2019

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve nuevamente en la necesidad de recurrir al país y al mundo para denunciar las graves violaciones a sus derechos fundamentales de que ha sido víctima en los últimos meses.

Al igual que los gobiernos anteriores, el Presidente Duque ha optado también por la política de brazos caídos y oídos sordos frente al paramilitarismo. A pesar de haber recibido voluminosos documentos que le demuestran la continuidad de políticas de Estado de complicidad, connivencia, tolerancia y mucho más frente a millares de crímenes perpetrados por estructuras armadas cuya relación con el Estado ha sido puesta en evidencia ya por numerosas sentencias de tribunales nacionales e internacionales, prefiere callar y no actuar para seguirles dejando las manos libres.

El paramilitarismo en Urabá pasó de períodos en que actuaba adjunto a la fuerza pública a la luz del día sin ningún pudor, a períodos de separación coordinada, acompañada de un intenso negacionismo, afirmando todas las instituciones que “el paramilitarismo no existe” mientras todo el mundo los ve actuar dentro de los mismos parámetros políticos y criminales de siempre. Ahora parecen entrar en un nuevo período en el cual la cooptación de las juntas de acción comunal les sirve de camuflaje, pues descargan en ellas la ejecución de sus decisiones, prohibiéndoles delatar sus estrechas relaciones. Ya las más atrevidas políticas contra la población campesina y contra sus valores ancestrales aparecen como “decisiones democráticas” de las juntas de acción comunal, aunque todo el mundo sabe que son órdenes del paramilitarismo recibidas a su vez del alto gobierno. Oponerse a esas decisiones puede traer graves consecuencias y los miembros honestos de las juntas lo saben muy bien y por eso prefieren callar y someterse.

Dentro de esta nueva estrategia, a las juntas de acción comunal se les ha encargado gestionar el MEMORICIDIO, o sea el exterminio de la memoria histórica. Nuestra Comunidad está sufriendo ahora las amenazas de destrucción de los monumentos de memoria que señalan los lugares sagrados donde fueron sacrificados nuestros líderes con altos grados de sevicia por parte de militares y paramilitares. Ahora son, pues, las juntas comunales las que bloquean o quieren exterminar la memoria, cumpliendo órdenes perversas de los poderes vigentes. Era difícil imaginar que se podría llegar a esa ignominia, pero lamentablemente ya es un hecho.

Los hechos que queremos poner en conocimiento del país y del mundo son los siguientes:

En la última semana de octubre de 2019, el ex militante de las FARC-EP y ahora integrante de la estructura paramilitar con presencia en el Cerro de Chontalito, conocido como “Pablo”, participó en una fiesta en la vereda Cabecera de Mulatos y allí quiso asesinar a un joven de la zona a quien persiguió con un arma; cuando el joven se le escapó, él lo buscó por diversas viviendas para darle muerte. Cuando la Junta de Acción Comunal abordó el caso, consideró que no podían arreglar el problema con alias “Pablo” sino que debían comunicarse con alias “René”, también ex militante de las FARC-EP y quien ahora ejerce la comandancia del paramilitarismo en la zona de San José de Apartadó.

El sábado 2 de noviembre de 2019, en la vereda La Esperanza una tropa del ejército ingresó a una vivienda donde sólo estaban los niños, pues los padres habían salido a trabajar. Cuando uno de los niños observó que ellos llevaban un radio, les dijo que ese radio era igual al de su papá y fue y sacó el de su papá para mostrárselo. Los militares comprobaron que en realidad era un radio de su institución, lo que confirmaba que el jefe de ese hogar era un espía o “punto” paramilitar. Los militares regresaron a esa vivienda en la tarde cuando el señor regresó de su trabajo y departieron amigablemente con él como colegas.

En la primera semana de noviembre de 2019, en un sitio aledaño al centro urbano de San José de Apartadó fue citado un joven del caserío por paramilitares; al llegar fue amenazado de muerte acusándolo de robo y drogadicción. El joven no aceptó la acusación de robo y afirmó que si consumía droga era con su dinero. El hecho es demostrativo del tipo de “justicia” de facto que pretenden implantar los paramilitares en la región.

El sábado 9 de noviembre de 2019, el ex militante de las FARC-EP y ahora integrante de la estructura paramilitar con presencia en el Cerro de Chontalito, conocido como “Pablo”, llegó hasta la Bodega de comercialización del cacao en San Josesito, acompañado por otros integrantes de la estructura paramilitar y permaneció un tiempo en sus alrededores en actitud de espionaje.

En la segunda semana de diciembre de 2019, la Comunidad de Paz recibió informaciones según las cuales alias “Pablo”, ex integrante de las FARC-EP y ahora integrante con mando importante en la estructura paramilitar, se desplazó a la vereda de Saiza, del municipio de Tierralta, del departamento de Córdoba, a dar un curso sobre explosivos a la estructura paramilitar de dicha zona.

El viernes 13 de diciembre de 2019, varios integrantes de la Comunidad de Paz quienes se desplazaban por el camino que conduce del caserío de San José a la vereda La Unión, encontraron sobre el camino un panfleto manuscrito en el cual se incitaba a “dar muerte a los sapos”, refiriéndose a los denunciantes. La molestia y furia con que los paramilitares se refieren a las denuncias de sus acciones es algo ya muy conocido en la región, así como su acusación permanente a la Comunidad de Paz de denunciar ante el mundo todas las agresiones criminales de los actores armados y las violaciones a los derechos humanos y atentados contra la dignidad humana.

El miércoles 18 de diciembre de 2019, algunas juntas de acción comunal de la zona convocaron a una reunión de pobladores en la vereda La Esperanza para transmitir la orden de los paramilitares de obligar a todos los pobladores a pagarles impuestos ilegales de 10.000,oo (diez mil pesos) por cada hectárea de tierra que posean.

En el mes de diciembre de 2019 se han intensificado los anuncios, por parte de juntas de acción comunal de la zona, impulsadas por estructuras paramilitares que les imparten directrices, de destruir construcciones realizadas por la Comunidad de Paz en sitios sagrados de memoria de sus víctimas. Desde hace un tiempo la Comunidad de Paz ha venido construyendo un monumento – memoria de la masacre perpetrada por el ejército y los paramilitares el 8 de julio de 2000 en la vereda La Unión. Por su parte, la junta de acción comunal de dicha vereda ha amenazado reiteradamente con destruir el memorial, alegando que el gobierno les ha ofrecido construir en ese mismo sitio una placa poli-deportiva. Esto coincide, en su estrategia, con las presiones de la junta de acción comunal de la vereda Mulatos Medio, la cual ha querido apoderarse violentamente de la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, donde la Comunidad hace presencia desde hace 15 años y ha construido una capilla en el sitio sagrado donde fue masacrado Luis Eduardo con su compañera y su hijo de 10 años. En ese mismo sitio la junta de acción comunal alega que el Estado les ofrece construir una escuela y una caseta de venta de licores, precisamente allí y no en otro sitio. No cabe duda de que estas amenazas coincidentes revelan una política estatal de memoricidio, como afán de borrar la memoria de las víctimas y de los crímenes de Estado.

En otros países, el negacionismo y el memoricidio se desarrollan en períodos de posconflicto y de posviolencia, cuando la memoria busca exigir que se tomen medidas de corrección y de no repetición. En Colombia esas perversas estrategias coinciden con la continuidad de los crímenes, pues mientras los paramilitares, brazo armado ilegal del Estado, tratan de bloquear la memoria valiéndose de las juntas de acción comunal, esos mismo paramilitares continúan exterminando el liderazgo social del país y matando a los combatientes desmovilizados.

Otra labor destacada de las juntas de acción comunal en los últimos meses ha sido la recolección de firmas en favor de las empresas transnacionales orientales (Coreanas y Chinas) que ya están diseñando la explotación del carbón y de varios metales, comenzando por el corregimiento de Nuevo Antioquia (Turbo) y avanzando por las veredas de San José de Apartadó. Igualmente promueven la presentación de hojas de vida para ser contratados por esas empresas, como solución al problema del desempleo. Es profundamente lamentables que el Estado quiera apoyarse en necesidades básicas insatisfechas de la población campesina para involucrarla en un modelo económico basado en la destrucción definitiva de recursos naturales no renovables, explotación que daña y envenena radicalmente el medio ambiente.

Una vez más agradecemos a las numerosas comunidades y personas que desde muchos lugares del país y del mundo mantienen en alto nuestra moral de resistencia y nuestros ideales de un mundo menos inhumano que el que vivimos. Al mismo tiempo les deseamos que el año que va a comenzar sea una nueva oportunidad de unir fuerzas entre todos los sectores del mundo que se apoyan en principios éticos humanitarios con el fin de avanzar en la construcción de la justicia, la solidaridad y la paz entre los vivientes.

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó acude ante el país y el mundo para dejar constancia de los últimos hechos que la afectan profundamente.

Hoy día el corregimiento de San José de Apartadó continúa invadido y controlado por paramilitares, quienes por más que el gobierno los niegue y los oculte, siempre están allí controlándolo todo y no se preocupan por las denuncias: tienen la seguridad de que sus patrocinadores y aliados son gobierno y no permitirán que sean judicializados, así se muestren a la luz del día y difundan ampliamente sus ilegales y perversas imposiciones, sus ilegales impuestos y extorsiones, sus amenazas y sus listados de candidatos a morir. Parodiando un salmo bíblico, se puede decir de ellos: “moran al abrigo del altísimo (gobierno)” y en esa seguridad fundan su cinismo y su descaro.

No hay que ir muy lejos para verificarlo: luego del asesinado del último joven campesino en la vereda La Cristalina (agosto 18 de 2019), un Fiscal de Apartadó convocó a pobladores de 4 veredas intensamente controladas por el paramilitarismo para preguntarles quién había asesinado a Weber Andrés (sept. 4/19). La nutrida presencia de paramilitares en dicha reunión, acompañados por numerosos militares y policías, le insistió al Fiscal que “en la zona no había paramilitares y que por lo tanto a Weber no lo podían haber matado los paramilitares”. Así se podían resumir las conclusiones convergentes de tan sospechosa asamblea. ¿Qué pretendía el Fiscal con un acto como esos? ¿Ignoraría que su auditorio estaba saturado de paramilitares quienes negaban su propia existencia con intenciones inconfesables y que los no paramilitares no se atrevían a hablar por no arriesgar sus vidas? ¿Tenía esa convocatoria el carácter de una audiencia judicial? ¿Será el Fiscal uno de los uribistas que opinan que el Estado de Derecho es obsoleto y que en adelante debe predominar “la justicia de opinión” apoyada en las facultades decisorias de los victimarios agrupados en montoneras? ¿Qué hacían allí militares y policías recogiendo firmas de los asistentes? ¿Cuál es el destino y el uso de esas firmas? ¿Equivaldrán esas firmas a una especie de “jurado de conciencia” que legitima el veredicto absolutorio de los asesinos? ¿Cuáles serán las nuevas reglas de juego de esa extraña “justicia”? ¿Por qué al menos no las hacen públicas?

Desde esa seguridad imperturbable, los paramilitares continúan en su rutinaria agresión a la población civil: controlan, cobran impuestos, amenazan y asesinan. Solo el silencio encapsula las voces de los campesinos. Si se salen de ese orden, rápidamente circulan las listas fatídicas con los nombres de los próximos muertos.

No hay un remedio que pueda curar esta tragedia, contra la conciencia de un campesinado que por más de 50 años ha vivido en esta zona donde sólo el sometimiento les ha permitido sobrevivir ajustándose a las reglas de los armados.

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó acude nuevamente ante el país y el mundo para dejar constancia de los últimos hechos que la afectan profundamente.

El manifiesto de retorno a la guerra de un grupo de ex combatientes de las FARC-EP que se habían identificado con el llamado “Acuerdo de Paz” firmado en La Habana, Cartagena y Bogotá a finales de 2016, constituye un anuncio de recrudecimiento del conflicto armado en nuestro territorio. Desde la desmovilización de varios frentes de las FARC-EP que operaban en nuestra región, el territorio fue cayendo totalmente bajo control de los grupos paramilitares que han gozado desde hace varias décadas del apoyo de la fuerza pública y demás instituciones del Estado, así lo nieguen persistentemente queriendo tapar el sol con las manos. Ahora se nos anuncia una nueva presencia de la insurgencia armada que seguramente traerá nuevos ríos de sangre a nuestras veredas, pues seguramente tratarán de atacar militarmente al paramilitarismo enseñoreado de la región y a las empresas transnacionales que destruyen el medio ambiente y roban los recursos naturales.

