nuestra comunidad vivió una arremetida paramilitar en nuestro asentamiento de San Josesito, la cual tenía la única intención de asesinar a miembros de nuestra Comunidad de Paz, hecho que por fortuna no se consumó, gracias a la reacción de nuestros compañeros, pues se logró retener a dos paramilitares, inmovilizarlos y quitarles sus armas: una pistola SIGSAUER, calibre 9 mm., serial: B252721, dos celulares (Alcatel y Samsung), una navaja y dos machetes. Estos materiales de guerra fueron guardados para después ser destruidos en presencia de instituciones, organizaciones y medios de comunicación, lo cual ya se efectuó, siendo entregados los restos materiales inservibles a la Defensoría del Pueblo en cabeza del Defensor Nacional, Señor Carlos A. Negret.

Muchas personas y organizaciones nos han criticado por no poner esas armas a disposición de autoridades de investigación y control, pero nuestra Comunidad ha experimentado, a lo largo de sus 20 años de existencia, que esas armas regresan temprano o tarde a los circuitos criminales organizados para destruir vidas humanas y a ello contribuye, indudablemente, la extrema corrupción del aparato judicial y la solidaridad comprobada de nuestra fuerza pública con las estructuras criminales paramilitares. Por principios éticos que tenemos muy claros desde nuestro origen, nuestra Comunidad se niega a colaborar con esas cadenas camufladas de muerte que hunden sus raíces en un Estado enemigo de los pobres y de sus expresiones sociales aunque profese, en los discursos, otros principios.

La escandalosa decisión de la Fiscalía de dejar en libertad inmediata a los asesinos que logramos inmovilizar y entregar a un delegado del alto gobierno, decisión censurada por numerosas manifestaciones nacionales e internacionales de organizaciones de toda índole, incluyendo gobiernos extranjeros y organismos internacionales, demuestra a las claras esa solidaridad del Estado con los criminales. Seguramente podrán alegar formalidades legales, como nuestra misma decisión de no entregar las armas incautadas o no presentar quejas formales antes las corruptas instituciones judiciales frente a las cuales hicimos ruptura hace muchos años, luego de demostrar minuciosamente su podredumbre sin que las altas Cortes nos dieran solución alguna, pero todo esto demuestra que la justicia pide a gritos una reforma radical, pues ha llegado magistralmente a combinar impunidad para las élites del poder y sus brazos criminales y arbitrariedad represiva para los inconformes con la opresión.

Las grotescas y repulsivas declaraciones del Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien pretendió frenar con mentiras y revictimizaciones contra nuestra Comunidad de Paz las reacciones frente al horrendo crimen paramilitar del 29 de diciembre, han recibido el repudio internacional y las censuras éticas más contundentes de infinidad de personalidades, organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, pero esas censuras no lo afectan a él ni al gobierno nacional, ya que la ética no figura en sus intereses ni en su escala de valores.

Dejamos constancia de estos últimos hechos:

.El martes 30 de enero de 2018, hacia las 15:00 horas, se escucharon disparos en el punto conocido como La Tequera, a tan solo 5 minutos de nuestro asentamiento de San Josesito. Enseguida una moto con dos reconocidos paramilitares salió de ese lugar y pasó por la carretera frente a nuestro asentamiento de San Josesito. Unos metros más abajo volvieron a hacer disparos, los cuales fueron escuchados muy de cerca desde nuestro asentamiento. Era evidente que con ello querían significar que siguen buscando ocasiones para masacrarnos y que siguen siendo intocables para las autoridades de control y contando con su tolerancia y aquiescencia.

.El miércoles 31 de enero de 2018 a las 12:00 del mediodía nuestra Comunidad realizó el acto de destrucción de las armas retenidas a los cinco paramilitares que intentaron asesinar a nuestro Representante Legal y a otros miembros de nuestra Comunidad de Paz el pasado 29 de diciembre del 2017. Para dicho acto se contó con la presencia de la Defensoría del Pueblo en cabeza del Señor Defensor Nacional Carlos A. Negret y de medios de comunicación como El Espectador, Canal Uno y otros. Los restos de las armas destruidas fueron dejadas bajo el cuidado de la Defensoría del Pueblo mediante dicho acto público.