Ante el retorno de la guerra nuestra Comunidad reafirma su marginación total del uso de las armas y de cualquier colaboración directa o indirecta con actores armados. Estamos convencidos de que las armas no solucionan los conflictos sino que los incentivan mucho más y destruyen progresivamente las bases de construcción de democracia, de convivencia y de[A1] vida elementalmente humana.

Ante los hechos y los discursos que insisten en relegitimar la guerra nos preguntamos a quién le asiste la razón. Lo medios masivos de información señalan como único culpable al grupo de ex combatientes de las FARC-EP que se han retirado del proceso de incorporación al Statu quo. Por su parte, el Gobierno califica con los peores términos a dichos ex combatientes y se niega a escuchar y a tener en cuenta las razones de su disidencia, descargando contra ellos una furia bélica irracional que pasa por encima de numerosos principios de derecho internacional.

Nos asiste la convicción de que nada de esto contribuye a construir paz. Creemos que el Acuerdo de Paz que se firmó en 2016 no tocó realmente las raíces de la violencia centenaria que padecemos, ni en el aspecto de mecanismos de concentración de la propiedad de la tierra, ni el en aspecto de ausencia de democracia, ni en el aspecto de acceso a una mínima satisfacción de las necesidades de la población, ni en el aspecto de la corrupción invasiva de los poderes, ni en el aspecto de la carencia de justicia, ni en el aspecto de la podredumbre moral del aparato judicial y administrativo del Estado. A quienes entregaron las armas se les forzó a ceñirse a unas instituciones degeneradas y a un gobierno liderado por el peor de los caudillos que haya estado en el control del Estado en las últimas décadas arrasando todos sus principios éticos y jurídicos. Por añadidura el Gobierno desconoció hasta los más sencillos compromisos sustentados en el “Acuerdo de Paz” y ha tolerado con total pasividad cómplice una masacre permanente de excombatientes y un baño de sangre sin tregua de líderes y lideresas sociales por parte de grupos que no disimulan, explícita o implícitamente, su aplauso a modelo de gobierno imperante.

Lamentamos profundamente que el llamado “Acuerdo de Paz” no haya servido para desmontar prácticas que atormentan desde hace muchas décadas a las mayorías de base de nuestra nación: el paramilitarismo; la corrupción; el anticomunismo que ha producido millones de víctimas de sangre; el clientelismo y la dependencia, tanto militar como económica, de potencias extranjeras opresoras.

La respuesta del gobierno a las insurgencias antiguas y recicladas lo único que produce son muertes, sangre, sufrimientos y destrucción. Tiene una incapacidad radical para reconocer sus errores y sus crímenes y una voluntad morbosa de hundirse cada vez más en el pantano de su injusticia y de su pasión por los derramamientos de sangre. Ahora quiere hundirnos en una nueva guerra que sólo lleva al caos, a la catástrofe, a la reactivación sin fin de los odios y a la desesperación.

Además de expresar nuestro rechazo rotundo a la nueva incentivación de la guerra, dejamos constancia ante el país y el mundo de nuevos hechos que afectan a nuestra zona:

El viernes 23 de agosto de 2019, hacia las 9:00 horas, se escucharon fuertes disparos de armas largas y explosiones de bombas en el sitio conocido como El Barro de la vereda Mulatos Medios de San José de Apartadó. Allí se había comprobado una fuerte presencia de paramilitares camuflados y con armas largas. A poca distancia se encontraba un grupo de militares. Todo muestra que el tiroteo, que pudo ser entre unos y otros, no tuvo ninguna consecuencia ni estuvo acompañado de ninguna persecución, lo que algunos interpretaron como un signo de saludo mutuo o un juego de simulación.

El lunes 2 de septiembre de 2019, nuestra Comunidad de Paz destacó una comisión de solidaridad para acompañar a la familia del joven Weber Andrés Arias, asesinado el 18 de agosto, la cual tuvo que desplazarse y sacar sus pertenencias de la vereda La Cristalina, a causa de persistentes amenazas de los paramilitares. En el recorrido para sacar las pertenencias de dicha familia, fue posible comprobar la persistente presencia en la zona de paramilitares como el conocido como “Alfredo”. Es de recordar que a Weber Andrés lo asesinaron los paramilitares luego de advertirle en repetidas ocasiones que tenía que someterse a sus órdenes, a lo cual él se negó rotundamente, por lo cual finalmente acabaron con su vida. Luego se ensañaron en amenazas contra su familia por haber denunciado los hechos. Ya la denuncia se ha convertido en un “delito”, pues la misma Brigada XVII del Ejército ya no soporta que nuestra Comunidad se comunique con la sociedad civil para contarle lo que está sufriendo y por ello a través de una Acción de Tutela, aceptada absurdamente por la Juez Segunda Promiscua de Apartadó, obligaron a nuestra Comunidad a retirar de la red las constancias y a autoamordazarse, lo que nuestra Comunidad se ha negado a acatar.

El miércoles 4 de septiembre de 2019, un Fiscal de Apartadó, acompañado de fuerza pública y al parecer hasta de la Cruz Roja Internacional, convocó en las instalaciones del Colegio Bartolomé Cataño del corregimiento de San José de Apartadó, a varias juntas comunales y pobladores del corregimiento a una reunión. Hizo una consulta pública sobre la ejecución del joven WEBER ANDRÉS ARIAS GARZÓN, a la cual nos referimos en nuestra última constancia pública, perpetrada el 18 de agosto de 2019 entre las veredas La Cristalina y la Linda de San José de Apartadó. Varios de los participantes negaron la presencia de elementos paramilitares en la zona y atribuyeron a “desconocidos” el crimen de Weber Andrés. Negaron particularmente cualquier presencia de paramilitares en La Cristalina y se refirieron a la madre de la víctima y a nuestra Comunidad de Paz como culpables “por boconas”, de que el hecho se hubiera denunciado y conocido. Policías y militares se dedicaron a recoger firmas de todos los presentes y nos preguntamos cuál será el destino de esas firmas.

Si este procedimiento de fiscalía constituye una investigación del crimen, cualquiera percibe que es absolutamente irregular, pues da la impresión de que quiere hacer descansar en una supuesta opinión pública a todas luces manipulada e intimidada, de una población amordazada o hundida en la complicidad con el paramilitarismo, un veredicto que exonera al paramilitarismo de su responsabilidad en el crimen, afirmando su “inexistencia”. En dicha reunión era evidente la presencia de numerosos paramilitares y a nuestra Comunidad le preocupa profundamente que algunas juntas de acción comunal le cubran las espaldas a dichos paramilitares, en cuya organización se está coordinando la ejecución de miembros de nuestra Comunidad de Paz y de campesinos de nuestro entorno. No sabemos si esta es la antesala del archivo de un proceso que apenas se inicia, pero lo cierto es que está siguiendo el mismo camino de numerosos procesos que en el sistema judicial no son investigados como se debe y cuya impunidad se ampara en una estrategia mediática llena de mordazas, manipulaciones e intimidaciones. Esto nos recuerda los procedimientos que han sido rutinarios en la llamada “justicia” militar, donde se le pregunta al victimario si fue el culpable del crimen y ante la lógica negativa de éste, queda absuelto inmediatamente y el proceso archivado o precluído.

El viernes 6 de septiembre de 2019 en horas del día llegaron informaciones a nuestra Comunidad sobre nuevas amenazas a miembros del Consejo Interno de la Comunidad, entre ellos a nuestro Representante Legal, GERMÁN GRACIANO POSSO, amenazas que se fundan en el malestar creado entre los paramilitares y militares por las constancias que nuestra Comunidad deja ante el país y el mundo sobre los hechos que nos afectan. Esto preocupa profundamente a nuestra Comunidad y hacemos responsable al Gobierno Nacional de cualquier hecho grave que pueda suceder a los miembros de nuestra Comunidad. Los diversos gobiernos se han negado a controlar a sus subalternos de la fuerza pública en la zona, prueba de esto fue el plan que denunciamos el 22 de diciembre de 2017, plan criminal que, a pesar de haber sido denunciado con anterioridad, fue ejecutado el 29 de diciembre del mismo año.

En medio de anuncios preocupantes de un reciclamiento de la guerra, los actores armados que siempre han permanecido en nuestra zona, nos acosan más y más, siempre anunciando nuestro exterminio y sin que ninguna institución se ocupe de nuestra protección. Todos nuestros clamores ante los jefes de Estado, incluyendo el que elevamos ante el actual Presidente Duque al cumplirse un año de su gobierno, la única respuesta que reciben es el silencio absoluto, SILENCIO DE COMPLICIDAD.

Nuevamente agradecemos a todas las personas y comunidades que en el país y en el mundo sostienen nuestra resistencia con un respaldo moral y cuya presencia espiritual sentimos siempre reforzada en los momentos duros que vivimos.

Como en muchas ocasiones durante estos 22 años, nuestra Comunidad de Paz nuevamente deja constancia ante el país y el mundo sobre los últimos hechos de los cueles hemos sido víctimas al querer seguir en resistencia civil, en la defensa de la vida y del territorio.

Nuestra región se encuentra de nuevo de luto, gracias a la permisividad de la Brigada 17 del Ejército, pues los paramilitares asesinaron a otro joven campesino de nuestro Corregimiento que se negó a someterse a sus imposiciones arbitrarias y absurdas. Una evidencia más de que el paramilitarismo tiene las manos libres para proclamarse dueño de la vida y de la muerte de la población civil. Mientras el Gobierno y su Brigada militar 17 de Carepa afirman que el paramilitarismo no existe y que nuestra Comunidad de Paz inventa crímenes para desacreditarlos, la sangre sigue corriendo en nuestro territorio; los victimarios siguen en libertad y con carta blanca para seguir matando y las listas de próximos ejecutados circulando y sembrando terror, al tiempo que las organizaciones civiles, como las juntas comunales, que debieran reaccionar con energía, guardan silencio y se paralizan.

Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes:

• El domingo 18 de Agosto de 2019, entre las cinco 5 y las 6 de la tarde, fue asesinado el joven WEVER ANDRÉS ARIAS GARZÓN o UBER como lo llamaba la familia entre las veredas La Linda y La Cristalina, del corregimiento de San José de Apartadó. El crimen fue perpetrado por paramilitares que controlan la zona, los cuales ingresaron a la vivienda donde Wever Andrés se encontraba solo en ese momento, pues su compañera se encontraba en San José haciendo mercado. Le hicieron 4 disparos de arma de fuego que acabaron con su vida. Ese mismo día domingo, al enterarse del hecho, nuestra Comunidad de Paz organizó una comisión humanitaria para ir hasta el lugar de los hechos y acompañar a la familia. Se logró salir a las 11:00 de la noche, llegando al lugar a la 1:30 de la madrugada del lunes 19 y acompañar a la familia y amigos que se encontraban allí. Al mismo tiempo se habló con la Defensoría del Pueblo para que realizara las diligencias respectivas para el levantamiento del cadáver. Sólo a las 12:30 del día lunes 19 de agosto de 2019, 19 horas después del asesinato, llegaron hasta el sitio miembros de la SIJIN, la Policía y el Ejército supuestamente para hacer el levantamiento del cadáver. Sin embargo un Sargento le dijo a la madre de la víctima que era mejor que los civiles que se encontraban allí recogieran el cadáver y lo llevaran hasta San José donde los esperaría un grupo de la policía, pues ellos estaban muy cansados y no podían llamar un helicóptero.

Miembros de nuestra Comunidad le insistieron a la Defensoría del Pueblo de Apartadó que llamara a las autoridades competentes y de allí se comunicaron con el Coronel Pavón, comandante de operaciones, pero él respondió que era la policía la que debería levantar el cadáver y llevarlo a San José. Las dos órdenes contradictorias solo evidenciaban la irresponsabilidad rutinaria de la fuerza pública que busca siempre evadir y sacarle el cuerpo a sus obligaciones.

Ante tanta tardanza, la familia había pensado en un momento levantar el cadáver y llevarlo hasta San José, pero al ver llegar a la fuerza pública esperó a que ésta lo hiciera. No lo hicieron sino que le pidieron a la familia que lo hiciera. Nuestra Comunidad, que estaba un poco alejada para no permanecer junto a gente armada, según sus principios, se acercó a hacerles el reclamo cuando vio que los del GOES se iban a retirar dejando allí el cadáver. Los policías se enojaron, reiteraron que estaban cansados y dijeron que entonces habría que esperar otras 6 horas hasta conseguir un helicóptero y se fueron, anunciando que después recogerían el cadáver.