Nuestra comunidad, como en otros momentos, deja muy en claro que no queremos la guerra y mucho menos materiales de violencia que destruyan vidas humanas.

El Estado es responsable de todo esto que está ocurriendo, pues no ha querido aceptar que existen estas estructuras paramilitares en nuestra región y prefiere encubrirlas y negarlas y dejar incólumes las instituciones que más colaboran con ellas.

Con la destrucción de estas armas queremos dejar una constancia adicional de que estos dos paramilitares retenidos por nuestra Comunidad de Paz el 29 de diciembre y entregados a funcionarios del alto Gobierno para que quedara una evidencia irrefutable de la existencia y del accionar criminal del paramilitarismo en nuestra zona, son culpables de haber intentado perpetrar una masacre y si no la consumaron fue porque se les impuso una fuerza mayor. Si fueron dejados en libertad inmediatamente, a pesar de que las autoridades de la Brigada XVII del Ejército, los mandos de la Policía, el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía y otras autoridades, teniendo incluso como testigo al Obispo de Apartadó, presenciaron el acto de entrega y la firma del Acta de entrega suscrita por el Viceministro del Interior y el Defensor Regional del Pueblo, con presencia masiva de la Comunidad de Paz y de campesinos de nuestro entorno, todo eso revela una connivencia escandalosa del poder judicial con el crimen. Para ello nuestro repudio moral más radical y masivo. Este Estado, con los partidos que lo respaldan, con su fuerza pública degenerada y sus gobernaciones y alcaldías corruptas son responsables de todo lo que pueda pasarle a los integrantes de nuestra Comunidad de Paz y a la población campesina de nuestro entorno físico y social.

Con nuestra inmensa gratitud a la multitud de organizaciones, comunidades y personas de Colombia y del mundo entero que nos han rodeado con su solidaridad insobornable en estos momentos tan aciagos, dejamos esta nueva constancia.

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necedidad de dejar constancia ante el pais y el mundo sobre toda la barbarie a la que somos sometidos diariamente por este Gobierno con sus estructuras paramilitares.

Cada vez más nuestra comunidad de paz es sometida a intentos de exterminio por parte de un Estado que ha buscado permanentemente, desde hace 20 años, estrategias para sacarnos de sus caminos y, para lograrlo, se ha valido de estructuras paramilitares estrechamente ligadas a su fuerza pública, las cuales han contemplado, entre otros muchos crímenes, la eliminación física de nuestros integrantes y del campesinado de nuestro entorno.

Ni para el gobierno nacional ni para los gobernantes locales, como el Gobernador de Antioquia, existen hoy día estructuras paramilitares y así lo han manifestado muchas veses por los medios masivos de comunicación. En cambioquienes vivimos en el campo y tenemos que enfrentar diariamente esas estructuras criminales que se apoyan en la tolerancia, la aquiescencia, la colaboración, la unidad de acción y la solidaridad evidentes de las instituciones oficiales, el paramilitarismo está dominando y sometiendo al campesinado a sus proyectos y de esto no hay duda posible porque el sufrimiento diario de su fuerza se nos impone con toda crudeza.

En los últimos días se han producido nuevos hechos de los cuales dejamos constancia ante el país y el mundo:

• Además de lo denunciado en nuestra constancia del 22 de diciembre, en la que pusimos en conocimiento público el plan revelado por el paramilitar Isaías,alias “Malaca”, en el caserío de San José, según el cual iban a asesinar a Germán Graciano (representante legal de nuestra Comunidad) y a envolver el crimen, ya concertado con la Brigada XVII, en un robo de dinero para manejarlo ante los medios como un atraco, libreto que trataron de ejecutar así el 29 de diciembre pasado, hemos evaluado otras revelaciones que habían llegado a la Comunidad por esos mismos días, en la semana de 20 de diciembre,como lo manifestado por el paramilitar alias “Elías Idaldo”, quien intentó penetrar en el asentamiento de San Josesito dos veces, según el cual existía el plan de los paramilitares de entrar a nuestro asentamiento de San Josesito y cometer una masacre y hacerla aparecer como un intento de robo. Esto muestra que el plan criminal ha estado detalladamente diseñado y seguirán intentando realizarlo, sobre todo cuando se comprueba la complicidad de la fuerza pública por su inacción frente a la invasión paramilitar en la zona; la complicidad del aparato judicial al dejar en libertad inmediatamente a los victimarios, y la complicidad del gobierno departamental al lanzar a los medios masivos una versión tan falsa y grotesca como la del Gobernador de Antioquiadel 2 de enero, la cual buscó estigmatizar más a muestra comunidad victimizada y arropar con un manto encubridor a los victimarios. Además, si este diseño se confronta con las declaraciones del Ministro de Defensa cuando niega que los asesinatos de líderes sociales responden a un plan persecutorio, se puede concluir que ahora a las brigadas militares y a sus brazos paramilitares se les exige un diseño previo del crimen, de modo que aparezca en primer plano un móvil de delincuencia común o bien conflictos interpersonales en las organizaciones atacadas o conflictos sentimentales denominados “líos de faldas”. La perversidad de nuestro Estado no tiene límites.