Mientras los integrantes de nuestra Comunidad regresaban, separados de la fuerza pública y acompañando a la madre de la víctima, fueron alcanzados por familiares y amigos de Wever Andrés, quienes, ante la irresponsabilidad de la fuerza pública, decidieron recoger el cadáver en una hamaca y llevarlo hasta San José.

• Este mismo lunes 19 de Agosto de 2019, el paramilitar alias ARCADIO TAMAYO y su hermano menor se encontraban cerca del río, a 50 metros del casco urbano de San José, pendientes y tomándole fotos a la comisión de nuestra Comunidad que venía de regreso del lugar donde los paramilitares habían asesinado al joven Wever Andrés.

• El martes 20 de Agosto de 2019, nuestra Comunidad se enteró de que los paramilitares amenazaron a la población civil para que no saliera a hacer el levantamiento del cadáver de Wever Andrés, lo que explicaba que ninguna de las Juntas de Acción Comunal se acercó incluyendo a La Asociación Campesina de San José de Apartadó (ACASA) al lugar de los hechos. Seguramente estaban paralizadas por el terror. Según las informaciones que fueron suministradas a nuestra Comunidad, los paramilitares alias ALFREDO o ALFREDITO, alias ARCADIO, alias SANTIAGO, y alias KALET ex combatiente de las Farc y beneficiado en el programa de desmovilizados del Gobierno Nacional, entre otros reclutados por los paramilitares alias RENE y los hermanos CARDONA, han sido los autores materiales acompañados de sus jefes inmediatos de éste y otros asesinatos y se la pasan con todos los demás comandantes paramilitares en medio de la Policía y el Ejército en San José, consumiendo alcohol y coordinando nuevas acciones criminales.

Pero resulta que WEVER ANDRÉS ARIAS GARZÓN ya estaba condenado a muerte, como lo estuvieron otros que fueron ejecutados antes de él. Figuraba en la LISTA DE LA MUERTE DE LOS PARAMILITARES. El martes 18 de septiembre de 2018 fue amenazado de muerte en la vereda La Cristalina, cuando era parte de la familia Guisao, por no aceptar que los paramilitares lo empadronaran para que pudieran tener control sobre su vida y obligarlo a participar en actividades paramilitares (Ver Constancia del 14 de octubre de 2018). Y ya hace algunos meses que vivía independiente con su compañera, Fue incluido en una lista de ocho personas para asesinar el pasado 17 de enero de 2019 (Ver Constancia del 18 de enero de 2019). Luego, el 20 de abril de 2019, los paramilitares habilitaron la lista para volver a asesinar, luego de un receso en el crimen, según ellos, a causa del ruido causado por las constancias públicas, y el 25 de abril de 2019 los paramilitares alias SANTIAGO y alias ARCADIO le prohibieron al joven Wever Andrés tumbar un pequeño rastrojo para sembrar un lote de maíz en su finca, y si lo hacía, tendría que pagar una multa de 5.000.000 (cinco millones de pesos), órdenes que no quiso obedecer y sembró su cultivo de maíz (Ver Constancia del 9 de mayo de 2019). Hoy, 3 meses después, es asesinado por no someterse a sus proyectos de muerte.

Ya son muchas las ocasiones en que hemos dejado constancias de que existe un grupo de personas civiles que vienen siendo amenazadas por los paramilitares, pero las instituciones militares y policiales se hacen los sordos ante las agresiones que sufren los campesinos en la zona. El pasado 22 de diciembre de 2017 dejamos constancia de que había un plan para asesinar a nuestro representante legal German Graciano Posso y 7 días después, el 29 de diciembre, fue el atentado contra su vida, el cual gracias a Dios y a nuestra Comunidad de Paz se pudo resistir (Ver Constancia del 22 de diciembre de 2017). Con esa misma lista que los mismos paramilitares anuncian, están matando, a pesar de que lo hemos advertido al país y al mundo en diversas constancias. Ya van 3 personas asesinadas recientemente de esa lista: el 16 de enero DEIMER USUGA HOLGUÍN; el 7 de julio YEMINSON BORJA JARAMILLO; el 18 de agosto WEVER ANDRÉS ARIAS GARZÓN. Y las autoridades competentes se siguen haciendo las de la vista gorda ante los hechos. Hacemos responsable a la Brigada 17 del Ejército y a la Policía de Urabá por estos crímenes que los paramilitares han perpetrado, pues si se dieran a la verdadera tarea de garantizar la protección de la población civil y no a la complicidad con esos grupos que conviven con ellos desde hace 22 años, no hubieran centenares de personas asesinadas en nuestra región. Al mismo tiempo hacemos responsable al Gobierno Nacional por lo que le pueda pasar en adelante a cualquier miembro de nuestra Comunidad de Paz o a otro poblador de nuestro entorno, pues en las listas de los paramilitares se anuncia que hay miembros de nuestra Comunidad de Paz a la vez que campesinos de nuestros vecindarios. Desde hace 22 años, nuestras Constancias llegan al Palacio Presidencial con censura moral y exigencia de derechos, pero NADA PASA. TODO SIGUE IGUAL.

De nuevo agradecemos a las muchas voces de ánimo que recibimos a diario desde el país y del mundo que nos brindan fuerte apoyo moral y político para continuar en nuestra resistencia ética y nunca callarnos ante los crímenes de lesa humanidad. A todas y a todos nuestra profunda gratitud.

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por seguir en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio.

En las últimas semanas se ha notado otra vez una intensa presencia de paramilitares camuflados y con armas largas, los cuales han entrado por la vereda Playa Larga provenientes de Nuevo Antioquia, corregimiento de Turbo, y por la vereda La Resbalosa provenientes de Córdoba. Están llegando a las veredas e intimidando a los campesinos, anunciando que les van a quitar sus teléfonos celulares para que no informen de su presencia a nuestra Comunidad de Paz, insistiendo en que está prohibido informar de su presencia y menos a la Comunidad de Paz.

Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes:

• El martes 30 de julio de 2019, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz se enteró de que estaban amenazando fuertemente a los integrantes de nuestra Comunidad que viven en la vereda La Resbalosa. Allí los paramilitares están anunciando que no van a permitir que los miembros de nuestra Comunidad sigan trabajando en una de las fincas comunitarias de nuestro proceso de vida en dicha vereda. Al parecer hay muchos intereses empresariales y de narcotráfico que los llevan a impedir que la gente siembre alimentos en huertas de pan coger, pues quieren que la tierra se dedique a objetivos ajenos a los de la subsistencia del campesinado y que éste se someta a planes e intereses de sectores poderosos que solo buscan dañar y destruir la naturaleza y explotar al campesino para su provecho.

• El jueves 1º de Agosto de 2019, en horas del día, nos llegaron informaciones según las cuales los paramilitares que controlan las 32 veredas de San José de Apartadó les están prohibiendo terminantemente a los pobladores, especialmente a quienes tienen tierras en las veredas de Mulatos, La Resbalosa y La Esperanza, entre otras, vender sus tierras sin permiso de ellos y menos a la Comunidad de Paz, advirtiendo que, si alguien lo hace, tendrá que atenerse a graves consecuencias. Fuera de la persecución que el paramilitarismo ha sostenido durante más de dos décadas contra nuestra Comunidad de Paz, buscando a toda costa su exterminio y desaparición, la población de la región percibe cada vez más claramente que el paramilitarismo, y los poderes que detrás de ellos se expresan, buscan un control cada vez más absoluto del territorio para someterlo a planes perversos, en beneficio de una élite pequeña y poderosa.

• El viernes 2 de Agosto de 2019, en horas del día, nos llegaron informaciones de que el comandante paramilitar alias “René” quien ha sido desde hace algún tiempo el encargado del control y expendio de drogas en el área de San José, se había retirado de la zona diciendo que se trasladaba a causa de las fuertes denuncias que hay en su contra, lo cual le impedía ejercer mayor control. Según informaciones, fue trasladado por sus mandos paramilitares al corregimiento de Piedras Blancas, del municipio de Carepa. Al despedirse lanzó fuertes amenazas contra nuestra Comunidad de Paz, manifestado que: “la única que denuncia es esa Comunidad de Paz, pero esto no se quedará así”.

• El sábado 3 de Agosto de 2019, en horas de la noche, llegaron cerca de 15 paramilitares camuflados y portando armas largas de fuego a la vereda El Porvenir. Allí ingresaron a las viviendas de los campesinos anunciando que llegaron para solucionar algunos problemas de mala fama que tienen los paramilitares en la zona, manifestando: “estamos aquí porque la población civil dice -y hay muchas denuncias que así lo muestran- que nosotros los paramilitares somos unos asesinos y ladrones y eso lo vamos a solucionar, pues nosotros no somos malos”. Al mismo tiempo, en tono amenazante, preguntaron a los pobladores que si tenían celulares, a lo que los pobladores respondieron que no. Allí permanecieron toda la noche en los alrededores de las fincas.

• El domingo 4 de agosto de 2019, a las 12:00 del día, fueron vistos nuevamente estos mismos paramilitares que habían llegado el día anterior a la vereda El Porvenir y que se habían quedado acampando cerca de las viviendas de los campesinos.

• El martes 6 de Agosto de 2019, nuestra Comunidad de Paz hizo presencia, con acompañamiento internacional y de la Defensoría del Pueblo de Apartadó, en las veredas Alto Joaquín y Puerto Nuevo y en el corregimiento de Frasquillo, del municipio de Tierralta Córdoba. Allí nuestra comunidad defiende unas propiedades colectivas en la cuales viven miembros de nuestro proceso de Comunidad de Paz. Se pudo evidenciar que los paramilitares siguen siendo los que controlan todo allí, desde el comercio de drogas de uso ilícito, las que transportan con el permiso de la Armada Nacional que tiene allí una base; el comercio de alimentos, el cual controlan para no vender sino a quienes ellos les quieren vender; el control sobre la represa, regulando toda la movilidad en embarcaciones tipo Johnson, y el despojo de tierras de las familias que viven cerca de la represa. Todo esto ligado al pago de impuestos obligatorio que le exigen a los campesinos.

• El miércoles 7 de Agosto de 2019, nuestra Comunidad realizó un recorrido con acompañamiento internacional hacia la vereda La Esperanza, pasando por la vereda El Porvenir ambas dentro del territorio del corregimiento de San José, pues ya habían muchas informaciones según las cuales los paramilitares habían estado en esos días anteriores recorriendo las viviendas de los campesinos. Estando allí, en el camino que conduce de la vereda El Porvenir hasta la vereda La Esperanza, se pudo comprobar que había presencia de paramilitares armados muy cerca del camino, lo cual confirmaba su presencia en la vereda El Porvenir. Según pobladores de la vereda La Esperanza, los militares habían estado esos mismos días patrullando en la vereda La Esperanza pero no en El Porvenir, distante unos 40 minutos de La Esperanza y que era el lugar donde los paramilitares estaban llegando a ingresar a las casas de los campesinos. Ya es suficientemente conocida la táctica militar y su articulación con los paramilitares, consistente en no coincidir en los mismos espacios para no dar la impresión de que se apoyan mutuamente.

• El jueves 8 de Agosto de 2019, a las 9:00 de la mañana, un contingente militar de la Brigada 17 del ejército llegó al pequeño caserío, antiguo asentamiento de nuestra Comunidad de Paz en la vereda La Unión, allí comenzaron a visitar las casas de los campesinos haciendo un censo o empadronamiento. No sabemos qué objetivo tendría dicho censo, lo que es muy claro es que en años anteriores la Brigada 17 del ejército hacía estos censos o empadronamientos ilegales y todas esas informaciones terminaban en las manos de los paramilitares quienes luego iban asesinando a mucha gente que aparecía en esas listas.

El pasado 19 de junio se puso en conocimiento del Presidente Duque un compendio de agresiones contra nuestra Comunidad de Paz, sufridas entre agosto de 2018 y mayo de 2019 [Rad: EXT 19-00060721], con la reiterada petición de cumplir sus obligaciones constitucionales como garante de derechos, todo acompañado de un recordatorio de principios de derecho internacional que le impone a todo mandatario hacerse cargo de los hechos de sus predecesores cuando no se decide a condenar, corregir y reparar lo que viene del pasado destruyendo el Estado de Derecho. La respuesta fue idéntica a la de los ex Presidentes Samper, Pastrana, Uribe y Santos: remitirle los llamados al Ministerio de Defensa (responsable de primer orden de los hechos) y allí las peticiones comienzan un peregrinaje de años, de oficina en oficina, donde ningún oficial o sub-oficial quiere repudiar los hechos perpetrados por sus colegas, prefiriendo solidarizarse con ellos en el disimulo, la evasión, el encubrimiento y la opción de manos caídas y “vista gorda”. Nada cambia. Nada cambia. Nada cambia. Todo sigue igual. Son rutinas que han trillado su camino en 22 años.

Una vez más nuestra Comunidad de Paz agradece a la multitud de personas en el país y en el mundo que se solidarizan con nuestra resistencia y que condenan con plena convicción ética y moral la criminalidad del Estado colombiano. A todas ellas nuestra sincera gratitud.

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por seguir en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio.

La muerte lenta sigue siendo el mayor incentivo de terror para someter a la población, pues cada rincón de la zona está cubierto por paramilitares que controlan las salidas y las entradas. El caso del Corregimiento de San José es preocupante pues desde allí los paramilitares controlan todas sus veredas y lo hacen en presencia de un puesto de la policía y de una base del ejército que hacen presencia permanente en el caserío, allí mismo donde los jefes paramilitares se coordinan con sus tropas y organizan festejos sin ser molestados por nadie.

Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes:

• El mes de mayo de 2019, en la vereda La Unión del corregimiento de San José el reconocido paramilitar alias “Ramiro” quien llegó allí haces unos meses a controlar y someter a la población civil al paramilitarismo, amenazó de muerte a su padrastro el señor Emilio el cual tuvo de que desplazarse a otros lugares por seguridad.

• El martes 25 de junio de 2019, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz recibió información sobre la ocurrencia de un posible asesinato en el sitio conocido como Caño Seco, en límites con la vereda La Unión- Carepa. Según dichas informaciones, ninguna persona podía denunciar el hecho y mucho menos venir a informar sobre el caso a nuestra Comunidad de Paz. Ese mismo día el programa Familias en su Tierra se reunía en la vereda Mulatos-Cabecera con las juntas de acción comunal de las veredas Mulatos, Resbalosa, La Esperanza, La Hoz, entre otras, en un evento que ocultó el asesinato mencionado, del cual no se tuvo más información.

• El sábado 29 de junio de 2019 llegaron informaciones a nuestra Comunidad según las cuales en el caserío de San José de Apartadó el reconocido comandante paramilitar alias René, quien ha sido el encargado de controlar y someter a la población civil a sus proyectos de muerte, realizó una fiesta en la cual participaron muchos paramilitares; allí lanzó serias amenazas de muerte contra pobladores de la zona, algunos de los cuales se encontraban allí mismo. La policía y el ejército que hacen presencia permanente en ese centro urbano conocen muy bien el accionar de los paramilitares y son totalmente permisivos frente a este fenómeno, el cual sigue evidenciando la complicidad de la fuerza pública con el paramilitarismo, innegable durante varias décadas. El mismo día 29 de junio de 2019, según algunos pobladores, los paramilitares habían planeado asesinar a una familia de la región, razón por la cual esa familia tuvo que desplazarse a otros lugares.

• El martes 2 de julio de 2019, en horas de la mañana, el señor Elkin Ortiz y su hijo Wilson Ortiz conocido como “Morochito” quien está integrado al paramilitarismo y quienes desde hace casi dos años viven en el centro urbano de San José, dañaron una de las plantaciones de cacao certificado y productos de pan coger que se ha cultivado en grupos de trabajo de nuestra Comunidad de Paz en la finca la Roncona, allí cortaron y dañaron los alambrados y de esta manera lo han venido haciendo desde hace más de 6 meses. Nuestra comunidad se desplazó al lugar y tomó evidencias, las cuales el joven paramilitar Wilson Ortiz rechazó y trató de impedir. La finca la Roncona es una propiedad que nuestra Comunidad de Paz ocupa en posesión legal desde hace más de 22 años y donde tenemos nuestras plantaciones de cacao certificado y cultivos de pan coger. El 11 de septiembre del 2018 sufrimos una invasión allí en La Roncona por parte de más de 100 personas, entre las cuales se encontraban el señor Elkin Ortiz y sus hijos paramilitares; en esa ocasión dañaron muchas plantaciones de cacao y pan coger. Ahora el Señor Elkin Ortiz, quien ha buscado apropiarse de un espacio de La Roncona, supuestamente por órdenes de los antiguos dueños y además utiliza a sus hijos paramilitares para amenazar a nuestra Comunidad de Paz. Este caso lo ha puesto la Comunidad en conocimiento de la Defensoría del Pueblo desde hace 6 meses pero no se ha generado ninguna solución para que el señor Elkin Ortiz deje de perjudicar a nuestra Comunidad de Paz.

• El sábado 6 de julio de 2019, en horas de la tarde, el paramilitar Wilson Ortiz, junto a su padre Elkin Ortiz, interceptó en la salida de San José a Sirly Cerpa, integrante del Consejo Interno de nuestra Comunidad y feligrés de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para enviar amenazas a nuestra Comunidad, manifestando: “no me gustó ni poquito que me tomaran fotos y videos allá abajo en La Roncona y no voy a permitir que eso vuelva a pasar porque la próxima vez voy a reventarles esas cámaras”.

• El domingo 7 de julio de 2019, en horas de la tarde, fue asesinado por varios impactos de arma de fuego, en la vereda La Balsa, del corregimiento de San José de Apartadó, el joven YEMINSON BORJA JARAMILLO, en hechos atribuidos a los paramilitares que controlan la zona, pues la carretera que conduce del corregimiento de San José hasta el área urbana de Apartadó está totalmente controlada por paramilitares que se movilizan permanentemente en motocicletas. Las razones o justificaciones que dan para matar es que “son ladrones o marihuaneros”. La verdadera razón de estas muertes es el sometimiento forzado de la población al paramilitarismo; quien no se someta, simplemente es asesinado y así el terror les sirve de instrumento de sumisión. Ya hemos dejado muchas constancias públicas sobre el avanzado reclutamiento de jóvenes que son entrenados por paramilitares para matar; sobre el expendio de drogas; sobre los hurtos y el cobro de vacunas a los campesinos. La nula respuesta del Estado y sus instituciones las hace responsables de que los paramilitares terminen con la vida de personas inocentes, pues los verdaderos ladrones son los integrantes de toda esta estructura paramilitar que recluta y roba los sueños a nuestros jóvenes y los somete al imperio de las drogas y demás formas de degradación de la vida. Nos solidarizamos con la familia de Yeminson y pedimos a Dios que lo tenga disfrutando de la vida en plenitud.

• El lunes 8 de julio de 2019, nuestra Comunidad partió hacia la vereda La Unión donde se realizó la conmemoración de los 19 años de la masacre de 6 líderes de nuestra Comunidad de Paz, perpetrada por paramilitares y militares el 8 de julio de 2000. Al regresar de allí en horas de la tarde, al pasar por el caserío de San José, el paramilitar Wilson Ortiz alias “Morochito” amenazó de muerte a dos miembros de nuestra Comunidad, manifestando: “Ahí vienen esos hp para llenarles la cabeza de plomo; me los quiero encontrar solitos”. El lugar donde este paramilitar profirió estas amenazas fue desde una casa de balcón propiedad del señor Darío Tuberquia, en la entrada al casco urbano de San José. Desde hace ya más de un año reconocidos paramilitares han tenido concentraciones allí junto a esta vivienda, a plena vista de la fuerza pública –ejército y policía- quienes patrullan día y noche el minúsculo caserío y donde muchas veces han amenazado a miembros de nuestra Comunidad de Paz.

El gobierno nacional sigue negando la existencia del paramilitarismo mientras su copamiento territorial sigue avanzando intensamente en todo el país. Nadie ignora que el partido político del Presidente actual tiene vínculos históricos y estrechos con las formas más atrevidas de paramilitarismo, incluyendo las “Convivir”, de las cuales ha sido intenso defensor y usuario el ex presidente Uribe, cerebro, ídolo y guía del partido y de la política gobernante. Las formas de relación entre el Estado y el ParaEstado se han ido remodelando y hoy predomina la combinación entre el anonimato progresivo de los pistoleros y la tolerancia pasiva de las instituciones, fórmula exitosa que le permite al país posar de “democracia” ante la comunidad internacional mientras el asesinato de líderes sociales y de excombatientes desmovilizados supera los estándares mundiales de criminalidad política. El Senador Petro acaba de destapar los vínculos entre las “Águilas Negras”, calificadas por muchos años por el establecimiento como “bandas criminales”, y la inteligencia militar. Al mismo tiempo el Presidente Duque, al regular el porte de armas mediante el decreto 2362 del 24 de diciembre de 2018, volvió a legalizar el boquete que siempre ha permitido el paso de las armas oficiales a los criminales privados (art. 1, parágrafo) y al mismo tiempo volvió a canonizar el principio eje del paramilitarismo, o sea la vinculación de los civiles a la guerra, al anunciar en Tolemaida, el 6 de febrero de 2019, que ya llegaba a un millón el número de civiles preparados para asumir tareas militares. Todo esto se camufla como “política de seguridad nacional” y se implementa a través de las estrategias de “vista gorda” y de “brazos caídos” de la fuerza pública y de las demás instituciones, gracias a las cuales nuestras veredas caen todas bajo el dominio paramilitar sin que nadie pueda defender a las víctimas y ni siquiera reconocer la invasión paramilitar.

Una vez más nuestra Comunidad de Paz agradece a la multitud de personas en el país y en el mundo que se solidarizan con nuestra resistencia y que condenan con plena convicción ética y moral la criminalidad del Estado colombiano. A todas ellas nuestra sincera gratitud.

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por seguir en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio.

Desde hace 22 años nuestra comunidad de paz no ha parado de dejar constancias de las diferentes formas de someter a la población civil, por parte de grupos o instituciones armadas. Es cada vez más claro que los armados sirven a los intereses de empresas que siempre han buscado desocupar los territorios de campesinos que no se sometan a sus planes extractivistas de destrucción de la naturaleza, en la Serranía de Abibe. El paramilitarismo no ha sido más que una estrategia de Estado al servicio de esos intereses perversos. Los paramilitares son el instrumento más eficaz para expropiar y usurpar los territorios.

Es tanto el control que ejercen los paramilitares en la zona de San José de Apartadó, que hoy las juntas de acción comunal se han ido sometiendo a su poder. En las reuniones comunales participan “puntos” o informantes de las estructuras paramilitares y en muchas ocasiones son los mismos comandantes paramilitares quienes acuden a las reuniones para dar órdenes a la población civil de cómo se debe trabajar de acuerdo a sus intereses. Según muchos pobladores de la zona, en las reuniones de las juntas ya no falta la presencia de los paramilitares y la población civil tiene que aceptarlos, quiera o no quiera, pues son enviados por los mandos paramilitares para ejercer presión y control en las juntas comunales.

Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes:

• El sábado 11 de mayo de 2019 a las 13:00 horas, un grupo de 8 paramilitares con uniformes militares, brazaletes con siglas de AGC y portando armas largas, llegaron al sitio conocido como La Espabiladora, de la vereda La Resbalosa de San José de Apartadó, allí se encontraba un comité de trabajo de nuestra Comunidad de Paz sembrando maíz. A su llegada, dichos paramilitares se identificaron como Autodefensas Gaitanistas de Colombia - Bloque Oriental. Ya el reconocido paramilitar alias CHIRRY había anunciado el pasado martes 7 de mayo que llegaría una comisión paramilitar a la vereda para impartir órdenes a la población allí residente.