• El Martes 09 de enero de 2018 a las 11:30 horas, un grupo de 6 páramilitares camuflados y bien armados hicieron presencia en las veredas Miramar,Cristalina, La Linda y El Mariano, del corregimiento de San José de Apartadó. Nuestra Comunidad de Paz lanzó la voz de alerta por la red, pues la intención de estos paramilitares era llegar hasta nuestro asentamiento de San Josesito. En los días anteriores nos habían enviado amenazas desde el corregimiento de Saiza (Tierralta, Córdoba) manifestando que: “esto que les pasó a nuestros compañeros allá en esa HP comunidad no se va a quedar así, porque vamos a ir y les vamos a hacer una masacre para que vean que con nosotros no se juega”.Allí en Saiza reunieron a todos sus “puntos de información”, al igual que a la población civil que vive en las veredasde ese sector; por eso conocimos sus amenazas.

• El miércoles 10 de Enero de 2018 nuestra Comunidad fue informada de un plan de los paramilitares en el corregimiento de San José de Apartadó, según el cual allí se fraguaba una estrategia para incendiar nuestro asentamiento de San Josesito, para lo cual han estado acumulando gasolina en cantidad.

• El jueves 11 de Enero de 2018, en horas de la mañana, un grupo de paramilitares en el casco urbano de San José de Apartadó de nuevo lanzaron amenazas encontra de miembros de la Comunidad de Paz. Allí manifestaron que, a toda costa, tenían que asesinar a GILDARDO TUBERQUIA y a GERMAN GRACIANO, porque están estorbando los planes que el paramilitarismo tiene preparados para esta región.

• El martes 16 de Enero de 2018 hacia las 11:30 horas, cuando un miembro de nuestra ComunidadPaz se disponía a recoger a su hija,quien se encuentra muy enferma en el sitio conocido como La Casona, de la vereda Mulatos, del corregimiento de San José de Apartadó, fue interceptado por un paramilitar quien lo amenazó diciéndoleque por ningún motivo se llevaría la niña sin una orden de los paramilitares,a lo que el miembro de nuestra Comunidad respondió que se llevaría la hija a un centro médico porque se encontraba muy enferma y después la traería de regreso a su madre quien está en esa zona. De nuevo el paramilitar le replicó:“¿qué es lo que usted se cree? ¿cree que porque es de la comunidad de paz va a hacer lo que le da la gana?Si se siente muy macho, vaya y traiga a toda esa comunidad y se lleva la niña, si es que es muy verraco”.Ese mismo paramilitar, el día siguiente (miércoles 17 de Enero de 2018 hacia la 13:20 horas) entró a nuestra Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, en la vereda Mulatos Medio y comenzó a amenazar a los miembros de nuestra Comunidad que se encontraban allí trabajando, diciéndolesque si los miembros de esa Comunidad de Paz eran muy machitos, que fueran y se llevaran la niña de donde está, porque no lo ibana permitir, ya que esto era una orden del Viejo, quien se encontraba ahí en La Casona. Después se marchó del lugar. Aún la niña se encuentra muy enferma por falta de atenciones médicas y los paramilitares no permiten que sea movida para ser atendida. Es preocupante que ya ni los padres tienen derecho a llevar a sus hijos a los centros médicos porque estos grupos paramilitares no lo permiten y condenan a los niños a la muerte por falta de atención médica. Esto revela el tipo de dominio y control exhaustivo de la población que el paramilitarismo está implantando en la región.