• El miércoles 15 de mayo de 2019, en horas de la mañana, un grupo de pobladores miembros de juntas de acción comunal de la vereda Mulatos Medio de San José de Apartadó, junto con profesores de otras veredas pagados por El Estado, llegaron hasta nuestra Aldea de Paz Lui Eduardo Guerra donde tomaron fotografías y manifestaron su interés en tomarse nuestro espacio comunitario y colocar allí sus instalaciones, usurpando nuestra propiedad. Nuestra comunidad desde hace 15 años ha defendido este espacio como un sitio de memoria histórica, pues allí fue perpetrada por el ejército y los paramilitares, el 21 de febrero 2005, la masacre de nuestro líder histórico Luis Eduardo Guerra y su familia. Desde entonces hemos ubicado allí a varias familias integrantes de nuestra Comunidad de Paz, ejerciendo una posesión pacífica que fundamenta su propiedad legal y ha construido instalaciones comunitarias para el mantenimiento de la paz, rechazando toda presencia armada, y defendiendo la tierra de los intentos de destrucción ambiental. No entendemos por qué profesores que son contratados para educar a niños y niñas en las escuelas de las veredas vecinas, se vinculan a actividades tan perversas de las juntas de acción comunal que han buscado usurpar territorios legalmente ocupados por nuestra Comunidad de Paz. Nos preguntamos si será que la Secretaría de Educación de Apartadó los destina a incursionar con las juntas comunales en esas tareas de usurpación. Hemos dejado ya muchas constancia de que la junta de acción comunal de Mulatos Medio, la cual no está legalmente constituida y que ha contado con el apoyo de otras juntas y además con el respaldo de la Alcaldía de Apartadó y con la presencia y el control paramilitar, ha querido invadir nuestro espacio comunitario Aldea e Paz Luis Eduardo Guerra, con el pretexto de colocar allí instalaciones y zonas recreativas, supuestamente financiadas por el Estado, pero apuntando a hacer desaparecer la memoria y el lugar sagrado donde fueron masacrados nuestros hermanos por el ejército y los paramilitares.

• El jueves 23 de mayo de 2019, nuestra Comunidad de Paz fue informada por pobladores de la zona de que las reuniones anunciadas y programadas por los paramilitares, a las cuales obligan a asistir a los campesinos bajo amenazas, se han ido realizando puntualmente y quienes las coordinan son los mismos paramilitares. Según las denuncias recibidas por nuestra Comunidad, de pobladores de la zona, los campesinos tienen que someterse a una serie de reglas impartidas por el paramilitarismo, y si no lo hacen, tienen que someterse a sanciones impuestas por los paramilitares.

El gobierno colombiano sigue haciéndose el sordo y el ciego frente a este fenómeno paramilitar, el cual hemos denunciado públicamente como Comunidad de Paz por más de 22 años. Las fuerzas militares que tienen jurisdicción en la región de Urabá han permitido y siguen permitiendo que el paramilitarismo haga control territorial y que patrulle por todas las veredas como si fuera autoridad estatal. Hace pocas semanas dejamos constancia de la presencia de grupos paramilitares de las AGC que llegaron a la vereda La Resbalosa con la intención de seguir controlando a la población y la respuesta de las autoridades militares fue llegar allí mucho después, cuando ya los paramilitares habían comprado víveres en tiendas civiles y habían patrullado la zona, sometiendo con su presencia y amenazas a los campesinos.

Como lo hemos manifestado muchas veces, nuestra Comunidad de Paz se vio obligada a romper con el aparato judicial colombiano, mediante objeción de conciencia, luego de experimentar por muchos años que allí solamente se cosechaba impunidad y corrupción extremas. Ello explica que nuestra Comunidad no haya actuado como PARTE en procesos espurios que se iniciaron formalmente ante los horrendos crímenes de Estado que hemos sufrido. Sin embargo, dado que todos esos crímenes lesionan y ofenden a la Humanidad como Humanidad, pues son Crímenes de Lesa Humanidad, la legislación soporta la figura del ACTOR POPUAR, quien EN NOMBRE DE LA HUMANIDAD se declara lesionado y actúa como PARTE CIVIL en los procesos. Así ocurrió en el caso de la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005 que destruyó la vida de 8 integrantes de nuestra Comunidad, incluyendo a nuestro líder histórico Luis Eduardo Guerra. Como de rutina, las sentencias de primera y segunda instancia absolvieron a los criminales del Ejército mediante trampas vergonzosas que desacreditan profundamente el aparado judicial colombiano ante la comunidad internacional. Sin embargo los abogados del ACTOR POPULAR (no integrante de nuestra Comunidad) no se dieron por vencidos ante tanta ignominia y llevaron el caso, en DEMANDA DE CASACIÓN, ante la Corte Suprema de Justicia. Para sorpresa nuestra, el pasado 27 de marzo de este año, en Sentencia SP 1039-2019 la Corte Suprema condenó al Coronel ORLANDO ESPINOSA BELTRÁN, al Mayor JOSÉ FERNANDO CASTAÑO LÓPEZ, al Sargento ÁNGEL MARÍA PADILLA PETRO, al Cabo Segundo SABARAÍN CRUZ REINA, al Sargento Segundo HENRY AGUDELO GUASMAYÁN y al Cabo Tercero RICARDO BASTIDAS CANDÍA, como coautores de homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo y heterogéneo con concierto para delinquir agravado, cada uno a 34 años de prisión. La Corte no pudo evadir la contundencia de las pruebas que obraban en el expediente desde el comienzo, inteligentemente decantadas por los abogados, y tuvo que rendirse - CATORCE AÑOS DESPUÉS DE LOS HECHOS- ante las evidencias. Esta sentencia confirma, dentro de las mismas reglas de juego de este Estado criminal, corrupto y tramposo, que lo que nuestra Comunidad ha denunciado durante 22 años sin ser escuchada, es verdad ineludible: la criminalidad de un ejército que actúa de consuno con los paramilitares para exterminar, con toda la crueldad posible, nuestra Comunidad de Paz. Quedan aún altos oficiales, suboficiales y soldados que participaron culpablemente en el mismo crimen, sin ser tocados por la justicia, entre ellos el Los Generales MONTOYA, FANDIÑO Y ZAPATA, el Coronel NÉSTOR IVÁN DUQUE y muchos de sus subalternos.

De nuevo agradecemos a las muchas voces de ánimo que recibimos a diario desde el país y el mundo, que por más de 22 años han creído en nuestra resistencia civil. Contar con su apoyo político y moral cada día nos brinda la fuerza para seguir adelante en Comunidad de Paz, en este territorio tan controlado por intereses empresariales que utilizan a los paramilitares para poder usurpar nuestro territorio y para aplastar nuestra resistencia.

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por seguir en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio.

Ha continuado la amenaza contra la vida y la integridad de nuestra Comunidad y la violación de los derechos fundamentales del campesinado de nuestro entorno. Cada día el campesino es obligado a someterse, contra su voluntad, al control y a las normas que quieran imponerle los paramilitares. Ya el campesino no puede trabajar su propia tierra sin que los paramilitares le cobren altos impuestos; tiene que tener permiso de los paramilitares para sembrar y tiene que pagar impuestos hasta por sus siembras de pan-coger

Según muchas informaciones que pobladores de la zona le han transmitido a nuestra Comunidad, en los últimos días los paramilitares están coordinando reuniones en las veredas, en las cuales obligan a los campesinos a participar en ellas y allí les ordenan someterse a sus normas, a sus proyectos y a sus planes sobre la región y al mismo tiempo les hablan en contra de nuestra Comunidad de Paz, la estigmatizan y anuncian nuevamente su próximo exterminio. Siempre hemos dejado constancia sobre la identidad de los líderes paramilitares alias “René” desmovilizado del 58 frente de las Farc-Ep durante el Proceso de Paz, hoy comandante de los paramilitares en las veredas de San José de Apartadó, alias “Caballo”, alias “Bruja” y alias “Majute” comandantes paramilitares en la vereda Arenas de San José de Apartadó, encargados de reunir y someter contra su voluntad a los campesinos de las demás veredas, toda una estrategia de control y de exterminio.

Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes:

• El sábado 20 de abril de 2019, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz fue informada de un supuesto plan que tendrían los paramilitares para seguir asesinando en el corregimiento de San José de Apartadó y en sus veredas, pues, según los mismos paramilitares, habían tenido que suspender los asesinatos desde el 16 de enero del presente año, cuando asesinaron al joven Deimer Úsuga, cerca del caserío central de San José, según ellos porque nuestra Comunidad de Paz había denunciado el crimen y todo se estaba complicando, pero ahora, pasados ya varios meses, van a retomar el control realizando nuevas ejecuciones.

• Del miércoles 24 al sábado 27 de abril de 2019, nuestra Comunidad de Paz realizó un recorrido con la Defensoría del Pueblo por las veredas Mulatos, Resbalosa y La Esperanza, de San José de Apartadó, con el fin de poder visibilizar más concretamente el control paramilitar que existe en toda esa zona y que cada día oprime más nuestra región.

• El jueves 25 de abril de 2019, en horas del día, dos paramilitares conocidos como alias “Santiago” y alias “Arcadio” le prohibieron a un campesino de la vereda La Cristalina de San José de Apartadó sembrar un lote de maíz y le advirtieron que si tumbaba monte le cobrarían $ 5.000.000 (cinco millones) de pesos. Es de recordar que alias Arcadio y alias Alfredo son dos paramilitares de los 5 que participaron en el atentado contra nuestra Comunidad de Paz el pasado 29 de diciembre de 2017 donde intentaron asesinar a nuestro representante legal German Graciano Posso y a otros miembros de nuestra Comunidad, de esta manera los paramilitares están extorsionando y controlando a los campesinos, pues se aprovechan de la necesidad para prohibirles sembrar, con la intención de someterlos a sus proyectos y quitarles dinero o animales domésticos, como ganado o caballos, a cambio de dejarles tumbar y sembrar sus lotes de pan coger.

• El sábado 4 de mayo de 2019, en horas de la tarde, pobladores de la zona informaron a nuestra Comunidad de Paz sobre una serie de reuniones que realizarán los paramilitares alias “Rene”, alias “Caballo” y alias “Bruja” en las veredas de San José de Apartadó, a las cuales convocan de manera obligatoria al campesinado de cada vereda. Según las informaciones, las reuniones tendrán lugar en las dos semanas siguientes.

• El martes 7 de mayo de 2019, en horas de la tarde un paramilitar de nombre Domingo Antonio Herrera conocido en la zona como “Chirrí” abordó a miembros de nuestra Comunidad de Paz que se encontraban sembrando un cultivo de maíz en la vereda Resbalosa del corregimiento San José de Apartadó, allí este paramilitar manifestó en tono amenazante diciendo: está prohibido para los campesinos sembrar pan coger y tumbar montañas sin permiso hasta nueva orden, a la vez que amenaza diciendo, en el transcurso de los dos días siguientes llegará una comisión paramilitar a esta vereda y ellos darán las ordenes, yo solo cumplo órdenes y por eso estoy aquí.

El control paramilitar es cada vez más fuerte en la zona pues cobran grandes vacunas o impuestos, someten a la población a reuniones forzadas, ubican puntos de informantes en las casas de los civiles y ahora están prohibiéndole al campesinado sembrar y trabajar sus tierras heredadas de sus padres y abuelos, todo esto como una estrategia de exterminio y control territorial donde hay que obedecer y someterse al paramilitarismo y si algún campesino no lo hace no puede trabajar su tierra.

• El miércoles 8 de mayo de 2019, a las 17:00 de la tarde llegó un grupo armado no identificado a la vereda la Resbalosa de San José de Apartadó, de esta presencia aún no tenemos más informaciones, nos preocupa pues el día martes 7 de mayo el paramilitar alias “Chirri” amenazó a miembros de nuestra Comunidad de Paz con que llegaría una comisión paramilitar a la vereda en los próximos dos días siguientes.

En el discurso oficial del gobierno y de las instituciones estatales, el paramilitarismo “no existe”. Sin embargo, la experiencia del campesinado en muchas regiones del país, como en nuestro territorio, evidencia que su presencia y su dominio es total. Como no es un fenómeno de hoy ni de ayer sino que lo hemos sufrido en más de 22 años y conocemos sus identidades y sus prácticas, nadie podrá convencernos de que son grupos “fuera de control” del Estado. Si la fuerza pública no los tolerara y los patrocinara y si el gobierno y sus instituciones administrativas, judiciales, disciplinarias y políticas no se hicieran “de la vista gorda”, como lo ha hecho en todas estas décadas, no podrían funcionar ni existir. Para nosotros continúan siendo una política de Estado.

Desde nuestro territorio amado agradecemos a las muchas voces de ánimo que recibimos a diario desde el país y el mundo, pues contar con todo su apoyo político y moral nos da mucho valor para seguir adelante, en resistencia, en este territorio tan dominado por el poder de las armas al servicio de lo peor.

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por seguir en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio.

Avanza este año 2019 y la situación sigue siendo muy difícil pues el paramilitarismo se encuentra en el punto más alto de lo ilegitimo, no se alcanza a saber por qué tanta barbarie y el Estado lo sigue permitiendo, las tropas militares entran por las veredas supuestamente detrás de los paramilitares para contrarrestarlos pero no es así, pues estos grupos paramilitares no han sido perseguidos por nadie, claro es que se mantienen cerca de las casas de la población civil o en los puntos más frecuentados por los campesinos y colocan allí sus puntos de informantes. Es de público conocimiento que alias “René”, antiguo combatiente del Frente 58 de las FARC-EP, se posesionó como comandante paramilitar de la zona y coordina las diversa formas de control de la población civil, como impuestos, restricciones, actividades de las juntas comunales etc.