En las últimas semanas, muchas personas y grupos de diversos rincones del mundo han protestado fuertemente ante el gobierno colombiano por lo sucedido el 29 de diciembre pasado, cuando se intentó asesinar a varios líderes de nuestra Comunidad, entre ellos a nuestro representante legal, Germán Graciano. Se acudió entonces a un nuevo intento de encubrimiento que estuvo acompañado por nuevas estigmatizaciones contra nuestra Comunidad de Paz. Esa tarea se le encomendó al Gobernador de Antioquia LUIS PÉREZ GUTIÉRREZ, en cuya hoja de vida hay episodios tan horrendos como la “Operación Orión” que masacró, bombardeó, torturó, desapareció y perpetró abundantes montajes judiciales y detenciones arbitrarias en la Comuna XIII de Medellín (una de las comunes más pobres de la ciudad) cuando él ejercía como Alcalde (octubre 2002).

El pasado 2 de enero de 2018, Luego de un amañado “Consejo de Seguridad” en el que las informaciones las suministraron militares y policías, el GOBERNADOR LUIS PÉREZ lanzó a los medios la versión según la cual los victimarios no eran ningunos paramilitares sino integrantes de nuestra misma Comunidad, en concreto “el peluquero de la comunidad”, quien con una capucha quiso atracar una tienda del mismo asentamiento, concluyendo el Gobernador que nuestra Comunidad es mentirosa y comparable a la figura mítica del “pastorcito mentiroso. El Gobernador se adelantaba, pues, a justificar que el Estado no hará nada para defender nuestra Comunidad cuando sean ejecutadas las grandes masacres que se vienen anunciando, dado que, según él “la comunidad es tan mentirosa como el pastorcito mentiroso”.

Mucha gente, en el país y en mundo, se encuentra indignada y se pregunta por qué un Gobernador que procede de esa manera no es sancionado ejemplarmente. También se preguntan por qué los funcionarios judiciales que dejaron en libertad a los victimarios a las pocas horas de entregárselos con la mediación de un Viceministro del alto gobierno, no son destituidos y sancionados. En realidad, estamos tan acostumbrados a vivir en medio de un Estado mentiroso y criminal y al lado de un poder judicial que ha dejado en la impunidad absoluta millones de crímenes de lesa humanidad y está hundido en la corrupción más aterradora, que estos nuevos episodios aberrantes nos parece que hacen parte del “paisaje normal” de este Estado.

La tolerancia o coordinación del gobierno con el GOBERNADOR PÉREZ GUTIÉRREZ viola las normas establecidas por la Corte Constitucional en su Sentencia T-1191 de 2004. Dicha Sentencia establece que cuando un mandatario pretende INFORMAR, jamás puede hacerlo con base en fuentes no verídicas, pues pisotea el derecho consagrado en el artículo 20 de la Constitución “a recibir información veraz e imparcial”, e incluso cuando trata de EXPRESAR SUS OPINIONES ante la población, tal libertad de opinión no puede transgredir las nociones de veracidad e imparcialidad tan importantes en la Constitución. Dicha Sentencia afirma: “… aunque en principio la libertad de pensamiento no conoce restricciones, cuando la opinión expresada se fundamenta sobre hechos no veraces, ésta se desnaturaliza al no versar sobre una interpretación o valoración de hechos ciertos o pensamientos verídicamente conocidos, generándose, entonces, una vulneración a los derechos de información en cabeza de los receptores de la opinión, así como una eventual amenaza injusta a los derechos a la honra y al buen nombre del sujeto o sujetos objetos de la opinión” (cita también la Sentencia T-1202 de 2000). Además la Sentencia recuerda que: “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares’ (…) También afirma dicha sentencia que a todas las autoridades les compete “una posición de garante respecto de los derechos fundamentales de todos los habitantes del territorio nacional, que hace que cuando se dirija a los ciudadanos deba abstenerse de emitir cualquier declaración o afirmación que lesione o ponga en riesgo tal categoría de derechos. Esta obligación adquiere mayor relevancia tratándose de sujetos de especial protección constitucional tales como los defensores de derechos humanos, los reinsertados, los desplazados por la violencia o los miembros de comunidades de paz (Sentencia T-588 de 2003 y T-327 de 2004), quienes debido al estado de vulnerabilidad en el que se encuentran, que se manifiesta en un mayor nivel de exposición a riesgos de carácter extraordinario y de amenaza de sus derechos fundamentales, especialmente de los derechos a la seguridad personal, a la integridad física y a la vida, merecen un tratamiento especial y la adopción de medidas reforzadas de protección”.