En las últimas semanas se han presentado supuestos enfrentamientos entre militares de la brigada XVII y grupos paramilitares en la vereda Mulatos de San José de Apartadó los cuales han sido mencionados en los medios de comunicación en los cuales se informó de bajas e incautación de material de guerra, pero detrás de estos supuestos combates están las amenazas que sigue recibiendo la población civil por parte de los paramilitares, supuestamente por informar de su presencia a la comunidad nacional e internacional.

Los hechos de los cuales dejamos constancia son los siguiente:

• El jueves 21 de febrero de 2019, durante nuestra conmemoración de los 14 años de la masacre del 21 de febrero de 2005 perpetrada por los paramilitares y la fuerza pública, allí, los paramilitares estuvieron todo el tiempo al asecho de nuestra Comunidad de Paz, pues así lo manifestaron ellos mismos a algunos pobladores en la misma vereda, donde manifestaron: “sabemos cuáles son los temas que tratan en las reuniones de esa comunidad y todos los requisitos que tienen las personas que cumplir para ser parte de esa comunidad”. También les aconsejan a los campesinos que no entren a hacer parte de esa comunidad “porque esa comunidad no durará mucho tiempo”.

• El jueves 14 de marzo de 2019, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz fue informada de un supuesto plan que tendrían algunos colaboradores de los paramilitares, entre ellos alias “pollo”, quien en septiembre y octubre de 2018 amenazó de muerte por vía celular a nuestro representante legal Germán Graciano, esta vez lo hace desde la vereda Arenas Altas, anunciando atentar contra nuestra comunidad si seguimos entrando allí con nuestras comisiones de trabajo, lo cual se ha venido dando cada 8 días para realizar labores de trabajo en una de nuestras propiedades privadas allí.

• El miércoles 20 de marzo de 2019, en horas de la tarde, llegó a nuestra Comunidad información de una nueva amenaza de los paramilitares contra nuestro representante legal Germán Graciano.

• El jueves 4 de abril de 2019, mientras miembros de la Comunidad de Paz llegaron al caserío de Arenas Altas para sembrar un lote de maíz, encontraron que un grupo de 7 pobladores de la zona, entre los cuales se encontraba el reconocido paramilitar alias “pollo”, había ocupado la finca y se encontraban también haciendo siembras de maíz sin permiso de la Comunidad que es la propietaria de ese terreno. Una delegación de la Comunidad se acercó a hacerles el reclamo, pero ellos respondieron que sólo estaban allí “ganándose un jornal”, lo que quería decir que detrás de ellos había alguna entidad que había decidido invadir el terreno ajeno. Uno de los pobladores, a quien en la zona llaman “El Viejo”, les dijo a los miembros de la Comunidad que ésta tenía que retirar de internet todas las constancias en las cuales le dañan su imagen, pero la Comunidad le respondió que a él nunca lo han mencionado en las constancias. Sin embargo, el poblador que hizo este reclamo, estaba entre los promotores de la invasión.

El 23 de marzo nuestra Comunidad de Paz conmemoró sus 22 años de existencia. Varios amigos de la Comunidad se desplazaron desde Bogotá. En la mañana se hizo una marcha hacia el caserío de San José donde nació nuestra Comunidad; allí se dio lectura nuevamente a la Declaratoria de creación de la Comunidad; se realizó una visita a las ruinas del Centro de Formación construido por la Comunidad y destruido por quienes luego llegaron allí invitados por la fuerza pública para repoblar el espacio abandonado. En la tarde se realizaron varias actividades culturales de carácter interno y se hizo memoria de toda nuestra historia.

Desde nuestro territorio amado y oprimido agradecemos las muchas voces de ánimo que recibimos desde el país y el mundo, pues todo su apoyo político y moral nos da mucho valor para seguir adelante, en resistencia, en este territorio tan dominado por el poder de las armas al servicio de las más inconfesables bajezas.

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por seguir en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio.

Es tanta la permisividad del Gobierno frente a las relaciones de sus instituciones militares con el paramilitarismo, pues el gobierno nacional, el departamental, el regional y el local siguen negando la existencia de los paramilitares, pero la verdad es que tanto los paramilitares como la guerrilla y la fuerza pública han tratado de controlar el territorio y es tanta la barbarie que se comete con el campesinado que al querer controlar sus vidas y sus propiedades les quitan todas las libertades y los convierten en verdaderos esclavos.

En estos momentos la zona se encuentra bajo el control paramilitar y la población civil es el principal testigo porque tiene que verlos a diario y callarse por miedo a ser asesinados o expulsados de sus propiedades. Además nunca ha habido confianza en las instituciones para dejar allí las denuncias, pues en años anteriores muchos pobladores dejaron denuncias en la Fiscalía para que se investigara y por el contrario, empezaron a ser investigados y judicializados quienes colocaron las denuncias y la mayor parte de ellos asesinados por los paramilitares que contaban con listas que al parecer se las suministraron las mismas instituciones judiciales del Estado.

El silencio no es más que un sello en la boca que el paramilitarismo le impone al campesino, Es claro que por miedo nadie denuncia, pues las fuertes amenazas a que se enfrenta una persona cuando se encuentra con los grupos paramilitares la llevan más bien a callarse, ya que es extorsionado por los mismos. Sus palabras siempre han sido: “hagan de cuenta que no vieron nada y si no, se atienen a las consecuencias”. Por esta razón nuestra Comunidad de Paz nunca ha callado frente a este modelo de muerte, pues siempre estarán allí nuestras constancias públicas como una manera de visibilizar y denunciar públicamente la barbarie a la que está sometida nuestra región.

Los hechos de los cuales dejamos constancia hoy son los siguientes:

• El sábado 23 de febrero de 2019, fue realizada una fiesta en la vereda La Resbalosa de San José de Apartadó, organizada por campesinos de la vereda pero a la vez participó un grupo grande de paramilitares integrados durante el día en el campeonato de fútbol y en la noche en el baile. Era tal la concentración de paramilitares que conformaron un equipo de fútbol para jugar contra otros equipos de campesinos de otras veredas, en los alrededores de la celebración los campesinos que venían para participar en la fiesta observaron que avía una seguridad armada de los mismos paramilitares los cuales protegían a este grupo de paramilitares que se encontraba en la fiesta.

• El domingo 3 de marzo de 2019 a las 9:00 a.m. llegó a nuestro asentamiento de San Josesito un hombre que se identificó como William Hernando Arcila Morales, según él, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, solicitando una persona de nuestra comunidad para que lo acompañara a un recorrido por el rio a buscar unas coordenadas con una GPS, diciendo que eran unos puntos donde empezaría un exploración para extracción minera y que dichos puntos GPS se encontraban en terrenos de nuestra Comunidad de Paz. Inmediatamente se le impidió la entrada a nuestros terrenos, y mucho menos para ubicar puntos de explotación minera, pues como Comunidad de Paz siempre hemos rechazado la explotación minera y además esta persona llegó sin aviso previo alguno, lo cual lo hacía más sospechoso.

• El jueves 7 de marzo de 2019, nos llegó una contestación, por medio del Juzgado Civil del Circuito de Apartadó, a una demanda de posesión sobre la finca llamada “La Roncona”, ubicada junto a nuestro asentamiento de San Josesito, la cual adquirimos como poseedores de buena fe desde hace más de 20 años. En dicha contestación el abogado de la familia Jaramillo menciona y se apoya en versiones que brinda el señor DAFNIS DANIEL SIERRA MARTÍNEZ alias “Samir”, al afirmar que fueron las FARC-EP las que nos entregaron esa finca y además que no fue desde el comienzo de la Comunidad sino en el 2005, por medio de nuestro Concejo Interno, lo cual es totalmente falso. Nuestra Comunidad de Paz nunca ha adquirido terrenos cedidos por las FSRC-EP en ningún momento de nuestra historia, por el contrario, fue alias “Samir”, un comandante de una columna llamada “Otoniel Álvarez”, quien desangró sin investigación alguna a mucha parte de la población civil de la región del Urabá, desde que ingresó como comandante en esta región. Él mismo, centenares de veces amenazó a nuestra Comunidad de Paz por no estar a su servicio. Sabemos que alias “Samir” fue el autor material e intelectual del asesinato de mucha gente que fue retornando a esta región después de haberse desplazado en años anteriores, y después él mismo se desmovilizó de las FARC- EP integrándose a la Brigada 17 del ejército en el municipio de Carepa, Antioquia, unidad militar que le brindó alojamiento ilegalmente y que además allí empezó a crear una gran cantidad de falsos testimonios en contra de nuestra Comunidad, en los cuales manifestaba muchas veces ser amigo de la Comunidad o que se reunía con ella, cuando la realidad fue que alias “Samir” siempre buscó cómo matar a miembros de nuestro proceso de vida y exterminarlo.

En este episodio se comprueba una vez más cómo el Estado actúa de mala fe a través de funcionarios diseminados en diversos órganos judiciales, tratando de deslegitimar a quienes siempre han sido sus víctimas para destruirlas siempre mucho más, pero en este caso no le da vergüenza de valerse de un personaje cuyas manos están manchadas con tantos crímenes y a quien el mismo Estado ha protegido desvergonzadamente violando todas las leyes que el mismo Estado ha promulgado.

• El viernes 8 de marzo de 2019, a las 13:00 horas se escucharon muchos disparos de arma larga en la vereda Mulatos Medio de San José de Apartadó. Según informaciones de pobladores de la vereda, en el punto conocido como El Barro, de la misma vereda, estaba una tropa del ejército, y a esa misma hora, en la parte del río, se encontraba un grupo de paramilitares, los cuales amenazaron a varios campesinos que pasaron a esa misma hora por ese lugar, manifestándoles que: “nada vieron; que hicieran de cuenta que no encontraron a nadie, o que si no, se atuvieran a las consecuencias”. Dichos disparos fueron hechos en momentos muy confusos de movimientos de tropas militares y grupos paramilitares; pareciera como si fuera con previo aviso querían transmitir mensajes.

• El domingo 10 de marzo de 2019, en horas del día, nos llegaron informaciones de campesinos de la zona, según las cuales hay una red clandestina de paramilitares que está extorsionando la región por vía celular y quien no pague la extorsión o informe de la llamada que le hicieron, sería asesinado junto con su familia.

• El miércoles 13 de marzo de 2019, se volvieron a escuchar muchos disparos de armas largas en la vereda Mulatos Medio de San José de Apartadó. Después, según pobladores, había habido un intercambio de disparos entre grupos armados y entre ellos la fuerza pública. Al parecer los militares y paramilitares están llegando a la vereda y se acampan en las fincas de propiedad privada de los campesinos que allí viven con sus familias y los ponen en alto riesgo de ser asesinados.

• El sábado 16 de marzo de 2019, en la mañana llegaron dos reconocidos paramilitares de civil al caserío de la vereda La Unión de San José de Apartadó, antiguo asentamiento de nuestra Comunidad de Paz, después fueron vistos reuniéndose con dos campesinos de la zona en las afueras del caserío.

Nuestra Comunidad de Paz está próxima a conmemorar sus 22 años de existencia. El 23 de marzo de 1997 hicimos pública nuestra decisión de no colaborar con ningún actor armado y de conformarnos como Comunidad solidaria, trabajando y resistiendo unidos para salvaguardar nuestras vidas, nuestra dignidad y nuestros territorios. Esa misma semana (Semana de Pasión en el calendario cristiano), el Estado colombiano inició una estrategia de genocidio para exterminarnos. En estos 22 años nos ha asesinado a 307 compañeros y amigos y ha perpetrado 1462 violaciones graves de los derechos humanos que en los tratados internacionales son identificadas como Crímenes de Lesa Humanidad por su sistematicidad, esto hasta junio de 2018. Al mismo tiempo ha desarrollado 7 estrategias de exterminio de la comunidad de paz, sostenidas durante muchas años: no solo de exterminio físico (ejecuciones) sino también de degradación mediática, de estigmatización ideológica, de extirpación biológica mediante cercos de hambre y eliminación violenta de todo proveedor o transportador alimentario, de criminalización legal sobre falsas pruebas y falsos testigos, de exclusión social y de depredación económica que incluye el despojo de territorios. Frente a todas estas estrategias convergentes y coordinadas para exterminarnos, nuestra decisión ha sido resistir unidos, sin echar para atrás, y seguir construyendo nuestro proyecto de vida enfrentando todas las tormentas. Invaluable energía nos la han dado numerosas comunidades solidarias en Colombia y en el mundo, las cuales nos transmiten fuerza moral permanente y solidaridad política frente a los victimarios que invocan poderes pervertidos para aniquilarnos.

Desde nuestro territorio amado y oprimido agradecemos las muchas voces de ánimo que recibimos desde el país y el mundo, pues todo su apoyo político y moral nos da mucho valor para seguir adelante, en resistencia, en este territorio tan dominado por el poder de las armas al servicio de las más inconfesables bajezas.

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte de los paramilitares que actúan con plena libertad en nuestra región.

A pesar de las continuas declaraciones del Gobierno en las que afirman la no existencia de estructuras paramilitares y la implementación de los acuerdos de paz, sin embargo la experiencia del campesinado de la región es que la presencia del paramilitarismo es cada vez más asfixiante. La estructura que se autodenomina “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” sigue actuando a sus anchas, lo que implica que existe una absoluta tolerancia, aquiescencia o complicidad de la fuerza pública en su accionar y a la vez desmiente que las entidades creadas por el Acuerdo de Paz para reprimir las actividades paramilitares estén funcionando. Los paramilitares tienen cada vez más asfixiado al campesinado de la región mediante impuestos, normas de prohibiciones, exigencia de someterse a ellos, control de todos sus movimientos y reclutamiento continuo de menores. Durante los fines de semana se percibe gran afluencia de paramilitares en el casco urbano de San José de Apartadó donde consumen altas dosis de licor y lanzan amenazas contra nuestra Comunidad de Paz, afirmando de nuevo su propósito de exterminarnos.

Los hechos de los cuales dejamos constancia hoy son los siguientes:

• El viernes 8 de febrero de 2019, de nuevo fueron vistos cruzar 10 paramilitares portando uniformes militares y armas largas en la vereda Mulatos Cabecera de San José de Apartadó

• Este mismo viernes 8 de febrero de 2019 los paramilitares convocaron y realizaron una reunión en la vereda Arenas Bajas de San José de Apartadó, allí obligaron a la población civil a participar en dicha reunión.

• El sábado 9 de febrero de 2019, fue visto un grupo de 7 paramilitares portando armas largas cruzar por la vereda la Unión de San José de Apartadó.

• El domingo 10 de febrero de 2019, en horas de la tarde 10 paramilitares vestidos de negro asechaban nuestro asentamiento de San Josesito y al parecer permanecieron allí por el rio hasta altas horas de la noche.

• El lunes 11 de febrero de 2019, en horas de la noche llegaron dos hombres armados y portando capuchas, al parecer paramilitares, a la vivienda de un poblador de la zona y lo obligaron a pagarles 2.000.000 de pesos, según ellos de vacunas, a lo cual el campesino se resistió y no quiso pagar la extorsión; de inmediato lo amenazaron de muerte por no pagar la alta suma de dinero que le estaban pidiendo, luego se marcharon.

• El martes 12 de febrero de 2019, en horas del día fue visto un grupo de paramilitares en trajes negros a pocos minutos del casco urbano de San José de Apartadó por la parte del rio La Sucia hacia arriba.

• El jueves 14 febrero de 2019, pasaron por la vereda La Resbalosa de San José de Apartadó 10 paramilitares portando uniformes militares y armas largas en el punto conocido como la “YE” al parecer venían desde las veredas Baltazar y Naín del departamento de Córdoba.

• El jueves 21 de febrero de 2019, a las 12:00 horas del día 5 paramilitares armados detuvieron por espacio de 15 minutos a dos pobladores en la vereda la Unión de San José de Apartadó, allí les manifestaron el interés de saber en dónde quedaba situado el espacio de la Comunidad de Paz y si quedaba muy lejos, a lo que dichos pobladores no dieron ninguna información. Luego los dejaron en libertad y los paramilitares ingresaron al espacio de la Aldea Rigoberto Guzmán, de la Comunidad de Paz; al ser vistos por algunos pobladores intentaron esconderse pero ya habían sido detectados. Más tarde, hacia las 3:00 p. m. pasó por allí mismo una tropa del ejército.

• El domingo 24 de febrero de 2019, a las 9:00 a.m. un grupo de aproximadamente cinco paramilitares detuvieron a un miembro de nuestra Comunidad de Paz en la vereda Mulatos y lo sometieron a interrogatorios durante 10 minutos luego lo dejaron en libertad.

• El mismo domingo 24 de febrero de 2019, tropas del ejército, quienes habían sostenido un enfrentamiento con algún grupo irregular, pasaron pos veredas entre Córdoba y San José de Apartadó prohibiendo a los campesinos el uso de teléfonos celulares.

Durante los días 19 a 22 de febrero nuestra Comunidad de Paz realizó la acostumbrada peregrinación a Mulatos Medio donde el 21 de febrero de 2005 fueron masacrados varios líderes de la Comunidad con sus familias. En todos los recorridos que hicimos fue visible el seguimiento de paramilitares de civil, quienes controlaban nuestros movimientos por radios de comunicación. Es un hecho que todos los asentamientos de la zona están controlados por “puntos” o personas-espías que están informando de todo movimiento a los líderes paramilitares.

El 13 de febrero la Juez Segunda Promiscua de Apartadó, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional seleccionó para revisión la sentencia de Tutela interpuesta por la Brigada XVII contra nuestra Comunidad de Paz, ordenó suspender el incidente de desacato, hasta que se pronuncie la Corte Constitucional.

Desde nuestro territorio amado y oprimido agradecemos las muchas voces de ánimo que recibimos desde el país y el mundo, pues todo su apoyo político y moral nos da mucho valor para seguir adelante, en resistencia, en este territorio tan dominado por el poder de las armas al servicio de lo peor.

La Juez Segunda Promiscua de Apartadó, MARIA MARIELA GÓMEZ CARVAJAL, al parecer sigue insistiendo en apoyar la petición de los militares de la Brigada XVII, de obligar a nuestra Comunidad de Paz a retirar de la red informática nuestras constancias históricas y censuras morales, referidas a todas las vejaciones, atropellos y desconocimiento de nuestros derechos humanos fundamentales que cometen militares, policías, paramilitares y, en general, agentes del Estado. Su sumisión a los armados que matan y oprimen, trata de presentarla como una “acción legal”. Sin embargo, va contra las leyes y principios constitucionales en muchos aspectos:

• El Decreto que reglamenta la Tutela (Decreto 2591 de 1991) afirma tajantemente que la tutela “no se podrá conceder contra conductas legítimas de un particular”. Y las Naciones Unidas, en su Asamblea General (8 de marzo de 1999) declararon solemnemente que todas las personas, de manera individual o colectiva, tienen derecho a “publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y libertades fundamentales” y a “estudiar y debatir si esos derechos y libertades se observan, tanto en la ley como en la práctica” (…) “así como a señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto de esos medios y de otros medios adecuados” (Artículo 6 de la Declaración sobre el derecho a promover y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales” (A/53/144, marzo 8/99)

• Pero la citada Juez arremete al mismo tiempo contra la Constitución Nacional, pues el artículo 93 de la Constitución le da “prevalencia en el orden interno” a todo tratado y convenio internacional que reconozca los derechos humanos. Por eso la Sentencia C-038 de 2004 de la Corte Constitucional, afirma que: “el inciso segundo del artículo 93 constitucionaliza todos los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia referidos a derechos que ya aparecen en la Carta y, en virtud de la regla hermenéutica sobre favorabilidad, el intérprete debe escoger y aplicar la regulación que sea más favorable a la vigencia de los derechos humanos”. Es decir, que cuando haya dudas sobre si una norma que se refiere a derechos humanos de alguna manera contemplados en la Constitución, como la libertad de expresión, tiene jerarquía constitucional, la interpretación tiene que ser la más favorable a la vigencia de los derechos humanos. Así que lo establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, al reconocerle a individuos y colectividades el derecho a señalar a la atención de la opinión pública lo que sucede con los derechos humanos: si se respetan teórica y prácticamente, es un DERECHO CONSTITUCIONAL, refrendado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y una juez, por importante que sea, no lo puede desconocer.

• Pero la Juez Gómez Carvajal, en su afán de someterse a los armados que matan, desaparecen, desplazan, torturan, calumnian, estigmatizan y roban, pisotea también otro derecho constitucional: la libertad de Conciencia (Artículo 18 de la Constitución). La Comunidad de Paz, luego de ocho años de experimentar los niveles más aterradores de corrupción e impunidad del aparato judicial, se acogió a la Constitución haciendo una objeción de conciencia para no seguir alcahueteando, con su participación en denuncias y testimonios, semejante corrupción e impunidad, y por ello hizo una ruptura con la justicia. La Juez Cómez Carvajal quiere desconocer ese derecho y obligar a la Comunidad de Paz a someterse a un proceso judicial, ya por otras razones violatorio de la Constitución, como se ha demostrado. Hay que recordarle que toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional afirma que la libertad de conciencia tiene una importancia tan alta en la filosofía de la Constitución, que corresponde a la lista de derechos que en ninguna circunstancia, ni siquiera en los estados de excepción, se puede desconocer.

• La juez también arremete contra el sentido común y las reglas más elementales de la lógica: quiere hacer responsable de la objeción de conciencia y de la ruptura con la justicia, al representante legal de la comunidad e intenta sancionarlo por no acatar sus decisiones inconstitucionales y adversas al derecho internacional. Eso, fuera de ser un absurdo, es una injusticia de marca mayor. Las decisiones de la Comunidad de Paz siempre han sido y son colectivas, pero además, como se ha demostrado, apoyadas en derechos constitucionales y en normas de ética universal. Fuera de injusta, afectada por niveles incomprensibles de insensatez.

Es deplorable que funcionarios de un Estado, ya muy lejos de poderse identificar como “Estado de Derecho”, caigan en tantos errores y decisiones inmorales, por su afán de dejarse manejar por armados que han perpetrado tantos crímenes de lesa humanidad y realizado tantas prácticas de genocidio en tantas décadas, evadiendo todas las denuncias, protestas, llamados apremiantes de la comunidad internacional, de tribunales internacionales y de franjas conscientes de la especie humana. Todo esto produce un profundo dolor de patria.

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte de los paramilitares que actúan con plena libertad en nuestra región.

El control paramilitar que siempre nuestra Comunidad de Paz ha denunciado públicamente, sigue avanzando con gran fuerza, abarcando todo el territorio, pero las autoridades no hacen nada para enfrentar y erradicar este fenómeno criminal que anula los derechos y las libertades de la población. Por el contrario, su pasividad, tolerancia y connivencia con el mismo, revela que hace parte de las políticas y estrategias oficiales.

Nuestra Comunidad de Paz siempre ha dejado en evidencia los avances que muestran los paramilitares en el corregimiento de San José de Apartadó y en sus veredas, antes con otros nombres y desde hace un tiempo con el de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), pero la respuesta rutinaria de las autoridades es que nuestra Comunidad de Paz se inventa los hechos o los infla. Desde Rito Alejo del Río (mediados de los años 90) hasta el presente, NEGAR TODO ha sido la actitud de las instituciones del Estado, empezando por la más directamente responsable: la fuerza pública. Con ello se han desprestigiado hasta el extremo, pues han ido confirmando cada vez más que sus verdades son mentiras y que su principal afán es tapar y camuflar la realidad real y tratar de venderle al país y al mundo una realidad falsa.

Las amenazas a nuestra Comunidad de Paz y a los pobladores de la zona no cesan. Los grupos paramilitares que patrullan las veredas obligan a los campesinos a trabajar para ellos, a pagar vacunas, a servirles de puntos de información. La población civil no tiene más opciones que someterse o si no lo hacen tienen que desplazarse o entrar a formar parte de las listas negras, de donde se eligen los candidatos al asesinato, crímenes que van convenciendo a los pobladores que ellos “hablan en serio” y que además gozan de inmunidad, pues están blindados frente a la justicia. La rutinaria matanza de líderes sociales en el país, como política generalizada, nos está demostrando que quienes ordenan los crímenes son inmunes a todo proceso judicial. Ya el gobierno y las cabezas de sus instituciones mantienen el discurso preparado para “lamentar los hechos y prometer que las cosas no se quedarán así, que el peso de la ley caerá sobre los victimarios”, pero la rutina nacional nos ha enseñado hasta la saciedad que se trata de un mero discurso tranquilizador sin incidencia alguna en la realidad.