La misma Sentencia, frente a la eventualidad de transmisión por parte de mandatarios de informaciones inexactas que desconocen derechos fundamentales de personas y grupos, afirma que deben ser objeto de diferentes controles, tales como: un control político en el seno del Congreso de la República; un control político ciudadano a través de veedurías ciudadanas; un control judicial mediante acciones penales por calumnia e injuria; una acción de tutela cuando se lesionan derechos fundamentales; una acción ante tribunales internacionales establecidos en defensa de los derechos humanos (Cfr. Sentencia T-1191/04, Parte II, No. 4.2) Para la Corte, tales afirmaciones falsas tienen un agravante mayor cuando se expresan ante medios masivos de comunicación “en atención a la gran capacidad de penetración en todas las esferas de la sociedad que éstos poseen, al número considerable de receptores a los que pueden llegar, al impacto inmediato que poseen sobre la formación de la opinión pública e, incluso, sobre los comportamientos y reacciones de los individuos, debido a que el espacio de reflexión de las noticias que se reciben a diario, y a las mínimas posibilidades de defensa que tienen aquellos sujetos que puedan resultar afectados por las informaciones que se transmiten (...) el empleo de esta categoría de medios genera en el Presidente, como en cualquier otra autoridad particular, una mayor responsabilidad que aquella que deviene de la utilización de otros sistemas de comunicación no masivos” (ibid. Parte II, No. 4.3).

Si el gobierno respetara la Constitución, las leyes y sus compromisos internacionales, no dudaría en destituir fulminantemente a esegobernador, un verdadero delincuente que hasta se ufana de acciones tan perversas. Pero es evidente que el gobierno tolera y protege sus crímenes en un contexto de criminalidad estatal de alto nivel.

Este episodio nos recuerda otro de similar repugnancia cuando el gobernador era el Señor SERGIO FAJARDO. En ese entonces, en estrecha unidad de acción, militares y paramilitares desaparecieron a un joven de la vereda La Hoz de San José de Apartadó. Cuatro magistrados de la Corte Constitucional enfrentaron a Fajardo en Medellín (18 de septiembre de 2013) para pedirle actuar contra tal crimen de lesa humanidad perpetrado en su jurisdicción. La respuesta de Fajardo fue indignante: soy agente del Estado y solidario con sus actuaciones, entre ellas las de la fuerza pública; dejemos que ella resuelva el problema (a sabiendas de que miembros de la fuerza pública estaban involucrados en el crimen). Respuesta que dejó estupefactos a los magistrados y a otras personalidades presentes. Indigna saber que ese Señor esté aspirando ahora a la presidencia de la República.

Nuestra Comunidad agradece nuevamente la gran cantidad de mensajes de solidaridad recibidos desde muchos rincones de Colombia y del mundo, en los cuales rechazan y condenan la actitud unificada del Estado con las estructuras paramilitares para justificar el exterminio de nuestra Comunidad. Con todas esas personas, grupos, comunidades, municipalidades, instancias locales y regionales de gobiernos y organizaciones internacionales, nos sentimos identificados en unos principios éticos y humanos, que hoy brillan por su ausencia en el poder creciente de nuestros victimarios avalados por nuestras instituciones falsamente democráticas.

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó tiene que recurrir al país y al mundo para dejar constancia de nuevos hechos de agresión y ofensa que nos llenan de perplejidad e indignación.

En el día de ayer, martes 2 de enero de 2018, pudimos escuchar apartes de una conferencia de prensa del Gobernador de Antioquia, Señor LUIS PÉREZ GUTIÉRREZ, quien se refirió a los hechos trágicos que nuestra Comunidad vivió en los últimos días cuando cinco paramilitares, luego de infinidad de amenazas de exterminar nuestra Comunidad de Paz, incursionaron en nuestro asentamiento central de San Josesito el pasado 29 de diciembre con la intención de asesinar a nuestro representante legal y a otros líderes de la Comunidad, siendo dos de los paramilitares desarmados e inmovilizados por miembros de nuestra Comunidad y entregados a un delegado del alto gobierno.

El Gobernador de Antioquia afirma que el hecho se analizó en un Consejo de Seguridad que recibió informes de la policía y del ejército y que “ayer ya se aclaró el tema: no eran ningunos paramilitares, eran un par de muchachos, donde uno de ellos era el mismo peluquero de esa comunidad, que se pusieron capucha para atracar una salsamentaría o granero; la comunidad los retuvo por un tiempo relativamente largo, y cuando pudo intervenir el gobierno se detectó que eran dos muchachos de la misma comunidad que habían tratado de atracar una tienda”

El Gobernador concluye que nuestra Comunidad es mentirosa y la exhorta a que no produzca informes inflados, pues le advierte que: “puede llegar el momento que pase lo que le pasaba al pastorcito mentiroso, que de tanto hacer menciones sin fundamento, cuando verdaderamente necesita la participación del Estado, ya, pues, no había forma”.

Nos deja perplejos esta fábula, a no dudarlo, malintencionada. Para todos los que vivimos ese trágico episodio y pudimos contemplar a los paramilitares durante 24 horas e incluso hablar con ellos mientras estaban inmovilizados; para quienes nos acompañaron y cuidaron de los heridos y contemplaron el arma que les fue incautada y los proyectiles que había en su proveedor; para quienes hemos sufrido sus amenazas persistentes desde hace meses y años y concluíamos que se trataba de unas muertes anunciadas que nuestra reacción solidaria y súbita logró impedir, el relato del Gobernador resulta no sólo ofensivo sino extremadamente perverso. Afirmar que los paramilitares eran muchachos de nuestra Comunidad que se pusieron capuchas para atracar una tienda de su propio asentamiento, es algo que parece una broma de mal gusto pero que revela trasfondos de maldad y cinismo que no creíamos posibles en un mandatario de ese nivel. Contrastada con los hechos reales, presenciados incluso por cerca de una decena de acompañantes internacionales que fueron testigos de diversos momentos de la tragedia, la versión del Gobernador se percibe como la de un bufón vulgar que pretende encubrir hondas complicidades con los victimarios mediante el recurrido mecanismo de la trivialización de los relatos, acercándolos a lo grotesco, para que las masas consumidoras de sus “informaciones” desvíen cualquier posible mirada solidaria hacia las víctimas , degradándolas como generadoras engañadas de sus propios victimarios, en episodios que provocan risa en los bajos mundos de la vulgaridad que disfruta de la violencia cuando está articulada con trampas y jugadas de astucia.

Y el Gobernador remacha su versión grotesca y perversa calificando a nuestra Comunidad como MENTIROSA. Lo hace recurriendo a una fábula universal: la del “pastorcito mentiroso” que lanzó muchas veces alarmas falsas de que el lobo venía a atacar su rebaño y logró así la solidaridad de mucha gente, pero cuando de verdad llegó el lobo, ya la gente no le creyó. Cualquiera percibe la perversidad enorme que esta alusión encierra, como medio para estigmatizar y degradas mediáticamente a nuestra Comunidad.

En realidad, la re-victimización que nos hace el Gobernador no nos sorprende. Encuadra perfectamente en la política que han seguido los gobiernos frente a nuestra tragedia durante los 20 años transcurridos. Todas nuestras denuncias han sido calificadas como “mentirosas”. El Ministerio de Defensa, al cual los presidentes, ministros y altos funcionarios les remiten nuestras constancias, invariablemente responde que “los hechos no han ocurrido”; que “en la zona no había tropas” y que “grupos paramilitares no existen”. Desde nuestro primer año de existencia, el ex general Rito Alejo del Río les respondía a las delegaciones internacionales que comprobaban los retenes paramilitares en la vía de Apartadó a San José, que los paramilitares no existían, aunque los internacionales le contaran que los habían visto y fotografiado y discutido con ellos. Tal estrategia negacionista se ha mantenido en estos 20 años invariable. Para el Alto Gobierno, la “verdad” es la respuesta falsa que se inventan los victimarios y jamás el relato doloroso de las víctimas.

Varias Cortes internacionales y todos los grupos solidarios con nosotros en el país y el mundo, conocen de sobre esta estrategia que se arraiga en los más oscuros subterráneos del poder.

Con inmenso dolor de patria,