Durante todo el año 2018 dejamos constancia de todos los atropellos, amenazas y sometimiento de la población civil al paramilitarismo. El afán de controlarlo todo fue como una avalancha que fue inundando todas las veredas ante la mirada pasiva y complaciente de sus “primos” y de las demás autoridades locales y regionales. La consigna frente a nuestra Comunidad siguió siendo que nuestra Comunidad de Paz debe desaparecer, consigna adicionada con amenazas y anuncios persistentes de muerte para varios de nuestros líderes e integrantes y con agresiones audaces como tomas de tierra e incursiones armadas con fines aterradores.

Los hechos de los cuales dejamos constancia hoy son los siguientes:

* Por información de pobladores de la zona, se supo que durante la fiesta de fin de año, hubo en el caserío de San José una gran concentración de paramilitares quienes eligieron ese sitio para sus festejos. Subieron en lujosas camionetas y en multitud de motocicletas por nadie requisadas y se encontraron con numerosos colegas paramilitares. Nos preguntamos por qué lo hicieron allí, estando el caserío tan militarizado, pues hay una base militar y un búnker de la policía, establecimientos cuya ubicación contradice las normas y jurisprudencias de la Corte Constitucional. Muchos pobladores civiles que fueron esa noche a visitar a sus parientes, quedaron extrañados de la gran concentración paramilitar.

* El jueves 10 de enero 2019, veinte paramilitares con camuflados y armas largas, al mando de alias “Majute”, llegaron a la vereda Mulatos Medio, donde se quedaron por varias horas junto a uno de los espacios privados de nuestra Comunidad de Paz.

* El sábado 12 de enero de 2019, cinco paramilitares armados y montando en mulas llegaron al punto conocido como Chontalito, de San José de Apartadó, donde permanecieron algunas horas.

* El miércoles 16 de enero de 2018, en horas de la tarde fue asesinado el joven DEIMER ÚSUGA HOLGUÍN, a escasos 300 metros de la Base Militar del corregimiento de San José de Apartado. El hecho ocurrió en el camino real que sube por el río El Mariano y conduce para las veredas El Mariano, La Linda, Cristalina, Miramar, buenos Aires, Buena Vista, Alto Bonito, Mulatos, Resbaloza, entre otras, el hecho fue exactamente en el punto donde el pasado 16 de noviembre de 2017 intentaron asesinar al joven JUAN DE A CRUZ GUZMAN, hechos atribuidos a los paramilitares, pues su afán por controlar a la población los lleva a perpetrar asesinatos selectivos para producir impactos sobre todo aquel que no se someta a sus intereses. El contexto es, evidentemente, toda la tolerancia y aquiescencia de la fuerza pública con la cual el paramilitarismo ha contado en la zona, ya durante varias décadas, en las cuales han consolidado su accionar y su estrategia, lo cual hace recaer la responsabilidad, de manera evidente, en el gobierno y sus instituciones militares y policiales. Nuestra Comunidad de Paz ha dejado centenares de constancias, clamando permanentemente para que esta absurda situación se termine, pero la única respuesta del Estado es luchar para que no denunciemos, para que cerremos los ojos y la boca y dejemos actuar a sus anchas al paramilitarismo. Ese es el sentido de la Acción de Tutela que la Brigada XVII ha colocado contra nuestra Comunidad, pero que no puede ser acatada porque viola derechos constitucionales y universales intocables y porque de acatarla ahí sí tendrían el campo libre para continuar arrasando con todos los derechos de la población y las bases de la dignidad humana.

* El jueves 17 de enero de 2019, nuestra Comunidad de Paz fue informada de una lista de 8 persona que tienen los paramilitares para asesinar, entre los cuales estaba el joven asesinado el día anterior, Deimer Usuga Holguin. Entre los otros siete que están en la lista, algunos son miembros de nuestra Comunidad de Paz y el resto son pobladores de la zona. Responsabilizamos al Gobierno y a sus instituciones militares por lo que pueda pasarle a los miembros de nuestra Comunidad de Paz y/o a otros pobladores de la zona, pues ya se escuchan nombres de personas que asesinarán y bien lo tiene sabido El Estado, pues la situación que se vive en nuestro territorio es dramática y el Estado no ha querido hacer nada para enfrentarla. En el mismo corregimiento de San José de Apartadó se corren los rumores de una serie de panfletos que circulan los mismos paramilitares desde El Municipio de San José de Uré Córdoba con amenazas de muerte y sometimiento a la población civil si no se acoge a sus ideas perversas.

La Juez Segunda Promiscua de Apartadó se ha propuesto amordazar nuestras constancias públicas presionada por los militares, pero razón tuvimos desde hace ya muchos años, cuando descubrimos que el aparato judicial estaba hundido en la corrupción y sólo producía impunidad para un lado y arbitrariedad para el otro, algo tan opuesto a la mínima ética que debe inspirar el ejercicio de la justicia, que decidimos no relacionarnos más con ese aparato para poder salvar nuestra rectitud de conciencia, mientras hemos seguido clamando a las altas Cortes para que corrija tan perversos caminos y limpie los expedientes de tanta podredumbre, pero no han querido hacer caso.

Es un hecho de completa evidencia que nuestro territorio lo dominan los paramilitares y que la fuerza pública que está ahí, lo permite. Nos preguntamos ¿por qué un corregimiento tan militarizado es controlado por los paramilitares? Y lo más terrible: están matando al campesino a pocos metros de esas bases militares. ¿Hasta cuándo el gobierno va a permitir que el campesino siga siendo oprimido por el paramilitarismo? ¿Cómo es posible que un corregimiento donde hay una base miliar grande y una estación de policía con muchos hombres, los paramilitares ejerzan allí su control, vivan a sus anchas, se reúnan para hacer allí sus grandes fiestas, sin que nadie lo impida, y que además cobren impuestos ilegales, impongan sus normas, asesinen, amenacen, circulen listas de condenados a muerte y las vayan ejecutando y el gobierno siega fingiendo que es sordo y ciego?

Desde nuestro territorio amado y oprimido agradecemos las muchas voces de ánimo que recibimos desde el país y el mundo, pues todo su apoyo político y moral nos da mucho valor para seguir adelante, en resistencia, en este territorio tan dominado por el poder de las armas al servicio de lo peor.

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de dejar nuevas constancias ante el país y el mundo sobre las formas de violencia, agresión y violación de los derechos humanos fundamentales que el Estado colombiano, a través de sus agentes directos e indirectos, aliados en la estrategia paramilitar, continúa perpetrando contra nuestra Comunidad.

Las últimas semanas de 2018 se caracterizaron por una arremetida intensa del paramilitarismo, con todo el apoyo pasivo y activo de las instituciones, para controlar a la población campesina de la zona: se está produciendo un sometimiento económico asfixiante del campesinado, ahorcándolo con vacunas o impuestos ilegales sobre los principales campos de su producción y trabajo de sobrevivencia: la tierra, el ganado, la madera. Simultáneamente las unidades veredales son copadas por “puntos” del paramilitarismo, quienes ejercen como espías y se afirman como “autoridades” ilegítimas que se creen con poder de dictar normas y mantener bajo chantaje a todos los pobladores. No han faltado intentos de soborno a los mismos integrantes de nuestra Comunidad de Paz, ofreciéndoles sumas atractivas de dinero para que se conviertan en informantes internos sin necesidad de retirarse de la Comunidad, aportando informaciones que consideran cada vez más urgentes para llevar a cabo las amenazas de muerte contra nuestros líderes e integrantes, amenazas que durante todo el año 2018 fueron recurrentes y que se presentaron con un cierto carácter de retaliación por no haber podido llevar a cabo los crímenes planeados para el 29 de diciembre de 2017.

Los hechos de los cuales queremos dejar constancia son los siguientes:

• La Policía acantonada en el caserío de San José ha cometido verdaderos delitos contra pobladores: a mediados de noviembre le robó un cerdo al poblador José Policarpo Cataño, hijo del fundador de San José, y a pesar de que el animal fue plenamente reconocido por su dueño ante un delegado de la Defensoría del Pueblo el 15 de noviembre, no se lo devolvieron a su dueño.

• El 20 de noviembre de 2018, cuando la familia Cataño quiso cortar una madera de la finca de su propiedad, el comandante de la Subestación de la Policía, Teniente GABRIEL RAMOS MARÍN, ingresó a la finca y le exigió al aserrador, Señor Gabriel López, que le pagara dos millones de pesos para permitirle cortar la madera, a lo cual el aserrador y la familia propietaria se opusieron rotundamente, condenando enérgicamente tan extrema corrupción de agentes del Estado. Todo muestra que la prohibición de cortar dicha madera obedecía a una retaliación contra la familia Cataño por haber denunciado ante la Defensoría el robo del marrano por la Policía la semana anterior, pues a las demás familias que han cortado madera no les ha hecho la misma corrupta exigencia.

• A comienzos de diciembre, el paramilitar alias “MAJUTE” visitó a un miembro de nuestra Comunidad de Paz y le ofreció la suma de 900.000 pesos para que se convirtiera en informante de los paramilitares sin necesidad de retirarse de la Comunidad.

• En diciembre de 2018 los paramilitares le notificaron a los pobladores de la vereda La Esperanza que deben pagarles una vacuna (impuesto ilegal) de 10.000 pesos mensuales por cada cabeza de ganado que posean; otra de 10.000 pesos mensuales por cada hectárea de tierra que posean y otra de 3.000 pesos por cada rastra de madera que comercialicen.

• El 24 de diciembre de 2018, en La vereda La Cristalina los paramilitares le exigieron a un campesino entregarles una vaca y ordenaron repartir su carne a la gente de la vereda. En los mismos días de Navidad, los paramilitares repartieron regalos a los niños en las veredas del departamento de Córdoba, particularmente del municipio de Tierralta, como estrategia para ganarse la confianza de los pobladores.

• En el caserío de San José, durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, los paramilitares prohibieron la venta de carne a los expendedores y les revisaron sus enfriadores para asegurar el acatamiento a dicha prohibición. Luego exigieron vacunas por cada res sacrificada, al tiempo que les exigieron sumas más altas a los comerciantes del caserío.

• En la semana de la Navidad y en la del Año Nuevo llegaron reconocidos paramilitares al caserío de La Unión, entre ellos alias “RAMIRO” y alias “SAMUEL”, quienes han actuado como “puntos de información” o espías del paramilitarismo en la vereda La Unión. También se vio llegar a alias “DAVIS” junto con otros ex guerrilleros que han pasado a las filas del paramilitarismo, como ELÍAS HIDALGO, quien trabajó con la Brigada XVII, y alias “RENÉ” quien coordina un grupo de jóvenes para distribuir droga en articulación con los paramilitares, tanto en San José como en La Cristalina.

• El consumo de alcohol sigue produciendo tragedias en San José; en la noche de despedida del año 2018 un poblador ebrio agredió con machete a su hijastro dejándole casi completamente cercenado uno de sus brazos.

• Durante las últimas semanas de 2018 los paramilitares hicieron circular la amenaza de actuar contra la Comunidad de Paz en el asentamiento de San Josesito el 31 de diciembre. Pretendían mantener a los integrantes de nuestra Comunidad en gran zozobra.

• La pasividad o tolerancia de la fuerza pública, del poder judicial y demás instituciones del Estado frente al avance y control progresivo y extorsivo del paramilitarismo en toda la región es algo indignante que hace comprobar cada vez más la ilegitimidad del Estado colombiano, y todo esta complicidad se da en un caserío donde existe un puesto de policía y una base militar que se hacen ciegos y sordos frente a todo lo que sucede a su alrededor, algo que sólo puede ser interpretado como unidad de acción con el paramilitarismo. Frente a todo esto, la Juez Segunda Promiscua Municipal de Apartadó, MARÍA MARIELA GÓMEZ CARVAJAL, insiste en hacerle caso a la ilegal tutela de la Brigada XVII contra nuestra Comunidad de Paz, la cual pretende amordazarnos para que nos callemos sobre todas las ignominias que el Estado comete contra nosotros y que las ha cometido durante 22 años cobijándose todas las instituciones con la más desvergonzada e inicua impunidad.

Nuevamente agradecemos a tantas personas, comunidades e instituciones del país y del mundo quienes se han mostrado solidarias con nuestra causa desde principios éticos insobornables y resistiendo a todos los intentos de amordazamiento de la Brigada XVII y de su cooptada Juez Promiscua municipal.